Tras varios requiebros y cambios de discurso durante la jornada, y después de ordenar la expulsión de un grupo de miembros de «Stop Desahucios» del Congreso, la mayoría absoluta del PP decidió ayer votar a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) presentada por las plataformas de afectados por las […]
Tras varios requiebros y cambios de discurso durante la jornada, y después de ordenar la expulsión de un grupo de miembros de «Stop Desahucios» del Congreso, la mayoría absoluta del PP decidió ayer votar a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) presentada por las plataformas de afectados por las hipotecas, que cuenta con el aval de más de 1.400.000 firmas. Pero, según la portavoz de la PAH en el País Valencià, Rosana Montalbán Moya, «se trata de una victoria parcial, hay que ver ahora como transcurre el debate parlamentario; porque no nos fiamos del PP».
En contra de lo esperado, el Partido Popular admitió ayer la entrada en el Congreso de la ILP. ¿Objetivo cumplido?
En absoluto. La lucha continúa. Los ciudadanos hemos logrado una victoria parcial, pero queda ahora ver cómo transcurre el debate de la iniciativa. Faltaría más que con el suicidio de una persona desahuciada en Córdoba, la semana pasada, y después que un matrimonio de jubilados se quitaran la vida ayer en Calvià (Mallorca), hubieran votado en contra de la ILP. Y mientras, dar el visto bueno a otra iniciativa para considerar Bien de Interés Cultural (BIC) las corridas de toros. Pero hasta que no se apruebe la ley, los objetivos de la lucha continúan vigentes.
¿Qué puntos básicos debería incluir finalmente la ley?
En primer lugar, la moratoria de los desahucios -siempre que se trate de la vivienda habitual- mientras se prolongue la crisis. La reconversión del parque de viviendas vacías al alquiler social, con un precio que nunca supere el 30% de los ingresos familiares (si es que la familia los tiene). Y, por supuesto, con el control público. Por último, la dación en pago con carácter retroactivo, es decir, que con la entrega de la vivienda se cancele la totalidad de la deuda con el banco. Es algo que, por lo demás, recogen numerosas legislaciones en Europa y Estados Unidos. Estas medidas son sólo «de mínimos» para combatir la estafa planificada a la que nos someten.
Anunciasteis que señalaríais a los diputados que no votaran a favor de la ILP. ¿Queda esta idea en suspenso mientras se debate la propuesta legislativa?
Hemos de tener en cuenta en todo momento que la ley no está aprobada. Únicamente se ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular. Por tanto, continuaremos oponiéndonos en la calle a los desahucios y con las campañas de denuncia. En el caso de que la ley finalmente no se apruebe, señalaremos a los diputados que voten en contra. Hay un grupo de trabajo constituido sobre «Escrache», forma de lucha surgida en Argentina, que consiste en el seguimiento (en su vida cotidiana) de los parlamentarios que se hayan opuesto al texto legal. Ciudadanos indignados realizarían este seguimiento. Porque la ILP reinvindica derechos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El próximo sábado, 16 de febrero, tendrán lugar manifestaciones por el derecho a la vivienda en más de 40 ciudades. ¿Se trata de aumentar la presión?
Es necesario continuar en la lucha y que la gente se sume el sábado a las manifestaciones. Saldremos a la calle por el derecho a la vivienda y contra el genocidio financiero, y para señalar a los culpables, que son los bancos. Por eso gritaremos «Stop desahucios», pediremos la dación en pago retroactiva y reivindicaremos el alquiler social. La democracia está en jaque. Por eso apelamos a la participación popular en las manifestaciones.
La frialdad de las cifras: 420.000 ejecuciones hipotecarias y 220.000 desahucios en los últimos seis años. Y, frente a esta realidad, la actuación de las plataformas, que han conseguido parar 562 desahucios. ¿Qué se esconde tras la estadística?
