Así fue la Jornada “Visión a largo plazo para las zonas rurales: retos para la Península Ibérica”, organizada por la europarlamentaria de Unidas Podemos en el grupo The Left, María Eugenia Rodríguez Palop. Colectivos extremeños y andaluces ponen voz al medio rural.
“Lo rural” es una urgencia, y Europa, lo sabe. Multitud de análisis, programas y estudios lanzados desde las instituciones europeas pretenden, desde hace años, conseguir unas “zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas”, como se detalla en uno de los muchos documentos de la Comisión Europea acerca de este asunto. “Las directrices políticas de la presidenta von der Leyen destacan que las zonas rurales son una parte central de nuestra identidad y nuestro potencial económico. Apreciaremos y preservaremos nuestras zonas rurales e invertiremos en su futuro”, se lee en la primera parte del monográfico que los servicios de la Comisión dedicaron, en junio del año pasado, a las zonas rurales de la Unión.
Con este espíritu, Antonia Gámez Moreno, Jefa de Unidad en la Dirección General de Agricultura y parte de la Comunicación de la Comisión Europea, inauguró la Jornada “Visión a largo plazo para las zonas rurales: retos para la Península Ibérica”, organizada por la europarlamentaria de Unidas Podemos en el grupo The Left, María Eugenia Rodríguez Palop. Conferencias y debates protagonizados por multitud de colectivos del medio rural del sur de la península, sobre todo de Extremadura y Andalucía, y donde también hubo presencia de políticos extremeños como Irene de Miguel y Joaquín Macías (Unidas por Extremadura) o como Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas.
“Existe un interés internacional sobre el desarrollo rural. Se promueven las zonas rurales no como problema sino como solución. En la OMS y la ONU, por ejemplo, ya se impone la ‘verificación rural’: es decir, examinar toda iniciativa legislativa con las gafas de lo rural para identificar las necesidades de estas zonas”, afirmó en la inauguración Gámez Moreno. En dicha apertura, destacó que los objetivos de la Comisión, de aquí a 2040, son “conseguir zonas rurales mejor conectadas, más prosperas y más sostenibles. Para ello hay una serie de iniciativas, como el Pacto Rural, un proceso para aumentar la cooperación y el desarrollo con todas las instituciones europeas”.
Efectivamente, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, el Parlamento Rural Europeo y las redes en el marco de la política agrícola común y la política de cohesión, así como el Parlamento Europeo, la Presidencia del Consejo e interlocutores locales, regionales y estatales de Europa, aprobaron en junio de 2022 dicho acuerdo para, de esta forma, lograr “la amplificación de las voces rurales y ponerlas en la agenda política, estructurar la colaboración y el aprendizaje mutuo y fomentar el compromiso de actuar en favor de las zonas rurales”.
Sin embargo, la urgencia de las instituciones europeas con las zonas rurales contrasta con las fechas definidas para los balances de los pactos mencionados. A mediados de 2023, la Comisión hará evaluación de las medidas financiadas por la UE y los Estados miembros; el informe público que detallará el cumplimiento de las metas y el camino a seguir, que se realizará sobre la base del Plan de Acción Rural de la UE, se publicará a principios de 2024; los debates en torno al informe, dice la propia Comisión, contribuirán a la reflexión sobre la preparación de las propuestas para el período de programación de los años comprendidos entre, nada más y nada menos, que 2028-2034.
¿Y qué sucede con el aquí y el ahora? ¿Cuáles son las soluciones que Europa ofrece al mundo rural, más allá de las buenas intenciones? ¿Existe tiempo de espera? ¿Van las políticas europeas a cambiar de dirección? ¿De qué manera se va a fomentar la cohesión territorial? ¿Y a combatir la desigualdad? ¿Se van a crear oportunidades para que la juventud no emigre? ¿Será el trabajo digno y de calidad? ¿Mejorarán las infraestructuras y los servicios?
La visión de investigadores y expertos
En
la primera mesa de debate de la Jornada, María Dalli Almiñana,
investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de
Valencia, consideró el derecho a la salud como una de las cuestiones
prioritarias en las zonas rurales. “El derecho a la salud incluye el
acceso a las infraestructuras sanitarias, un derecho reconocido, por
ejemplo, en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión”. La
universalidad del derecho a la salud, “frente a las posturas que niegan
que los derechos sociales sean para todos y para todas”, es crucial. Y
lo es tanto a nivel sanitario como a nivel material, puesto que “la
desigualdad económica y social entre los sectores de una población como
la rural se ha analizado como factor perjudicial para los indicadores
de salud de esas mismas sociedades”. Que
los grupos excluidos de la cobertura sanitaria, como pueden ser
aquellos que viven en zonas rurales, tengan garantizado uno de los
derechos más fundamentales debería ser uno de los principales objetivos
de cualquier institución democrática.
