El debate sobre la financiación autonómica que se viene celebrando entre los partidos sostenedores del régimen borbónico en Extremadura, PP y PSOE, es un debate que tiene como eje central las ideas impuestas por la derecha y extrema derecha sobre la financiación de Cataluña.
Sin embargo, quizás el problema más importante que discutir “No es de cómo se redistribuye el dinero desde Madrid entre las diferentes comunidades autónomas, sino quién se apropia de esa riqueza. De lo que no hay dudas es de que quien sale beneficiado de la redistribución de esos fondos públicos por el Estado español es la burguesía, en detrimento de las clases populares. La burguesía, los dueños de los grandes medios de producción y distribución se apropian de la mayor parte del pastel que recauda la hacienda pública del estado español diseñada para sostener a unas élites financiando su dominación con la utilización de los impuestos pagados por la clase trabajadora.
El gobierno de Extremadura en manos del PP, al igual que con el PSOE, no tiene soberanía, se mueve siguiendo los hilos que habilitan las leyes y normas dictadas desde Madrid, y subordinado a las decisiones que les imponen las direcciones de sus partidos; La situación presupuestaria de la región tiene una dependencia directa de los fondos que llegan del estado y de Europa, siendo el total de transferencias corrientes y de capital superior a los 4.000 millones de euros, casi el 50 % de los presupuestos de la Comunidad Extremeña (8.127.109.106); sin embargo, el PP extremeño anula y reduce los impuestos a los ricos (Patrimonio y sucesiones) en una cantidad de casi 11 millones de euros, cuando lo que habría que eliminar son los impuestos indirectos, como el IVA, que se incrementaron en este año en más de 130 millones de euros, impuestos que son particularmente injustos para las clases populares.
El caso es que somos una de las comunidades autónomas más pobres y con mayores índices de exclusión social del estado español. Todo esto no es algo casual sino es el resultado del modelo económico que desde hace años impera en la región determinando una emigración de mano de obra, especialmente joven, y una salida de materias primas para su transformación fuera de nuestro territorio.
Algunos datos del estudio de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, sintetizado por la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social ( tasa Arope), indicador que agrupa el porcentaje de población que se encuentra en situación de riesgo de pobreza, en privación material severa, y que vive en hogares con una intensidad de trabajo muy baja.
El número total de parados en Extremadura se situó en 70.550 personas en el mes de agosto de 2024, aproximadamente un 16- 17 %. Si se tiene en cuenta el paro por sexos, en el mes de agosto de 2024 se contabilizaron 25.170 de hombres desempleados, frente a las 45.380 mujeres paradas.
El porcentaje de la tasa de exclusión social se aproximan a un 34 % de la población extremeña, estamos en los primeros puestos del estado español. En términos absolutos, unas 360.000 personas residentes en Extremadura están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Es decir, personas que viven con bajos ingresos sin alcanzar el 60 % del SMI, aunque reciban ayudas sociales del Estado, y que en general, son personas con una privación material severa y cuya vida se desarrolla en hogares en donde el empleo entre quienes lo integran es muy bajo.
Según las encuestas del INE el 10,7% de los hogares de Extremadura manifestó llegar a fin de mes con «mucha dificultad». Algunos datos revelan que el 42,2% de los hogares de la Extremadura no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 40,1% de los hogares no se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. más del 20 % no puede encender la calefacción todo lo que sería recomendable; los retrasos acumulados en el pago de la vivienda llegan al 10 % de la población, mientras que más del 7 % de hogares no pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días son otros de los indicadores.
Con pocas variaciones respecto al año 2023 la tasa de pobreza severa en Extremadura es del 9 %, algo más de 100.000 personas tienen unos ingresos que no alcanzan un umbral del 40 % de la mediana de renta nacional; esto es, porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de unos 560 € mensuales por unidad de consumo, unos 278 euros por unidad para una familia de 4 miembros.
El indicador BITH, que hace referencia a la intensidad de empleo en los hogares para una población menor de 65 años pone de relieve que el 11% de los hogares de Extremadura, es decir, más de a 100.000 personas, viven en hogares con baja intensidad de empleo
Otros datos, de las aproximadamente 240.000 pensiones que se reciben en Extremadura, el 39,8 %, es decir, dos de cada cinco, recibe una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. En términos absolutos unas 95.000 personas. Además, el 49,0 % de las pensiones de viudedad, la inmensa mayoría correspondientes a mujeres, tienen un importe inferior al umbral de pobreza, como también lo tienen, aunque relativamente son pocas, el 73,4 % de las pensiones de orfandad. Finalmente, debe destacarse que para el 13,3 % del total, el importe de su pensión es inferior al umbral de pobreza severa (renta inferior a 480 €, y la cifra alcanza al 22,2 % en el caso de las prestaciones por viudedad.
Todos estos datos muestran la importancia de las pensiones en la generación de pobreza en Extremadura. Desde hace unos años, la Junta de Extremadura viene concediendo una paga única de 260 euros en el mes de abril a las pensiones de jubilación y viudedad, en su modalidad no contributiva. Estas pensiones no contributivas están en 518 euros por mes, en 14 pagas, por lo que la ayuda tiene poca influencia en la mejora de la calidad de vida de estas personas. La lucha de las asociaciones de pensionistas por unas pensiones dignas no ha sido atendida por el gobierno de coalición progresista, más entretenido en destinar miles de millones a armar a Ucrania y a la compraventa de armas a Israel para el genocidio palestino.
En definitiva, el fondo de estas encuestas nos lleva a considerar que la clase trabajadora regional viene sufriendo unas condiciones laborales precarias y bajos salarios, cuyos efectos vienen a traducirse en pensiones que no alcanzan a proporcionar un bienestar. Además, tenemos una administración con poca capacidad política para hacer frente a la creciente dificultad para cubrir las necesidades básicas de la población trabajadora como la falta de viviendas, y de comabatir la inflación, recurso habitual que siguen las grandes superficies que dominan el mercado gracias a la concentración de poder; el control del comercio en unas pocas manos les da la ventaja de fijar precios altos para los productos básicos. Mientras tanto, el pequeño y mediano comercio ha sido prácticamente expulsado del sector, lo que deja a las clases trabajadoras sin opciones más asequibles para adquirir bienes de primera necesidad. Este panorama desolador plantea la urgente necesidad de un cambio estructural en las políticas económicas y sociales de quienes gobiernan la región.
A la clase obrera no le queda otra salida que organizarse para construir un sistema donde se prioricen las necesidades de la mayoría y no los beneficios económicos de una minoría parasitaria y criminal, es decir, trabajar por un partido obrero y revolucionario cuya prioridad sea la construcción del socialismo, la planificación económica y la nacionalización de las grandes empresas de producción y distribución de las materias básicas para la vida.
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