La conflictividad laboral en el estado español y sus antecedentes. La estadística de huelgas y cierres patronales del Ministerio de Trabajo informa de que 207.231 personas participaron en huelgas entre enero y noviembre de 2022 (avance de datos); se trata de participantes afiliados a la Seguridad Social. Durante el mismo periodo de 2021 tomaron parte en los conflictos 198.187 trabajadores. En cuanto a las jornadas no trabajadas, también se dio un incremento en los nueve primeros meses: 71.132 más que en el mismo periodo de 2021.
El mayor número de participantes en huelgas –entre enero y noviembre de 2022- se produjo en Cataluña (65.193), seguido del País Vasco (47.851) y Galicia (19.499). Uno de los hitos señalados por el ministerio es la huelga general del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), en Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y Madrid; el 80% de las personas que secundaron el paro general fueron mujeres; además, de la suma total de trabajadores que tomaron parte en huelgas (más de 200.000), el 6,4% se corresponde con las mujeres que pararon el 8 de marzo (13.168).
Pueden hallarse raíces de las luchas obreras actuales en el estado español en el volumen Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979), del historiador y activista Xavier Domènech Sampere, editado en octubre por Akal.
El investigador dedica un apartado del libro a “la extensión de la cultura de la protesta y la crisis de la hegemonía del franquismo”. Se refiere, en concreto, a cómo el movimiento obrero de los años 70 se estaba extendiendo en el estado español y, en concreto, a la “eclosión de conflictos generalizados”.
La expansión se produjo, a menudo, en territorios donde la lucha había estado poco presente hasta entonces; y también en sectores como la sanidad, la enseñanza o la banca (en este caso, desde final de la década de los 60); se dio, asimismo, una incorporación al mercado laboral de trabajadores que, en la década anterior, habían militado en organizaciones estudiantiles y juveniles.
Entre la pluralidad de ejemplos, el autor menciona el caso de la huelga general de Navarra y el País Vasco por la amnistía, el 11 de diciembre de 1974; o la huelga general en Navarra del 15 de enero de 1975.
Sobre Galicia, el historiador vallesano recoge una de las valoraciones –en la época- del PCE: “Se produjo algo que se acerca a lo que podría ser la Huelga Nacional, el paro masivo de toda la población con los obreros del Bazán (…). Paro apoyado desde las iglesias (…). De este modo el Ferrol estuvo prácticamente varias horas liberado”. A ello debe agregarse otro actor relevante en las luchas: el movimiento vecinal.
Había cundido la idea de que, para mejorar las condiciones de vida, la movilización colectiva constituía una herramienta eficaz; asimismo en las elecciones sindicales de junio de 1975 (las últimas del franquismo) –para cubrir los puestos de enlaces en las empresas-, las candidaturas de la oposición obrera y democrática habían derrotado a las oficialistas; así ocurrió en grandes empresas nacionales como Tudor (Zaragoza); Altos Hornos de Vizcaya; Citroen en Vigo o Hunosa en Asturias.
De este modo, en el periodo 1974-1976 los salarios crecieron tres veces más que la productividad, lo que implicaba una merma de los beneficios empresariales; y por esta razón, argumenta Xavier Domènech, los “sectores de vanguardia empresarial” (en el ámbito del metal o entidades como el Cercle d’Economia, entre otros) situaron en el cambio político la única vía para tratar de “recomponer su hegemonía social”.
El volumen de Akal incluye, en este punto, las palabras del sociólogo y politólogo Juan José Linz: “La legitimidad de un régimen democrático puede asegurar la estabilidad y el desarrollo (…). La experiencia española de los años 70 muestra que la legislación del orden político democrático quizá sea un prerrequisito para la reestructuración económica” (la tasa interanual de inflación se situaba en el 19,8% en diciembre de 1976; la de desempleo –según la Encuesta de Población Activa- fue del 4,7% a finales de 1976; del 5,7% en el cuarto trimestre de 1977 y del 7,6% al cierre de 1978).
Además de autor de Lucha de clases, franquismo y democracia, de 416 páginas, Xavier Domènech (Sabadell, 1974) es profesor de Historia de la Universitat Autònoma de Barcelona; ha publicado, entre otras obras, Hegemonías. Crisis, movimientos de resistencia y procesos políticos (Akal, 2014); y Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (2020).
Pero, “¿de quién era la calle?”, se pregunta el activista y docente catalán en Lucha de clases, franquismo y democracia. “¡La calle es mía!”, declaró Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Gobernación (diciembre 1975-julio 1976), durante la presidencia de Arias Navarro y ya proclamado monarca Juan Carlos de Borbón.
Domènech menciona el libro de memorias de Fraga Iribarne –En busca del tiempo servido (Planeta, 1977)-, donde el político derechista explicita, además del control de la vía pública, otras dos prioridades del primer Gobierno de la Monarquía: la amnistía y las elecciones municipales. Se trataba de “tres temas en los que se debía garantizar la continuidad del régimen político”, en lo que el historiador califica como “coyuntura crítica de 1976”.
¿Por qué tenían importancia los comicios municipales? Las organizaciones mayoritarias de la oposición planteaban como punto destacado de su estrategia la Huelga General de trabajadores, a la que seguiría la Huelga Nacional o la Acción Nacional Democrática de otros sectores sociales; esta movilización “provocaría la caída del Régimen”.
En esta encrucijada histórica, subraya Xavier Domènech, “la (Segunda) República seguía estando presente como modelo o antimodelo, según los casos, por excelencia”; en otros términos, se trataba de la “obsesión por el ‘plebiscito de la calle’”, que afectó tanto al Gobierno de Arias Navarro como a la oposición democrática (la II República española fue proclamada el 14 de abril de 1931, dos días después de las elecciones municipales, en las que las candidaturas republicanas vencieron en la mayoría de capitales).
Mientras, tal como recogen los historiadores Pere Ysàs y Carme Molinero en el libro Productores disciplinados y minorías subversivas, en 1975 se habían perdido 10 millones de horas de trabajo por la conflictividad, que se elevaron a 110 millones en 1976; en los conflictos se implicaron medio millón de trabajadores en 1975; la cifra se elevó a 3,5 millones en el año siguiente. Barcelona, el País Vasco, Navarra, Madrid y Asturias fueron los grandes focos.
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