La empresa de Raúl Rivero y Cía.

Cuando sonó la trompeta, estuvo
todo preparado en la tierra,
y Jehová repartió el mundo
a Coca-Cola Inc., Anaconda,

Ford Motors, y otras entidades…

Pablo Neruda. Canto General

Por sus obras los conoceréis dice, si mal no recuerdo, y con razón, la Biblia. Aunque en el caso que me ocupa, el de Raúl Rivero y sus conmilitones de la «disidencia» cubana, son importantes las obras pero es muchísimo más significativa la Empresa. Sobre todo cuando en esa Empresa se hacen todas las tareas de la «disidencia», a la orden y sin rechistar, y se reciben por ellas pagos periódicos, cuantiosas primas en ocasiones y premios de productividad en los mejores casos.

«Por su Empresa los conoceréis», tendría que decirse, pues, en este caso. Y es que las actividades que como «sociedad civil» realizan los «disidentes» y «camajanes» -también los poetas en funciones de «periodistas independientes»- estaban ya perfectamente diseñadas en la ley Helms Burton y ahora aparecen enmarcadas en un pequeño rincón del Informe para la Asistencia a una Cuba Libre, un amplísimo documento-programa elaborado por una comisión presidida por «el Secretario de Estado del pomito» -apelativo con el que sin duda pasará a la historia el inefable Colin Powell para ocupar un lugar destacado del capítulo de las infamias-.

En el documento se desarrolla con detalle un programa de las actividades para subvertir, desde fuera, el orden económico, social y político de Cuba. Entiéndase bien lo que quiero decir cuando hablo de actividades enmarcadas: ellos han sido y son «disidencia» notoria, «sociedad civil» cubana, y «periodistas independientes», por el indiscutible designio divino que concretan las leyes del Congreso y las comisiones presidenciales de los Estados Unidos. Son criaturas de Washington.

La disidencia ante el desprecio

Así pues la empresa para la que despliega la libertad de pensamiento el bueno de Rivero y los amigos con los que disputa la supremacía en el derecho de representar publicitariamente a Cuba por suprema determinación del Imperio, no es cualquier cosa, son los Estados Unidos, o su Departamento de Estado, o de manera más directa sus agencias para estos menesteres: la CIA, la USAID, la NED, o la Sección de Intereses en La Habana.

Cierto es que pese a las ridículas ínfulas «presidenciales» de Montaneres, Elizardos y Payás, tales actividades de la «disidencia-sociedad civil» cubana están definidas casi totalmente «en vacío» en el mencionado Informe. La «disidencia» es una Coartada que asume su papel. Desde el punto de vista de las valoraciones de Washington la «disidencia» cubana viene caracterizada más que nada por el absoluto desprecio. Nadie mejor que los Estados Unidos conoce el carácter artificial de su valor político. La verdad es que esa disidencia, aparte del papel simbólico fabricado para servir como referencia personalizada de una supuesta oposición al «castro comunismo» dentro de Cuba, no da para mucho. Son lo que son por determinación y con los instrumentos proporcionados por los Estados Unidos. Desaparecen como tal oposición cuando no se trata de una imagen construida y proyectada desde fuera. Por eso mismo no tienen en los detalladísimos planes que han elaborado los Estados Unidos función específica alguna. Ni siquiera han servido como comparsas publicitarios en la redacción de un documento estratégico como el Informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre. Washington decide que la «disidencia-pueblo de Cuba» delegue en las autoridades estadounidenses el ejercicio de las funciones soberanas con las que va a realizarse la transición en Cuba. El Informe de la Comisión Bush-Powell-Noriega expresa en realidad el primer proyecto global constituyente. Tal proyecto, que de cubano sólo tiene el objetivo, es aplaudido, justificado y apoyado por gentes de «pensamiento libre» como Rivero.

El primer delito de lesa patria de la «disidencia» es la usurpación. Ellos se dicen y, sobre todo, a ellos les dicen, «el pueblo de Cuba». El segundo delito es el de la traición. Diciéndose pueblo de Cuba aplauden la usurpación total de la soberanía absolutamente ostentosa en el proyecto de transición que programa Washington.

El tratamiento que le da la Comisión Powell a la «oposición» es la consecuencia inevitable de dos factores. El primero es su casi total inexistencia numérica y organizativa con la correspondiente cosecha de desdenes e inoperancia dentro de la isla, y su carácter intercambiable como diseño publicitario y como creación de Washington. El segundo es el lugar que le asigna el gobierno norteamericano al «pueblo cubano» -el real y el virtual representado por la «disidencia»- en su proceso de construcción de otra Cuba. El pueblo real es el enemigo que tiene que ser doblegado por ahogamiento económico, para eso está el bloqueo y todas las medidas complementarias. El ficticio, la «disidencia», está doblemente fuera de lugar en ese ejercicio de «soberanía» en el que ni siquiera simbólicamente está incluido: fuera de lugar por no ser nadie y fuera de lugar por ser ninguneado.

