Siete décadas de penurias, de destierro en su propio pueblo, de estar «llenos de piojos y descalzo todo el mundo; eso no ha sido para contarlo, eso ha sido para pasarlo».
La historia oculta y rescatada
Las principales fuentes para buscar represaliados de la Guerra Civil son los archivos militares de los consejos de guerra sumarísimos y las diligencias que se abrieron, el archivo penitenciario de la prisión de Sevilla y, en algunos casos, los archivos municipales. Pero siempre es un proceso muy complejo, porque deliberadamente se ocultó todo desde el mismo momento en el que se hacía. En palabras de García Márquez, «a la inmensa mayoría de los represaliados no los inscribieron en los registros civiles», lo que significaba de hecho «eliminar legalmente la defunción de esas personas». Es la principal razón de ser de todoslosnombres.org; sacar a todas esas personas del anonimato. El historiador también colabora en ella para el caso de Sevilla. Todos los correos que llegan sobre gente de la provincia se los pasan a él. «Ya he contestado a más de 800 personas que están buscando datos». Confiesa. Uno de ellos es el que envió a Nélida y Pilar adjuntándoles el acta de levantamiento de los cadáveres y el de enterramiento de los mineros de La Pañoleta.
Pero exhumar los restos de un desaparecido no es cosa fácil. No consiste en localizar la fosa y ponerse a excavar hasta dar con ellos, sin más. Cecilio Gordillo explica que un proceso de exhumación «puede durar años». Son varios los factores que inciden en este aspecto: el tipo de fosa, si está o no dentro del cementerio, quién gobierna en el ayuntamiento, si se disponen o no de recursos, y que quienes allí están sean dos, cinco o dos mil. «Nunca se sabe de antemano».
Los restos del tío de Cecilio Gordillo fueron exhumados durante la transición en Medina de la Torres, Badajoz. Lo fusiló la Columna de la Muerte, que iba de camino a la capital de la provincia. El Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, ordenó construir un mausoleo a las dos personas encargadas de hacer las lápidas. Cuando le presupuestaron lo que costaría la construcción, el Ayuntamiento les comunicó que «esa sería su aportación si querían seguir trabajando con el consistorio». Y así se construyó la lápida en la que reza «Aquí yacen los restos de los fusilados por los fascistas y la Junta Rectora de la Guerra Civil española». El propio Gordillo confiesa que él no se lo creyó en su día y tuvo que «ir al pueblo para verlo y comprobarlo». Desde entonces, intentar rescatar los restos de un familiar enterrado en una fosa común se ha ido complicando hasta convertirse en una odisea de trabas burocráticas y legales que desembocan en el desconcierto de quienes, como Juan José López, se proponen esta tarea. De su abuelo sólo conoce que es una de las 4.000 personas enterradas en las cinco fosas del cementerio de Sevilla. Juan José explica que «estamos un poco perdidos» a causa de la cantidad de personas y fosas, por lo que supone que «técnicamente será muy complicado, porque con todas las trabas que se plantean para exhumar una fosa con pocas personas, en un caso como éste será muy difícil».
Francisco González tampoco ha cejado en su empeño de años por encontrar el cuerpo de su padre y honrar a sus paisanos que fueron víctimas de la represión franquista. Hace años, Francisco comenzó a elaborar un listado con todos los fusilados de Santiponce como forma de documentar las víctimas, setenta en total, afirma. «Desde que murió Franco me lié a luchar en el pueblo con todos los alcaldes», relata sentado en un banco, frente al monumento a los represaliados de Santiponce, fruto de esa pugna incansable. Pero, por más que ha movido cielo y tierra para alcanzar su propósito, Francisco no ha conseguido más que eso. De la época de la Transición cuenta que «a las viudas les daban medio millón de pesetas nada más si sabían dónde estaba su marido y firmaban que era fallecido de la guerra», lo que suponía renunciar a la exhumación de los cadáveres de las fosas, puesto que el estatus oficial de esas personas cambiaba de desaparecidos al de difuntos.
