Si durante los años de la abundancia agrícola, ligada a la disponibilidad de energía fósil, los mercados alimentarios no garantizaban rentas suficientes para buena parte del campesinado, ¿qué pasará ahora que entramos en el tiempo de la escasez?
Si durante estos años los mercados no han garantizado alimentos para muchas personas del mundo, ¿qué pasará ahora? Lo que estamos observando es una incesante inflación de los alimentos que incrementa el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas con una dieta suficiente y saludable, a la vez que el cierre de muchas fincas agrícolas y ganaderas no deja de cesar. Y es que las respuestas de las administraciones –bajar el IVA de los alimentos, el cheque alimentario o rescates para los sectores más afectados del campesinado–, además de insuficientes, no apuntan al lugar donde tenemos el problema: los mercados alimentarios.
Aunque decimos que vivimos bajo una economía capitalista y de libre mercado, no
es del todo correcto. Como sociedad hemos convenido que cuestiones
fundamentales para la vida, como la sanidad y la educación, se tienen que
garantizar con sistemas públicos, es decir: regulados, controlados,
planificados, intervenidos… pongan los verbos que consideren, que funcionan al
margen de especulaciones, de privatizaciones o de controles corporativos. Todas
tenemos derecho a recibir atención sanitaria y educativa más allá de disponer
de dinero o no. Y las personas que nos ofrecen estas atenciones tienen
garantizado su salario sin lanzarse a las aguas del productivismo, de la
intensificación, de la competitividad… En cambio, la alimentación, otro derecho
básico, la tratamos como una simple mercancía y la dejamos en manos de los
mercados especulativos, con lo que esto significa tanto para las personas
consumidoras, como para las productoras, como para el territorio.
Hay que plantear modelos de mercados de alimentos garantizados desde el dominio público. En Australia, donde dos cadenas de supermercados controlan el 65% de la cuota de mercado, hablan de la creación de una red de supermercados de titularidad pública. En Francia, un conjunto de organizaciones defienden la necesidad de poner en marcha una Seguridad Social Alimentaria. Igual que podemos ir al médico con la tarjeta sanitaria, este modelo propone que todas las personas dispongan de una tarjeta con una cantidad determinada para alimentos básicos que se puede intercambiar en establecimientos que, con alimentos de temporada, locales y con precios regulados, quieran formar parte de este sistema público.
En Cataluña, estos mercados planificados para el bien común pueden empezar con acuerdos con el mundo del cooperativismo y la economía social y solidaria, muy maduro en este aspecto. Una red potente de cooperativas de consumo o supermercados cooperativos para todos los barrios y pueblos, donde los precios de los alimentos se pactan de forma justa y transparente con las productoras más próximas, no es complicada de impulsar. Esta planificación en el suministro alimentario significará menos gasto energético y menos impactos en los ecosistemas, por un lado, y más campesinado local y resiliencia ante la crisis de escasez, por la otra.
Artículo original publicado en Diari ARA, 6 enero 2023. Gustavo Duch
Fuente: https://gustavoduch.wordpress.com/2023/01/18/la-alimentacion-como-servicio-publico/