Las manifestaciones multitudinarias del 18 de febrero en Barcelona y Bilbao han permitido vislumbrar desde la izquierda lo que podría ser un cambio de ciclo político de signo contrario al que simbolizaba el acuerdo sobre el Estatut de Catalunya del 22 de enero entre el PSOE y CiU. Cientos de miles de personas han salido […]
Las manifestaciones multitudinarias del 18 de febrero en Barcelona y Bilbao han permitido vislumbrar desde la izquierda lo que podría ser un cambio de ciclo político de signo contrario al que simbolizaba el acuerdo sobre el Estatut de Catalunya del 22 de enero entre el PSOE y CiU. Cientos de miles de personas han salido a la calle en defensa del derecho de Catalunya a ser una nación y por un proceso de paz en Euskal Herria que intenta bloquear la derecha españolista desde el aparato judicial y la calle. Junto a ellas, aunque todavía de manera incipiente, se ha movilizado la izquierda andaluza en Sevilla el 28 de febrero por su día nacional y en Madrid se acumulan las protestas vecinales contra la M-30, los parquímetros o la defensa de los médicos del Hospital Severo Ochoa y la sanidad pública. En Ibiza, decenas de miles se manifestaban contra la autopista y en Extremadura lo hacían contra la refinería de Tierra de Barros. En el frío mes de febrero, una esperanza de primavera se ha hecho presente.
Sin embargo, poco después se volvían a recrudecer los rigores del invierno. El 25 de febrero, el Partido Popular volvió a llenar las calles de la «zona nacional» del barrio de Salamanca. Cientos de miles de personas se manifestaron con la Asociación de Victimas del Terrorismo contra cualquier intento del Gobierno de avanzar en el proceso de paz en Euskal Herria. El PP reunía en una Convención a tres mil cuadros para diseñar su futuro político, aunque el milenarismo reaccionario de Aznar les secuestraba en el pasado y en la oposición extraparlamentaria y Rajoy parecía más el invitado que el protagonista.
Las encuestas del CIS muestran la encrucijada en la que se encuentra Zapatero desde el mes de octubre. El PSOE ha conseguido «fidelizar» a gran parte de los votantes de izquierdas después del 14-M. Pero la fórmula de Zapatero para avanzar en el camino de una «segunda transición» controlada en Catalunya y Euskal Herria, que desemboque en una reforma limitada de la Constitución de 1978, produce una fuerte erosión de quienes, más que apoyar a Zapatero, votaron contra el PP y sus mentiras el 14-M. Los cerca de 7 puntos que ha perdido el PSOE en intención de voto muy rápidamente en los últimos meses -hasta situarse en el 39,6%- no los ha ganado, sin embargo, ninguna otra fuerza política. El PP también ha conseguido «fidelizar» a sus votantes con su estrategia de acoso extraparlamentario, pero solo ha recuperado un escaso 1% y se sitúa en el 38% de intención de voto en un aislamiento político total, sin posibles aliados con los que construir la necesaria mayoría alternativa.
La posibilidad de un cambio de ciclo político se sitúa por lo tanto entorno a las posibles alianzas del PSOE. Por un lado -como analizaba en Sin Permiso el 5 de febrero pasado (Zapatero y el «giro a la derecha»)-, preparando una coalición triple en Madrid, Barcelona y Vitoria con CiU y el PNV para después de las elecciones autonómicas en el 2007, sobre la base de la «autocensura» y los límites aceptados en esta «segunda transición» y la gestión en frío, sin movilizaciones, del ciclo abierto el 14-M del 2004. Por otro lado, la recuperación de la actividad social y de movilización de la izquierda del periodo 2002-2004 contra el PP, dirigida ahora a presionar por la profundización del cambio político y social, en un giro democrático-nacional y de izquierdas en el Tripartito catalán, en la situación política vasca y en la mayoría parlamentaria (PSOE-IU-ICV-ERC-BNG) que sostiene al Gobierno Zapatero.