Francisco se queja de la poca ayuda que ha recibido de las instituciones. Con un deje ronco en la voz, como un amargor que se le atraviesa en la garganta, habla de «un alcalde al que le mataron a su padre, y estaban los tres criminales en el pueblo todavía, y se fueron y no tuvo cojones de llamarlos» para que les aclararan dónde estaban enterrados los fusilados. Luchar por la exhumación de su padre también se ha convertido en un calvario. Francisco admite haber ido «muchas veces» al cementerio del pueblo vecino de Castilleja de Guzmán, pero aún se pregunta «dónde está la fosa, si no se sabe nada». Lamenta que el Ayuntamiento «ha arreglado el cementerio y ha tapado la fosa, como ha pasado aquí», y no deja de preguntar, como quien implora al cielo una respuesta que nunca llega. «¿Para qué vamos a hacer nada? Si el de Guzmán es otro alcalde que tiene en la cabeza lo que tienen todos. El socialismo no quiere saber nada de esto. El mismo Felipe no ha hecho nada por esto».
El desánimo de Francisco es el mismo de muchas otras familias a las que se les sigue negando el derecho a recuperar a los suyos, igual que hace más de setenta años. «¿Cómo tenemos nosotros, los hijos de los matados, ganas de política? Los que lo hemos pasado estamos muy quemados, no nos fiamos de nadie. ¡No tenemos ganas de nada!». Siete décadas de penurias, de destierro en su propio pueblo, de estar «llenos de piojos y descalzo todo el mundo; eso no ha sido para contarlo, eso ha sido para pasarlo».
Sólo los perros esconden los huesos
José María García Márquez explica el silencio que pesa sobre las víctimas y los verdugos es el resultado de que «muchas miles de personas colaboraron con la dictadura a muchos niveles» y formaron parte de la estructura del régimen hasta que murió Franco, entre ellos «todos los que fueron a testificar en los consejos de guerra». Decenas de abogados, jueces y fiscales «participando en el juego de los consejos de guerra sumarísimos», porque quien no lo hizo «tuvo que exiliarse o murió».
Una dura batalla, la de la memoria, que en su opinión «ganó Franco», porque «fueron 40 años de dictadura en que se sepultaron las cuestiones fundamentales, se murió la generación clave y se ancló en el acervo cultural de este país una visión de la guerra basada en tópicos, en manipulaciones generadas desde la propia dictadura».
Su mayor reproche no es, sin embargo, contra las autoridades, sino contra una población civil pasiva y resignada que permite que en una fosa común como la del cementerio de Sevilla, con un mínimo de 3.484 personas asesinadas, no luzca ni una sola flor. «Yo he cogido una de la tumba de al lado y la he puesto encima del monolito, y he vuelto a los tres meses y estaba la misma flor seca».
Frente a quienes intentan ocultar la envergadura del drama imponiendo «un lenguaje falso», el historiador defiende que no se trata de una cuestión de venganza y sí de justicia y reparación. Porque la justicia «no caduca, no tiene fecha y siempre hace falta» y la reparación «forma parte de la justicia misma».
Tampoco es un intento de volver a escribir la historia y ganar una guerra setenta años después. Las fuentes en las que se han documentado han sido las que los propios verdugos proporcionaron, «sus informes policiales, los informes de los jueces militares y de sus consejos de guerra y sus actas militares. Ahí están las pruebas». «Esto es una cuestión de sinvergüenzas y de decencia» concluye, pues «solamente los perros esconden los huesos».
Rastreando el hálito de diecisiete flores
«A veces no nos podemos hacer una idea real de lo que han sufrido estas personas. Es muy duro ver morir a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, estar estigmatizados toda su vida y no poder hablar de sus familiares desaparecidos o asesinados. Llegar al momento de cumplir un sueño es una cosa maravillosa y muy bonita».
