Un Estado democrático y sus leyes tienen la obligación de dar cauce a las aspiraciones de la ciudadanía. La movilización masiva en Cataluña reclamando poder ejercer el derecho de autodeterminación no ha encontrado, por parte del Estado español, ningún camino para poder hacer realidad sus aspiraciones. Sólo ha encontrado la cárcel. Por ese motivo son […]
Un Estado democrático y sus leyes tienen la obligación de dar cauce a las aspiraciones de la ciudadanía. La movilización masiva en Cataluña reclamando poder ejercer el derecho de autodeterminación no ha encontrado, por parte del Estado español, ningún camino para poder hacer realidad sus aspiraciones. Sólo ha encontrado la cárcel. Por ese motivo son presos políticos los dirigentes catalanes condenados. Por ese motivo, hay que exigir su puesta en libertad y la apertura de vías para permitir al pueblo de Cataluña decidir democráticamente cuál es su grado de vinculación con el Estado español.
No es verdad que se le haya ofrecido cauces democráticos para poder ejercer sus aspiraciones. Ni siquiera se admitió el Estatut aprobado en el Parlament, ratificado (con modificaciones serias) en el Congreso y con un referéndum en Cataluña, es decir siguiendo estrictamente las reglas constitucionales. No es casual que fuese entonces cuando se disparó el apoyo masivo al derecho de autodeterminación y a la independencia.
Si se quisiera saber cuál es la voluntad del pueblo catalán, incluso la Constitución permitiría celebrar una consulta en base al artículo 92.1: Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. No sería vinculante, pero quedaría clara cuál es esa voluntad, en uno u otro sentido. Sin embargo, no se quiere abrir la puerta a un precedente semejante.
En un Estado plurinacional, empeñarse en mantener la unidad por la fuerza está condenado al fracaso. Sólo la unión voluntaria puede funcionar. Por eso, una salida a este conflicto político pasa por reconocer el derecho de autodeterminación y establecer unas reglas democráticas para ejercerlo. Son estériles los razonamientos que limitan el derecho a la autodeterminación a los pueblos coloniales. El hecho es que la mitad de la población catalana desea la independencia y la mayoría es partidaria de dilucidar la cuestión con un referéndum. Eso exige que todo el mundo, partidarios de la independencia y oponentes, pacten unas reglas democráticas que se comprometan a respetar, sea cual sea el resultado.
No es una quimera. Canadá y Gran Bretaña celebraron referéndums de autodeterminación. Que el Estado español no sea capaz de hacer lo mismo, no es un síntoma de buena salud ni de fortaleza democráticas, sino todo lo contrario. Sólo la democracia consecuente puede resolver este problema. Eso empieza por poner a los presos políticos en libertad y sobre la mesa un camino para ejercer la autodeterminación.
El derecho al voto de las mujeres también le parecía un desatino a muchos sectores de la sociedad. Hoy a nadie se le ocurriría cuestionarlo. Algo similar ha pasado con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es visto como normal por la mayoría de la sociedad.
La derecha y la sentencia
Sin embargo, en vano esperaremos que la derecha se avenga a ese acuerdo. La alternativa no es un referéndum pactado con el PP y Ciudadanos, por no hablar de Vox, que nunca aceptarán. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera el Procés «más grave que Tejero y Milans con los tanques»[1]. Además, la bandera rojigualda se ha convertido en un medio para cosechar votos y tapar otras miserias.
Si la Unión Europea estableciera que no tenemos derecho a separarnos de ella, la derecha montaría en cólera y hablaría de la soberanía española (lo hacen cuando los tribunales europeos les enmiendan la plana, como ha pasado con las órdenes de extradición a dirigentes del «Procés»). ¿Por qué se extrañan cuando una gran parte de la población catalana aspira a tener su propio Estado? El nacionalismo español ve la paja en ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Como aquellos católicos que creen que su religión es la única verdadera.