Personas destrozadas, rupturas familiares, gente con autoestima muy baja y depresión. Y, sobre todo, una gran culpabilidad. La gente pierde la casa, su espacio vital y de referencia, el lugar donde ha desarrollado su vida. La campaña «Stop Desahucios» ha sido una herramienta fundamental no sólo para la denuncia, sino también para la movilización de la gente. Para demostrar que «sí se puede». También para abrazar la dignidad y dar esperanza a las personas.
¿Cómo valora la PAH los paliativos implementados por el Gobierno?
Son un mero parche. En ningún caso van en la línea de rescatar a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad. Todas estas medidas del ejecutivo (moratoria de dos años, fondo social de alquileres o «Decreto Guindos») están previamente ratificadas por la patronal bancaria. Porque desde el ámbito de lo público, se está legislando para un sector privilegiado de la sociedad. En cambio, a las plataformas nos ningunean. Ahora bien, sobre el efecto de estas medidas hay una realidad incontestable: en 2012 se han triplicado los desahucios.
En algunos casos, los municipios han impulsado iniciativas contra los desahucios. ¿Puede abrirse alguna fisura desde el poder local?
Puede ser un paso interesante. Pero hace falta mucha voluntad política para que se enfrenten a la cúpula de sus partidos. Además, las administraciones locales disponen, en general, de pocos recursos. Es cierto que algunos ayuntamientos han presentado mociones de apoyo a la ILP, pero insisto en que no está a su alcance adoptar medidas realmente transformadoras. Hay también otro problema de fondo: en este país se ha llevado a término la primera descentralización, la autonómica, pero no la segunda, de carácter local.
Entretanto, aumentan los suicidios. Los últimos casos, en Córdoba y Palma de Mallorca.
El lenguaje es muy importante. En la PAH preferimos hablar de «genocidio». Sobre este particular, hay que aclarar algunas cosas. No existen estadísticas oficiales de suicidios, para evitar que se produzca una espiral de casos o «efecto llamada». Además, los medios de comunicación informan únicamente cuando una persona se suicida el mismo día del desahucio. Pero hay muchos casos de gente que se quita la vida un tiempo antes o después que los desalojen de sus casas. Y el motivo también es el desahucio. De estos casos los medios no informan.
Una cuestión clave es el poder de la banca. Las entidades financieras defienden la ley hipotecaria con el argumento de que la tasa de morosidad hipotecaria es de aproximadamente el 3%. ¿Cuál es vuestra opinión?
Con esta explicación, ellos mismos se delatan. Nos están diciendo que, con esta tasa de morosidad, podrían aplicar medidas como la dación en pago, sin que esto les supusiera un perjuicio real. Además, en virtud de la ley concursal, a las promotoras y constructoras sí pueden ejercer la dación en pago. En cambio, la ley hipotecaria les niega esta opción a los ciudadanos, pues han de responder de la deuda con sus bienes presentes y futuros.
Por último, los bancos dicen que negocian con las personas afectadas y que, en algunos casos, se concede la dación en pago. ¿Es ésta toda la verdad?
La verdad es que las entidades financieras continúan estafando a los ciudadanos. Dicen que plantean a los afectados la dación en pago, pero no es cierto. La renegociación de la que hablan consiste en que si una persona tiene una deuda, pongamos que de 100, el banco se la deja en 40 y se queda con la vivienda. Esto es lo mismo que ocurriría si se siguiera el procedimiento judicial. Pero con la ventaja de que el banco se lo ahorra. Además, te aplican intereses de demora en la deuda final que pueden llegar al 60%. Los directores de sucursal también amenazan a las personas más vulnerables, por ejemplo inmigrantes. Les dicen que si no pagan pueden perder su empleo (si lo tienen) y no podrán volver a su país. Incluso que van a perder a sus hijos. Se les conmina a que abandonen su casa en 10 días, cuando sólo un juez te puede obligar a ello. Ésta es la realidad.
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