Finalmente ZP parece haber asumido la grave situación de la economía española. Rodeado de la plana mayor del capitalismo financiero, energético y de la construcción, el presidente del Gobierno ha presentado el informe económico 2008 y anunciado un conjunto de 21 medidas agrupadas en tres apartados: afrontar la desaceleración (se ve que estaba escrito antes […]
Finalmente ZP parece haber asumido la grave situación de la economía española. Rodeado de la plana mayor del capitalismo financiero, energético y de la construcción, el presidente del Gobierno ha presentado el informe económico 2008 y anunciado un conjunto de 21 medidas agrupadas en tres apartados: afrontar la desaceleración (se ve que estaba escrito antes de la asunción pública de ZP), reformas estructurales y medidas de austeridad.
Respecto al primero y en una lectura rápida, poca cosa digna de mención, más allá del reconocimiento de la dimensión de la crisis, de los factores estructurales que acentúan sus efectos y del diferencial en términos de gasto social que aún nos separa de los países centrales de la UE. La publicación de múltiples y sucesivos informes de las principales instituciones económicas ha depreciado mucho este informe, exageradamente optimista en la última versión dirigida por Taguas, hoy patrón mayor de SEOPAN.
En cuanto a los 21 compromisos, no es posible hacer aquí un detallado examen de su alcance y evaluar sus posibles impactos. Seguro que en los próximos días podremos leer algunos bastante solventes. Sí cabe, en este análisis de urgencia, avanzar una breve caracterización de los mismos y de sus efectos para los distintos sectores sociales a los que afecta, acompañada de un también somero diagnóstico político de los próximos meses.
Las cuatro medidas para afrontar la desaceleración parecen tener en común la convicción de la imposibilidad de sustituir a la construcción y al consumo, en un entorno de altas tasas de endeudamiento, como motores del crecimiento de la economía. O, lo que es lo mismo, que sin inyectar recursos a esos dos motores -mediante el aumento de la liquidez para la financiación de las PYMEs y las VPOs, la rehabilitación de edificios (actividad intensiva en mano de obra) y un plan RENOVE destinado a ayudar a la industria del automóvil con la legitimación de reducir el consumo de combustibles y reducir las emisiones de CO2- no hay posibilidad de evitar la recesión.
El capítulo de las reformas estructurales es el más extenso y merece un detenido examen. Aquí nos fijaremos exclusivamente en lo relacionado con las infraestructuras y la reforma de los sectores del transporte y los servicios. En infraestructuras se sigue declarando como objetivo «igualar la dotación de infraestructuras por habitante con la de los países más avanzados de Europa», aunque más adelante se proclame que ya en 2010 «España será el país con más km. de alta velocidad del mundo y con más km. de autopistas y autovías de la UE».
Está sobradamente hecho el análisis del impacto en términos energéticos, ecológicos y económicos de este auténtico disparate que es el PEIT, que compromete un cuarto de billón de euros públicos hasta el 2020 a mayor gloria y beneficio de las grandes constructoras que, previsoras, iniciaron a tiempo el trasvase de capital a otros negocios de futuro como las energías renovables (sin olvidar por supuesto la nuclear) y la energía en general y la construcción y gestión de grandes infraestructuras en lo que eufemísticamente llama la ley de contratos «colaboraciones público privadas» (CPPs).
Esta superdotación de vías de alta capacidad en carretera ha supuesto una auténtica subvención al transporte de mercancías por carretera, con los efectos de sobreoferta ya conocidos y puestos de manifiesto por el encarecimiento de los carburantes en la reciente huelga de transportes. Por eso llama doblemente la atención que el Gobierno presente un plan para aumentar la participación del transporte por ferrocarril, desatendido en el PEIT en lo que no fueran las inversiones del AVE. Y que parece apuntar más bien a un plan de liberalización y privatización de RENFE por la vía de la separación de su área de mercancías.
De mayor enjundia aún puede ser las medidas en el transporte aeroportuario y portuario. En el primero, con la separación de la navegación aérea de la gestión aeroportuaria en la que se da entrada al capital privado, acompañado de las CCAA para ejercer competencias de gestión. Los grandes de la construcción (FERROVIAL, SACYR) ya se han entrenado suficientemente en la explotación de aeropuertos y autopistas en USA, UK, etc. como para acometer esta nueva línea de negocio con perspectivas de rentabilidad nada dudosas. En materia de puertos lo que se anuncia es una reconversión de los mismos por la vía de tasas que «reflejen los diferentes costes de prestación de servicios»; lo que resulta una penalización, apenas velada, a aquellos que presenten mejores niveles retributivos de los trabajadores portuarios. El PEIT ya prevé el uso de las famosas CPPs pero parece que la entrada de capital privado se subordina a la previa ejecución de la reconversión de costes salariales citada.
