Fuhem Educación + Ecosocial ha elaborado un estudio sobre la calidad de vida en España, basándose en parámetros como la alimentación, la movilidad, la vivienda, el empleo o la salud mental.
El 27% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y la pobreza infantil afecta en España a uno de cada tres niños menores de 16 años. Son, quizá, las dos conclusiones más preocupantes del I Informe Ecosocial sobre Calidad de Vida en España, elaborado por Fuhem Educación + Ecosocial, una fundación independiente que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental, a través de la actividad educativa y del trabajo en temas ecosociales.
En un mundo, señalan, en el que “convive la ostentación más despilfarradora con la necesidad más apremiante, no parece que podamos asumir como bueno el modo de vida imperial, que niega a la mayoría un presente y a la humanidad su futuro”.
Por ello, “debemos cuestionárnoslo y preguntarnos: ¿qué cabe entender por bienestar, calidad de vida o vida buena en el contexto de crisis ecosocial en el que estamos?”.
Para medir la calidad de vida, recuerdan, se ha utilizado históricamente el PIB. Sin embargo, “éste sólo ofrece una aproximación a la medida del tamaño de una economía en términos monetarios. En ningún caso fue diseñado para evaluar el bienestar o el avance de una sociedad”.
Huyen de este baremo y focalizan la investigación en algunos indicadores fundamentales, como son, principalmente, la alimentación, la vivienda o la movilidad. Entre los tres suponen alrededor de la mitad del consumo de los españoles en términos de gasto.
Se gasta más en alimentación, pero se compran menos alimentos
El gasto alimentario ha ido aumentando debido al incremento de los precios. Por lo tanto, esto no ha supuesto un mayor volumen adquirido, sino todo lo contrario.
Las características generales de las costumbres alimentarias (organización de las comidas, dieta, etc.) se mantienen, aunque se está produciendo una cierta estandarización del modo de consumo (por ejemplo, aumento de compras en grandes superficies). Esto es muy relevante en los hogares más pobres, que pueden permitirse una dieta menos variada y de menor calidad, incluso en alimentos básicos.
La OCDE, subrayan, apunta a España como uno de los Estados europeos donde la obesidad se ha incrementado más en los últimos años (alrededor de un 7% entre 2010 y 2020). Especialmente entre aquellos colectivos que han experimentado un empeoramiento sustancial en sus condiciones materiales y derechos sociales.
En ese sentido, las mujeres españolas con un nivel educativo bajo y menos recursos tienen una probabilidad de tener sobrepeso 3,5 veces mayor que las mujeres con nivel educativo alto. En términos de actividad económica, las personas más obesas son las desempleadas, aquellas que no pueden trabajar o lo hacen en un ámbito doméstico.
La obesidad, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal epidemia no infecciosa del siglo XXI, constituye uno de los grandes problemas sanitarios en las sociedades de abundancia alimentaria. A lo que hay que añadir, exponen en el estudio, “los intereses de las grandes empresas de distribución, protagonistas crecientes de las cadenas alimentarias. Éstas contribuyen a la conformación de un entorno alimentario en el que predominan los alimentos altos en azúcares y grasas, más rentables, fuertemente publicitados y al alcance de todos los consumidores”.
No se apuesta por el transporte público
La movilidad y el transporte es la partida de gasto más importante. A pesar de que la mitad de los desplazamientos de la vida cotidiana todavía se producen a pie o en bicicleta, cuando se trata de recorrer cierta distancia el campeón es el coche privado. En la movilidad interior, representa el 78% de los desplazamientos, por el 22% del transporte colectivo. Con las directas consecuencias de esto en la calidad del aire de las ciudades.
La mayor parte del gasto en transporte está destinado al combustible y mantenimiento del vehículo (854 euros por persona). Una parte considerable también se gasta en la adquisición de nuevos vehículos (531 euros por persona).
Destacan en este apartado las inversiones públicas que se han hecho para la construcción de grandes infraestructuras (ferroviarias, autopistas, ampliación de aeropuertos). Que se ha traducido, sostienen, “en un sobredimensionamiento que responde más al interés privado –sobre todo del sector de la construcción– que a las necesidades reales de la ciudadanía”.
Vivienda: hacinamiento entre los pobres y exclusión residencial
El informe FOESSA, destacan en Fuhem, apunta a la vivienda como el determinante social más importante para explicar los procesos de exclusión social. Incluso tanto o más que el empleo.
Una de cada tres personas en España vive en una vivienda tipo apartamento, mientras que el resto lo hace en casas, adosadas o no. El grado de hacinamiento se muestra relativamente bajo en comparación con el promedio europeo, habiéndose mantenido estable —en torno al 5%— en la última década.
Lo que sí resulta especialmente reseñable aquí es la importante diferencia que existe en relación con la población en riesgo de pobreza, entre la que el grado de hacinamiento es mayor —12,2% en el último año del periodo estudiado—.