Pero volviendo a la sentencia, a la derecha la pena final le ha sabido a poco. Para ver si efectivamente son «poco» las condenas de 9 a 13 años para la mayoría de los acusados, basta con compararlas con las del 23F, donde sí hubo un golpe de Estado y una acción armada -incluido el asalto y secuestro del Congreso de los diputados- con tropas y carros de combate, sólo 3 de los 33 acusados fueron condenados a penas de cárcel superiores a los del Procés[2]. El resto lo fueron a penas inferiores.
Al día siguiente de hacerse pública oficialmente la sentencia, el editorial de ABC luce un titular muy ilustrativo: «Entre el respeto y la decepción»[3]. Leer al Tribunal Supremo que no hay rebelión ni golpe de Estado, después de dos años agitando con ello, no ha sentado muy bien. Sin embargo, ABC llama a no perder de vista que «quien era vicepresidente de la Generalitat en 2017 hoy está condenado a trece años de prisión y otros tantos de inhabilitación, por sedición y malversación (…) Muchos ciudadanos esperaban más años de cárcel, pero cuando empezó este proceso separatista se daba por hecho que les saldría gratis». Y pide «que las condenas no se vean burladas con la aplicación de permisos y grados penitenciarios precipitados». Permisos, por cierto, que marca la ley.
ABC termina añadiendo: «Las instituciones democráticas deben tomar nota de que el Estado tiene que mejorar su defensa legal (…) Si realmente el PSOE (…) va a mantener un discurso constitucionalista, no debe dudar en sumar votos con el PP y Cs para, a partir del 11 de noviembre, con el nuevo Parlamento, reformar el Código Penal y excluir la violencia como requisito del delito de rebelión y tener preparado un nuevo paquete de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, porque el separatismo insiste en que hará otra vez lo mismo. El Estado no tiene tiempo que perder».
Al PP le ha faltado tiempo para poner sobre la mesa todas las reivindicaciones que plantea ABC, volviendo a establecer los delitos de rebelión y de sedición sin necesidad de violencia ni «actitudes tumultuarias», el delito de convocatoria de referéndum ilegal y la prohibición de indultos para casos de sedición y rebelión. Es bueno recordar que gobierno de Felipe González indultó al general Armada en 1988, a instancias del Tribunal Supremo, el cual también pidió el indulto para Tejero en 1993, cumpliendo sólo la mitad de la condena, con el argumento de «conveniencia pública» para lograr «una aceptación social que contribuiría al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado». El gobierno del PSOE lo negó, pero lo cierto es que Tejero salió de la cárcel en 1996 en libertad condicional.
La sentencia y todas las medidas que se están poniendo sobre la mesa son serio aviso para todo movimiento social y de la clase trabajadora. El TS dice: «El derecho a la protesta no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial, y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma en la que por un día queda suspendida la ejecución de una orden judicial» (página 283). Con ese argumento, cualquier intento de parar un desahucio puede ser acusado de sedición.
La izquierda y el derecho de autodeterminación
Pedro Sánchez ha tomado el camino de cerrar la puerta al derecho de autodeterminación, que el PSOE defendió hasta los acuerdos de la Transición, y emplear la mano dura. Una decisión que sólo beneficiará a la derecha.
Ahora, en Unidas Podemos debemos reflexionar sobre lo que suponía entrar en un gobierno dejando en manos de Sánchez las medidas a tomar sobre Cataluña. Una cosa es apoyar la investidura de un presidente del PSOE, frente a la derecha, si UP no tiene suficiente fuerza para formar un gobierno, y otra es entrar en un ejecutivo que renuncia a las políticas de izquierda en los temas de calado.
La izquierda transformadora debe comprender que la fuerza motriz que empuja a la mayoría de quienes tienen esperanzas en la independencia, son las mismas que llevaron a millones a movilizarse en el 15M o las marchas por la dignidad.
Por supuesto, la derecha catalana trata de utilizar el movimiento en su propio beneficio de clase y cubrir sus vergüenzas con la estelada, como una forma de compensar el desgaste de la política de recortes que ellos también aplicaron, echarle la culpa al gobierno de Madrid (sin duda, corresponsable), y de negociar más concesiones. Pero muchas personas se ha tomado en serio los argumentos: si la culpa la tiene el Estado español, pues nos separamos. También por una razón añadida, y no menor: el fracaso del «tripartit» de izquierdas y del gobierno de Zapatero, que fueron los que iniciaron la política de recortes, sin ir más lejos, demostrando que carecían de alternativa.
La realidad es que hay motivos de sobra en todas partes para estar indignados con nuestras instituciones. Es sarcástico que los «constitucionalistas» hablen de la obligación de cumplir la Constitución, cuando hoy no está garantizado el derecho a la vivienda, ni al empleo adecuadamente remunerado, ni la asistencia a la dependencia, y la sanidad y la educación pública están cada vez más deteriorados y en mayor peligro. No es casual que la limitación de los derechos democráticos crezca pareja a los recortes en derechos sociales.
Muchos catalanes aspiran a escapar de la política de recortes, sociales y democráticos, a través de la independencia. Están en su derecho y la izquierda tiene que defender ese derecho democrático de forma consecuente.
Pero defender el derecho de autodeterminación no implica ser partidario de la independencia, como considera la derecha. La izquierda estatal debe defender el derecho de autodeterminación y, a su vez, la izquierda en Cataluña debe buscar el respaldo de los pueblos y de la clase trabajadora del resto del Estado español. No hay atajos.
Y eso sólo es posible si la lucha por los derechos sociales y democráticos se convierten en una sola, lo que nos lleva a trabajar para sumar fuerzas en todo el Estado español. Incluso en Cataluña, un sector muy importante de la clase trabajadora no quiere la independencia, con argumentos de peso y tan legítimos como los independentistas. Pero la unidad se podría lograr sobre la base del derecho a la autodeterminación y la defensa de unas condiciones de vida dignas: pleno empleo, salarios decentes, acceso a la vivienda, sanidad y educación públicas en condiciones, etcétera.
El problema es que ese planteamiento chocará con los partidos de la derecha independentista, que tienen la misma política económica que la derecha española: privatizaciones, recortes, precariedad…
La izquierda transformadora debe abordar un debate a fondo sobre la importancia de defender el derecho a decidir y unirlo a un programa de transformación social, que recoja las aspiraciones de la clase trabajadora, que dote a ésta de independencia política frente al nacionalismo español y, también, del catalán. Y eso no significa meter en el mismo saco al que pide el derecho a decidir que el que lo niega, pero sí tener claro que la clase trabajadora tiene que velar por sus propios intereses y no dejarse utilizar en ningún caso.
La tarea empieza en casa, pues incluso un sector de nuestros votantes no respalda el derecho a decidir, hoy por hoy[4]. Pero es posible conquistar el apoyo de la mayoría para estas ideas. Es significativo que, en este ambiente casi irrespirable que alienta el nacionalismo español, la mayoría está a favor de una salida basada en el diálogo y que un 42% de la población española apoyaría la celebración de un referéndum[5].
Por eso, la izquierda transformadora tiene el reto de levantar una alternativa de carácter estatal, capaz de conquistar la mayoría en unas elecciones con un programa de transformación política y social. Eso exige defender la libertad de los presos políticos catalanes y el derecho de autodeterminación, pero a la vez, ser capaces de poner sobre la mesa una alternativa socialista, es decir, republicana, federal y profundamente democrática.
Notas
[2] https://www.eldiario.es/politica/comparadas-Proces-anos-Tejero-Junqueras_0_952604998.html
[3] https://www.abc.es/opinion/abci-entre-respeto-y-decepcion-201910142330_noticia.html
[4] https://www.lavanguardia.com/politica/20170209/414154481123/derecho-a-decidir-podemos-apoyo.html
[5] https://www.lavanguardia.com/politica/20190922/47527868765/espana-apuesta-dialogo-avance.html
Jordi Escuer y Jesús María Pérez, miembros de la Coordinadora de IU Madrid.
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