Para Alicia Valero Delgado, profesora titular de la Universidad de Zaragoza y directora del grupo de Ecología Industrial en el Instituto Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, no debemos perder de vista la cuestión energética. “¿Cómo alimentar a una población de 10.000 millones de individuos y satisfacer las necesidades de tanta gente? ¿Hay suficientes recursos?”. Y es que existe un problema en aumento, puesto que habitamos un planeta limitado. “Tenemos pérdida de la fertilidad (1/3 de la tierra está gravemente degradada, la degradación del suelo es una amenaza para más del 40% de la superficie terrestre)”, y la “agricultura intensiva hace que el consumo de fertilizantes se haya multiplicado en las últimas décadas”. De hecho, según la profesora, “hemos sobrepasado cuatro de los nueve procesos básicos de la Tierra”.
Además, los nuevos materiales para la economía “verde” son aerogeneradores y fotovoltaicas, “peligrosas ambientalmente por su contaminación; la instalación masiva de renovables supone áreas de sacrificio en áreas rurales y despobladas”. No, no hay recursos suficientes para la transición energética que se está planteando. “Es inviable”. La profesora alertó así de los límites materiales de la transición energética y las condiciones que pueden existir a corto, medio y largo plazo.
Por su parte, Albert Massot, investigador de la Dirección General de Políticas Internas en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, explicó que estábamos en una era de cambios globales acelerados. “Los nuevos desafíos (económicos, tecnológicos, energéticos, climáticos, sanitarios y alimentarios) nos obligan a cambiar nuestra visión sobre la agricultura, la ruralidad y el papel de las políticas públicas”.
Las políticas agro-rurales alimentarias y comerciales, la interconexión entre consumo, I+D+I, oferta y el acceso a los recursos, el cambio climático, la cuestión energética, las brechas digitales y tecnológicas (“Hay que garantizar las dimensiones social y territorial del cambio sin excluir al mundo rural”) o el desafío de la despoblación (“El 84% del territorio está habitado por el 15,9% de la población”), fueron algunos de los puntos que el investigador subrayó en su discurso.
No olvidó las Problemáticas agroecológicas (“El regadío consume el 70% del agua”), el relevo generacional (“Existen constantes caídas de activos de la agricultura familiar y una insuficiente entrada de jóvenes”), la crisis de rentas (particularmente en la ganadería), el abandono de tierras (“España es el país con un mayor riesgo de abandono de tierras agrarias de la UE”), o el desafío del reparto del valor añadido de la cadena. Para Massot, los pactos europeos son un buen diagnóstico y, al mismo tiempo, un simple reagrupamiento de instrumentos ya existentes en las políticas comunes (PAC, Cohesión, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Horizonte Europa, Erasmus+, Conectar Europa, Pueblos Inteligentes, LIFE, etc.), aunque “hay dos iniciativas novedosas: el principio de verificación rural (análisis de impacto de las iniciativas públicas y privadas en el espacio rural) y el Observatorio de las zonas rurales de la UE”.
Como respuestas a los retos que enfrenta el mundo rural, Massot propuso crear un eje de “cohesión rural” dentro de la política regional, así como aprovechar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, incluyendo los ejes de vivienda, género e integración de neorrurales e inmigrantes; definir territorios prioritarios con criterios objetivos (densidad, envejecimiento, natalidad); elaborar planes paralelos al Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España y al Programa de Desarrollo Rural contra el despoblamiento, así como un Estatuto de pequeños municipios.
Frente a la transición energético-climática, expuso la idoneidad del fomento de los biocombustibles de origen no alimentario, y la necesidad de establecer cambios en la ordenación del territorio e introducir la verificación rural de grandes proyectos energéticos. Propuso un esfuerzo sostenido de asesoramiento a agricultores y fomentar la innovación tecnológica verde con un modelo inclusivo. Ante el ajuste estructural, la crisis de rentas y el reto agroecológico, Massot cree que hay que reformar el sistema de pagos directos de la PAC, así como orientarse a una aplicación de los Planes Estratégicos de carácter contractual, la fijación de objetivos socioeconómicos cuantificados y la protección del modelo agroecológico con, por ejemplo, tasas de carbono, cláusulas espejo, etc.
