Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de […]
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera (hace más de diez años) hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Catalunya. Y tal declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Catalunya han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. Este crecimiento ha ocurrido también entre trabajadores catalanes, pues sus salarios no son suficientes para salir de tal riesgo de pobreza. Y tal crecimiento ha sido incluso mayor entre la población sin trabajo (que se ha incrementado en un 80% -prácticamente 200.000 personas más- entre el último trimestre de 2007 y el último de 2018). Particularmente vulnerable ha sido la juventud (los menores de 18 años), ya que la que se encuentra en riesgo de pobreza ha crecido un 7% entre 2013 y 2018, esto es, casi 30.000 jóvenes han pasado a encontrarse en esta situación; ello se ha visto reflejado en la tasa de riesgo de pobreza de esta juventud, que ha pasado de un 29,5% a 31,2%, alcanzando a 439.800 catalanes jóvenes.
Otra característica de esta crisis es el enorme aumento de la precariedad, en este caso en forma de temporalidad. Entre 2008 y 2018 los contratos temporales pasaron de representar el 83% de todos los contratos registrados anualmente a un 86,1%. Este crecimiento no se debe primordialmente, como constantemente se insiste, a la mal llamada revolución robótica y a la automatización del proceso de trabajo, sino al enorme empoderamiento del mundo empresarial a costa del mundo sindical resultado de las reformas laborales del presidente Zapatero (aprobada en el Congreso con la ayuda de CiU) y del presidente Rajoy (que Ciudadanos ha hecho suya).
La enorme crisis del Estado del Bienestar catalán
Tales reformas laborales han ido acompañadas de las políticas de austeridad, con enormes recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social que financia los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, protección y promoción social, fomento de la ocupación y otros). Durante el período 2010-2017 la Generalitat de Catalunya recortó 626 millones de euros en la educación pública, recorte incluso más acentuado en las escuelas públicas que en las concertadas. Hoy, el gasto público educativo es de 5.684,1 millones de euros, mucho más bajo que en 2010 (6.310,5 millones), y ello a pesar de que las necesidades educativas son ahora mayores. Un tanto igual ocurre en otras dimensiones del gasto público educativo, tales como las universidades, donde el deterioro institucional debido a la pobreza de recursos ha sido muy acentuado.
Una situación semejante se da en el gasto público en sanidad y salud pública, que ha descendido un 10,4% durante el mismo período (en educación el descenso fue de un 9,9%), pasando de ser de 9.903,5 millones de euros a 8.876.5 millones durante el mismo período, recortándose así 1.027 millones de euros que han tenido un impacto devastador en el sistema público sanitario, causa mayor de que el sector privado haya crecido, polarizándose así aún más la sanidad catalana, con un 30% de catalanes atendidos por la medicina privada y un 70% por la pública. La sanidad utilizada primordialmente por las clases populares catalanas -la pública- ha sufrido una enorme disminución de recursos. En realidad, tales recortes han respondido frecuentemente al deseo de las autoridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya de favorecer la expansión de la sanidad privada, tal como en su día indicó el conseller de Sanidad del gobierno Mas, el Sr. Boi Ruiz, que antes de conseller había sido el presidente de la patronal sanitaria privada.
Vivienda (y otros servicios urbanos) también ha sufrido un gran descenso, de 723,9 millones de euros a 357,6 millones, un recorte de más de un 50% de los fondos disponibles para esta función esencial de las autoridades públicas -municipales y autonómicas- .
Finalmente, también se han producido otros tantos recortes en capítulos del gasto social que juegan un papel muy importante en garantizar el bienestar de la población, tales como protección social (un recorte de un 7,1%) promoción social (31%) y fomento de la ocupación (un 1,1%).