Más de tres cuartas partes de la vivienda se encuentra en régimen de propiedad, aunque en los últimos años se ha producido un aumento inusual de la demanda en el mercado del alquiler —correspondiente al 21% entre 2007 y 2019—. En el caso de la vivienda en propiedad, ha mostrado signos de descenso en los últimos 10 años.
Una parte importante de ese incremento de la demanda de alquiler ha venido de la mano de la población joven. La juventud que accedía a una vivienda en propiedad llegó a alcanzar el 58,1% en 2007, hoy apenas supera el 25%.
La sobrecarga de gasto debido a la vivienda, cuando es en propiedad, no llega al 9%. En el alquiler, cuatro de cada 10 destinan el 40% de sus ingresos y una quinta parte dedica más del 60%.
Pese a su importancia, enfatizan, la vivienda representa una de las partidas minoritarias del gasto público, en clara contracción desde finales de los años noventa y, sobre todo, a partir de 2008. Este reducido gasto público en vivienda tiene su reflejo en los bajos porcentajes de vivienda de alquiler social respecto al total de viviendas. En 2020, se situaba en apenas el 1,1%.
Según el Observatorio de Vivienda Asequible de la Asociación Provivienda, el problema de la vivienda asequible afecta en España a 4,5 millones de personas, que se encuentran en situación de exclusión residencial.
La brecha de género
La situación del mercado laboral, lógicamente, es otro de los aspectos basilares para calibrar la calidad de vida en un país. El análisis al respecto de Fuhem, por ser anterior, no tiene en cuenta los efectos de la reforma laboral. Sí determina, no obstante, una serie de rasgos que, quizá apocados, pero siguen estando presentes.
El trabajo remunerado en España, señalan, tiene un carácter muy estacional y una estrecha ligazón a la coyuntura de la crisis económica. Eso ha provocado un descenso en el número de horas extraordinarias y la prevalencia de las horas no pagadas frente a las pagadas a partir de ese momento.
La duración media de la vida laboral se viene incrementando, hasta los 35,2 años (2018), especialmente por el aumento de la vida laboral en las mujeres, así como el crecimiento de la edad media de jubilación.
Básico para escudriñar en la brecha de género es el trabajo no remunerado: lo realizan principalmente mujeres (20% del tiempo total frente al 10% de los varones). Se refleja especialmente en lo que tiene que ver con los trabajos rutinarios del hogar (11% femenino frente al 4% masculino), los cuidados (4% frente al 2%) y las compras (2,2% frente a 1,4%).
Los trabajadores pobres
Todo lo anterior, indican, provoca que el 27% de la población española se encuentre en riesgo de pobreza o exclusión social. Este porcentaje se ha incrementado un 16% desde 2008, superando el umbral de los 13 millones de personas afectadas.
La pobreza infantil afecta en España a uno de cada tres niños menores de 16 años, siendo ya el tercer país con mayor tasa de pobreza infantil de toda la UE.
La precariedad laboral, resaltan, «reduce derechos e impide garantizar una vida digna para amplios sectores de la población». En torno al 15% de la población ocupada de España, pese a tener trabajo, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
La desigualdad ha aumentado considerablemente en los últimos lustros, sobre todo por la concentración del ingreso y la riqueza en los más ricos. Entre 2012 y 2019, la participación en la renta nacional del 1% más rico se incrementó en casi cuatro puntos porcentuales, superando en 2019 en 2,7 puntos los ingresos salariales del 50% de la población con menor renta.
Salud mental: España, a la cabeza en el consumo de tranquilizantes y antidepresivos
¿Hay calidad de vida en España? Las cifras anteriores ponen muy en entredicho una respuesta afirmativa. Y una de las principales consecuencias de la (mala) calidad vital es su afección en la salud mental.
Como asevera Fuhem en uno de los últimos apartados del estudio, el modo predominante de producir y consumir ha puesto la vida bajo la tiranía de la eficiencia. Las pulsiones sociales terminan por socavar la soberanía temporal, menoscabando la autonomía y la salud de las personas.
Entre los síntomas de esta sociedad del rendimiento se encuentran el cansancio y el padecimiento de numerosos malestares sociales (ausencia de las condiciones adecuadas para un buen descanso, ansiedades, depresiones, etc.).
España se encuentra entre los países con un mayor nivel de consumo de tranquilizantes y antidepresivos. Esta tendencia que se muestra imparable en las dos últimas décadas. El 10,7% de la población española toma tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir (con mayor intensidad entre las mujeres). Lo mismo ocurre con el 5,6% de la población que ingiere antidepresivos o estimulantes.
La forma y ritmos de vida, continúan, están afectando a los vínculos sociales, aislando y fragilizando a las personas, de manera que está aumentando la soledad y el aislamiento social.
Se observa una creciente desconexión con el futuro “y su manifestación más extrema es la evolución creciente de las tasas de suicidio en las últimas seis décadas”.