El rechazo a la Ley por parte de los movimientos de inmigrantes ha sido unánime. El Colectivo Drari, que se dedica a la ayuda de menores extranjeros no acompañados, entiende que esta Ley no protege los derechos humanos, no respeta los derechos del niño ni protege a la familia. Para Víctor Saéz, de la Asociación […]
El rechazo a la Ley por parte de los movimientos de inmigrantes ha sido unánime. El Colectivo Drari, que se dedica a la ayuda de menores extranjeros no acompañados, entiende que esta Ley no protege los derechos humanos, no respeta los derechos del niño ni protege a la familia. Para Víctor Saéz, de la Asociación de chilenos en España, la reforma supone «un cercenamiento más de los derechos de los inmigrantes para satisfacer el consumo interno».
En esta línea, las fuentes consultadas hablan del rédito electoral que dan las medidas promovidas contra los derechos de los migrantes. Así se expresa Rafael Lara, del área de inmigración de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía: «Desde nuestra posición, la impresión que da es que en España endurecer las normativas de extranjería es electoralmente rentable y de que el PSOE, ante el mensaje negativo que el PP ha estado enviando en relación a esta cuestión, no ha querido perder el paso y, aprovechando la coyuntura de la sentencia del Constitucional, ha planteado una reforma restrictiva con el objetivo de que se visualice ante la opinión pública que ellos están dispuestos a ser tan duros con los extranjeros como el que más». El Congreso de los Diputados ha aprobado, con un 80% de votos a favor, una reforma que, según José María Trillo de la ODS Patio Maravillas, no tiene diferencias sustanciales con la que planteó el PP durante esta legislatura. El secretario general de la Coordinadora Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Alfredo Abad, lamenta que no se haya buscado el consenso ni la opinión del Foro para la Integración Social de los inmigrantes. A su juicio, es preocupante que en el texto se presente la política migratoria desde la base del control. Abad profundiza en el hecho de que la reforma plantea un modelo asimilacionista y no entienda, como solicitan las organizaciones, la integración desde un punto de vista bidireccional: «Estamos ante un error grave y una actuación política que necesita corregirse en la dirección de defender los derechos humanos y consolidar los compromisos internacionales de nuestro país, por ejemplo con la firma de la Convención para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, que las organizaciones sociales hemos pedido reiteradamente al Gobierno», ha declarado Abad a este periódico.
‘Trabajadores desechables’
Sáez critica el fondo ideológico de la reforma que da a los trabajadores inmigrantes la categoría de desechables: «útiles en la medida en que sirven al capital». En su opinión, «es fruto de las presiones que la derecha y los empresarios han ejercido sobre el Gobierno». Para Trillo, la política de la UE ha sido el factor clave del cambio: «la legislación española se había quedado a la izquierda de la que plantean países como Francia o Italia, y con esta reforma se ha acoplado a su paso. A su vez se recoge el espíritu de la Directiva de Retorno, llamada ‘de la vergüenza’, endureciendo el internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las personas en situación irregular».
La poca vertebración de los movimientos de inmigrantes y los actores sociales que trabajan por su integración es uno de los factores que, según las fuentes, determina la escasa respuesta social ante el borrador. Sáez admite que «no hemos tenido la capacidad de generar un movimiento amplio que haya sido capaz de poner en cuestionamiento de manera más profunda la Ley de Extranjería. La Red Estatal por los Derechos de los inmigrantes (REDI) ha avanzado en esa dirección pero aún de manera insuficiente». Para Trillo, las múltiples realidades de la inmigración hacen más complicada su articulación como movimiento: «Falta base y las estructuras organizativas creadas hasta ahora no dan mucho más de sí, o por débiles o por estar enmarañadas en una red burocrática- asistencial que las sustenta».
Estos grupos coinciden en la necesidad de fortalecer un frente transversal «de unidad y lucha», en palabras de Sáez, que se posicione de forma clara en defensa de los derechos de las personas, independientemente de cuál sea su país de origen. Según Trillo, «existe la necesidad de articular políticamente a los inmigrantes en el conocimiento y ejercicio de sus derechos como realidad diferente con la meta de transformar nuestras sociedades mediante la movilización, concienciación y educación en la diversidad, desarrollando valores como el respeto la tolerancia y la solidaridad».