EL indulto de los terroristas internacionales Luis Posada Carriles, Pedro Crispín Remón Hernández, Gaspar Jiménez Escobedo y Guillermo Novo Sampoll fue negociado en Miami por Ruby Moscoso, hermana de la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, por una suma de 4 millones de dólares, afirman documentos publicados en Internet. También se revela que Posada Carriles […]
EL indulto de los terroristas internacionales Luis Posada Carriles, Pedro Crispín Remón Hernández, Gaspar Jiménez Escobedo y Guillermo Novo Sampoll fue negociado en Miami por Ruby Moscoso, hermana de la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, por una suma de 4 millones de dólares, afirman documentos publicados en Internet.
También se revela que Posada Carriles usó documentos falsos, facilitados por la Embajada norteamericana en Panamá, para salir del país istmeño.
Los textos, titulados Todas las corrupciones y sobornos en el indulto de Panamá de los cuatro anticastristas y La implicación del ex jefe de la Policía panameña, los anticastristas de Miami y el Gobierno norteamericano en la liberación de los cuatro anticastristas indultados en Panamá, firmados por Raúl Gómez, han sido divulgados por el sitio web Rebelión unos días antes de la «reaparición» de Posada en la Florida. Su contenido corrobora varias informaciones que circulaban tanto en Panamá como en Miami desde la controvertida liberación del 26 de agosto.
La publicación revela que el dinero fue entregado a las hermanas Moscoso, bajo forma de pago de transacción comercial, a través de un banco de Liechtenstein, el paraíso fiscal europeo. La operación fue dirigida por Pedro Gómez, cubanoamericano vinculado a la Mellon United National Bank, de Miami, quien también se encargó del pago de los honorarios a los defensores panameños, encabezados por el narcoabogado Rogelio Cruz, bien conocido por el nivel de sus exigencias financieras.
Gómez formó parte de un denominado Comité Pro Libertad de los Hermanos Presos en Panamá que hacía recaudaciones para sufragar los gastos del proceso judicial. El «banquero» es miembro del movimiento dirigido por Ramón Saúl Sánchez, cuyas hazañas en la organización terrorista Omega 7, junto a Pedro Remón, son bien conocidas.
El autor del documento precisa que, durante su visita a Panamá, en marzo del 2004, en ocasión del juicio de Posada y sus acólitos, Gómez se jactó, en un lujoso restaurante de la capital istmeña, de que ya tenía la certeza de que los 4 terroristas serían liberados. «De cualquier manera, los muchachos estarán libres antes que acabe el año», afirmó.
EXTRAIDOS DE SUS CELDAS A LAS 4:30 DE LA MAÑANA
Desde las 00:00 horas del día 26 de agosto se montó un impresionante dispositivo de seguridad alrededor de la prisión panameña El Renacer con unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) y cuerpos elites de la policía. En la institución carcelaria se encontraba en ese momento su director, el Sr. Carlos Arjona. A las 4:30 (hora local) de la madrugada del 26 de agosto, Posada y sus tres cómplices miamenses fueron extraídos de El Renacer, a unos 40 kilómetros al Sureste de la capital. Fueron conducidos encapuchados hacia el aeropuerto local de Albrook. Ahí abordaron una avioneta hasta el aeropuerto internacional de Tocumen, donde les esperaban dos avionetas que habían llegado en la mañana del miércoles 25, que les llevaron a San Pedro Sula, en Honduras.
El operativo especial para sacar a los indultados fue dirigido personalmente por Carlos Barés, ex jefe de la Policía Nacional.
Los aviones fueron fletados y pagados por conocidos capos miamenses, entre ellos se menciona a Leopoldo Fernández Pujals, Jorge Mas Santos, de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), el terrorista Santiago Alvarez y miembros del llamado Consejo para la Libertad de Cuba (fracción de la FNCA), lo que no excluye la intervención monetaria del Gobierno norteamericano y el asesoramiento de sus servicios especiales.
FALSA DOCUMENTACION FACILITADA POR LA EMBAJADA DE EE.UU.
En vísperas del indulto, el narcoabogado Rogelio Cruz informó a Barés que Posada poseía documentos falsos facilitados por los norteamericanos y que «con ellos podía salir de Panamá sin ningún tipo de problemas, siempre y cuando contaran con su apoyo».
