La desigualdad económica es una crisis permanente a la que no llamamos crisis. Y no la llamamos crisis porque hay niveles de desempleo, pobreza y precariedad en la calidad de vida que hemos normalizado y, por lo tanto, sólo percibimos un deterioro de la situación, una crisis, cuando el crecimiento económico es escaso, o negativo, […]
La desigualdad económica es una crisis permanente a la que no llamamos crisis. Y no la llamamos crisis porque hay niveles de desempleo, pobreza y precariedad en la calidad de vida que hemos normalizado y, por lo tanto, sólo percibimos un deterioro de la situación, una crisis, cuando el crecimiento económico es escaso, o negativo, y aumentan los niveles de desempleo y deterioro social habituales.
La atención casi exclusiva a cuánto crece la economía nos ha hecho olvidar que es aún más importante prestar atención a cómo repartimos los recursos. Hay quienes con el nivel de renta promedio por persona que tenemos en Canarias viven mucho mejor que nosotros y quienes, pese a tener una renta por habitante superior, viven peor en muchos aspectos. El problema está en la desigualdad, que reparte mal los recursos. La solución está en la igualdad, en el buen reparto de los recursos.
Veamos, por lo tanto, qué datos muestran que los canarios somos ricos, quiénes han repartido mal, quiénes repartieron bien y qué principios económicos debieran guiar la salida de la crisis.
Los canarios somos estadísticamente ricos: nuestro Producto Interior Bruto (PIB) toca a 1.750 euros al mes por persona, a 7.000 por cada familia de cuatro miembros. Sin embargo, tenemos un 65.8% de asalariados que cobran menos de mil euros brutos al mes (frente al 57% de media estatal), 268.000 pensionistas que reciben 336 euros mensuales y 280.600 desempleados. En el polo opuesto, en Canarias hay más de 16.000 personas con un patrimonio financiero cada una de casi 900.000 euros, hay 21 familias dueñas del 8% del PIB y, por último, el dinero negro mueve en el Archipiélago 8.500 millones de euros anuales, una cantidad superior a todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma. En suma, no nos falta riqueza, sino equidad.
Pues bien, empecemos por ejemplificar con quienes reparten peor. Mientras España poseía un PIB por habitante de 29.774 dólares de 2007, ajustados según poder de compra, Estados Unidos alcanzaba los 45.604 dólares por persona. Sin embargo, pese a tener una renta por habitante un 50% mayor que la nuestra, la gran desigualdad económica de Estados Unidos ha seguido creciendo en los últimos decenios y ha hecho que, si en 1976, el 1% más rico de la población poseía el 9% de la riqueza, hoy acumula el 20%. Si, en 1980, el 10% más rico de los estadounidenses vivía 2.8 años más que el 10% más pobre, para el año 2000, la diferencia era de 4.5 años. En el país más rico del mundo hay 47 millones de personas sin cobertura sanitaria, 102 millones con cobertura insuficiente y, además, la imposibilidad de pagar las facturas de la sanidad privada, es la principal causa de bancarrota familiar.
Hoy el salario medio estadounidense, una vez descontada la inflación, es menor que en 1973. Los permisos de maternidad son sin sueldo y se trabaja un promedio de 1.797 horas al año (frente a las 1.655 de España). La desigualdad de Estados Unidos multiplica los delitos y hace que haya 685 personas en la cárcel por cada 100.000 habitantes (frente al promedio de 87 en la Unión Europea) y que sufran 6.2 homicidios por cada 100.000 ciudadanos (frente a 1.7 en la Unión Europea). Dos millones de personas, que incluyen a casi el 2% de la potencial mano de obra masculina estadounidense, están en la cárcel, una circunstancia ésta que rebaja la tasa de desempleo. Estados Unidos es el mejor ejemplo de país inmensamente rico con carencias sociales espectaculares. Es la demostración de hasta qué punto es equivocado centrarse en el crecimiento de la riqueza y olvidarse de cómo se reparte.
Ahora veamos el caso de quienes reparten mejor que estadounidenses y canarios. En 1989, Suecia tenía un PIB por habitante de 25.950 dólares (de 2007). Un año después, la tasa de desempleo de Suecia era del 1.6% y la de pobreza del 6.7%. Esto quiere decir que los suecos de 1990 eran menos ricos que los canarios de 2009, pero, sin embargo, nosotros tenemos un 26% de desempleo y un 28% de pobreza. Tenemos dieciséis veces más desempleo y cuatro veces más pobreza que la sociedad sueca cuando era más pobre que la nuestra. Esto nos enseña que el problema no es cuánto tenemos, sino cómo repartimos. Los suecos dedicaban el 33.1% de su PIB a gasto público social (nosotros el 20.8%) y recaudaban mucho más de los que más tenían para generar equidad y calidad de vida.
Si de verdad queremos dar respuesta a los problemas sociales provocados por la crisis hay que repartir mejor la riqueza. Esto implica aumentar el gasto público, anular las rebajas fiscales del gobierno del PSOE (que no han beneficiado a los que menos tienen), subir los impuestos a los sectores más adinerados, combatir nuestro enorme nivel de fraude fiscal, avanzar hacia la convergencia en gasto social con la Unión Europea (UE), crear una banca pública para financiar pymes y familias e implementar un salario social para las familias con todos sus miembros en paro. El Estado debe intervenir en la economía y nacionalizar sectores estratégicos que generan recursos para toda la sociedad.
No es aceptable que, durante el último año, España haya generado la mitad de los nuevos parados de los veintisiete estados de la UE. El consenso bipartidista y biderechista, en lo referido a los aspectos esenciales de nuestro modelo económico, nos está haciendo vivir por debajo de nuestras posibilidades. Y ese consenso se apoya en la capacidad de silenciar alternativas como la de Izquierda Unida. Y, la capacidad de silenciar y neutralizar las propuestas de IU, descansa en nuestra ley electoral. El estudio de Torben Iversen y David Soskice, profesores de las universidades de Harvard y Duke respectivamente, sobre diecisiete países democráticos, durante el período 1945-1998, mostró que los estados que tenían sistemas electorales mayoritarios (los que benefician el bipartidismo) tuvieron un 75% de gobiernos derechistas. Y, por el contrario, los países con sistemas proporcionales (los que respetan el igual valor de cada voto) tuvieron gobiernos izquierdistas en el 75% de las ocasiones. Estos últimos favorecieron políticas de mayor reparto de la riqueza. Por ello, es esencial entender que, tanto el alto nivel de desempleo de nuestro país, como sus desigualdades y deficiencias sociales, están estrechamente vinculados a nuestras fraudulentas leyes electorales y a nuestras carencias democráticas.
Ramón Trujillo, Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.