En diciembre del año 2001, el ejecutivo de José María Aznar, con el apoyo de Coalición Canaria, concedió a Repsol YPF los permisos que la multinacional española le había solicitado para comenzar labores de exploración-prospección petrolífera frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. En el caso de que estas exploraciones confirmaran la existencia de […]
En diciembre del año 2001, el ejecutivo de José María Aznar, con el apoyo de Coalición Canaria, concedió a Repsol YPF los permisos que la multinacional española le había solicitado para comenzar labores de exploración-prospección petrolífera frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. En el caso de que estas exploraciones confirmaran la existencia de una bolsa de crudo cuya extracción resultará rentable, Repsol pretendía instalar sus plataformas a lo largo de más de 200 kilómetros de la costa canaria. Desde el Roque del Este, en Lanzarote, hasta la Punta de la Entallada, en Fuerteventura. Un área en la que se concentra buena parte de la actividad turística de estas dos islas y de la que se obtiene el agua que, una vez desalada, proporciona el consumo básico de sus habitantes. Nada más trascender esta noticia, asociaciones ecologistas, culturales, juveniles y vecinales manifestaron su frontal oposición al proyecto. A las protestas se sumaron también los empresarios del sector turístico, los turoperadores e incluso el Cabildo Insular de Lanzarote. La institución lanzaroteña presentó una demanda impugnando el Decreto Gubernamental que daba luz verde al proyecto de Repsol. A finales del año 2002, esta demanda prosperó y el Tribunal Supremo anuló parcialmente los permisos por un «defecto de forma», ya que la compañía petrolera no había presentado la pertinente Evaluación de Impacto Ambiental. Pero, éste, lógicamente, no iba a ser el final de la historia.
Las secuelas del proyecto de Repsol
Ya por aquel entonces alertábamos, desde las páginas de esta misma revista, sobre las gravísimas secuelas ecológicas, económicas y sobre la salud humana que tendría que afrontar el Archipiélago si los planes de Repsol YPF llegaban a materializarse. A este respecto, hacíamos hincapié tanto en el carácter intrínsecamente contaminador de la industria petrolera, como en los atentados contra el medioambiente y los derechos humanos cometidos por Repsol en los países en los que opera en la actualidad. Advertíamos, igualmente, de la enorme fragilidad de los ecosistemas canarios que se verían afectados.
En efecto, en cada una de las fases del proceso de explotación petrolífera se producen gases y subproductos que, al igual que el crudo, son altamente contaminantes. Tras la fase de perforación, por ejemplo, son arrojadas al mar cantidades ingentes de metales pesados y tóxicos -como el Cadmio, el Arsénico, el Cobre o el Mercurio-. Se sabe que la vida desaparece completamente en un radio de 500 metros alrededor del pozo de extracción. Estos minerales son difundidos rápida y profusamente por las corrientes marinas, y sus efectos pueden alcanzar un área de entre 10 y 100 Km2 y persistir durante un mínimo de 9 años. A la difusión de éstas y otras sustancias contaminantes hay que añadir, obviamente, los vertidos y escapes de crudo que se producen de manera constante en todos los pozos de extracción. La contaminación marina por hidrocarburos se produce tanto de manera accidental como intencionalmente, por descargas voluntarias y el lavado de los buques cisterna. Los vertidos de petróleo no solo provocan la muerte de una gran cantidad de especies marinas. El petróleo que cubre la superficie del mar también actúa interrumpiendo la llegada de los rayos solares a los fondos y, por tanto, impidiendo la fotosíntesis del fitoplancton; organismos vegetales microscópicos que constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia de los ecosistemas oceánicos. De esta forma, se pone en peligro el conjunto de la vida marina. Pero, además, muchos de los hidrocarburos presentes en el crudo son altamente tóxicos para los seres humanos, y pueden provocar cánceres de piel, de pulmón, neumonía, daños renales y hepáticos, descalcificación ósea, etc.
Por otra parte, los macro accidentes en industrias de estas características no son en absoluto descartables. Desgraciadamente, existe un largo historial de precedentes en este tipo de explotaciones. Un accidente de grandes magnitudes en el marco geográfico en el que Repsol pretende desarrollar sus actividades tendría consecuencias devastadoras para Canarias, toda vez que el archipiélago cuenta con apenas 2 Km. de barreras para proteger sus costas y no existe ningún barco con la capacidad suficiente para absorber un posible vertido de crudo. Sea como fuere, y como ya hemos apuntado, todas las explotaciones petrolíferas son altamente contaminantes incluso cuando se logran evitar estos desastres. En este caso, además, la proximidad a las costas provocaría que se vieran afectadas las playas de las islas. Al terrible impacto sobre la biodiversidad del territorio es preciso añadir, por tanto, las consecuencias económicas que tendría para Canarias la explotación de Repsol. Los recursos pesqueros de la zona se verían gravemente afectados y la pesca de altura y de otras especies de fondo podría desaparecer. Pero es el sector turístico, del que actualmente depende el 80% del PIB del Archipiélago, el que en primer término sufriría las consecuencias. En el 2001, la decisión del Ejecutivo de Aznar de conceder los permisos a Repsol bastó para que los turoperadores amenazaran con desviar a sus clientes hacia otros destinos. No es necesaria una gran capacidad de previsión para comprender que una costa cubierta de alquitrán no es, precisamente, lo que esperan encontrar los millones de turistas de sol y playa que nos visitan anualmente.
