Cuando se presentan los Presupuestos Generales del Estado, el ministro de Defensa de turno insiste en que el multimillonario gasto dedicado a la compra de armamento genera empleo. Pero, como apuntan los autores, una comparación de los puestos creados en lo militar y en otros ámbitos permite cuestionar el relato dominante.
Las inversiones militares, habitualmente, se justifican por los puestos de trabajo que generan. Tenemos un último ejemplo en la base logística del Ejército de Tierra. Varios municipios competían para acoger la instalación y, finalmente, el Ministerio de Defensa decidió instalarlo en Córdoba, pues era la opción que ofrecía más ventajas. La elección de esta ciudad como sede de la base ha tenido el apoyo de todos los sectores políticos, económicos y universitarios de la ciudad. Incluso la izquierda política se ha sumado a la iniciativa municipal sin apenas debate. No se ha cuestionado la iniciativa, al menos públicamente.
La base forma parte del plan de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército de Tierra que pretende concentrar los actuales doce centros logísticos del Ejército de Tierra en tres. Se estima que la futura base cordobesa requerirá una inversión de 350 millones de euros. El Ayuntamiento de Córdoba aprobó una asignación de 28 millones de euros (con la correspondiente modificación del presupuesto municipal). La Junta de Andalucía se comprometió a aportar 100 millones en el proyecto. Todo ello con el objetivo, según dicen, de “crear ocupación”.
Es muy significativo que, en la nota de prensa de la Moncloa en que se anuncia la construcción de la base, un recuadro bien visible destaque que la base “contribuirá a la creación de más de 1.600 puestos de trabajo”.
Cuando se presentan los Presupuestos Generales del Estado, el ministro de Defensa de turno, sea del PP o del PSOE, insiste en que el multimillonario gasto dedicado a la compra de armamento genera empleo. También se apela a la creación de empleo para justificar las exportaciones de armas, incluso las más controvertidas. La industria militar, y quien la promueve, insisten en la generación de ocupación de su actividad. Todo ello, seguramente, para contrarrestar, acallar o atenuar el mayoritario rechazo que provoca entre la población civil la fabricación de armas. Lamentablemente, por regla general, lo consiguen.
Cualquier inversión industrial genera empleo. Si bien esto no es suficiente, en muchos casos, para justificar determinadas actividades, como por ejemplo aquellas que tienen repercusiones indeseables para las personas o el medio ambiente. En ocasiones, afortunadamente, algún proyecto se ha paralizado justamente por algunas de estas razones gracias a la denuncia y la presión de la sociedad civil organizada.
Todo actor económico, también el militar, debería rendir cuentas a la sociedad de sus actividades. Y, si bien es cierto que las inversiones militares generan empleo, se debería incluir en su evaluación los efectos perjudiciales para las personas y el medio ambiente que provocan. No podemos olvidar los efectos directos de la utilización de las armas (personas muertas, heridas, inválidas, con secuelas físicas y psíquicas, etc. así como graves daños al medio ambiente). Pero, además, el impulso de la industria militar acrecienta la militarización de la sociedad, de manera que se fomenta la resolución de conflictos de manera armada y violenta, en lugar de la intermediación y la resolución pacífica de conflictos. Y estos efectos perniciosos, ¿cómo los evalúa la industria militar? ¿Sólo debe tener en cuenta los puestos de trabajo generados? Pero es que incluso esa tan esgrimida generación de empleo de la industria militar es cuestionable; veámoslo.
En un estudio elaborado por Heidi Garrett-Peltier, publicado por el Watson Institute de la Brown University se calculan los multiplicadores de empleo con la inversión de un millón de dólares en diferentes sectores, uno de ellos el sector militar. Los resultados son contundentes.
Así, por cada millón de dólares de inversión en el sector militar se generarían, según el estudio, 5,8 puestos de trabajo en la industria militar y otros 1,1 empleos indirectos que, mayoritariamente serian puestos de trabajo asociados a la cadena de suministro. Es decir un total de 6,9 puestos de trabajo por cada millón de inversión.
