El Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia, que trabaja en Cataluña, formalizó el pasado 13 de enero un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español por los casos de infiltración policial en centros sociales de Barcelona; la denuncia de Irídia, junto a otras abogadas, apuntaba las “graves vulneraciones de derechos fundamentales”, así como la “absoluta falta de investigación sobre los hechos”.
El antecedente del recurso es la inadmisión a trámite -en las instancias judiciales ordinarias- de la querella que en 2023 interpusieron ocho víctimas contra el policía infiltrado D.H.P., también contra los superiores del agente y el Ministerio del Interior, cuyo titular es el magistrado Fernando Grande-Marlaska.
En mayo de 2020, detalla Irídia en un comunicado, un policía nacional se introdujo -con identificación falsa- en los mencionados espacios políticos/sociales del barrio barcelonés de Sant Andreu; durante dos años de espionaje, D.H.P. llegó a mantener vínculos sexoafectivos con activistas, con el fin de conseguir información.
¿Se trata de un hecho aislado? “Desde junio de 2022 hasta la actualidad se ha conocido la presencia de nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en cuatro ciudades del estado español (Barcelona, Girona, Valencia y Madrid)”, subraya la asociación de derechos humanos (nota informativa, 13 enero).
Espionatge sense escrúpol. Solidaritat sense límit e Infiltració es tortura; fueron las consignas de dos pancartas que las personas activistas mostraron durante la presentación de una querella -el 10 de enero, en la Plaza de Benimaclet (Valencia)- por tortura y atentado contra la integridad física y moral.
La iniciativa partía, en concreto, de dos víctimas de la vigilancia e infiltración por parte de un agente policial, que se dedicó al espionaje -durante varios años- en colectivos sociales del barrio de Benimaclet (10 de enero en El salto, artículo del periodista Tomás Muñoz).
Apoyaron la acción judicial, entre otras redes y colectivos vecinales, Cuidem Benimaclet; EntreBarris; el Centre Social Okupat i Anarquista (CSOA) L’Horta de Benimaclet y l’Assemblea Feminista de València.
La información de El Salto señalaba que el agente Ramón (R.M.F.) empezó a desempeñarse como infiltrado, en marzo de 2020, en la plataforma Cuidem Benimaclet; esta asamblea se enfrentaba a la iniciativa urbanística conocida como PAI de Benimaclet (1.345 viviendas), promovida por la compañía Metrovacesa.
Asimismo Ramón Martínez participó en el CSOA L’Horta y, para ello, se presentó como un activista de izquierdas en el distrito barcelonés de L’Eixample, durante el proceso soberanista en Cataluña (2012-2022).
El punto de partida de las revelaciones es el trabajo de investigación realizado La Directa; después de tres años de pesquisas, puede accederse al contenido, además de en los reportajes del periódico, en el audiovisual Infiltrats, que el canal público catalán 3Cat emitió el pasado 12 de enero.
El reportaje, de una hora de duración y con una veintena de entrevistas, está producido por 3Cat, La Directa y Polar Star Films, y tiene como directoras a las periodistas Gemma Garcia Fàbrega y Sònia Calvó Carrió.
En octubre de 2019 el Tribunal Supremo español dio a conocer la sentencia (y las penas de prisión) en relación con el denominado juicio del Procés; con motivo de las condenas (entre 9 y 13 años de cárcel a los considerados dirigentes), el mismo 14 de octubre se convocaron movilizaciones de protesta en Barcelona y Cataluña.
Con este antecedente, a principios de 2020 “al menos cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía se infiltran en los movimientos sociales de los Països Catalans, bajo identidades falsas: Maria Perelló aterriza en Girona; Ramón Martínez, en Valencia; y tanto Daniel Hernández como Marc Hernández, en Barcelona”, explican las periodistas de La Directa.
Se da la circunstancia que los cuatro confidentes recibieron formación en la Escuela Nacional de Policía en Ávila y, según detalla Infiltrats, operaban bajo las directrices de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española; la estructura, organización, medios, fuentes y procedimientos de la Comisaría tienen carácter secreto.
¿Hasta qué punto los cuatro topos penetraban en los colectivos? Los reportajes de La Directa y 3Cat destacan cómo los submarinos policiales no sólo encabezaban actos de sabotaje, asistían a reuniones con abogados de movimientos sociales o tenían relaciones afectivas y sexuales, sino que también llegaron a matricularse en la universidad.
Es el caso de Marc Hernández: su relación con la izquierda independentista empezó a tejerse en la institución universitaria; pero también, subrayan las autoras, después de tomar parte en un colectivo por el derecho a la vivienda de Barcelona (éste era uno de sus avales).
Los infiltrados descubiertos integraban la promoción policial de 2019; uno de los casos con mayor difusión fue el de la agente Maria I.T., quien presentó a su familia (real) al activista espiado.
El primer ejemplo de vigilancia y acecho fue difundido por el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, en junio de 2022; la serie de trabajos de investigación realizados por este medio independiente –Espionatge d’Estat- logró en noviembre de 2023 el IX Premi de Periodisme d’Investigació Ramon Barnils.
Seis redactoras hicieron posible el reportaje audiovisual Infiltrats; se trata de Ester Fayos; Irene Molina; Gemma Garcia Fàbrega; David Bou; Jesús Rodríguez Sellés y Marc Iglesias Colomer.
La información de contexto recuerda, además, un episodio conocido de espionaje en Gran Bretaña, el Spycops Scandal; en este caso, un centenar de policías indagó y vigiló a más de un millar de colectivos de izquierdas, lo que incluía las relaciones íntimas; el caso vio la luz en 2011.
El medio digital de investigación Crític publicó el 12 de enero una entrevista, realizada por el periodista Sergi Picazo, a Sònia Calvó y Gemma Garcia, en la que las periodistas dan cuenta de algunos errores de los topos.
Así, D.H.P. “estuvo facilitando su geolocalización del teléfono móvil; cuando decía que estaba en Palma visitando a la familia, realmente se hallaba en Madrid, desde donde se dirigen las operaciones de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional; esto hizo posible que pudiera comprobarse que estaba diciendo mentiras a sus compañeros”.
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