“A veces hay que elegir entre comer y calentarse”.
Ana Gallego (nombre ficticio), de 63 años, vecina de Valencia, percibe 800 euros netos al mes de pensión tras 45 años cotizados; su pareja, también sexagenaria, cobra el subsidio por desempleo para mayores de 52 años (452 euros al mes); la vivienda en la que residen cuenta con aire acondicionado y estufa eléctrica, de los que no ha hecho uso durante el año “por el precio disparado en la factura de la luz” (sí lo hicieron –en las circunstancias más extremas- durante la “ola de frío” de 2020).
Actualmente la calefacción “es un lujo que no está al alcance de pensiones tan bajas”, afirma esta ciudadana. Así, la pareja se protege del frío con pijamas; batines; ropa de felpa o térmica y mantas dobles en las habitaciones.
Una de las empresas del denominado “oligopolio eléctrico” español, Endesa, ha obtenido entre enero y septiembre un beneficio ordinario neto de 1.459 millones de euros. Iberdrola, un beneficio neto reportado –en los nueve primeros meses- de 2.408 millones de euros; y otra de las compañías, Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa), dio cuenta de unas ganancias, en el mismo periodo, de 777 millones de euros.
En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió a finales de noviembre que el precio de la luz se mantenía en “valores extremos” y “niveles récord”; en concreto, “el coste de cada megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista ascendió a 193,4 euros, lo que casi multiplica por cinco el precio alcanzado en noviembre de 2020”. La OCU añadía que, también al cierre de noviembre, la factura de la luz para un hogar medio alcanzó los 95,9 euros, un 60% más cara que la del mismo mes de 2020.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE incluye nueve factores para determinar la situación de carencia material severa; el segundo que arrojó un peor resultado en 2020 fue “no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada”. A largo plazo, la serie estadística presenta la siguiente evolución: 6,5% en 2011; 11,1% en 2014; 8% en 2017; 7,6% en 2019 y 10,9% en 2020 (datos publicados en julio de 2021).
Publicado en 2018, el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre la Pobreza energética en España apuntaba, entre otras conclusiones, que el estado español se situaba entre los países de la UE con los precios de la energía doméstica más cara y con un mayor incremento desde 2008. Además, advertía la ONG, “habitar en un hogar sometido a condiciones de pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud mental y podría estar provocando la muerte de miles de personas”.
El acceso universal a la energía y el agua; la paralización de los cortes indiscriminados; la asunción por parte de las grandes compañías –“con sus beneficios multimillonarios”- del coste de velar por los servicios básicos (“ante todo están las personas”). Son los tres ejes de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), surgida en 2014 en Barcelona y actualmente extendida por los municipios de Cataluña. Se organiza a partir del grupo de apoyo mutuo y los asesoramientos colectivos, cada quince días, tanto presenciales como por Internet.
A finales de noviembre la APE logró una victoria importante. Comenzaron a llegar las cartas de Endesa a las familias endeudadas con esta multinacional (en relación con el importe de las facturas entre 2015 y 2020), en las que se informaba de la condonación. La cancelación de las deudas es consecuencia de la lucha popular y los convenios, firmados en marzo, entre la Generalitat de Catalunya y Endesa. El acuerdo “representa un antes y un después para las familias catalanas que han sufrido el acoso de la compañía en los últimos años”, resaltaron los activistas.
Además de facilitar asesoramiento –cómo acceder al bono social térmico de la Generalitat, reclamaciones por deudas o cobros “muy elevados” por consumo eléctrico- la APE convoca movilizaciones en la calle.
Así, el 30 de noviembre se concentraron junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la plaza Tetuán de Barcelona, donde en la madrugada murieron cuatro personas (dos de ellas menores) y otras cuatro resultaron heridas, al incendiarse el local donde malvivían. “La pobreza habitacional se perpetúa, los incendios no se paran”, denunciaron.
Y el 15 de diciembre, se manifestaron en Lleida -junto a la PAH, Lleida Social y la Marea Pensionista, entre otros colectivos-, contra el alza en el recibo de la luz y el “abuso del oligopolio energético”.
Convocatorias de mayores dimensiones fueron la manifestación del 6 de noviembre en la Plaça Universitat de Barcelona (Aturem l’estafa de la llum. Les nostres vides no són un negoci), a la que se adhirieron sindicatos, colectivos por la vivienda, de jóvenes y ecologistas. Diferentes columnas llegaron al centro de la ciudad desde los barrios.
“Una mafia de grandes multinacionales controla el 90% del sistema eléctrico español (…); en el último año la factura de la luz ha subido un 44%. Aunque consumimos menos energía que hace unos años, los beneficios de estas empresas no han dejado de multiplicarse, igual que los sueldos de sus directivos, consejeros y accionistas”, subrayaba el manifiesto, que demandaba la expropiación de las grandes energéticas.
Asimismo, continuaba la declaración, “un sistema de precios fraudulento hace que paguemos la luz muy por encima de su coste de producción (…); las multinacionales ofrecen un servicio deficiente: miles de familias padecen reiterados y prolongados cortes de luz, especialmente en los barrios y zonas más humildes”.
Otra manifestación, convocada por la Alianza contra la Pobreza Energética, tuvo lugar el pasado 28 de octubre en Madrid (Eléctricas responsables. Gobiernos culpables). Uno de los puntos denunciados es que el bono social eléctrico –descuento que hace efectivo el gobierno- “únicamente alcanza a algo más de un millón de personas, mientras el INE advierte que un 26,4% de la población se hallaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020”.
A la movilización en la madrileña Plaza de la Villa se sumaron más de una veintena de organizaciones; entre otras, Ecologistas en Acción, Greenpeace, CGT, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, el Sindicat de Llogateres o el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Reclamaron al ejecutivo (PSOE y Podemos) el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
Aprobada en abril de 2019, la Estrategia presentaba el siguiente cuadro de situación respecto a la pobreza energética, con datos de 2017: el 17,3% de la población española (8,1 millones) tenía un gasto “desproporcionado” en relación con sus ingresos; el 11,5% (5,1 millones de personas) sufrían pobreza energética “escondida”; el 8% (3,7 millones) mantenía la vivienda a una temperatura inadecuada en invierno; y el 7,4% (3,5 millones) se retrasaba en el pago de las facturas.
Además de rechazar el corte de suministros básicos (agua o energía), los manifestantes reivindicaron en Madrid tarifas justas para todas las personas; y viviendas “que no malgasten energía y dinero”.
También hogares y comunidades que generen la electricidad que utilizan (el alza en el coste de la factura eléctrica “está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, causante de una escalada del precio del gas a nivel mundial”). Por último, frente al oligopolio representado por Endesa, Iberdrola y Naturgy, reivindicaron un sistema eléctrico democrático y ambientalmente justo.
En julio de 2020 la APE, el Observatori DESC, la PAH, la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona hicieron público el documento Emergencia habitacional, pobreza energética y salud. Informe sobre la inseguridad residencial en Barcelona 2017-2020.
De los cuestionarios y seguimiento realizados, se concluye que el BBVA y CaixaBank son las entidades que más desahucian a las personas con hipoteca; el 34% de las personas no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en ningún momento del año; por otra parte, el 28% de los encuestados manifestaron contar con luz “irregular” (el 10% en el caso del gas), “con los riesgos que ello conlleva para su vida”. También los afectados por la vivienda precaria y la pobreza energética “tienen un estado de salud mucho peor que la población general de Barcelona”.
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