El sector de servicios ocupa el 65% del total de la población ocupada y eso explica que el Gobierno prepare una «ley paraguas» (sic) que permita hacer una transposición «más allá de los mínimos» que establece la Directiva Bolkestein en el camino de la liberalización del sector y la supresión de cuantas regulaciones (p.ej. de carácter social ó ambiental) se opongan a la libre circulación de capitales ó al libre establecimiento de empresas (huelga decir como nos gustaría haber visto esa favorable disposición con ocasión de la tramitación de la Directiva de la Vergüenza, recientemente aprobada).
Están, finalmente, las medidas llamadas de austeridad. Es verdad que existen algunos Ministerios de competencias más que dudosas que han arrastrado un sin fin de altos cargos para una administración, la del Estado, que tiene muy pocas competencias de gestión. Es el efecto de la política de gestos de ZP que enfrenta los problemas políticos -de igualdad, cambio climático, inmigración- creando departamentos y comisiones delegadas. Lo verdaderamente importante, sin embargo, es la reducción de la oferta pública de empleo en 25.000 plazas, dejando solo las vinculadas a los servicios esenciales (¿serán de policías, por casualidad?). De nuevo Solbes vuelve por sus fueros. Como en 1.995, con la famosa tasa de reposición de vacantes, el Ministro de Economía ataca al empleo público por el expeditivo procedimiento de la limitación de su renovación biológica. Una función pública envejecida será fácil pasto de la privatización de facto de sus tareas, ya muy avanzada por el incremento del empleo precario y sin derechos, que supera, en tasas de incremento interanual, a las del sector privado. No es creíble criticar las privatizaciones de Aguirre en la Comunidad de Madrid si se hace lo mismo por distintas vías. Las recientes movilizaciones del sector público en Madrid tendrían que ser seguidas en la Administración del Estado si esto sigue adelante.
Se desconoce a estas alturas el contenido de la propuesta del Gobierno para el Diálogo Social pero, a juzgar por las declaraciones recientes del Gobernador del Banco de España, es fácil suponer que alguna modalidad de congelación salarial (p.ej. con la supresión de las cláusulas de garantía salarial) «para combatir la inflación» va a aparecer en el mismo. Cuando se entra en una situación de dificultades económicas, todas las alegrías «republicanas» del PSOE desaparecen y su lugar es rápidamente ocupado por esa letanía neoliberal que venimos oyendo desde hace tres décadas.
En los próximos días el PSOE realizará su congreso. Ni la menor pista puede encontrarse en su ponencia a alguna política para enfrentarse seriamente a esta «crisis de crisis». En su ausencia muchas y vagas referencias a un discurso gidenssiano que se presenta como nuevo pero que se ha hecho viejo tras su prueba de la realidad en los gobiernos de Blair y Brown. No parece estar el PSOE en condiciones de liderar el renacimiento de la socialdemocracia europea del siglo XXI, a juzgar por la forma en que se enfrenta a los problemas domésticos y a los de la «construcción europea». Pasada la crisis de dirección del PP, es de esperar una intensificación de su labor de oposición y los problemas de la crisis económica le ofrecen material de sobra. Estará arropado con creces en su labor por los «think thanks» de la derecha que, como era de esperar, ya han dicho que les sabe a poco las reformas estructurales a las que piden sumar sus recetas de siempre como la supresión del salario mínimo, el estímulo a la movilidad geográfica y el despido libre, la aproximación de las enseñanzas a las necesidades de las empresas, la recuperación de la energía nuclear y las grandes obras hidráulicas. Es difícil desdeñar la capacidad de presión de estos sectores a los que el Gobierno se acerca de forma indisimulada.
De parte de la izquierda social será preciso emprender con nuevos bríos un nuevo ciclo de movilizaciones por la defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios y de los derechos sociales, contra las diferentes políticas privatizadoras y amortizadoras del empleo público, por los derechos de ciudadanía gravemente amenazados por las políticas de derechas de la UE.
Hay que cambiar, es verdad, de modelo productivo pero hay que hacerlo, a su vez, implementando nuevos patrones de distribución de la renta y la riqueza. No es posible, en el tránsito a estos nuevos modelos, dejar sin protección a la parte más vulnerable de la población, como pretenden los adalides de la reforma de la seguridad social. La lucha contra las desigualdades podría ser una muy eficaz contribución al mantenimiento de la demanda y la actividad económica si el Gobierno no se dejara arrastrar por las obsesiones estabilizadoras del Banco Central europeo y el de España.
Postular esta política puede y debe ser la tarea de la izquierda anticapitalista en esta coyuntura y una ocasión de reagrupamiento que mejore sus posibilidades de conocimiento e interlocución con el conjunto de la izquierda social.