El gran crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Todos estos datos muestran cómo los recursos disponibles y utilizados primordialmente por las clases populares han descendido muy marcadamente como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público, a la vez que disminuían sus ingresos como consecuencia de la bajada de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, resultado de las reformas laborales. Tales políticas públicas han significado un enorme descenso del nivel de vida y calidad del bienestar de la población catalana que deriva sus ingresos de los salarios y de los servicios y fondos del Estado del Bienestar. Todo ello explica que el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo sobre el total de todas las rentas haya disminuido (desde ya un muy bajo porcentaje) de un 50,1% en 2008 a un 47,1% en 2018, mientras que las rentas derivadas del capital (propiedad de medios que generan renta), que ya eran muy elevadas en 2008 (un 42,1%), pasaron a un 44,4% en 2018 . Estos datos muestran el enorme poder de lo que en la terminología anglosajona se denomina la Corporate Class, las personas propietarias o gestoras de las grandes empresas económicas y financieras y de servicios, que contrasta con la debilidad del mundo del trabajo, acentuada todavía más por las reformas laborales que han tenido un impacto devastador en la calidad de vida de las clases populares. Ello ha determinado que Catalunya sea uno de los países con unas de las desigualdades de renta más elevadas, creciendo estas de una manera muy acentuada durante el período 2008-2018. Así, el 20% de catalanes que tiene rentas más altas (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional), que en 2007 tenía 4,8 veces más renta que el 20% de catalanes con las rentas más bajas, en 2018 pasaron a tener 5,2 veces más. Y estas desigualdades todavía eran mayores en cuanto a la propiedad.
El deterioro de la calidad de vida de las clases populares en Catalunya
Detrás de cada uno de estos datos hay un enorme sufrimiento de las clases populares (que son la mayoría del pueblo catalán). El contraste entre los de abajo, las clases populares, que son la mayoría de la población catalana, y los de arriba -alrededor del 20%, una minoría (pocos, pero poderosos e influyentes)- es enorme. Por ejemplo, los años que una persona pueda esperar vivir (la esperanza de vida) son mucho, pero que mucho mayor (11,3 años), entre los de arriba (que viven en barrios bien) que incluyen directores, gerentes y profesionales universitarios, versus los que están abajo, (que viven en barrios que incluyen trabajadores manuales obreros).
Otros indicadores muestran desigualdades parecidas entre catalanes, según su clase social. Enfermedades debidas al estrés, por ejemplo, o al tipo de nutrición, son mucho más comunes entre los de abajo (que son la mayoría) que los de arriba. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
Y para las personas mayores de 15 años, las enfermedades debidas, en parte, al estrés, tienen mucha más incidencia entre las clases populares que entre la clase alta; es el caso del porcentaje de personas con la tensión arterial alta, que es casi el doble en las clases populares que en la clase alta. Y un tanto igual ocurre con la incidencia de otras enfermedades como la depresión severa y mayor, donde la diferencia es casi dos veces mayor entre las clases populares que entre las clases altas.
Tal deterioro de la calidad de vida afecta a todas las dimensiones del ser humano, y afecta, pues, su comportamiento. Ello es fácil de ver en los grupos que son especialmente vulnerables: los jóvenes y las mujeres. El deterioro tan notable del mercado del trabajo y el descenso de los recursos disponibles para los jóvenes catalanes explica que el porcentaje de estos jóvenes entre 16 y 29 años emancipados (es decir, que viven en lugar distinto a sus familiares) haya disminuido de un 31,6% en 2008 a un 23,8% en 2017, habiéndose incrementado de una manera muy significativa su edad de emancipación, siendo una de las más tardías de la UE.
Y este descenso del porcentaje de jóvenes emancipados ha sido también responsable del gran retroceso en la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer hijo o hija. En realidad, Catalunya es una de las regiones europeas en las que tal edad es más elevada (30,9 años), solo superada por la media en España y en Italia (en el conjunto de la UE es de 29,1 años). Y este retraso es también causa de un descenso de la tasa de fecundidad, que ha pasado de ser de 1,45 hijos en 2007 a un 1,39 en 2017, lo que constituye una gran insatisfacción en el desarrollo del proyecto vital, pues el número deseado de hijos entre hombres y mujeres de 20 a 49 años es de más de 2. La tasa de reemplazo biológico de la población es de 2,1 hijos por mujer, lo cual señala que, de no aumentar tal tasa, la población catalana descenderá o, para crecer, tendrá que favorecer unos porcentajes mayores de inmigración que los actuales.
