Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull
A juicio del relator de la ONU de Derechos Humanos a quien corresponde examinar si se garantizan los derechos humanos en la lucha antiterrorista, el delito de enaltecimiento del terrorismo no es claro y debería ajustarse.
Martin Scheinin (Helsinki, 1954) ha contestado a las preguntas de Berria en un breve espacio de tiempo después de pronunciar en la Universidad del País Vasco la conferencia que tenía como tema la lucha antiterrorista y los derechos humanos. Muestra disponibilidad y habla de modo agradable y serio al mismo tiempo, y sabe mantener la diplomacia. Evita sumergirse en acusaciones graves y cuestiones espinosas.
En el informe sobre si se respetan o no los derechos humanos ha alertado de que en España el concepto de terrorismo se emplea de modo excesivamente amplio. Y de que, en su nombre, pueden producirse conculcaciones de derechos fundamentales. ¿Por qué lo dice?
Veo bien la definición que se da del terrorismo en el artículo 571 del Código penal español. El problema es que los artículos siguientes amplían la definición y, a mi juicio, que la amplían demasiado. El margen de interpretación que se deja en torno a, sobre todo, el enaltecimiento del terrorismo, la kale borroka y la colaboración es demasiado amplio. Esa extensión puede implicar problemas en la práctica. Actualmente, algunos colectivos o personas pueden ser estigmatizados con la etiqueta de terroristas a pesar de que, en rigor, no lo sean.
¿Qué es colaborar con una organización armada o enaltecer el terrorismo? ¿Cómo debe interpretarse?
A mi juicio, en lugar de enaltecimiento debería recogerse el término incitación. Y la incitación debería tener dos componentes: por un lado, la intención; querer que otro cometa un delito. El otro componente es objetivo; debe haber un peligro real de que esa otra persona cometa ese delito. Deben considerarse ambos elementos. Eso, en mi opinión, sería suficiente para resolver los problemas existentes.
En ese sentido, existe polémica con el conflicto de los fotografías de presos. ¿Puede considerarse delito, por ejemplo, mostrar fotografías en protestas en defensa de los derechos de los presos o tenerlas en bares o lugares privados?
Mi punto de partida y mi opinión es que los familiares muestran esas fotografías por motivos humanitarios. Porque defienden los derechos de sus familiares. Ése debe ser el punto de partida para analizar la cuestión. Por tanto, como las fotografías de presos se exhiben por motivos humanitarios, la exhibición, en sí misma, no puede ser delito. Eso no sería enaltecer el terrorismo o, mejor dicho, incitar a delinquir. En cualquier caso, eso no significa que en todos los casos sea así, pero, en propiedad, la presunción debe ser ésa.
Reconozco que puede haber un lenguaje simbólico. Por ejemplo, utilizar cruces gamadas o esvásticas nazis, eso es lenguaje simbólico y puede prohibirse. Se ha pensado en que aparezca una cruz gamada en una comunidad judía o en un bar o local judío. Eso se puede prohibir. Algunas fotografías o carteles pueden estar dentro de ese lenguaje simbólico. Pero para que pueda pensarse eso debe haber dos elementos: intenciones de incitar a delinquir mediante esos carteles y peligro real de materializar esa incitación en delitos. Sin esos dos elementos no puede decirse que haya incitación. Puede ser un lenguaje o un gesto desagradable, pero no es incitación y, por tanto, no es delito.
Ha dicho que para que una acción sea delictiva debe establecerse previamente de modo claro que esa acción es delito. Lo de las fotografías es un ejemplo; la ley tampoco precisa claramente qué es «enaltecer el terrorismo» o colaborar con él; con la doctrina Parot de repente les han alargado los períodos de encarcelamiento a los presos, sin conocimiento previo. ¿Son aceptables situaciones así? ¿Puede hacerse algo ante eso?
La gente tiene que interponer recursos en esos casos. No existe un medio rápido para hacer frente a esa extensión de la definición. Hay que interponer recursos. Yo soy partidario de recurrir al derecho internacional. Existen otros modos de acción al margen de los estados. Hay que acudir a ellos: interponer recursos fuera del estado.
¿Dan fruto esas vías?
La cuestión es mantener el tema vivo. Si no le hacen caso, tiene que presentar nuevamente el problema y quizás haya algún tribunal o comisión internacional que acepte sus argumentos.
Ha propuesta la creación de un tribunal a escala internacional especializado en la protección de los derechos humanos en la «lucha contra el terrorismo». ¿Por qué? ¿Cuál sería su función?
A mi juicio, ese tribunal resolvería muchas cosas, y estoy trabajando a fondo en la realización de ese proyecto.
¿Iría más allá que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo? ¿Qué diferencia tendría?
Sí, iría más allá. Si mi proyecto saliera adelante, ese tribunal, además de violaciones cometidas por los estados, examinaría las que puedan cometer otras organizaciones. Las de los piratas de Somalia, por ejemplo, o las violaciones cometidas por grupos terroristas.
¿Qué opina de la Ley de partidos? Han ilegalizado a muchos partidos y organizaciones sociales.
A mi juicio, es contraria al derecho de participación política y debería revisarse.
Se prevé que el juicio contra Egunkaria empiece en noviembre. ¿Qué opina del sumario?
No opino sobre sumarios que aún están por juzgar. Tampoco entré en mi informe por eso mismo. Tengo noticia de la situación, pero de momento no puede opinar.
Los relatores internacionales han pedido una y otra vez a España que elimine la incomunicación, pero ésta ha hecho oídos sordos. ¿Pueden darse más pasos?
Nuestra responsabilidad es recordar a España que existen unos compromisos internacionales y que el sistema de incomunicación no es compatible con ellos. Que no es aceptable. Se lo tenemos que recordar una y otra vez. Concretamente, en el caso de España el sistema de incomunicación es lo que me parece más preocupante.
Después del 11 de septiembre, la balanza entre seguridad y libertad a escala internacional se ha decantado en favor de la seguridad, en detrimento de la libertad y los derechos. ¿Cree que ha empezado a dársele la vuelta? ¿Que el equilibrio cambiará en la época de Obama?
Soy optimista, pero para resolver el embrollo causado en ocho años se necesitarán 30. Es necesaria toda una generación. También técnicamente costará mucho darle la vuelta a eso, porque cuesta mucho eliminar los artículos y los poderes especiales del sistema de seguridad y agencias que crearon.
Berria , 6 de octubre de 2009