Este sábado 18 de mayo la dirección del PSOE presentará en Oviedo un documento-propuesta que tiene la intención -según dicen sus dirigentes- «de mejorar la calidad de la democracia». Del documento en cuestión ya se conoce el borrador, que fue colocado el jueves 16 de mayo en la página web de esta organización socialdemócrata. Apenas […]
Este sábado 18 de mayo la dirección del PSOE presentará en Oviedo un documento-propuesta que tiene la intención -según dicen sus dirigentes- «de mejorar la calidad de la democracia». Del documento en cuestión ya se conoce el borrador, que fue colocado el jueves 16 de mayo en la página web de esta organización socialdemócrata. Apenas minutos después de que se publicasen sus directrices generales comenzaron a llover miles de mensajes a través de las redes sociales de Internet, en los que se mezclaba la airada indignación con la hilaridad jocosa.
Y es que la cosa no era para menos. La dirección del PSOE, que se había comprometido verbalmente a recoger los planteamientos formulados por los movimientos sociales en el curso de los dos últimos años, no sólo no recoge ninguno de ellos sino que, con un lenguaje presuntamente vindicativo, intenta darle carta de naturaleza legal a algunas de las lacras que más irritan hoy a la sociedad española. Veamos algunas de las propuestas «estrella» de la dirección socialdemócrata.
Registro de lobbies
Los lobbies, en los países anglosajones, son el instrumento legal a través del cual las grandes corporaciones multinacionales y nacionales presionan y compran a los representantes del poder legislativo: diputados, concejales, cuadros medios de representación institucional, etc. En Inglaterra y en Estados Unidos, países integrantes del llamado «capitalismo maduro», constituyen la expresion cínica y legalmente reconocida de la relación existente en todas partes entre los dueños del capital y la Administración del Estado. Pero los lobbies no son solamente una «institución» anglosajona. En la capital de la Europa capitalista, Bruselas, existen centenares de empresas lobbistas que tienen abiertas oficinas dedicadas exclusivamente a conseguir que los legisladores comunitarios promulguen disposiciones legales ventajosas para sus sociedades.
En España, los lobbies existen también aunque su presencia no esté legalizada. Los sectores empresariales compran a los políticos para «engrasar» la marcha de sus proyectos en las instituciones. Todo el entramado corrupto creado en España durante el boom de la construcción ha estado sostenido sobre la base de las relaciones lobbistas entre políticos y empresarios.
De acuerdo con la propuesta que el PSOE formula ahora para «mejorar la democracia», los diputados estarían obligados a «comunicar qué reuniones han mantenido para informarse sobre cualquier iniciativa legislativa en tramitación», especialmente cuando sus interlocutores sean «grupos de presión» (lobbies). El Partido Socialista propone, asimismo, la creación de un «registro oficial» donde estos lobbies tendrían que inscribirse obligatoriamente en el Congreso.
La propuesta no deja de tener su gracia, pues un gran número de ex ministros, directores generales y altos funcionarios nombrados durante las legislaturas en las que gobernó ese Partido, se han convertido en multimillonarios lobbistas al servicio de las grandes empresas. En este mismo diario digital se han publicado un gran número de artículos en los que aparecen reseñadas las dedicaciones «profesionales» de estos personajes y sus jugosos emolumentos, entre los que se encuentran los del propio ex presidente del gobierno Felipe González Márquez.
Los presuntos corruptos en las listas electorales
Con la misma vaguedad que esa organizacion utiliza en las campañas electorales, el documento-propuesta del PSOE manifiesta su decidida voluntad de luchar contra la corrupción. Para ello propone «endurecer» la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Asimismo, habla de crear una agencia anticorrupción con competencias en todas las Administraciones. De igual forma se refiere a la necesidad de elevar las penas de cárcel para los corruptos.
Como puede observarse se trata de enunciados tan dúctiles como la goma de mascar, de los cuales, atendiendo a la experiencia, a la hora de la verdad puede salir cualquier cosa. Con la misma difusa ambigüedad alude a «recomendar» la dimisión de los cargos públicos del partido cuando existan «indicios considerables» de actuaciones poco éticas o ilegales.
Sin embargo, el documento emitido por la dirección del PSOE tira por la borda todas sus cuidadas abstracciones cuando intenta concretar qué es lo que hará con los cargos del partido acusados de corrupción por los tribunales. En ese punto expresa taxativamente que «rechaza, eso sí, propuestas demagógicas como impedir legalmente y con carácter general a los imputados formar parte de las listas electorales».
Más adelante, retorna al juego de las ambigüedades, al afirmar que se «estudiará» una reforma de la Ley del indulto para prohibir que los políticos condenados por corrupción puedan ser indultados por el gobierno.
«Estudiar» la ley electoral
Una de las herramientas legales que ha posibilitado la existencia del partido único PP-PSOE a partir de la transición monárquica de 1976 ha sido, entre otras, la Ley electoral. No se trata de un fenómeno nuevo en la historia de España. Durante parte del siglo XIX y principios del XX la oligarquía española garantizó su hegemonía en todo el Estado a través de leyes electorales que favorecían el turno en el gobierno de los partidos liberal y conservador. Con la instauración de la Monarquía impuesta por el general Franco, aquella fórmula para garantizar el control del Ejecutivo fue puesta nuevamente en vigor. Los conservadores (PP) y los liberales (PSOE) volvieron a turnarse en la administración de la máquina del Estado.
Justamente porque la dirección del PSOE es conocedora del enorme valor que tiene ese diseño electoral, no solo para su propio partido sino también para la salvaguardia del sistema político imperante, ha vuelto a plantear con calculada vaguedad que se «estudiarían mejoras en la proporcionalidad del sistema electoral». En este apartado agrega algunos abalorios destinados a suscitar el entusiasmo de los despistados. Habla de la «posibilidad de introducir cambios en las circunscripciones para acercar las candidaturas a los electores», así como de explorar las posibilidades de electorales semiabiertas en las que los votantes puedan «señalar preferencias personales respecto a los candidatos».
Referendums
Según expresa el talismánico documento con el que el PSOE pretende «mejorar la calidad de la democracia», a la luz de la insatisfacción generalizada que ha cundido en la sociedad española «parece necesario revisar el régimen de celebración de referéndums respecto de su actual regulación en la Constitución». Para ello propone «ampliar los supuestos» por los que se podrá convocar un referendo y que sean también los ciudadanos, con un número de firmas, quienes puedan «solicitar» su convocatoria.
Como puede verse, la ambigüedad y la falta de precisión – cardinal a la hora de tratar de neutralizar a los sectores sociales más atrasados políticamente – sigue presidiendo el tono del documento propuesta. Sin embargo, vuelve a recobrar la precisión cuando puntualiza que en «cualquier caso serán las Cortes generales a las que corresponderá la autorización de su convocatoria».
Como cabía esperar, la misma canción con distinta música. O sea, más de lo mismo.
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