Lo están anunciando de maneras más ó menos púdicas distintos miembros del Gobierno aunque su jefe, por aquello de mantener el tipo, declare muy enfáticamente que el objetivo sigue siendo el 4,4% de déficit público al terminar 2012. Al llegar a las tareas de gobierno, el PP parece haber perdido aquel ímpetu fundamentalista que clamaba […]
Lo están anunciando de maneras más ó menos púdicas distintos miembros del Gobierno aunque su jefe, por aquello de mantener el tipo, declare muy enfáticamente que el objetivo sigue siendo el 4,4% de déficit público al terminar 2012. Al llegar a las tareas de gobierno, el PP parece haber perdido aquel ímpetu fundamentalista que clamaba contra la falta de seriedad y los incumplimientos del gobierno del PSOE.
Pero los datos hablan por sí solos, al cierre del tercer trimestre el conjunto de las Administraciones Públicas habría presentado un saldo deficitario del 7,1% del PIB acumulado a esa fecha ocho décimas menos que el déficit anual registrado el pasado año, lo que representa un fracaso absoluto de las previsiones contenidas en el último Programa d Estabilidad elaborado por el PSOE y obliga a pensar que, además de incumplir con los objetivo para 2011superando en dos puntos porcentuales la antecitada previsión, resultará punto menos que imposible alcanzar el objetivo del 4,4% para 2012.
Las respuestas del Gobierno en el Real Decreto ley aprobado el 30 de Diciembre, reducción de 8.900 millones de gasto público e incremento de la recaudación de ingresos por un valor estimado de 8100 millones, básicamente del IRPF, no harán sino añadir factores de contracción de la demanda tanto por la vía del consumo público como por la inversión pública en obra civil, ambos factores principales responsables de la caída d ela demanda interna (1,3%) al cierre del ejercicio.
Si a lo anterior se une los efectos en el consumo de las familias derivado del previsible aumento de la destrucción de empleo y el incremento de la tasa de paro, no es difícil deducir la continuidad en la caída de la demanda interna, escasamente compensable por las exportaciones, a su vez afectadas por la generalización del clima recesivo en los países clientes. Una nueva caída en la demanda se traducirá inevitablemente en una disminución de los ingresos y sus sustitución por el recurso al endeudamiento que, si ha comportado menores coste en las últimas emisiones -a causa de la generosidad de la subasta de Diciembre del BCE que ha permitido a los bancos españoles, esos obligados a recapitalizarse, un estupendo margen de casi tres puntos comprando deuda pública-, se ha convertido en sí mismo en un lastre por el peso de los intereses que de Enero a Noviembre alcanzaron los casi los veintidós mil millones de euros, un 12,5% más que el año anterior.
Es decir que, dos paquetes de recortes después, una reforma constitucional, cientos de miles de parados más y una caída del PIB que anuncia una nueva recesión, la deuda pública no solo no ha decrecido sino que ha aumentado. Y aunque los intereses que hay que pagar por ella parece que están disminuyendo, no parece que en el corto plazo el gobierno del PP tenga intención de poder sustituirla como fuente de financiación por ingresos tributarios, ya utilizados para intentar cumplir los déficits 2012 y 2013 y con escaso margen de maniobra, habida cuenta del descenso de actividad ya comentado. Consecuencia de lo cual, el saldo anual de la deuda emitida, es decir el total de la deuda emitida en un año menos la parte de la misma que hay que dedicar a pagar los vencimientos e intereses de la deuda viva se reduce y, con él, lo que de verdad se puede dedicar a financiar gasto público
Debería ser innecesario recordar que las tan temidas agencias de calificación están penalizando con sus rebajas no la existencia de deuda -al fin y al cabo, el negocio de los que la suscriben- sino la incapacidad de generar recursos para amortizarla, un aviso para inversores hagan sus opciones conociendo los riesgos a los que se enfrentan
Esta secuencia infernal encadena a la economía española a un ciclo de estancamiento y destrucción de empleo y riqueza del que no se percibe cuál puede ser la salida.
El año 2012 será un año duro, especialmente para la gente parada, categoría esta que puede verse significativamente aumentada por efecto de la reducción de la actividad económica fruto de la contracción de la demanda interna. Pero también para los empleados públicos con sus sueldos congelados un año más y la amenaza de una nueva reducción salarial y un recorte de sus derechos laborales, además del cierre al acceso a la función pública que representa la tasa cero de reposición de vacantes salvo para la policía y la guardia civil. Y no digamos para cuantos precisan de alguna forma de ayuda pública para llegar a fin de mes o para desempeñar las funciones más elementales d la vida como los dependientes: el signo de los recortes del gasto público, aún sin conocer su composición, amenazan con caer en este tipo de atenciones.