En cambio, si la misma inversión se realizase en el sector de las energías renovables, se crearían un total de 8,4 puestos de trabajo en el caso de la energía eólica y de 9,5 en el caso de la energía solar. La modernización para mejorar la eficiencia energética reportaría 10,6 puestos de trabajo por cada millón de dólares de inversión.
La inversión en infraestructuras (construcción de calles, carreteras, puentes, escuelas, edificios públicos, etc.) representaría la creación de 9,8 puestos de trabajo por cada millón.
La creación de empleo en los sectores de la educación y sanidad es aún mayor. Así, por cada millón de dólares de inversión se generarían 14,3 puestos de trabajo en el caso que la inversión fuese dirigida a la sanidad y de 19,2 si la inversión ser realizase en enseñanza primaria y secundaria.
Es decir, según el estudio que comentamos, una determinada inversión realizada en el sector sanitario genera un empleo 2,8 veces superior (¡casi el triple!) a la de la misma cantidad invertida en el sector militar.
Así pues, según este informe, si el objetivo de una inversión es la creación de empleo, las inversiones en el sector militar son la peor opción. Es sorprendente que en la discusión de las inversiones militares no se tenga en cuento este hecho.
En el Estado Español, la industria de las armas juega un papel importante. Durante las últimas décadas, España ha sido uno de los mayores exportadores mundiales de armas. Según datos del Sipri, España ha sido el séptimo mayor exportador de armas en el periodo 2016-2020. Pero su actividad exportadora en otros sectores no es tan relevante, según datos del Banco Mundial, España ocupa el lugar 16 de los mayores exportadores del mundo.
¿Por qué el Estado español ocupa un papel tan destacado en la exportación de armas mientras se sitúa en un puesto más rezagado en el conjunto de las exportaciones? La respuesta radica en el notorio apoyo que han realizado los diferentes gobiernos, sean del PP o del PSOE, a las exportaciones de armas. Apoyo que ha contado incluso con la intervención directa de la Casa Real. La industria armamentística es pues una cuestión de Estado. Seguramente, estar entre los principales exportadores de armas tiene, para España, un valor geoestratégico y le dota de prestigio internacional entre sus aliados. No se trata, pues, únicamente de generación de empleo.
Recordemos que algunas de estas exportaciones, como las realizadas a Arabia Saudí, son especialmente controvertidas y han sido denunciadas por varias organizaciones, pues creen que tendrían que ser consideradas ilegales si nos atenemos a la legislación española y europea sobre exportación de armas. Y no podemos olvidar la corrupción relacionada con el comercio de armas; citamos como ejemplo el caso de la empresa Defex (el 51% controlado por el Estado a través de la SEPI) de venta de armas a Arabia Saudí.
Las inversiones públicas deben perseguir el bien público y la mejora de la vida de las personas y la conservación (y reparación) del medio ambiente. Invertir en sectores como educación, sanidad, energías renovables, infraestructuras, satisfarían les necesidades y demandas de la población y generarían muchos más puestos de trabajo que la misma inversión destinada a la industria militar. Además las inversiones militares provocan un coste de oportunidad, es decir merman los beneficios que se obtendrían si la inversión se dirigiese a otros sectores que crearían mayor número de puestos de trabajo.
Además ¿realmente necesitamos tantas armas? La reciente pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad del sector sanitario, asistencial y educativo en el Estado español. ¿No sería más beneficioso para la población invertir en estos sectores en lugar de en el sector militar? Teniendo en cuenta la situación actual, inmersos en una crisis social y ambiental, ¿no sería más oportuno invertir en la rehabilitación de viviendas, instalación de energías renovables, contratación de más profesorado y personal sanitario? De esta manera, además de generar más puestos de trabajo mejoraría la calidad de vida de las personas.
Teresa de Fortuny, Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
Xavier Bohigas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau.