La transición de la dictadura a la democracia distó mucho de ser modélica, tal como la define la sabiduría convencional del país, reproducida en la mayoría de medios de información y persuasión que existen en el país. El enorme dominio que las fuerzas conservadoras (herederas del sistema dictatorial anterior) tuvieron sobre tal proceso, marcó definitivamente […]
La transición de la dictadura a la democracia distó mucho de ser modélica, tal como la define la sabiduría convencional del país, reproducida en la mayoría de medios de información y persuasión que existen en el país. El enorme dominio que las fuerzas conservadoras (herederas del sistema dictatorial anterior) tuvieron sobre tal proceso, marcó definitivamente el tipo de democracia que se estableció en España, instaurándose unas instituciones representativas en las que continuaron teniendo una gran influencia, cuando no la mayor influencia. Ni que decir tiene que el factor determinante del cambio que forzó la transición fue primordialmente la movilización obrera, dato que se ha ido silenciando para promover la visión conservadora de la transición (que asume que la democracia fue otorgada por el Monarca al pueblo español). Desde 1974 a 1976, España vio el mayor número de huelgas políticas que haya existido en la Europa continental en la segunda mitad del siglo XX. No debiera nunca olvidarse que aunque Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Y debiera siempre recordarse, y ahora más que nunca, que cuando la población se moviliza, tiene un gran poder sobre el Estado.
Ahora bien, la izquierda política, es decir, los partidos políticos, acababan de salir de la clandestinidad y sus dirigentes políticos apenas habían salido de la cárcel. De ahí que el equilibrio de fuerzas de las instituciones políticas era muy desigual y el resultado -la democracia establecida- fue muy limitado e insuficiente. Quisiera subrayar que esta descripción de lo ocurrido (que me parece corresponde más a la realidad que la visión idealizada de aquella transición), no es, en sí, una crítica a las izquierdas o de cómo se hizo la transición, pues es probable que no hubiera habido otra alternativa. Pero me parece un profundo error definirla como modélica, pues ofrece una imagen errónea de lo conseguido en aquel proceso -es decir, de la democracia española-, definiéndola como modélica, lo cual es obvio que no lo es.
El dominio de las fuerzas conservadoras en el proceso limitó enormemente la representatividad y modus operandi de sus instituciones políticas. Así, la Ley Electoral, cuyo primer borrador había sido elaborado durante el primer gobierno de la Monarquía, por la Asamblea del Movimiento Nacional como condición de su desaparición, dio gran peso a los territorios conservadores, y a pesar de los cambios posteriores ocurridos en el periodo democrático, la escasa proporcionalidad del sistema democrático se mantuvo. Resultado de ello es que en España el sistema electoral se distancia mucho del principio democrático que afirma que cada ciudadano debe tener la misma capacidad de determinar el quehacer común a través del sistema electoral. Esto, en España no ocurre. No cada voto vale lo mismo. De ahí que en España los votos a las izquierdas han sido, en casi todas las elecciones legislativas, muy superiores a los votos a las derechas y sin embargo, las izquierdas no han tenido mayoría en las Cortes Españolas, excepto en un periodo minoritario (1982-1994). Consecuencia de ello es el gran subdesarrollo social de España. Treinta años después de democracia, el gasto público social por habitante (gasto que paga las transferencias públicas, como las pensiones, y los servicios públicos, como sanidad, educación, servicios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales y otros), continúa siendo el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea, UE, de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro). Ver mi libro El subdesarrollo Social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. 2006.
Pero otro indicador del poder de las fuerzas conservadoras es el entendimiento tan limitado que existe (y que transmite la Constitución española) de lo que es Democracia. Tiene una visión muy reduccionista que prácticamente limita la democracia a votar cada cuatro años y nada más. Es cierto que permite referéndums vinculantes a nivel del Estado Central, pero no a nivel autonómico y local. E incluso el central es difícil que se convoque, como lo demuestra el que se hayan hecho sólo tres en los treinta años de existencia democrática. La democracia representativa es muy limitada, debido a la escasa proporcionalidad del sistema electoral y la democracia directa participativa, como los referéndums, es muy insuficiente. Este insuficiente desarrollo de la democracia directa que permite que sean los propios ciudadanos los que decidan a través, por ejemplo, de referéndums, traduce un miedo a la población, facilitado también por un cierto corporativismo de la clase política dominante que prefiere monopolizar el poder.
Esta democracia limitada e insuficiente lleva a situaciones como la actual, en la que las direcciones de los dos partidos mayoritarios (cuyo espacio político ha sido magnificado por el sistema electoral escasamente proporcional, exagerando su poder político y su control sobre el Estado) han pactado un cambio en la Constitución que tendrá un impacto muy negativo en el estado del bienestar español, sin que la ciudadanía española haya tenido ninguna voz en esta decisión. Ninguno de los dos partidos tenía en su programa electoral esta medida. De ahí que los ciudadanos no han sido consultados en una de las medidas más importantes que se hayan tomado en nuestro país. Lo que está ocurriendo en España es un indicador de lo poco democrática que es la democracia española.
La Constitución permite un referéndum en caso de que el 10% de los senadores o de los diputados lo pidan. Si 26 senadores o 35 diputados lo aprueban, la población podría votar un referéndum. Y lo que es otra muestra de la naturaleza poco democrática no sólo de las instituciones, sino de la cultura política, es que es improbable que se alcancen estos mínimos. Si a la población se le explicara las consecuencias de la reforma de la Constitución y de la medida de equilibrio presupuestario aprobada en las Cortes, que quiere constitucionalizarse, es más que probable que la ciudadanía pidiera un referéndum y votara en contra de tal medida. El establishment financiero, económico, político y mediático es consciente de ello (y temen que pasara en España lo que pasó en Islandia cuando la población en un referéndum dijo «¡Basta ya!», oponiéndose a lo que la clase política dominante había ya aprobado). De ahí que se opongan y que no permitan que la ciudadanía decida en un referéndum. ¡Es indignante!
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