Joan Benach es profesor de salud pública y director del grupo de investigación sobre desigualdades en salud GREDS-EMCONET de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este especialista en la relación entre las condiciones de trabajo y la salud pública alerta de la precarización de la sanidad pública derivada de los recortes, que define como «estrategias […]
Joan Benach es profesor de salud pública y director del grupo de investigación sobre desigualdades en salud GREDS-EMCONET de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este especialista en la relación entre las condiciones de trabajo y la salud pública alerta de la precarización de la sanidad pública derivada de los recortes, que define como «estrategias político-legales-ideológicas». Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Barcelona: Icaria, 2012).
¿Qué consecuencias tienen los recortes en la sanidad pública?
La ingente reducción presupuestaria que se está realizando en la atención sanitaria conlleva cerrar centros de atención primaria, cerrar urgencias y quirófanos, aumentar listas de espera, hacer expedientes de regulación de empleo en hospitales, reducir el número de profesionales sanitarios y empeorar las condiciones de trabajo de quienes se quedan, todo lo cual deteriora los servicios y prestaciones y aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente.
¿Estos ajustes ahondan en la desigualdad?
Muchos estudios muestran como la atención sanitaria pública se asocia a un riesgo menor de morir y a menores desigualdades en salud según la clase social, el género, la etnia y la situación migratoria. La sanidad mercantilizada es por tanto injusta, rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo, la discriminación y la desigualdad. Los llamados «ajustes», que mejor cabría llamar «estrategias político-legales-ideológicas» de mercantilización y privatización de la sanidad, quieren llevarnos a una sanidad de tres niveles, que profundizará enormemente las desigualdades en los servicios sanitarios y la salud: una sanidad de pago para los ricos que puedan pagarla, una sanidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida con servicios mínimos y de baja calidad, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.
¿Qué grupos sociales son los más afectados?
Aquí llueve sobre mojado. Los colectivos que sufren más son aquellos que ya de por sí padecen las peores condiciones sociales, laborales, y económicas. Las personas pobres, los desempleados, las mujeres obreras en situación de precariedad, los inmigrantes, las mujeres de la limpieza, los enfermos crónicos, y también las personas discapacitadas que deben desplazarse a los centros sanitarios. Claro está, la peor de las situaciones la sufren quienes padecen al mismo tiempo estas múltiples situaciones de desigualdad social. Pero, además, gran parte de una clase media cada vez más empobrecida va a verse también afectada por la reducción y calidad de las prestaciones y servicios.
¿Más allá del hecho en sí del ahorro, los recortes persiguen un cambio de modelo?
La actual contrarreforma sanitaria es un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. La sanidad pública y la privada son vasos comunicantes. Si se deteriora la primera, se refuerza la segunda y al revés. Los recortes, junto con las estrategias de parasitismo del sistema público y los cambios político-legales que ayudan a implantar servicios privados, quieren conducirnos a una situación insostenible que nos lleva tres décadas atrás. Con ello se pretende conseguir un doble objetivo. Por un lado, deteriorar la sanidad pública y abrir el mayor campo posible para una atención sanitaria mercantil basada en el beneficio de enormes conglomerados y grupos empresariales privados, que hacen negocio vendiendo servicios y productos sanitarios a los «clientes» que tienen el suficiente dinero para pagarlos.
El segundo objetivo es aún más malicioso si cabe. Se trata de destruir la imagen positiva que para muchos aún tiene «lo público». Es un arma ideológica que quiere erosionar la imagen de la atención sanitaria pública y los derechos colectivos conseguidos a través de las luchas sociales. Se quiere ganar esa batalla ideológica y se nos quiere hacer creer que lo «privado», lo mercantil, es intrínsecamente mejor, más eficiente y con más calidad e incluso, a veces, en el colmo de la perversión, se insinúa que es «más equitativo». Afortunadamente, buena parte de la población se está dando cuenta de esas estratagemas y mentiras, y está reaccionando pasando del estado de shock a uno de mayor conciencia, y de ésta a la movilización y la lucha para defender sus derechos.
