Con la reforma educativa ya aprobada en el Congreso y de camino hacia el Senado, padres, docentes y alumnos aseguran que seguirán «peleando» contra la consolidación de los recortes en Educación que consagran las cuentas públicas para 2014. En el horizonte, dos fechas: la huelga educativa del 24 de octubre y una marcha «verde» hacia […]
Con la reforma educativa ya aprobada en el Congreso y de camino hacia el Senado, padres, docentes y alumnos aseguran que seguirán «peleando» contra la consolidación de los recortes en Educación que consagran las cuentas públicas para 2014. En el horizonte, dos fechas: la huelga educativa del 24 de octubre y una marcha «verde» hacia la Moncloa en diciembre.
La comunidad educativa no se resigna. Padres, docentes y alumnos sostienen que la ley Wert, la octava reforma educativa de la democracia, no sólo no fomentará la «excelencia y la calidad para todos» a la que tantas veces se ha referido el titular de Educación, sino que acarreará más desigualdad. En la pública denuncian su concepción «segregadora», pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar, las pruebas externas (reválidas) o la prórroga a los conciertos a escuelas que segregan por sexo.
Además, sostienen que los tijeretazos en educación traen consigo una «degradación sistemática» del sistema. Las cifras, al menos las que se deducen del proyecto de Presupuestos para el próximo año, apuntan esa dirección. En 2014, Educación consolida los grandes recortes, pues el departamento de Wert tendrá un 24% menos de presupuesto que hace tres años. De hecho, aunque aumenta el dinero para becas generales, las partidas para Erasmus y Séneca, cobertura de libros de texto, alumnos con dificultades, FP, formación del profesorado o Universidad mantienen los recortes que arrastran desde 2012. Además, los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación revelan cómo el recorte del gasto público volvió a cebarse el curso pasado con la enseñanza pública. Según el documento Datos y cifras del curso escolar 2013/2014, los centros públicos de enseñanza no universitaria contaron el curso pasado con 19.523 docentes menos a pesar de que el número de alumnos aumentó en 70.841, hasta los 2.538.021. Esta cifra incluye a maestros (casi 10.000 menos), catedráticos y profesores de Secundaria (7.000 menos) o profesorado técnico de FP. Si nos remontamos al curso 2010/2011, cuando se considera que comenzaron los recortes en el sector, el descenso es aún mayor. Desde ese curso se han destruido 21.807 empleos en la escuela pública.
Ante este panorama, la comunidad educativa tiene varios frentes abiertos. El primero, la huelga del 24 de octubre a la que están llamados, por segunda vez en la historia en todos los niveles de la educación pública, docentes, familias y alumnos. Y a la que esta semana se ha unido también el sindicato FSIE, mayoritario en la concertada.
Además, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública mantiene una consulta ciudadana sobre los recortes y las políticas educativas del Gobierno del PP, entre ellas el también polémico decreto de becas, que, según sus promotores, ya ha recogido centenares de miles que censuran la gestión de José Ignacio Wert al frente del ministerio. Asimismo, entre los días 2 y 9 de noviembre están previstas marchas educativas «en verde» hacia el Palacio de la Moncloa. Tienen prevista su salida desde todos los puntos de la geografía estatal, con recorridos reales o simbólicos, según las posibilidades de cada zona, estructurados por fases y etapas. La idea es que las marchas entren por las diferentes autovías de llegada a Madrid y confluyan ante la sede de la Presidencia del Gobierno.
Entre tanto, la LOMCE, señala Paco García, secretario general de Enseñanza de CCOO, sigue su rumbo en una soledad, social y parlamentaria, «brutal». «Es un proyecto sectario e inútil», señala. «Aunque el trámite parlamentario concluya y se apruebe gracias a la mayoría absoluta del PP seguiremos peleando para que no llegue a los centros», asegura. García utiliza los datos del último informe PIAAC, una especie de PISA para adultos, para apoyar que no es necesario un cambio en la legislación educativa. Según este informe, la generación más joven -la de los que estudiaron bajo la LOGSE y la LOE- es precisamente la que logra reducir la brecha de resultados con los demás países.
Trámite parlamentario
Una vez aprobado en el Congreso, el proyecto viaja ahora al Senado, donde será escrutado en la comisión de Educación primero y después en el pleno. A continuación, volverá al Congreso de donde saldrá en forma de ley. En este camino es posible que se hagan modificaciones. De hecho, entre otros cambios, su paso por la Cámara baja fortaleció la apuesta por la enseñanza en castellano en todas las comunidades que ya contenía el proyecto.
«El proyecto no realiza un buen diagnóstico de la educación y tampoco la mejora», asegura su homólogo en UGT, Carlos López. Su elaboración «sin consenso» es algo que también indigna a la comunidad educativa. José Luis Pazos, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), reclama la restitución inmediata de los fondos recortados a los presupuestos de educación, la retirada del proyecto de la LOMCE y la dimisión del ministro Wert. «Estamos totalmente en desacuerdo con los recortes y con la propuesta de modificación de un modelo educativo propuesto sin el consenso de la comunidad educativa», señala.
Los estudiantes, que se han mostrado muy combativos contra los recortes en educación y el proyecto de la ley Wert, amplían la convocatoria de huelga a los días 22, 23 y 24 de noviembre. «El día que el Congreso vote a favor de la ley nosotros estaremos preparando las movilizaciones contra esta reforma franquista, el tasazo y el decreto de becas. La situación en la Universidad es dramática, hay un ambiente de mucha indignación», concluye García.