Atentos y atentas a los distintos puntos de vista de las expertas en la mesa, decenas de colectivos del medio rural escuchaban, pacientes y tomando nota. A veces, “lo rural” se entiende de manera monolítica, estereotipada y, por qué no decirlo, de forma distorsionada cuando quienes miran adolecen de urbanocentrismo. Allí estaban agricultores, ganaderas, jóvenes, autónomas, personal sanitario, educadores, trabajadores todos y todas, para tomar la palabra. No habían venido a escuchar, habían hecho 2.000 kilómetros para tomar la palabra.
Los colectivos responden
En el turno de preguntas de los colectivos presentes en las Jornadas, tras la intervención de Antonia Gámez Moreno, ya se atisbó la distancia que separan las pretensiones europeas con las realidades cotidianas de quienes viven y trabajan en las zonas rurales. Con las expertas e investigadoras, la mesa de debate posterior —sobre sector primario, atención a la salud y energía—, hubo más entente. En el descanso previo a la segunda mesa, la mayoría de los colectivos dialogaban sobre el abismo existente entre quienes dicen luchar contra las problemáticas rurales y quienes luchan día a día y en el tajo por su futuro.
Por fin llegaba la oportunidad de hablar. “Política Agrícola Común, incidencia de las reformas educativas y cambio climático en el sur rural” subía a la mesa de ponencias a Víctor Bermúdez, profesor, Andreia Galvão, estudiante y activista, y Mª Inmaculada Idáñez, de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural. Moderó el debate Marisa Matías, eurodiputada de The Left.
Educación
Para Víctor Bermúdez, “hay que llenar de Educación la España Vaciada”. Para ese fin, a su juicio, hay que contemplar tres ejes fundamentales: el ecosocial (para un medio rural más resiliente), el socioeconómico (para un medio rural más próspero) y el cívico-político (para un mayor compromiso con el medio rural).
“Jamás hemos podido contemplar orgánicamente en los currículums educativos cosas como la Educación para el emprendimiento, la economía sostenible, etc. Sin embargo, podemos ver si nos enfocamos en las materias, cómo chicos/as estudiarán cosas ausentes antes como la relación entre desigualdad, biodiversidad, economía circular, o conceptos como comunidades resilientes o los derechos de los animales”.
Ahora, dados los avances curriculares y legislativos, según Bermúdez, “ninguna docente puede eximirse o quitarse de encima este tipo de contenidos desde Infantil hasta Bachillerato; contemplar lo rural (paisaje rural, impacto humano, estilo de vida tradicional, conservación entorno, éxodo rural, la España vaciada…) son elementos del cuerpo principal de la Ley, nada de retórica”.
Existe, entonces, “una ruptura casi revolucionaria”, aunque para el docente y miembro del Consejo Escolar de Extremadura, “no basta con todo esto. Es imprescindible que los objetivos se refieran de manera directa a los entornos rurales”, y que lo hagan de manera mucho más estructurada y unitaria. “¿Por qué no introducir en los centros un área concreta? Hay que reforzar la escuela rural, y eso ha de significar una dotación mayor que la escuela urbana, más allá de lo material, dotación en recursos humanos, integración, conciliación familiar, etc.”.
Bermúdez hizo hincapié en la educación para la sostenibilidad como principal novedad; y en relación con la escuela rural, lo que más destacó como elemento más valioso para reforzarla fueron dos cosas: la discriminación positiva en la cesión de recursos y, sobre todo, convertirla en una escuela de vanguardia, innovadora y de calidad, que atraiga a las familias y a los mejores docentes. Claves, todas, “para devolver la vida a nuestras zonas rurales”.
Clima
Andreia Galvão, estudiante y activista de la Huelga Estudiantil por el Clima, puso el foco en la lucha contra el cambio climático como aspecto fundamental a la hora de reflexionar sobre las zonas rurales. Para Galvão, es urgente reestructurar nuestras sociedades y actuar con premura ante “el mayor desafío que condiciona nuestro tiempo”. En esa reestructuración, las perspectivas feministas, antirracistas, contra el colonialismo, y enfrentadas al modelo de consumo y capitalista imperante, se antojan imprescindibles para “subvertir nuestra relación con la Naturaleza”.