Zapatero se sitúa por encima de la encrucijada, viendo cómo se decanta la correlación de fuerzas en un sentido u otro. Mientras tanto, la dirección del PSOE se convierte en un escenario del enfrentamiento por estas dos opciones, una vez derrotado el sector que apoyaba una vuelta al «pacto constitucional con el PP». Todos ellos esperan y trabajan con laperspectiva de una crisis de gobierno en los próximos meses. De nuevo, la gestión en «frio», meramente institucional, del espacio político estatal por parte de Zapatero no es capaz de contrarrestar la ofensiva reaccionaria extraparlamentaria del PP. Los actos del PSOE en Dos Hermanas o Valladolid frente a la manifestación del 28-F de la derecha en Madrid o la Convención del PP pueden servir para no ceder totalmente el espacio mediático, pero solo son un contrapunto a la campaña de miedo de la «quiebra de España» de Aznar y Rajoy.
La izquierda no puede estar limitada a una movilización compartimentada territorialmente, sin proyección estatal, cediendo ese espacio al PP. Es fundamental establecer la correlación de fuerzas necesaria en Catalunya y Euskadi, porque de eso depende poder bloquear la vuelta al poder de CiU y crear las condiciones imprescindibles para la paz en Euskal Herria. O en Madrid, frente al gobierno del PP, y en Andalucía, frente al clientelismo caciquil de Chaves, principal apoyo de la derecha del PSOE. Pero la batalla a la derecha social y política tiene que darse también a nivel estatal, respondiendo a los dos objetivos de frenar al PP y arrastrar hacia la izquierda al gobierno Zapatero.
El terreno de esta batalla es doble: por avanzar efectivamente en los derechos nacionales de Catalunya y Euskadi, abriendo la puerta a los de Andalucía; y por una política social de izquierdas que marque la aplicación de la Ley de Igualdad y supere la orientación socio-liberal de los proyectos de la Ley de Dependencia, la reforma del mercado laboral y la reforma fiscal. En este segundo campo, la izquierda social -en especial los sindicatos de clase- comparten responsabilidad con la izquierda política.
Por eso es tan importante la evolución de IU en los próximos meses. La única fuerza a nivel estatal capaz de tirar hacia la izquierda del Gobierno Zapatero, desde sus débiles fuerzas institucionales y sobre todo desde la calle, es Izquierda Unida, vertebrando un sistema de alianzas con las izquierdas nacionalistas que vaya más allá de su actual coalición con ICV. Ésa es la estrategia aprobada en la VIII Asamblea, que el bloqueo interno de IU no ha permitido aplicar y que es imprescindible para que la izquierda alternativa pueda intervenir en la actual encrucijada y volcarla hacia la izquierda.
El escenario catalán
El pacto PSOE-CiU sobre el Estatut ha sido un jarro de agua fría para todas las fuerzas del Tripartito catalán. Pero para ERC, que compite electoralmente con CiU por el voto del nacionalismo catalán, ha sido una traición a su apuesta estratégica de alianza con el PSOE.
Mientras la dirección de ICV se retiraba de la confrontación política -pasando de la «autocensura» a la resignación para no desmarcarse de un PSC bastante más contrariado con el PSOE y mantener ante el gobierno Zapatero su imagen de «único gestor fiable del Tripartito»-, ERC buscaba ante todo cortar una crisis interna potencial, situando a la dirección a la cabeza de las denuncias de la traición.
Pero ninguna de estas tres fuerzas políticas reconocía cuál era la verdadera causa de su marginación política frente a CiU: la falta de movilización en Catalunya, no ya meramente contra la presión del PP en las calles de Madrid, sino para poder ir a negociar los derechos de Catalunya y el Estatut del Parlament con el PSOE, y no sólo con la legitimidad institucional que compartían con CiU, sino sobre todo con la fuerza de la movilización popular, llenando las Ramblas a la llamada del Tripartito.
ERC incluso tuvo dificultades para darse cuenta de cuál era el camino a seguir. No estuvo entre los primeros en la organización de la manifestación del 18-F en Barcelona, sino que tardó en desembarcar con todo su equipo dirigente. Cuando lo hizo, la timidez de otras fuerzas le permitió rentabilizar un apoyo ciudadano que iba mucho más allá de sus propias fuerzas.
EUiA fue la única otra fuerza política electoral presente en la manifestación. No sin un importante debate interno que mostró hasta que punto la coalición con ICV puede condicionarla también, a pesar de su aun débil presencia institucional. Pero finalmente estuvo, gracias a la decisión de muchos de sus militantes y sectores de la dirección, que hicieron presentes las consignas y banderas de la izquierda alternativa en la manifestación.