La respuesta del establishment político-mediático catalán
Lo que es sorprendente es que esta enorme crisis que existe en Catalunya y que afecta primordialmente a las clases populares no aparezca en los grandes debates que están teniendo lugar en Catalunya y en el resto de España. Por el contrario, el tema de Catalunya -por «Catalunya» se entiende el tema nacional, y el conflicto entre el Estado español y el secesionismo catalán- absorbe un enorme espacio en el debate político y en las discusiones promovidas por los medios, y ello aunque los secesionistas, aun siendo una minoría muy grande y muy militante en su causa, no representan a la mayoría de la población catalana. Las encuestas muestran que la enorme crisis social es el tema que preocupa más a los catalanes en su vida cotidiana, mientras que estos abordan su relación con el gran tema «España-Catalunya» desde una frustración con la clase política, a la cual ven como insensible a sus necesidades y problemas.
Merece ser citado que algunos sectores dirigentes del movimiento independentista sí que reconocen que existe una crisis, pero la atribuyen a su pertenencia en España. Señalan que muchos elementos de tal crisis aparecen también en España, a la cual consideran responsable de ello . El mensaje de que «España nos roba» ha tenido cierto calado, pero, paradójicamente, ha tenido escaso impacto entre las clases populares. Esta escasa importancia se debe a la amplia percepción de que las derechas catalanas que han gobernado en Catalunya durante la mayor parte del período democrático han aprobado las leyes (como las reformas laborales) e impuesto los recortes que consideran responsables del deterioro de su bienestar y calidad de vida.
Ello explica la aparente paradoja (que niega la credibilidad del argumento de que España es la responsable de tal crisis) de que los sectores más populares no sean independentistas y no apoyen el secesionismo. Los datos (negados por los independentistas) son claros y convincentes.
Quiénes son independentistas y quiénes no
Los datos muestran que hay una clara correlación positiva entre el voto a partidos independentistas (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos ocupacionales tales como «grandes empresarios/gerentes», «clero», «pequeños empresarios/granjeros» y «profesionales», y una correlación negativa entre voto a tales partidos y pertenencia a grupos ocupacionales como «trabajadores de la producción» y «trabajadores de servicios». Es decir, que a nivel descriptivo se puede afirmar que las clases trabajadoras (producción y servicios) votan menos (por debajo de la media) a los partidos independentistas que los pequeños y grandes empresarios, granjeros, clero y profesionales. Estos datos pertenecen a los barómetros del CIS y hacen referencia al período abril 2004-septiembre 2019 (con una muestra de 25.995 casos). Algunos estudios que se han realizado también para comparar el voto y el nivel de renta de los barrios en Barcelona muestran que las clases populares no son mayoritariamente secesionistas.
Todos estos datos cuestionan el argumento de que los catalanes son un solo pueblo, pues en Catalunya hay clases sociales que tienen una gran diversidad de intereses, frecuentemente en conflicto. Los datos muestran claramente que los de abajo no comparten las mismas posturas y los mismos intereses que los de arriba. Y el gran error de gran parte de las izquierdas es no darse cuenta de ello. Al estar imbuidas del debate nacional (que absorbe la atención de la clase política y de los medios) se alejan de sus bases electorales.
Así pues, la desaparición del tema social ha favorecido el monopolio del tema nacional, que está ocultando el primero para beneficio de aquellos que crearon el problema territorial, que incluyen tanto a las derechas (tanto unionistas como secesionistas) como a las izquierdas gobernantes. Así de claro.