Con los ojos puestos en la próxima reunión del Consejo de Seguridad, la diplomacia española ha sido activada desde el verano con la aparente intención de librar una batalla decisiva por una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Tras un periodo de balbuceos y ambigüedades bien sincronizados, la naturaleza y parámetros de la solución que […]
Con los ojos puestos en la próxima reunión del Consejo de Seguridad, la diplomacia española ha sido activada desde el verano con la aparente intención de librar una batalla decisiva por una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Tras un periodo de balbuceos y ambigüedades bien sincronizados, la naturaleza y parámetros de la solución que se persigue empiezan a despuntar con cierta claridad en el horizonte. El optimismo inicialmente retenido por la dirección política saharaui ha sido gradualmente menguado por una percepción más realista en virtud de la cual se asume hoy que el rumbo de la diplomacia española se dirige con toda probabilidad hacia una colisión directa no provocada con las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui de alcanzar su plena independencia. La diplomacia saharaui se prepara a sí misma, a sus aliados y amigos para este escenario que era hace unos meses algo remoto.
En efecto, España dice que busca introducir ajustes al Plan Baker (1); otorgar a Álvaro de Soto un «nuevo mandato» (2) que le permita iniciar una «nueva dinámica» (3) con el objetivo de lograr un «gran acuerdo que garantice los derechos de todas las partes» (4).
Tomados en su conjunto, los cuatro elementos reflejan la emergencia de un análisis centrado en una inesperada visión hobbesiana sobre el presente y futuro de la región del norte de África que no cuadra con las exigencias del multilateralismo sano exhibido en otras latitudes.
La seguridad y estabilidad del trono marroquí, que los dirigentes marroquíes han atado erróneamente con el «botín» del Sáhara Occidental en lugar de revalidarlas con una política honesta en aras a un desarrollo económico y democrático internos que todos estaríamos dispuestos a apoyar, se convierte en un eje esencial de esta visión que deja en segundo plano todo lo demás, incluida la legalidad internacional y el mantenimiento de la confianza de otros actores fundamentales en el devenir de dicha región desde donde procede el suministro seguro de gran parte de las fuentes energéticas esenciales para el país y para Europa.
Tomados en su individualidad, los cuatro elementos están articulados sobre un planteamiento cuyo trasfondo hace tabla rasa de la doctrina de la ONU sobre la descolonización que ha hecho del principio de autodeterminación el pilar básico de su enfoque sobre el Sáhara Occidental. El Plan de Arreglo de 1990 y el Plan de Paz o Plan Baker de 2003 fueron, con la aprobación del Consejo de Seguridad, concebidos con el explícito objetivo de responder a este principio, que Marruecos aceptó voluntariamente. El referéndum no ha podido hasta ahora ser organizado, no por deficiencias estructurales de dichos planes, sino porque Marruecos, con el apoyo nunca negado de Francia, decidió finalmente sabotear el proceso que había inicialmente aceptado.
Cuando se habla de «introducir» ajustes al Plan Baker, los responsables españoles no son explícitos. Y en realidad no pueden serlo. El Plan Baker, como el Plan de Arreglo, está construido sobre dos pilares inseparables, que son un periodo transitorio y un referéndum de autodeterminación. El primero es necesario para el despliegue de las Naciones Unidas en el territorio. El segundo es la razón de ser de la implicación de la ONU. No caben ajustes o cambios. No hay por donde meter el dedo meñique por mucho que nos arremanguemos las mangas de la camisa, ya que, el ajuste, la modificación o es estructural, lo cual es simplemente inaceptable o afecta a un elemento irrelevante en la estructura, lo que hace innecesaria la insistencia en la modificación.
Los responsables españoles no son por tanto explícitos porque en realidad el Plan Baker no puede ser modificado sino mediante su eliminación total. Eso es lo que quiere Marruecos, a fin de reemplazarlo por un nuevo plan, por una nueva dinámica, que descartando la opción de la independencia de todo referéndum, concentre los esfuerzos, las «negociaciones» en la mayor o menor dimensión de un estatuto autonómico al Sáhara Occidental como parte «integrante» del Reino de Marruecos.
El segundo elemento del despliegue diplomático español hace referencia a Álvaro de Soto. La insistencia marroquí -como lo prueban los debates actuales en la IV Comisión de la ONU- y española en obtenerle un mandato amplio conlleva ciertas interrogantes legítimas y no ayuda en todo caso al propio Álvaro de Soto, sea cual fuere su rol en el futuro.