Cubalandia

Como además de un acto de propaganda y una expresión de autoridad internacional, es un proyecto a la búsqueda de oportunidad, la «Cuba Libre» es diseñada por democratizadores profesionales y experimentados: gente de toda confianza en eso de liberar países, como Bush, Cheney, Rumsfeld o Condoleezza Rice. Millonarios todos ellos, usuarios plenos de la Libertad y sumos sacerdotes de esa diosa deformada y esculpida en oro.

Los presidenciables en una Cuba-colonia: Carlos Alberto «Distribuidor de tareas» Montaner, Elizardo «Camaján» Sánchez, Osvaldo «Corazón de Jesús» Payá, y algún otro en el frente político; Rivero en el frente intelectual, son meros portavoces cubanísimos de sus amos del norte, personajes de relleno en una peculiar historia de Cuba fabricada en las usinas de Washington. Ejercen como voceros de una «sociedad civil» a la norteamericana -la del evangelio según Mr. Bush- que encuentra su libertad en el mercado de acuerdo con el principio moral proclamado en la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y que no aparece en Cuba por ninguna parte. Son «disidentes» planificados por una potencia absolutamente ajena a Cuba, sólo vinculada a ella por una histórica y permanente codicia. La oposición no es vista en las calles, en las fábricas o en las universidades de Cuba y sólo aparece fuera en declaraciones de prensa con gran cobertura, y como periodistas independientes en la prensa de Miami y en varias agencias y revistas puestas en marcha por la USAID o la NED. La «producción informativa» de la disidencia, sus denuncias sujetas a programación externa, tiene un eco garantizado en los medios de comunicación de todo el mundo.

El Informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre es, en el doble sentido que ya he indicado -ilegitimidad en su presentación como pueblo de Cuba y absoluta subordinación a los Estados Unidos-, una auténtica acta de acusación contra los «disidentes» cubanos. A la «disidencia-pueblo de Cuba» no se le reconoce otro papel activo que el de servir de buzones para la recepción, transmisión y distribución del material de propaganda fabricado por los Estados Unidos, y el de apoyo a los programas «humanitarios» para humanos muy especiales: la clientela cubana de Washington. Panfletos sobre el libre mercado en el primer caso, medicinas escasas y alimentos especiales en el segundo.

Como puede leerse en las doscientas cincuenta páginas del informe, la «sociedad civil» oprimida por Castro, pese a que supuestamente está formada por la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, no tiene la menor entidad ni presencia en la definición del futuro de la isla. En el Informe del Comité para la Asistencia a una Cuba Libre, autoridades y comités norteamericanos lo definen todo, desde la constitución fundamental de Cuba: el modelo de propiedad, producción y distribución de bienes; hasta las normas electorales, pasando por el proceso de definición de toda clase de instituciones: estatales, regionales y locales, sin olvidar la «devolución de propiedades» o la conversión en propiedad privada de toda la propiedad colectiva.

En presencia de una «disidencia-sociedad civil» que se mantiene silenciosa y cabecea servilmente ante este majestuoso acto de suplantación de soberanía, los Estados Unidos construyen Cubalandia.

En un desborde casi natural de soberbia, como si la soberanía de Cuba fuese un producto distribuido en porciones por los Estados Unidos y la dignidad de los cubanos algo que pudiese manejarse como en un show televisivo, el Comité presidido por Powell planificó una democrática «lluvia de ideas» por correo electrónico, como «aporte del público» en la identificación de medidas para llevar la libertad a la isla.

La responsabilidad de un poeta

Es en el marco de esa Empresa en el que es posible aproximarse a la responsabilidad del poeta Rivero y de sus amigos de la «disidencia» organizada, financiada y por eso mismo dirigida por los Estados Unidos. Rivero merece cierta mención especial porque ha sido presentado en campañas de solidaridad que se han multiplicado en Europa, como una víctima total, un poeta -«el poeta Rivero»- encarcelado por delitos de opinión por el régimen dictatorial de Cuba.

Rivero y sus compadres de la «disidencia» pagada y premiada no son en el Informe más que referencias vagas, puntos de apoyo virtuales, y coartadas para una política de acoso, empobrecimiento, ocupación total y saqueo de Cuba. Un «no son más» que sin embargo expresa una enorme responsabilidad criminal de estos peones de Estados Unidos en sus planes contra Cuba.