Repsol a la carga: beneficios y padrinazgos políticos
Hace ahora casi seis años expresábamos también nuestra convicción de que el proyecto de Repsol YPF no iba a ser desechado por un mero «contratiempo judicial», si se confirmaba su rentabilidad económica para la multinacional. El presidente de esta compañía, Antonio Brufau, ha venido a darnos la razón al manifestar que «han exigido al Gobierno que imprima velocidad a los permisos» para volver a realizar prospecciones petrolíferas en aguas del Archipiélago. Al parecer, sus informes técnicos apuntan que, efectivamente, puede existir una bolsa importante de petróleo a unos 50 kilómetros de la costa canaria, en una zona de jurisdicción española que Marruecos cuestiona. Brufau no duda en calificar el proyecto como «una gran oportunidad», por lo que el grupo petrolero se muestra ansioso por retomarlo en cuanto el Ejecutivo central lo autorice.
Cabe recordar aquí que, antes de alcanzar la presidencia del Gobierno y en plena campaña electoral, José Luís Rodríguez Zapatero aseguró en Lanzarote que si llegaba a gobernar se opondría a los planes de Repsol para Canarias. Sin embargo, poco después de su triunfo electoral la posición oficial del PSOE se modificó de manera sustancial. Los máximos responsables de este partido abandonaron el rechazo frontal al proyecto, útil en la caza de votos, para intentar vender a la población que, con buen talante y mucho diálogo, sería posible garantizar una explotación petrolífera «no contaminante». Justamente la misma ficción que vuelven a reiterar ahora los directivos de la multinacional española, declarando que «los trabajos podrían realizarse sin daño medioambiental».
Por aquellas mismas fechas, Jerónimo Saavedra, presidente de los socialistas canarios y actual alcalde de Las Palmas de G.C., dejaba aún más claros los compromisos de su formación política, manifestando que «si tenemos riqueza debajo de la costa, por qué vamos a decir que no se saque gas o petróleo». Y, con una salida de tono muy expresiva de su verdadera estatura moral e intelectual, contribuía al recital de la confusión instando a los canarios a «decir sí a la ciencia y a la investigación». Otros socios actuales del PSC-PSOE, como Román Rodríguez, que aliado previamente con el Partido Popular había votado a favor del decreto que concedía los permisos a Repsol, prefirió por entonces mantener una cuidada ambigüedad, ante el fuerte rechazo que había generado los planes de la petrolera en la sociedad canaria.
Si esta oposición influyó de manera significativa en la decisión de aparcar dichos planes momentáneamente, o fueron determinantes otros factores como los resultados de las prospecciones efectuadas en las aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, no podemos asegurarlo con absoluta seguridad. En cualquier caso, Repsol ha decidido ahora volver a la carga, aprovechando una coyuntura económica que estima favorable para la consecución de sus propósitos. «Los actuales precios del petróleo -sostienen en Repsol para apoyar la exigencia que realizan al Ejecutivo socialista – hacen cada vez más urgente que se pueda desbloquear este proyecto». Por otra parte, José Luís Rodríguez Zapatero ha reiterado en sus últimas manifestaciones la necesidad de actuar urgentemente para intentar paliar la «alta dependencia energética de España». Un objetivo que, en ausencia de otras alternativas, podría servir para justificar la promulgación de un Real Decreto que dé el visto bueno nuevamente a las pretensiones de la petrolera. Según los cálculos realizados por la propia compañía tras sus primeras prospecciones, para Repsol esto podría llegar a suponer, si se cumplen sus expectativas, la extracción de unos mil millones de barriles de crudo en 20 años. Lo que, a los precios actuales -que no dejarán de subir según todos los pronósticos- supondría más de 126.000 millones de dólares. De estos multimillonarios ingresos, la transnacional sólo pagaría al Estado alrededor de un 5%, cuya finalidad tampoco podría ser controlada para asegurar que revierta en beneficio de la mayoría de la población. A los canarios -como ya denunciamos en su momento- sólo nos dejarían el alquitrán, los gases tóxicos y los productos cancerígenos. Eso, y un medioambiente degradado hasta unos límites críticos que, a buen seguro, situarían al borde del abismo a nuestra frágil economía.
La amenaza de este inquietante futuro es cada vez más cierta. Y sólo una importante y sostenida movilización popular podría enfrentarse a ella, si los fríos cálculos contables de los directivos de Repsol, y sus representantes políticos, les deciden finalmente a poner en marcha su devastador proyecto.