Un cigarro baila entre las palabras que nacen despacio, como un hálito suave, en los labios de Juan Luis Castro, director de la intervención arqueológica en la fosa de las 17 mujeres de Guillena. Habla en tono quedo, casi en voz baja, recostado sobre un banco de la Alameda de Hércules, antaño epicentro de revueltas y fusilamientos y hoy repleta de niños, parejas y gente que disfruta de los primeros días de marzo con jolgorio y sin preocupaciones. Hace algo más de dos semanas que el equipo de arqueólogos que dirige Juan Luis encontró lo que llevaban buscando casi un año: indicios de la situación exacta, «con un 95% de probabilidades», de la fosa común de las 17 mujeres de Guillena. Los nichos construidos sobre la fosa han presentado numerosas dificultades para realizar catas con comodidad, «de manera que estuvimos trabajando allí durante varios meses» en los que han podido hallar «una cosa importante en los cementerios andaluces» y que habitualmente nadie documenta: «enterramientos de niños de los años del hambre, muchos, unos 25».
Finalmente, en octubre de 2010, se plantearon utilizar una nueva técnica experimental en la identificación de fosas comunes: la geoarqueología, «una serie de perforaciones con sondas de pequeño diámetro que permiten hacer sondeos verticales y oblicuos». De esta manera, relata Juan Luis dando una lenta calada a su cigarro, «dimos con la tecla» cuando encontraron «suelas de alpargatas, huesos de tobillos y cráneos» en varias tandas y también «muchos casquillos de Mauser y Carcano», armas usadas por los sublevados. Les llamó la atención que los cadáveres «no estaban dispuestos como un enterramiento habitual» y descubrieron que «eran mujeres porque se trataba de alpargatas de mujer y por las pelvis». Buena parte del éxito de esta empresa arqueológica ha recaído en que «la Junta de Andalucía, desde el Comisariado para la Memoria Histórica, nos ha ayudado en todo lo que se le ha solicitado». En el caso de la fosa de Gerena, además encargarse de «corroborar que habíamos encontrado a las mujeres», la Administración autonómica colaboró con el equipo de arqueólogos mediante «una ayuda financiera para la exhumación», aunque Juan Luis reconoce que «el Ayuntamiento de Gerena también nos ha ayudado bastante».
El «problema» de la recuperación de los familiares, sin embargo, «no está en lo que nos ayudan, sino en aquello en lo que no lo hacen». La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 «no obliga a los ayuntamientos» ni a otras administraciones a colaborar en la búsqueda de desaparecidos, que en España se cuentan «entre 90.000 y 125.000». Estas cifras convierten a nuestro país en «el segundo con más desaparecidos tras Camboya» y adquieren un tono lejano a la frialdad habitual de los números cuando setiene en cuenta la lucha de los familiares por rescatar a su gente de ese limbo de tierra y olvido.
Juan Luis tampoco pasa por alto otro importante inconveniente, que «no se investiguen judicialmente todos estos delitos de lesa humanidad», con los que, «desde que se cometieron en 1936, el Estado español está vulnerando el derecho de los ciudadanos a encontrar a sus familiares desaparecidos». Aún hoy «siguen vulnerándose los derechos fundamentales de verdad, justicia y reparación que tienen los familiares», porque «la tortura, el asesinato y la desaparición forzosa no prescriben, y así lo dice la Ley Internacional de Derechos Humanos, y hasta que España no reconozca eso aquí habrá un déficit democrático muy serio».
«Rescatar un nombre, el mero hecho de pronunciarlo, es devolver a la vida, aunque sea momentáneamente, a una víctima o a un verdugo». La de los nombres es la fuerza que mueve o estanca en el fango de los años las historias verdaderas de cuanto aconteció hace más de siete décadas. Por eso Juan Luis se pregunta «qué tontería es ésa de declarar ilegítimos y no ilegales los juicios» del franquismo, y se responde a sí mismo con celeridad, porque «si los declaras ilegales los tienes que investigar, y a las familias tienes que indemnizarlas».