Lo más significativo en este aspecto, lo que debería ser más escandaloso para las personas que han creído o creen todavía en la independencia de la «disidencia» en relación con Washington, es que en un documento que se ha publicado con su aquiescencia silenciosa, en el que se establece un plan global e integrado para la transición a la «democracia», la «disidencia-pueblo» sólo tiene el papel de estar ahí para ser nombrada, para justificar como cubano un proyecto radicalmente colonial de los Estados Unidos. Rivero y los demás asumen un papel tan bochornoso como criminal en toda esta historia de guerra encubierta, de alta intensidad económica y de baja intensidad militar, todavía, contra Cuba.

La propia existencia de la disidencia aparece como una de las tareas encomendadas a las autoridades norteamericanas -al Coordinador de la Transición con autoridad y sede del Departamento de Estado- que van a llevar a cabo el programa de transición. La promoción, creación, organización, entrenamiento y financiación de la «disidencia» es asumida por los Estados Unidos y compartida, bajo su control, por organizaciones «capacitadas para ese trabajo» en todo el mundo.

Veamos ahora, con algún detalle, las acciones e intenciones, las actividades y los planes, para los que los que la disidencia-criatura se brinda como coartada.

La «Liberty and Assistance Corporation»

La Empresa para la que han trabajado y trabajan los «disidentes» es superespecializada, tiene como único proyecto productivo el diseño de una nueva Cuba. Los procedimientos no están sujetos a límite alguno, ni del derecho internacional, ni del derecho humanitario. En cuanto a los derechos humanos, se sigue como única norma aplicable la catalogada por los Estados Unidos: los únicos derechos humanos reconocidos y garantizados son los derivados de un primordial derecho fuente, la propiedad privada, cuyo restablecimiento en Cuba es el eje fundamental de programa para una «Cuba Libre». En la elaboración detallada de ese proyecto han trabajado el Congreso, el Presidente de los Estados Unidos, varios departamentos ministeriales, organismos especializados, comisiones ad hoc, ONG,s financiadas por el Congreso o por la CIA.

Las tareas fundamentales que se llevan a cabo, y las decisiones adoptadas sobre el futuro de Cuba son, resumidamente, las siguientes:

-Aumentar el bloqueo a Cuba bajo la fórmula: toda la actividad económica de Cuba -pongamos la importación de alimentos o medicinas, o de maquinaria para mantener el suministro eléctrico, el de agua potable o el funcionamiento de los hospitales- favorece la «dictadura de Castro».

Establecidas así las relaciones fundamentales, la máxima productividad de la «Liberty and Assistance Corporation» consiste en hambrear -matar literalmente de hambre si es posible- al pueblo de Cuba.

Esto se denomina: socavar las estrategias de supervivencia del régimen.

-El plan, tanto en su realización como en sus resoluciones, margina inmediatamente la soberanía del pueblo de Cuba.

El gobierno de Estados Unidos actúa como un poder universal indiscutible más allá de la soberanía de los pueblos. Establece como principio de obligado cumplimiento la identificación: Mercado-Libertad.

Por determinación soberana del gobierno de los Estados Unidos, con valor supraconstitucional en relación con Cuba, se implantará una sociedad capitalista. Así pues se establece el código de derechos humanos del imperio: el «restablecimiento de los derechos de la propiedad privada» y la anulación total de los derechos de propiedad colectiva y solidaria. Es el saqueo total del patrimonio del pueblo cubano construido laboriosamente durante cuarenta y cinco años. Hay que entender bien que ese patrimonio privatizado se colocará muy lejos del pueblo cubano, en el Mercado, la mesa preparada para el banquete de las grandes empresas de los Estados Unidos.

El «establecimiento de las instituciones esenciales de una economía de libre mercado«, cual se tratase de principio divino, es también una decisión norteamericana para un proceso que, de realizarse, sería anterior a la simulación de recuperación de la democracia y de la Libertad en Cuba y dirigido absolutamente por los Estados Unidos. El ejemplo inmediato de Iraq impone su presencia una y otra vez cuando se lee el Informe para la Asistencia a una Cuba Libre.

Este proceso -que incluye el de «recuperación de las propiedades» con su «secuela» de anulación de los derechos vigentes, desalojo de ocupantes individuales o colectivos, y entrega de propiedades residenciales, agrarias o industriales a los ex dueños-, será realizado por el Comité del Gobierno de los Estados Unidos para la Reconstrucción Económica (SCER). La «recuperación» de las propiedades -un proceso crítico de despojo masivo- será ejecutado por la Comisión para la Devolución de las Propiedades, otro organismo creado por gobierno de los Estados Unidos.

El objetivo de terminar con el sistema de seguridad social aparece expresado con una brutalidad terrible. Es un vómito neoliberal apenas camuflado: «la economía cubana y el presupuesto del Gobieno después de la transición no serán capaces de sostener el nivel inmerecido y los relajados requerimientos de elegilibilidad que el Sistema Comunista permitía». Se iniciará -expresa con un eufemismo terrible- un «sistema de seguridad social sostenible».

