“Por el pago inmediato del Ingreso Mínimo Vital”; “Por una Renta Básica de Emergencia”. El movimiento Campamentos Dignidad de Extremadura y la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad han convocado concentraciones en la puerta de las oficinas de la Seguridad Social de Mérida (Badajoz) –a partir del 16 de noviembre-, para reivindicar los […]
“Por el pago inmediato del Ingreso Mínimo Vital”; “Por una Renta Básica de Emergencia”. El movimiento Campamentos Dignidad de Extremadura y la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad han convocado concentraciones en la puerta de las oficinas de la Seguridad Social de Mérida (Badajoz) –a partir del 16 de noviembre-, para reivindicar los dos puntos citados. También manifiestan su rechazo a la actuación de los bancos, “que desvalijan -mediante el exagerado cobro de comisiones y la aplicación de descubiertos que superan el 10% de lo que perciben- los bolsillos de personas que cobran ayudas sociales, pensiones no contributivas o subsidios en muchos casos inferiores a 400 euros”.
El Gobierno de España (PSOE y Podemos) aprobó el pasado 29 de mayo el Real Decreto-Ley que ponía en marcha, en el contexto de la crisis por la COVID-19, un Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se anunció que llegaría a 850.000 hogares, a los que se garantizaba una prestación entre 441 euros (persona adulta que viva sola) y 1.015 euros mensuales (dos adultos y tres o más menores). El Ministerio de Seguridad Social informó el 16 de octubre que había recibido más de un millón de solicitudes en cuatro meses y “reconoció” el ingreso mínimo a 136.000 hogares (13,6%). Con datos de un mes antes, el 14 de septiembre, el ministerio reportaba en una respuesta parlamentaria al senador de la coalición Compromís, Carles Mulet, 837.333 solicitudes, de las que 720.483 estaban pendientes de tramitación.
Frente al “fracaso”, la “ineficacia” y la “insuficiencia” en la resolución y el pago del IMV, la Marea Básica organizó el 15 de septiembre concentraciones en Madrid, Mérida, Badajoz, Córdoba, Valladolid, Zaragoza, Teruel, Lleida o Valencia, entre otras ciudades. Los activistas reivindicaron una Renta Básica de Emergencia de 750 euros mensuales por adulto y 150 euros por menor con carácter universal, incondicional e inmediato. Además criticaron el “colapso” de la Seguridad Social y las múltiples barreras burocráticas: dificultades para las tramitaciones informáticas, largas colas en las oficinas de atención, la complejidad de los formularios y en la documentación exigida o por la brecha digital.
Reclamaciones similares se produjeron en los paseos descentralizados del 10 de junio, con paradas -en el caso de Madrid- en el Ministerio de Inclusión y el Congreso de los Diputados. “La exclusión tiene vacuna. Se llama Renta Básica ¡Ya!”; “Una vida digna para todos = una renta básica” y “#Cumple Carta Social. No a los juegos del hambre”, defendían los carteles. Miembros de Marea Básica también entregaron, de manera simbólica, solicitudes del IMV en las oficinas de atención ciudadana de diferentes comunidades autónomas.
Además el 20 de junio la marea salió a la calle con las más de 500 organizaciones que integran la Campaña Plan de Choque Social y que exigen –desde el inicio de la pandemia- una renta básica incondicional, la derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE, la prohibición de los desahucios o la regularización inmediata de las personas migrantes.
La Marea Básica compara el presupuesto de 3.000 millones de euros anuales anunciado para el IMV, con las pérdidas -91.600 millones de euros, según el sindicato Gestha- que el fraude fiscal causa cada año en las arcas públicas; los 32.000 millones de euros destinados al gasto militar y de control social (Grupo Antimilitarista Tortuga, 2019); los 65.000 millones de euros del “rescate bancario” tras la crisis de 2008 o las aportaciones anuales del Estado español a la iglesia católica, 11.000 millones de euros (Europa Laica).
