Hay que reconocerle a la ministra Narbona que ha logrado su primer éxito político sobre el Protocolo de Kioto al afirmar que es posible su cumplimiento mediante la adopción de medidas «posibles y razonables». Según las reacciones que se han producido en los últimos días al avance del borrador del plan nacional de asignación de […]
Hay que reconocerle a la ministra Narbona que ha logrado su primer éxito político sobre el Protocolo de Kioto al afirmar que es posible su cumplimiento mediante la adopción de medidas «posibles y razonables». Según las reacciones que se han producido en los últimos días al avance del borrador del plan nacional de asignación de derechos de emisión de CO2 Narbona ha logrado tranquilizar a las grandes empresas afectadas, incluida la peleona Endesa, y ha dejado suficientemente satisfechas a las principales organizaciones ecologistas. Todo ello defendiendo simultáneamente el mantenimiento de la competitividad de nuestro sistema productivo, un incremento mínimo de las tarifas eléctricas para los consumidores y que la energía nuclear no es una opción sostenible. ¿Demasiado bonito para ser verdad?.
La estrategia planteada para lograr el cumplimiento del protocolo de Kioto por parte de España, cuya factibilidad ha sido muy cuestionada hasta ahora por casi todos los expertos, pasa por contener y estabilizar las emisiones en una primera etapa (2005-2007) y abordar en una segunda la reducción significativa de las mismas, la parte del león. Oficialmente se dice que «el esfuerzo de reducción adicional tendrá lugar en el período 2008-2012», forma elegante, casi eufemística, de anunciar que se pospone hasta esos años la implementación de las medidas más exigentes y traumáticas, para empresas y consumidores, de lucha contra el cambio climático. Podríamos decir, por tanto, que es una estrategia blanda que se irá endureciendo con el tiempo. Quizás sea inevitable que, como latinos que somos, tendamos a dejar los deberes para el último día. Además, más de uno seguirá aún esperando, e incluso deseando, que el protocolo no entre finalmente en vigor (es indispensable la ratificación d! e Rusia) y que la UE reconduzca su estrategia contra el cambio climático hacia una mayor laxitud en cuanto a las emisiones.
Lo que ya no es tan comprensible es que desde altas instancias económicas del gobierno se diga que «no podemos ser los máximos cumplidores de todo, hay que buscar un término medio», si tenemos en cuenta que España es el estado miembro de la UE más alejado de sus compromisos de contención de las emisiones de gases de efecto invernadero y que la Comisión Europea ya le ha abierto expediente por incumplimiento de plazos en la elaboración del plan.
Otro aspecto que llama la atención del avance presentado es que se afirme que «al final del período (2008-2012) las emisiones no deberán sobrepasar un 24% más de las emisiones del año 1990, …»; aunque tal supuesto sea tranquilizador al ofrecer un amplio margen temporal para aplicar medidas, hay que llamar la atención sobre su inexactitud o su posible malinterpretación. El Protocolo de Kioto establece en su artículo 3 que en la limitación o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el primer período de compromiso (2008-2012) se computarán los cinco años, es decir, el objetivo que hay que perseguir en España es que la media de las emisiones de esos cinco años no supere en más del 15% las correspondientes a 1990. Esta circunstancia no es baladí en modo alguno, pues si nos situamos en los inicios de 2008 con unas emisiones estabilizadas (superiores en un 40% aproximadamente a las de 1990) ¿cuánto habremos de reducirlas anualmente para que la media de ese p! eríodo quinquenal corresponda al 24% anunciado?
Una simple operación aritmética nos muestra que sería necesario reducirlas 5 puntos porcentuales anuales aproximadamente para llegar a una media del 25%.
2008 (35%), 2009 (30%), 2010 (25%), 2011 (20%) y 2012 (15%): Media 25%
Una interpretación errónea concluiría que para pasar de un exceso del 40% a uno del 24% en cinco años sería suficiente con una reducción anual ligeramente superior a los tres puntos porcentuales.
2008 (36,8%), 2009 (33,6%), 2010 (30,4%), 2011 (27,2%) y 2012 (24%)
La diferencia entre ambas situaciones es, ni más ni menos, que de 90 millones de toneladas CO2e de reducción para ese quinquenio (cifra similar a las emisiones anuales de todo el sector eléctrico español). La cuestión no es si una comisión interministerial de ese nivel puede introducir un error de redacción tan burdo de forma inocente sino ¿debe llegar el gobierno hasta estos límites de desinformación en su afán tranquilizador?.