El planteamiento tomado desde la inocencia implica que De Soto puede triunfar ahí donde Baker fracasó; es decir, vencer la resistencia marroquí y francesa a un proceso de solución basado en la legalidad internacional. Si bien los milagros existen la presunción no es del todo realista en este caso específico del Sáhara Occidental y ello no debe ser tomado fuera de contexto. Álvaro de Soto es el representante especial del secretario general, cuyas funciones están definidas por el Plan de Arreglo. No es el enviado personal. Ni puede acumular las dos funciones.
El tercer elemento, como el primero, parte de la asunción de que en el transcurso de los 17 años anteriores, no hubo dinámica hacia una solución. Hubo efectivamente una que contó no sólo con el acuerdo del Frente Polisario y de Marruecos, sino también con el respaldo del Consejo de Seguridad. Si el fundamento de la «nueva dinámica» es el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, ponerla en marcha es un ejercicio de dudosa utilidad en la medida en que supondría poner el cuentakilómetros en posición cero y emprender de nuevo el largo camino recorrido tras 16 años de intensos combates, 17 años de esfuerzos y 750 millones de dólares invertidos por la comunidad internacional, para llegar posiblemente al punto de estancamiento actual, ya que el problema no radica en la dinámica, sino en la obstrucción marroquí a toda dinámica que desemboque en un referéndum de autodeterminación justo y libre.
Si por el contrario, el fundamento es otra cosa distinta y opuesta a este principio básico e irrenunciable por medio del cual Andorra, Kuwait, Timor, Tuvalu y tantos otros, son junto a España y China naciones con asiento en la ONU, dicha dinámica no tiene ciertamente ninguna posibilidad de avanzar mas allá de algunos metros. Decidir recorrerlos causaría un choque frontal con los intereses del pueblo saharaui y un daño innecesario a la credibilidad interna e internacional de la diplomacia que se arriesgue a ello.
Finalmente, el cuarto elemento, parte de la presunción de que todas las partes «tienen derechos». Marruecos puede que tenga «intereses» por ahora ilegítimos. Mas no tiene, estrictamente hablando, derechos que puedan ser alegados o contemplados como parte inexorable de un posible acuerdo global.
En segundo lugar, este cuarto elemento parte también de la presunción de que en el pasado no hubo acuerdo cuando el Plan de Arreglo fue el producto de un «gran acuerdo» entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos. Fue, y lo es todavía, una solución «mutuamente aceptable» y «mutuamente aceptada» por las dos partes y respaldada por la Comunidad Internacional. No fue una solución «impuesta». Los acuerdos de Houston, que complementaron el plan, fueron firmados por las dos partes. No fueron tampoco impuestos. Desde estas premisas, qué posibilidades tendría para cuajar el preconizado «acuerdo global» que no tuvieron los anteriores acuerdos es una pregunta cuya respuesta no la tiene por ahora la diplomacia española, si es que hay respuesta.
Durante los encuentros hispano-saharauis celebrados entre junio y septiembre de este año, se le pidió al Gobierno español tres cosas alternativas.
Una, moral, consistente en el deseo saharaui de que España asuma las responsabilidades que le incumbieron como potencia administradora del Territorio y retomar el proceso de descolonización trágicamente abandonado en 1975 para encauzarlo a su culminación natural y legal. Ello tendría un profundo impacto estratégico en las relaciones de futuro. Conviene recordar que, según su Departamento jurídico, las Naciones Unidas no reconocen a los acuerdos tripartitos de Madrid un valor eximente de las obligaciones que unieron España con su antigua provincia.
Dos, racional, consistente en mantener el compromiso del anterior Gobierno con el Plan Baker y con los Acuerdos de Houston. Es una opción que un Gobierno socialista con relaciones históricas con el Frente Polisario puede tranquilamente asumir, y tiene al mismo tiempo el mérito de evitar la confrontación con una u otra parte, ya que dichos acuerdos son obra de la ONU. Es decir, obra de la legalidad internacional.
Tres, difícil de calificar, que en caso de que España no quiera hacer ninguna de las dos cosas anteriores, se le pidió que no haga nada entonces, ya que hacerlo, conduciría, en las circunstancias presentes, a chocar con la posición de una u otra parte.
Los actuales acontecimientos indican que el choque con los intereses y derechos del pueblo saharaui es casi inevitable. Espero y deseo sinceramente que, por el bien de la gran amistad que nos une a los socialistas y une a las dos opiniones públicas, no se llegue a un punto de no retorno.
* Ahmed Bujari es representante del Frente Polisario ante la ONU.