El arqueólogo entiende que «no se pueden hacer culpables ni herederos a los hijos y nietos de los verdugos», aunque aboga por que haya «una condena moral, precisamente para que se escriba una historia objetiva y que la gente sepa qué ocurrió». Defiende que «en España nunca va a haber reconciliación mientras no haya justicia y una condena a los asesinos y al franquismo, y mientras el Estado no se acoja a la Ley Internacional de Derechos Humanos».
A pesar de tantas dificultades, trabas y afrentas legales y morales, «el ánimo de los familiares de las víctimas es impresionante» tras el hallazgo de las mujeres de Guillena. «Ten en cuenta», dice Juan Luis, «que normalmente los familiares quieren los restos, y cuando se dan cuenta de los pueden tener es cuando se vuelven locos, porque muchos no pensaron ni en sus mejores sueños que iban a rescatar a sus familiares, y entonces se dan cuenta de que es real».
Apartar el polvo de las fosas y arrojar luz sobre el recuerdo sepultado por la tierra de décadas es ese sueño maravilloso del que habla Juan Luis: el de despertar del silencio un nombre largo tiempo pronunciado y por fin despojado del polvo del olvido.
Mapa de la Memoria Histórica
Decenas de miles de familias de toda Andalucía no ahorran esfuerzos para desentrañar el lugar en que se encuentran enterrados sus familiares víctimas de la represión de la dictadura. Según el informe sobre fosas comunes publicado a finales de 2010 por la Consejería de Justicia de Andalucía, en esta comunidad son 47.349 los represaliados por el franquismo que están desperdigados por 614 fosas.
Los datos aún no son definitivos, ya que en gran parte han sido obtenidos gracias al trabajo de asociaciones memorialistas, encarnado en informes que recogen información de archivos militares y civiles, ayuntamientos o testimonios orales.
Entre los colectivos de recuperación de la memoria histórica se incluye el portal web todoslosnombres.org. Cecilio Gordillo relata que la página «al principio estaba pensada para albergar una base de datos de 35.000 fusilados, pero la gente nos pedía que reflejara el nombre de las víctimas e incluyera también a desaparecidos, encarcelados, vejados, maltratados, torturados e incluso quienes fueron despedidos de sus trabajos». Actualmente, tras abrirse a todas esas peticiones, recoge información sobre 150.000 víctimas de Andalucía, Extremadura y las antiguas colonias del Norte de África. También publican multitud de trabajos de factura propia. El más destacado hasta el momento es un mapa de fosas de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, elaborado desde marzo de 2009 gracias a la investigación de historiadores y a testimonios orales. José María García Márquez, historiador especializado en la represión en Sevilla y Huelva, ha colaborado en el de la provincia hispalense. Según sus datos, en Sevilla asesinaron a 2.901 personas los seis últimos meses de 1936, de los que fueron inscritos en el registro civil 97. Sólo en las cinco fosas documentadas del cementerio de Sevilla existen 4.000 personas enterradas.
El grueso de las exhumaciones practicadas en España se efectuó «entre 1977 y 1982» y fue llevado a cabo por los Ayuntamientos, porque «la gente sabía dónde se encontraba la fosa común, estaban vivos casi todos los familiares, y se sacaban».
Las cifras de la represión, en su opinión, «las vamos a conocer más rigurosamente ahora», al tiempo que apunta que «estaríamos hablando de unas 12.500 víctimas, casi 13.000 si contamos los muertos en prisión». La mayoría de ellos, en torno a 10.000, ya tienen nombres. Ahora sólo falta saber en qué lugar se encuentran sus restos.
Ver también: Primera parte de «La batalla por la redención de los nombres»
Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/la-batalla-por-la-redencion-de-los-nombres-ii.html