El IMV tiene 2,3 millones de potenciales beneficiarios, sostiene el Gobierno de España; pero en 2019, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el 25,3% de la población española (11,8 millones de personas) estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social y el 49,3% tenía algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes. Asimismo, según informa el Ministerio de Derechos Sociales, el número de perceptores en 2019 de las rentas mínimas de inserción autonómicas fue 697.124 (titulares de la prestación y miembros dependientes), con una cuantía media de 486 euros (prestación básica mensual por titular). “Sólo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia de las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas”, concluye la Red.
En el prólogo de Marea Básica contra el paro y la precariedad (El Viejo Topo, 2017), el historiador Víctor Ríos sitúa el origen del movimiento en marzo de 2015, a iniciativa de colectivos que promovieron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Renta Básica en 2013 (se recogieron más de 120.000 firmas en un año); y que participaron en las Marchas por la Dignidad del 22-M de 2014 (en la manifestación de Madrid, las marchas reunieron a centenares de miles de personas para pedir pan, techo y el impago de la deuda).
La Red Renta Básica caracteriza esta asignación monetaria como “pública”, “incondicional” y a la que tiene derecho toda la población, “incluso si no quiere trabajar de forma remunerada y sin tomar en consideración si se es rico o pobre”. Con esta propuesta, el 10 de marzo de 2018 la marea inició en el municipio de Mansilla de las Mulas (León) una marchaa pie de más de 350 kilómetros, respaldada por un centenar de colectivos; la movilización concluyó 14 días después con una manifestación en Madrid y la entrega de un documento a los grupos parlamentarios, titulado “¡Basta de pisotear al pueblo! ¡Renta Básica y derechos sociales ya!”. Otra actividad destacada es la Escuela Básica de Verano, que este año celebró de manera virtual la sexta edición.
Desde el inicio de la lucha, el colectivo de precarios denuncia el incumplimiento de la Carta Social Europea (CSE) por parte del Estado español. Entre otras razones, porque –tal como interpreta el Comité Europeo de Derechos Sociales, que vigila el cumplimiento de la Carta- las prestaciones mínimas deben situarse por encima del umbral de la pobreza (750 euros mensuales para hogares de una persona en 2019). La campaña de la marea promueve con este fin charlas, talleres informativos, protestas en la calle, reclamaciones en las oficinas de las administraciones públicas y por la vía judicial.
Existen precedentes favorables. En junio de 2018 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid dio la razón a un ciudadano en paro, Esteban García, perceptor desde 2012 de una prestación por subsidio de 426 euros mensuales; el fallo judicial le reconocía el derecho a que las prestaciones superen en renta el umbral de la pobreza, tal como establece la CSE, documento que teóricamente garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales.
El Consejo de Europa aprobó la Carta Social Europea en 1961 y la versión revisada en 1996; el estado español ratificó la Carta original en 1980, pero no la revisión del documento. Fue el pasado 10 de noviembre cuando el Gobierno aprobó el Acuerdo que remite a las Cortes Generales la Carta Social revisada, con lo que se iniciaba el proceso de ratificación. Sin embargo, la Marea Básica y otras organizaciones sociales critican que el Acuerdo excluya un punto medular, el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, que permite a sindicatos y ONG denunciar a los Estados –ante el Comité Europeo de Derechos Sociales- por el incumplimiento de la Carta. Sin este mecanismo, sostienen los colectivos sociales, se trata de una “carta mojada”.
Otro de los frentes es la iniciativa ciudadana europea para implantar una renta básica incondicional en toda la UE: se requieren un millón de firmas durante un año –el plazo expira el 25 de septiembre de 2021- para que la Comisión y el Parlamento europeos tomen en consideración la propuesta. Mientras, la Marea Básica continúa batallando en la calle; el 18 de noviembre frente a las oficinas de la Seguridad Social en municipios y distritos de Madrid -Torrejón de Ardoz, Getafe, Carabanchel San Blas-Canillejas y Fuencarral-, por la renta básica de emergencia y la observancia de la CSE. “Seguiremos hasta que nos escuchen”, afirman.