Mario Zubiaga ha sido juzgado junto a otras nueve personas por pertenecer a la Fundación Joxemi Zumalabe. Profesor en la Universidad del País Vasco, Zubiaga explicó ante el tribunal que sus trabajos se centran en los movimientos sociales. El macrojuicio 18/98 comenzó en noviembre de 2005, y acabó en marzo de 2007, lo que constituye […]
Mario Zubiaga ha sido juzgado junto a otras nueve personas por pertenecer a la Fundación Joxemi Zumalabe. Profesor en la Universidad del País Vasco, Zubiaga explicó ante el tribunal que sus trabajos se centran en los movimientos sociales.
El macrojuicio 18/98 comenzó en noviembre de 2005, y acabó en marzo de 2007, lo que constituye la vista más larga celebrada jamás en el Estado español. Cincuenta y cinco personas fueron procesadas. Durante los 16 meses de vista se produjo la muerte de uno de los acusados, Jokin Gorostidi, mientras que otros dos fueron apartados por enfermedad. Ante su volumen, el sumario, iniciado por Garzón, había sido dividido en cinco piezas: las empresas que la acusación vincula a KAS y Orain, editora del diario Egin; Ekin; Fundación Zumalabe y Xaki.
DIAGONAL: Parece que la sentencia del juicio está a punto de salir. ¿Cuáles son vuestras expectativas?
MARIO ZUBIAGA: Realmente no hay forma racional de saber cuál es la sentencia que nos espera. Si tuviera realmente en cuenta lo que ha quedado de manifiesto a lo largo de la vista oral, la única decisión justa de la sala sería la absolución de todas las personas procesadas. La tesis absurda que subyace a este y a otros macrosumarios similares es conocida: todo lo que en Euskal Herria se mueve por la autodeterminación, los derechos nacionales o, simplemente, el cambio social, si lo hace fuera de las instituciones, es ETA, luego condenable como terrorista. Este proceder judicial, heredero del legalismo autoritario, define que todo lo alegal- desde la consulta popular al ejercicio del derecho de reunión o manifestación- es ilegal y penalmente perseguible. Como esa doctrina no parece discutida en las instancias que deben resolver este y otros juicios, nos tememos que la sentencia no vaya a tener relación alguna con lo que ha quedado probado en sala: las personas procesadas no hemos cometido otro delito que el de llevar a cabo actividades sociales y políticas legítimas. Sin embargo, a estas alturas, no podemos esperar que la sentencia guarde coherencia con esa realidad indiscutible, sino, nuevamente, con el prejuicio ideológico y la persecución de la disidencia política.
Durante los 16 meses de vista oral y ahora ¿habéis notado cambios, influencias de la situación política?
Evidentemente, la actual situación no ofrece un contexto halagüeño. Sin embargo, debiéramos dejar claro que a lo largo del juicio no hemos observado coyunturas presumiblemente más favorables que hayan alterado el proceder de la sala, o, algo más grave si cabe, la actitud de la Fiscalía. No hay que olvidar que la calificación definitiva del fiscal se produce en un momento en el que la esperanza por el proceso de paz no estaba truncada todavía. Si el fiscal- agente de un Gobierno que supuestamente estaba negociando-, no varió su postura, aún menos lo hizo la sala. Sin tregua, con tregua, con tregua en suspenso… A lo largo del juicio no fue atendida ninguna de las peticiones de la defensa. Y fueron unas decenas. Por muy justa que sea, ¿se atenderá a su última petición, la de absolución? Al final de un proceso kafkiano, el tribunal tiene la oportunidad de impedir que una instrucción inquisitorial se convierta en ley. Desgraciadamente primará nuevamente el criterio político, y no el estrictamente jurídico.
La actual situación política lo único que favorece es la impunidad del castigo. Permite cualquier tipo de sentencia, cualquier tipo de condena. Una decisión punitiva que en otras circunstancias pudiera tener un coste político evidente -en Euskal Herria, al menos- se puede justificar mejor de cara a la opinión pública. Seguramente, la decisión de castigar está -estaba- ya tomada, fuera cual fuera la coyuntura.
¿Cuáles han sido los efectos de la persecución en los movimientos sociales?
Es pronto para saber cuál es el efecto que estos sumarios han producido en el tejido social vasco. Y sin embargo la gente sigue moviéndose. No se acaba con un capital social acumulado durante decenios por un sumario más o menos. Cerraron Egin y surgió Gara. Cerraron Egunkaria y surgió Berria… No hay solución final a través de atajos represivos.
La mejor prueba de que estas recetas no sirven es el éxito de los llamamientos que desde el grupo de trabajo18/98+ hemos realizado estos últimos años. Manifestaciones multitudinarias, campañas económicas exitosas, solidaridad de un espectro social e ideológico que toca todo el espectro abertzale, EB/IU, y algún sector del PSE… La cobertura mediática en Euskal Herria ha sido amplia, la opinión pública vasca ha adoptado el término ‘garzonada’ para referirse a cualquier exceso judicial arbitrario… El juicio lo hemos ganado ya en Euskal Herria. La absolución social está ya conseguida. Desgraciadamente, el poder judicial que nos juzga no sirve a la voluntad o la opinión de nuestra sociedad. No sirve a la legalidad que queremos construir entre todos los vascos, sino a una legalidad diseñada para limitar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Lamentablemente la opinión pública española y sus medios de difusión son otra cosa: parecen asumir sin problemas ‘el todo vale’. Por eso, nos emociona especialmente la solidaridad que hemos recibido en Madrid o Cataluña. La solidaridad de los medios alternativos y la de todas aquellas personas que siguen pensando que los derechos o son de todos en todas partes, o no son de nadie, en ninguna parte.
«El objetivo es la desmovilización»
¿Cuáles serían los objetivos del juicio?
El objetivo es la desmovilización de los movilizados. Como siempre. Y no podemos caer en el error de pensar en una disparidad de criterios de fondo entre el PSOE y el PP en este punto: no hay discrepancia real. Éstos cargan más las tintas retóricas que aquéllos, pero no olvidemos que esta estrategia judicial de ‘cortar por lo sano’ dura ya 10 años, desde que se gestó el sumario 18/98. Es una política de Estado, y como en cualquier política de Estado el supuesto fin -terminar con ETA- justifica los medios: sacrificar la libertad y los derechos políticos de ‘los sanos’. Unos espacios sociales sanos, que simplemente se dedican a la actividad sociopolítica, y que habría que sacrificar por mor de que pudieran llegar a estar invadidos por la enfermedad terrorista que se trata de combatir. Hay que huir de los que aplican metáforas biologistas al proceso social: encubren el organicismo fascista más rancio.