Las asociaciones de víctimas del terrorismo hicieron público el pasado sábado un comunicado conjunto en el que, a la vez que expresaban su deseo de que el «alto el fuego permanente» proclamado por ETA presagie el fin de la organización terrorista, manifestaban algunas consideraciones políticas que iban bastante más allá de ese plausible deseo. Dentro […]
Las asociaciones de víctimas del terrorismo hicieron público el pasado sábado un comunicado conjunto en el que, a la vez que expresaban su deseo de que el «alto el fuego permanente» proclamado por ETA presagie el fin de la organización terrorista, manifestaban algunas consideraciones políticas que iban bastante más allá de ese plausible deseo.
Dentro de esas consideraciones, figuraba una que sostenía que «el final del terrorismo no puede conducir a la frustración de las aspiraciones de justicia de las víctimas». Lo afirmaba como si se tratara de una evidencia. Y no lo es.
Aclaremos, para empezar, que cuando dice «no puede» lo que quiere decir es «no debería». Porque lo que es poder, puede. Está sobradamente acreditada la capacidad de los poderes públicos para frustrar los deseos de justicia de toda suerte de víctimas en razón de intereses superiores, reales o supuestos.
Hay muchos miles de conciudadanos nuestros que lo saben muy bien, por triste experiencia personal. La tan festejada Transición española encontró uno de sus principales fundamentos en el pacto implícito por el que se decidió dejar a beneficio de inventario todos los crímenes cometidos por la dictadura franquista, renunciando a exigir responsabilidades no sólo a quienes los cometieron, sino incluso a los que amasaron cuantiosas fortunas aprovechándose de ellos. Y no estamos hablando de 800 muertos, sino de cifras seguidas de bastantes ceros más, tanto en víctimas como en dinero. Asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas, robos, expropiaciones ilícitas… todo ello realizado bajo el amparo del poder de un Estado impuesto por la fuerza de las armas.
¿Fue un ejemplo de responsabilidad histórica hacer borrón y cuenta nueva con todo aquello, pero sería inaceptable que ahora se aplicara un remedo de lo mismo? ¿Convenía entonces dejar de lado el rigor de la Justicia, pero sería una intolerable afrenta a los principios del Estado de Derecho ajustar ahora a las circunstancias la aplicación de la ley? ¿Fue necesario en aquel momento que prevaleciera la idea de que «a grandes males, grandes remedios» pero ahora ha de imponerse ineluctablemente el dura lex, sed lex ?
Muchas víctimas del franquismo siguen sin olvidar ni perdonar a sus verdugos, pero han tenido que amoldarse mal que bien a la evolución de los acontecimientos, por mucho que les haya dolido. Saben que los imperativos políticos suelen ser proclives a las injusticias. Pero es curioso: nunca he oído a quienes ahora subrayan cuán abominable sería frustrar las aspiraciones de justicia de las víctimas decir ni media palabra sobre el agravio padecido por las muchísimas víctimas que les precedieron en eso de ver frustradas sus aspiraciones de justicia.
Estaría bien que explicaran ese silencio. Me da que resultaría ilustrativo.