La decisión de liberar a Posada y sus cómplices se ha acordado «en los primeros días de agosto» durante un consejo de ministros «por votación unánime» dejándole a la Presidenta «la posibilidad de fijar la fecha más conveniente».
Mireya Moscoso, cuyo mandato culminaba el 31 de agosto, firmó el decreto 317, emitido el 25 de ese mes, para conceder el perdón presidencial.
En la mañana del día 25 de agosto del 2004, se realizó una reunión en el Palacio de las Garzas, sede del Gobierno, convocada por la Moscoso, donde se determinaron los detalles del operativo para la salida encubierta. A su llegada, ambos oficiales fueron recibidos por la Primera Dama de la República y hermana de la presidenta, Ruby Moscoso.
POWELL Y REICH INTERVINIERON
El texto afirma que «según fuentes con acceso directo a la presidencia», el entonces secretario de Estado norteamericano Colin Powell, durante su visita a Panamá en diciembre del 2003, trató con Moscoso el tema de Posada Carriles y le manifestó que era interés del Gobierno norteamericano que los terroristas fueran «favorecidos en el proceso legal».
Powell «fue para comunicarle ‘de boca a oído’ que a Bush le interesaba que los cubanos presos fueran juzgados como reos en ausencia». Esta información fue reflejada entonces por el diario panameño El Siglo. Anteriormente, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) panameño celebrada a finales del 2003, la embajadora norteamericana, Linda Watt, intervino a favor de una solución al caso de Posada que no favoreciera a Cuba.
El 20 de enero del 2004, Otto Reich, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió en la Embajada norteamericana en Panamá con el coordinador del CSN, quien le aseguró «que la presidenta Mireya Moscoso indultaría a los terroristas antes de septiembre».
Moscoso se reunió con Reich el 21 de enero. Uno de los abogados de Posada afirmó luego que el canciller Harmodio Arias le había confesado que Reich solicitó que los extremistas fueran liberados.
En otra oportunidad, Mayín Correa, ex alcaldesa y locutora de la emisora KW Continente, confirmó esa información, precisando que Mireya Moscoso se comprometió a ponerle fin al proceso una vez que fuera dictada la sentencia.
En ese mismo período, circuló en Miami una información según la cual Otto Reich lo había «arreglado todo».
Sin embargo, Moscoso, en agosto del 2004, al negar la existencia de un plan de indulto, afirma: «No lo había pensado, pero ahora lo voy a pensar».
El documento señala, por otra parte, que la ex Presidenta hizo, a finales de junio del 2004, «un viaje privado a Miami» y que recibió «fuertes presiones» por parte de funcionarios de la Administración de Bush y de los grupos extremistas cubanoamericanos de esa ciudad. En Panamá es bien conocida su decisión de radicarse en Miami, donde vivió ya 10 años.
Según el texto, Moscoso ha recibido, además de la suma millonaria manejada por su hermana, un automóvil de marca Lincoln Town Crown 2005, valorado en 125 000 dólares.
Desde septiembre, Moscoso ha sido objeto de varias acusaciones por la malversación de $23,4 millones de los fondos discrecionales de la presidencia y de $45 millones donados por el Gobierno de Taiwán durante su mandato (1999- 2004).
La prensa panameña ha publicado parte de los gastos millonarios que hizo la ex Presidenta en los que aparecen compras de joyas y finos vestidos, viajes y regalos que, en total, llegarían a $23 millones.
UN VISITANTE LLAMADO «JOHN»
. EN agosto del 2002, visitó a los presos un norteamericano llamado John. El ex jefe de la Policía panameña, Carlos Barés, puso entonces un carro con un cabo de la Policía de chofer a la disposición de ese individuo. El referido John salía y entraba de la cárcel sin tener que pedir permiso, tal cómo hacía en la sede de la Policía y en la embajada norteamericana. A petición de Leopoldo Fernández Pujals, el ex «Rey» español de la pizza, Barés facilitó la sede de la Policía para que supuestos funcionarios de la OEA se reunieran con los procesados, el 12 de febrero del 2004.