La falta de presencia del PSC y de ICV en la manifestación del 18 de febrero fue un error político grave. La división en la práctica del Tripartito no es un hecho circunstancial corregible con la abstención y el apoyo indirecto de ERC al Estatut pactado por el PSOE y CiU y la complicidad resignada del PSC e ICV. Ha demostrado la debilidad de la izquierda catalana en su conjunto frente a las presiones de la derecha españolista y catalanista. Esa debilidad es la que deja un espacio al intento de organizar en Catalunya a los mismos sectores sociales que alimentan a ¡Basta ya! en Euskadi como una excusa para alimentar el victimismo españolista.
Pero más importante aún es que esa división de la izquierda catalana ha impedido que haya podido trasladar a la negociación en Madrid la presión de la manifestación. Y la frustración así acumulada no reforzará al Tripartito, sino que traerá consigo la erosión y la crisis de legitimidad de la Generalitat de y de las izquierdas en su conjunto.
El escenario vasco
El acuerdo PSOE-CiU sobre el Estatut catalán vuelca todos los focos mediáticos en Euskadi, nueva prioridad de la campaña extraparlamentaria del PP. No es que el proceso de paz no hubiese empezado a prepararse. La propuesta de Anoeta de Batasuna en noviembre del 2004, la moción parlamentaria del PSOE sobre las condiciones del diálogo para la paz en mayo del 2005 -apoyada por todos los partidos menos el PP-, la supuesta reunión de la dirección de ETA en noviembre del 2005 y los ya más de 1000 días sin atentados mortales son todas señales en ese sentido.
Pero el proceso de paz es no sólo un proceso político -en el que existe el consenso de articulación en su momento entorno a dos mesas-, sino también y ante todo un proceso social de superación de la polarización extrema y del frentismo que lleva implícito el enfrentamiento. Ese proceso social es el que ha intentado boicotear el PP, instrumentalizando a la AVT como supuesta representante de todas las víctimas, utilizando toda su influencia en el aparato judicial para continuar la criminalización de la izquierda abertzale y, de paso, de todo el nacionalismo vasco. Superar este bloqueo es un requisito para que se den las condiciones imprescindibles para el proceso de paz.
Esas condiciones no existen todavía. El PSOE ha cesado a Fungairiño y se sigue aplazando el sumario 18/98. Pero se enjuicia a Otegui. ETA mantiene una actividad destinada a demostrar tanto a sus simpatizantes como al gobierno que no es la debilidad la que la llevará a la mesa de negociación. Los presos siguen fuera de Euskadi o acumulando penas y la kale borroka se reactiva para mostrar a las gestoras pro-amnistía que no serán olvidados. El esperado comunicado de ETA sigue siendo todavía un llamamiento en clave interna a cerrar filas a la izquierda abertzale, y no el anunció de la tregua definitiva que abra el proceso de paz.
Pero a pesar de todo, se sigue acumulando voluntad política a favor de la paz. Zapatero argumentó ante la dirección del PSOE el 20 de febrero que hay cosas, como la búsqueda de la paz, que hay que hacer «independientemente de los resultados electorales», frente a quienes se les doblan las rodillas ante la ofensiva del PP. Llamazares ha hecho lo que debía al exigir la publicación de los papeles de la negociación de Aznar con ETA como respuesta a las bravuconadas de éste en la Convención del PP.
Pero las contradicciones no faltan, y muestran hasta qué punto la orientación política de todas las fuerzas depende de las presiones sociales. En el mismo momento en que el Gobierno Zapatero es desafiado por la judicatura a través de Grande-Marlaska, que enjuicia a Otegui, da órdenes a la fiscalía para que amenace con la cárcel al mismo Otegui por convocar una huelga general y una jornada de lucha que el Gobierno dice que ha fracasado, a pesar de la evidencia de la capacidad de convocatoria de la izquierda abertzale aunque solo sea entre su propio espacio social.
La izquierda alternativa tiene la obligación de colaborar dentro y fuera de Euskal Herria en la creación de las condiciones para la paz. Porque es ese nuevo escenario el que le permitirá colocar en primer plano en Euskadi no sólo la cuestión democrática nacional, sino también su agenda social. En el resto del estado, la derrota del PP pasa también por crear un discurso propio federalista de izquierdas sobre el modelo territorial, a partir del derecho de los pueblos a decidir su propio destino como base de la solidaridad entre todos.