En una sentencia emitida en diciembre de 2024 (que se dio a conocer el pasado 3 de septiembre), la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un ultraderechista residente en esta ciudad a una pena de dos años y seis meses de prisión -además de una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros-, por un delito “cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas”.
Los hechos probados constituyen un delito de incitación al odio, discriminación o violencia por motivos racistas, agravados por la difusión a través de Internet o medio de comunicación social (Artículo 510 del Código Penal).
La sentencia señala que, en mayo de 2021, el sujeto de extrema derecha publicó vídeos y mensajes en Internet “para comunicar y promover sentimientos de repulsión, intolerancia y discriminación hacia determinados colectivos y personas individuales”.
En concreto, creó un canal en YouTube denominado La opinión de un anticomunista franquista,en el que difundía grabaciones con discursos de incitación al odio; alguno de los vídeos tuvo más de un centenar de visualizaciones.
Titulado Contra el invasor hay que tirar a matar, el primer audiovisual incluía la siguiente afirmación: “Yo creo que ha llegado la hora de utilizar las ametralladoras y los fusiles contra los que se acerquen a nuestras costas intentando entrar”.
En el segundo vídeo, defendía la militarización del territorio fronterizo: “El control y protección de las fronteras debe hacerse a toda costa, aunque suponga la muerte masiva o no masiva de invasores, sean estos civiles o militares”; y concluía con la exhortación “menos abrazos y más bombazos”.
Asimismo la última de las grabaciones mezclaba la religión y el fascismo (Libertad cristiana versus dictadura islámica): “La intención de los moros en Melilla en 1921 era la de pasar a cuchillo a los ciudadanos españoles, esto lo evitó el comandante de la Legión Francisco Franco (…)”.
La ONG València Acull, que presentó una denuncia por los hechos juzgados ante la Fiscalía de Valencia (sección de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación), informa que la sentencia no es firme, y que se está a la espera de la resolución del recurso judicial planteado.
Presentada en julio de 2021, en la mencionada denuncia por delito de odio se detalla que los vídeos y publicaciones se difundieron cuando -en mayo de 2021- miles de personas llegaron nadando a la playa del Tarajal (frontera entre Ceuta y Marruecos); “España despliega al Ejército en Ceuta tras la entrada de más de 8.000 migrantes”, tituló el 18 de mayo la página Web de RTVE.
Según la ONG antirracista, el internauta penado se reconoce un admirador de la Guardia Civil y tiene relación con el partido de ultraderecha Democracia Nacional, “donde participó en varios de los actos en la sede Centro Social y Nacional Reconquista en Castellón”.
Además, el individuo se refirió al gobierno del PSOE y Unidas Podemos, presidido por Pedro Sánchez, como “heredero del gobierno asesino del Frente Popular” y “traidor”.
El mismo día que València Acull dio a conocer la sentencia de la Audiencia de Castellón, medios de comunicación informaron que la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a un año de prisión -además de una multa de 1.080 euros- a un seguidor del Real Club Deportivo Español de Barcelona, por pronunciar insultos racistas en el estadio Cornellà-El Prat durante un partido en enero de 2020.
La víctima del ultraje fue el futbolista negro del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, quien recibió las ofensas -gestos y sonidos que emulaban a un mono- en el momento de su sustitución; la sentencia establece además que el condenado no podrá entrar durante dos años en campos de fútbol.
Tal vez tenga un significado similar el mensaje que difundió en la red X, en julio de 2024, el concejal del partido de extrema derecha Vox en el municipio de Paiporta (27.700 habitantes, Valencia), Daniel Furió:
“El que quiera terminar con la inmigración. Debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo? Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo…”.
Un mes después, la Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación penal contra el regidor, tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Paiporta, actualmente gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís; pero no fueron las únicas afirmaciones xenófobas del portavoz municipal de Vox, ya que el pasado 2 de septiembre declaró en su cuenta de X: “No necesitamos más inmigración que llena España de delincuencia”.
Asimismo el partido que lidera Santiago Abascal ha iniciado, a primeros de septiembre, la campaña Exigimos que se confisque y hunda el Open Arms (barco de la ONG que trabaja en el salvamento de personas migrantes y refugiadas); la iniciativa de recogida de firmas incluye afirmaciones como Dile a los millonarios que no vas a tolerar que sean el taxi de la inmigración con destino a tu barrio.
El 27 de agosto, Abascal calificó al Open Arms de “barco de negreros” y defendió su hundimiento; frente a estas declaraciones, Podemos, Sumar, Comisiones Obreras y UGT y una veintena de organizaciones presentaron en la Fiscalía de Canarias una denuncia dirigida a la Fiscalía General del Estado por presunto delito de odio del líder de Vox, informó el 5 de septiembre la Agencia Efe.
“Quieren muertos a los migrantes y a quienes los rescatan”, afirmó el presidente de Open Arms, Óscar Camps, en una entrevista publicada en elDiario.es; “Vox no combate la inmigración: explota el miedo para ganar votos. Nosotros no hacemos política con muertos, los sacamos del agua”, añadió el fundador de la ONG en su cuenta de X; el buque humanitario se halla actualmente en Canarias, desarrollando labores de concienciación.
Lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios (233 casos) y fomento, promoción, incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia (197 casos); son los dos delitos sobre los que la Fiscalía ha abierto un mayor número de diligencias de investigación preprocesal, de las 477 incoadas durante 2024, según la Memoria Anual de la Fiscalía General.
A continuación se sitúan los delitos de cualquier naturaleza cuando se aprecie la agravante de discriminación (19 diligencias abiertas); contra la integridad moral cuando concurra un móvil discriminatorio (14) y los delitos de denegación de prestaciones en el ámbito de un servicio público o en actividades empresariales/profesionales (11).
“Los motivos de discriminación presentes de forma mayoritaria en las diligencias de investigación son racismo y xenofobia (nación u origen nacional)”, concluye la Memoria de la Fiscalía.
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