Alejarse del “capitalismo verde de la COP” no es negociable: el futuro pasa por actuar en la dirección opuesta a los monopolios, la acumulación y el crecimiento insostenible. “El desastre ecológico que se desarrolla en el mundo ocasiona emigración, pobreza, refugiados climáticos, y pone en riesgo a las comunidades rurales, como ha sucedido con la explotación del litio en Portugal”. El futuro será ecosocialista o no será.
Campesinado y mujer
Si hay un conjunto de políticas que condiciona el sistema agroalimentario tanto a nivel local, regional, como europeo, esa es la Política Agraria Común (PAC). María Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), denunció la discriminación de género y otras muchas deficiencias de este marco fundamental del sistema institucional de la UE. “La PAC no tiene perspectiva femenina. Las mujeres somos minoritarias en el sector agrario (en titularidad y propiedad)”.
Como los fondos se destinan a pagos directos por unidad de superficie, y la mayoría de los propietarios son terratenientes, grandes empresarios y, además, hombres, se da la injusticia de tener “tierras en propiedad de hombres, pero trabajadas por mujeres. Las mujeres no recibimos la PAC porque no tenemos la titularidad. Los derechos van a los hombres. Las mujeres mayores de 65 años sí cobran la PAC porque se quedan viudas. Entonces, los derechos pasan a las mujeres. Si hablamos de mujeres jóvenes, muy pocos grupos cobran la PAC. Queremos una política más social”. Esto también tiene relación con la despoblación: “las mujeres figuran como ayudas familiares o amas de casa, pero no como titulares de las explotaciones. La PAC anterior no contemplaba que la despoblación tiene que ver con que las mujeres se van. Queremos una PAC que nos diga que podemos trabajar, vivir y parir en nuestros pueblos”.
Idáñez criticó que los análisis cayeran en la trampa del estereotipo y del prejuicio. Sobre todo, si desconocían la realidad del campo. Reivindicó, por tanto, el derecho a quedarse y la necesidad de reconocimiento: “En las tierras no nos quedamos los que no valemos; nos quedamos los que adoramos nuestro trabajo. Somos profesionales de la agricultura. Gracias a nosotras la sociedad y el mundo entero puede comer”.
En el futuro más inmediato, la supervivencia de agricultoras, campesinas, ganaderas, jornaleras, pasa por cambiar el modelo. Y hay que hacerlo ya. “Proponemos mirar a las personas, no solo a la tierra y a lo económico. Tenemos que poner a las personas, y a las mujeres, en el centro. Queremos cobertura laboral, derechos… Queremos que los de la PAC tengan los zapatos llenos de barro”. Y sentenciaba antes de un aplauso unánime: “Se ha puesto de moda hablar de lo rural. ¿Se puede poner de moda pagarnos justamente y la dignidad laboral?”.
Conclusiones
En
la mesa final, después de una comida de confraternización y
camaradería —donde la empatía con las problemáticas de las múltiples
ramas que componen el árbol de “lo rural” se convirtió, de hecho, en
otro espacio de debate y reflexión—, cobraron protagonismo distintas
experiencias de la ruralidad extremeñoandaluza: Pía Sánchez, ganadera,
Edvard Martín, productor de alimento ético, Miguel Ángel Sánchez, en
defensa y del Hospital de Llerena, y Manuel Aguilar, en defensa de la
Sierra del Becerrero, nos hablaron del significado de “ser un ciudadano
en la España vaciada”. Antes de sus intervenciones se proyectó el
documental “Mujeres Rurales. La lucha por el territorio al sur de
Europa”, elaborado por María Artigas y Sato Díaz.
En su intervención, Pía Sánchez, presidenta de la Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA), señaló “la incongruencia de las políticas europeas” y la “carencia de concepto holístico en las políticas de biodiversidad”. La ganadera defendió el modelo de ganadería extensiva y la necesidad de regenerar el suelo mediante el ganado, considerando la tierra el verdadero productor de la Vida en mayúsculas. “El fin es el suelo. Cuando lo miras y descubres qué hay debajo, qué es lo que produce, te das cuenta de todo lo que hay que potenciar. La consecuencia será todo lo demás: alimentos, animales sanos, vida”. Los beneficios medioambientales, la creación de empleo y el acervo natural y cultural, fueron puestos en valor por Pía Sánchez, mujer, ganadera, defensora de la Naturaleza y firme creyente en el medio rural como espacio “para quien quiera vivir una vida auténtica”.