En cuanto a los servicios esenciales y de cobertura universal en Cuba, salud, alimentación, educación, desaparece el sostén presupuestario y se encomienda la financiación inmediata al gobierno interventor, a los contratistas civiles, y a las fundaciones filantrópicas. La «caridad institucional y privada» como encubridora de un saqueo en toda regla.

El ejemplo inmediato es la caótica, cínica y puramente publicitaria, Conferencia de Donantes que discutió con absoluto descaro la distribución del negocio de la «reconstrucción de Iraq» por las multinacionales, financiada con el petróleo o la emisión de deuda pública. En realidad todo parece apuntar hacia la existencia de un modelo de intervención general bajo dominio militar que en este documento se aplica a Cuba.

El proyecto neoliberal para Cuba tiene una agenda doble: privatización de empresas y servicios sociales explotables, por un lado; y eliminación de programas sociales que no lo son, por otro. El Informe se refiere a una revisión radical del presupuesto nacional que llevaría consigo la «determinación de la necesidad económica y la viabilidad de los numerosos programas sociales.

La transición, aclara el Comité Powell, se financiará con la venta de propiedades estatales. Los gigantes empresariales de los Estados Unidos comprarán a precio simbólico las empresas y servicios públicos cubanos. Comprarán también, a precio nulo, millones de consumidores potenciales desalojados por el Imperio del sistema productivo y de la cobertura social completa que ha garantizado la revolución cubana.

La privatización de los servicios públicos no es una opción a ejercer por el pueblo cubano. La decisión está establecida por este Comité ejecutivo de EEUU.

-En el terreno político e institucional, el gobierno interventor de los Estados Unidos que, como hemos visto, ya ha planificado y escrito la constitución fundamental de Cuba, tiene capacidad de mantener suspendida la soberanía por tiempo indefinido. Entretanto Washington define las instituciones de gobierno nacional, provincial y local, el sistema judicial, el modelo representativo, el sistema electoral y, bajo mando directo, el sistema represivo.

La fórmula es meridianamente clara: «el gobierno de Estados Unidos contribuirá a la redacción de leyes y reglamentos, la preparación de una nueva constitución… y toda variedad de instituciones nacionales y locales en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial».

La máxima autoridad para coordinar las acciones -todas ilegales según el derecho internacional- que conducirán a la implantación del proyecto «Cuba Libre» será un funcionario de los Estados Unidos. Cuando sea nombrado por el presidente será un virrey preventivo, un Bremer en el laboratorio.

-La autoridad de ocupación, aquí denominada, Coordinador para la Transición, creará, formará y equipará, como «prioridad inmediata» una «fuerza de policía profesional» para proteger a la poderosa cuadrilla de ladrones que se apropiará de Cuba.

La prioridad del nuevo sistema judicial, que se establecerá también de manera inmediata, será el procesamiento los «funcionarios del régimen», otra de las variables clave de las que depende todo el proceso de implantación de esa «Cuba Libre de independencia y soberanía» por la que trabajan, muy generosamente, los «disidentes» cubanos.

El Imperio en sus trece

Es difícil concebir un programa intervencionista más escandaloso, que rompa con todo el derecho internacional y que sin embargo circule por el mundo sin resistencia institucional alguna. Supone la reimplantación de la voluntad imperial como instrumento para la ordenación del mundo. Es el modelo de Iraq diseñado para una ocupación militar, pero sin intervención armada, por el momento. Tal como se ha publicado es un programa incompleto que carece de coherencia alguna. La coherencia está oculta en el programa complementario que espera oportunidad en los cajones del Pentágono.

Es difícil también concebir un programa socialmente más brutal que el que pretende poner en marcha el Informe para la Asistencia a una Cuba Libre. Trasladaría a la población cubana del estatus de trabajadores, o de niños o ancianos, que disfrutan de una cobertura educativa, sanitaria, alimenticia, al de parados o marginados sin cobertura alguna, sometidos a las terribles inclemencias de un mercado organizado por las multinacionales. La tragedia en Cuba sería terrible.

La responsabilidad de Raúl Rivero y de sus colegas de la «disidencia», se deduce no sólo de las leyes penales cubanas, sino de la lectura atenta del Informe para la Asistencia a una Cuba Libre. En él puede apreciarse también la estatura moral, la calidad humana del «poeta Rivero».

En el modelo justificativo para la intervención en Cuba, la «disidencia» oficia como coartada. Ellos son en realidad coartada y fraude como lo fueron las «armas de destrucción masiva» en la preparación de la intervención norteamericana en Iraq.