Un año duro para la gente de abajo, complementado con el debilitamiento de los mecanismos para su defensa en esta sociedad cada vez más injusta y desigual. El acuerdo salarial entre sindicatos y patronal que legaliza la reducción de la capacidad adquisitiva de los salarios, golpeando especialmente a los tramos de renta medios y medios-bajos, en modo alguno satisface las aspiraciones y exigencias de los expertos -por ejemplo FEDEA, un think tank de las grandes empresas- y de la práctica totalidad de los medios de comunicación, cada vez más escorados a la derecha. La exigencia principal que estos medios hacen a los «agentes sociales»- es decir, a los sindicatos, los empresarios supongo que lo tiene bastante claro-se refiere a las figuras de contratación y a los ámbitos de negociación. Contrato único con indemnización por despido proporcional a la antigüedad y negociación colectiva en el marco de la empresa y para la de ámbito superior posibilidad de descuelgue por malos resultados empresariales, esas son los dos principales palancas con las que se pretende transformar sustancialmente el «mercado de trabajo», de forma que el debilitamiento de la capacidad contractual, de negociación, de los trabajadores haga posible una evolución de los costes salariales que permita asentar una senda de incremento de los excedentes empresariales y aumente la competitividad de la marca España por la única vía que se le ocurre a la derecha gobernante y al coro de expertos económicos que la asesoran, la de la deflación salarial
En estas condiciones es de temer la generalización de un clima social de apatía y resignación que podría ser el mejor caldo de cultivo para el éxito de los designios de la derecha y el capital financiero, dispuestos a emprender un ciclo histórico en el curso del cual puedan despojar a la población asalariada y subalterna de la mayoría de sus derechos más sustanciales y generalizar su empobrecimiento, poniendo así las bases de un nuevo ciclo de acumulación basado en el aumento de los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, el expolio de los recursos naturales y los bienes comunes y el sometimiento de la población a un auténtico régimen de vasallaje y servidumbre.
Dónde conduce la política de austeridad
En Europa y en el mundo- véanse p.ej. las advertencias de la directora del FMI contra la austeridad como panacea-, son ya muchos y diversos los sectores que claman contra la continuidad de esta política. Incluso algunos sectores de la derecha alemana comienzan a percibir los riesgos asociados a una política de ajuste y austeridad que ha sumido a muchos países, que son mercado para las exportaciones alemanas, en franca recesión. No obstante lo cual, el gobierno conservador alemán que, con el vergonzante acompañamiento del francés, dirige de facto la maltrecha UE, continuará con su política de austeridad en la que encuentra una auténtica ventana de oportunidad para una integración más efectiva de la UE bajo la dirección del capitalismo alemán, imponiendo una vasta reestructuración de las economías del sur a su servicio y el del capital trasnacional con inversiones en Europa.
La continuidad y el éxito de esa política amenaza no solo el equilibrio entre centro y periferia en el que se ha basado la UE desde su constitución- un equilibrio, hay que recordarlo, basado en el desarrollo desigual, que está en el origen de los efectos tan devastadores de la presente crisis-, sino las condiciones mismas en la que se reconstruyeron los Estados nacionales europeos tras la derrota del nazifascismo en 1945, con una participación del trabajo consagrada en los propios textos constitucionales y la consecución de un amplio espectro de derechos sociales y ciudadanos.
La imposición de soluciones tecnobonapartistas como las de Italia y Grecia podría ser algo más que un síntoma de que las clases dominantes estarían abandonando sus veleidades «democráticas» haciéndose acompañar en su camino por una buena parte de las clases subalternas atemorizadas por el rumbo y las incertidumbres de la crisis capitalista. La proliferación de candidaturas xenófobas en el reciente ciclo electoral en España junto con la confirmación del alto apoyo recibido por el PP entre los trabajadores podría ser la confirmación entre nosotros de tan inquietante tendencia.
Lo peor que podrían hacer las organizaciones políticas y sindicales que defienden a estas clases subalternas sería asumir el discurso de la austeridad y los llamamientos realizados desde la mayoría de los medios de comunicación a sumar todos los esfuerzos para salir de la crisis. Si así lo hicieran, desde luego que ayudarían al capital financiero y las grandes empresas a salir de la crisis, de su crisis, pero la gente de abajo, los trabajadores, los parados, los jóvenes que tiene que buscar empleo lejos de su casa y de su país, los inmigrantes, los pensionistas y los dependientes, saldrían de la crisis más aislados y desunidos, con menos derechos, con organizaciones más debilitadas y desprestigiadas para enfrentar los continuos ataque del capital y sus partidos.
Eso es lo que nos jugamos en los envites actuales y por venir. Nunca la indiferencia ha estado menos justificada que en el momento actual. Los sindicatos de trabajadores, el movimiento 15M, los colectivos ciudadanos, ecologistas, las plataformas por la defensa de los servicios públicos, etc, etc, todos estamos implicados, todos estamos obligados a responder a este reto. Nuestra responsabilidad histórica para con nosotros mismos y la generaciones venideras es grande, nos lo debemos y se lo debemos a cuantos nos han precedido en la lucha y han hecho posible que hoy podamos al menos decir estas cosas. Por ellos y por nosotros, por todos
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