Por su parte, Edvard Martín Sousa Holm, de la Asociación Nacional de Productores de Alimentos Éticos, contó su experiencia personal y profesional al frente de una empresa distinta, donde la producción y el beneficio no está reñido con la ética, la calidad y el cuidado. “A pesar de las trabas burocráticas y la difícil relación con la Administración, tenemos empresas responsables con el Medio Ambiente”. Al frente de ANPAE, la Asociación Nacional de Productores de Alimentos Éticos, Sousa explicó cómo criar animales en libertad, en la dehesa extremeña, disfrutando de un ecosistema único, no solo puede convertir tu producto en uno de los mejores del mercado (de hecho, su patería cuenta con la primera licencia de producción de Foie Gras ecológico del mundo), sino que, además, “hace que estés en armonía con la Naturaleza y contigo mismo”. Los sistemas éticos de producción son otra de las muchas posibilidades que te concede el medio rural.
Miguel Ángel Sánchez Rafael, de la Plataforma en auxilio del hospital comarcal de Llerena, comenzó su presentación con una frase que bien podría resumir la Jornada entera: “Ser pocos no resta derechos”. Parte de la Campiña Sur, “una de las zonas más afectadas por la migración”, Sánchez defendió la necesidad de las infraestructuras sanitarias en el medio rural, así como la condición pública, gratuita y de calidad de las mismas. “Vivir en una zona apartada no nos tiene que dejar sin derechos como la Sanidad. Las enfermedades nos atacan a todos por igual, vivamos donde vivamos. Por desgracia, los que vivimos en las zonas rurales, también vamos a sufrir cáncer, los tumores van a necesitar quimioterapia, vamos a necesitar ayuda. Nuestros mayores también pueden sufrir cualquier fractura. De ahí la necesidad de los hospitales comarcales”.
Contra los agravios que sufre el Hospital (como por ejemplo el cierre del servicio de Urgencias de Traumatología los fines de semana, la inexistencia de Cirugía Mayor o la desaparición de la Unidad del Dolor), y, por ende, todos los ciudadanos y ciudadanas de Llerena, el portavoz de la Plataforma se lamentó de la falta de escucha por parte del Ejecutivo extremeño. De seguir así, “asistiremos al entierro de nuestros pueblos y nuestras tierras”.
Para cerrar la Jornada, Manuel Aguilar de la Cruz, de la Plataforma Ciudadana por la Defensa de la Sierra de Becerro, Sevilla, hizo un discurso contra las macrorrenovables por su repercusión negativa, como por ejemplo el emplazamiento, la cantidad de superficie afectada o lo concerniente a la calidad de los cultivos. Como paradigma, el 1.102.500 de paneles fotovoltaicos de 400W proyectados en Navazuelo, Granada. “El despliegue de megaplantas de renovables supone una pérdida irreversible de biodiversidad”.
Añorante de sistemas descentralizados, donde se abogue por el autoconsumo y, de manera generalizada, por la democratización de la energía, “lo único que puede darte independencia de las grandes empresas”, el portavoz de la Plataforma resumió su intervención con una letra de El Cabrero: “Muchos prometen la luna hasta llegar al poder, muchos prometen la luna y cuando arriba se ven, no escuchan queja ninguna y te tratan con el pie”.
Al día siguiente, acabada ya la Jornada, todos los y las participantes visitaron el Parlamento Europeo. De vuelta en el avión, la resaca emocional de una Jornada intensa no rebajaba la condición crítica de quienes regresaban a casa. “Esta gente sabrá hacer leyes, pero no saben pelar una naranja”, dijo alguien en una de las sesiones. La sabiduría no está en la burbuja institucional europea, está en el medio rural.
ASOLITE, Ganaderas en Red, Plataforma Tren Extremadura, Movimiento Infoca, Federación Arroceros de Sevilla, el Bloco de Esquerda, Plataforma por el Monte Andaluz, ANPAE, Macrorenovables No, CERES, Extremeñería, FADEMUR, Plataforma No a la Mina de Cañaveral, Plataforma por un Tren que Vertebre y Enfríe el Planeta, Plataforma SOS Primaria, agricultores, jornaleras, ganaderos, maestras, sanitarios, cooperativistas… la sal de la Tierra. Más le vale a Europa y al Mundo escuchar a quienes labran la vida.