¿La sanidad pública tal como está configurada, o como lo estaba antes de que comenzaran los recortes, es sostenible?
La sanidad pública del conjunto del Estado español es bastante eficiente y barata. Aún gastando menos que la media de la Unión Europea, la calidad general es buena. Eso no quita que el sistema sanitario público deba mejorar. Por ejemplo, tiene que haber cobertura para toda la población, hay que ampliar y mejorar los servicios socio-sanitarios relacionados con la salud mental, la salud laboral o la salud ambiental, que son muy incompletas y limitadas. También debemos gastar mucho más en atención primaria y bastante menos en gasto farmacéutico, así como controlar mucho mejor el gasto tecnológico, y reducir la excesiva biomedicalización de la salud y la iatrogenia [los actos médicos que perjudican en lugar de aliviar] que producen daños a la salud evitables. Pero que se deba mejorar no puede servir de excusa para destruir la sanidad pública y venderla a quienes se quieren lucrar con la salud y la vida de la gente. Tener una sanidad de calidad y accesible para toda la población es una prioridad ciudadana que la mayoría de la población desea. La sanidad es sostenible pero hay que dedicarle muchos más recursos, y eso conlleva aumentar la baja fiscalidad de las grandes fortunas y empresas y controlar el enorme fraude fiscal existente.
¿Es más eficiente una gestión privada de la sanidad?
Los indicadores sanitarios de la atención privada son peores en comparación con los de la atención pública. De hecho, los únicos aspectos donde el sector privado muestra ser mejor que el público radica en el confort y, como parece lógico por su predisposición mercantil, en el tiempo de espera. En todo lo demás, la diferencia de calidad entre ambos tipos de atención es muy clara en favor de lo público, tanto en su eficiencia como en su equidad. La supuesta mayor «eficiencia» del sector privado y de su gestión se fundamenta en gran medida en ahorrar en personal y ofrecer bajos salarios y malas condiciones de empleo, todo lo cual afecta la salud de los propios trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención médica. Además, por no extenderme más, los hospitales privados seleccionan a los pacientes, dan altas prematuras a los pacientes, cobran por acto médico y realizan pruebas e intervenciones innecesarias.
¿Qué influencia tienen en la gestión del sistema de salud los posibles conflictos de intereses y vínculos entre los gestores públicos y privados?
Hacer negocio con la sanidad pública es uno de los principales objetivos del capital privado en la situación actual de una crisis, que ha sido la excusa perfecta para aplicar unas políticas de privatización que vienen diseñándose y planificándose desde hace décadas. Los servicios públicos están en el punto de mira del poder económico y político y son un enorme pastel a repartir. La connivencia de las élites económicas privadas con los gestores y el poder público son manifiestas, lo cual se refleja en valores e intereses compartidos y en las prácticas de clientelismo y de «puertas giratorias» a través de favores políticos, pagos y salarios millonarios irregulares y adjudicaciones sin concurso.
Todo eso se ve bien en el caso de Cataluña, tal y como han mostrado con claridad y valentía las denuncias de los injustamente condenados periodistas Marta Sibina y Albano Dante de la revista Cafèambllet, a quienes desde aquí envío mi solidaridad y apoyo, de David Vidal, concejal de la CUP en Reus, de Ramón Serna, del sindicato CATC-CTS, o los periodistas Oriol Güell y Antía Castedo de El País Catalunya, con los casos Bagó, Prat, Sant Pau, Manté o Crespo, entre otros. La atención sanitaria pública, universal, equitativa, de calidad, y con un elevado nivel de prestaciones es un derecho ciudadano de enorme importancia que ha costado enormes esfuerzos y luchas sociales. Debemos luchar sin desfallecer para evitar que la sanidad deje de ser un derecho y se convierta en el privilegio de unos pocos que puedan pagarla.