Tomo pie en la información de Jesús García publicada en la edición catalana del global-imperial y en informaciones afines [1]. La fiscalía de Barcelona (que inició su investigación el pasado febrero, después de recibir un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña) ha presentado una denuncia por las presuntas irregularidades de un contrato entre la […]
Tomo pie en la información de Jesús García publicada en la edición catalana del global-imperial y en informaciones afines [1].
La fiscalía de Barcelona (que inició su investigación el pasado febrero, después de recibir un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña) ha presentado una denuncia por las presuntas irregularidades de un contrato entre la Generalitat y una filial de Telefónica. Fue en abril de 2009.
El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), un organismo público que entonces dependía de Gobernación y ahora de Empresa (Felip Puig), «convocó un concurso público «meramente formal» para adquirir una aplicación que le permitiese ponerse al día sobre protección de datos». La fiscal del caso sostiene que «el ente» (los lectores de Heidegger y Aristóteles están infiltrados en todas las ramas de la Administración) ya había «decidido de antemano». ¿Qué había decidido de antemano? Que la primera multinacional del país, Telefónica, la del despótico Atila neoliberal César Alierta, la misma que despide a trabajadores por ponerse enfermos por causas justificadas y documentadas, iba a ser la adjudicataria.
La jugada tuvo, de hecho, mayor despropósito y peor alcance: la administración ayudó a Telefónica a conseguir el contrato pese a que la corporación no presentó inicialmente la mejor oferta. El Gobierno catalán declaró pretender hacerse con una herramienta -ECIJADPServer, la desarrollada por la empresa Ecija- para «adecuar los distintos departamentos» a la normativa sobre protección de datos personales». Los responsables «bucearon en el mercado y descubrieron que la empresa Écija disponía de un programa que, con unas mínimas modificaciones, cumplía los requisitos y necesidades para ser implantada en la administración autonómica». La empresa en cuestión había firmado con Telefónica «un acuerdo de exclusividad» para la distribución de la herramienta informática.
La Generalitat concertó con la empresa «el precio que debía pagar por la aplicación». Decidió, eso sí, para cubrir las apariencias, «convocar un concurso público por poco más de 200.000 euros». El objetivo del CCTI era «colocar esa herramienta en el catálogo de servicios e ir comprando la licencia a medida que recibiera los encargos de los distintos departamentos y organismos de la Generalitat». Así, pues, el acuerdo, señala la fiscalía barcelonesa, iba a dar lugar a «posteriores contrataciones derivadas».
Como la decisión ya se había tomado previamente y los pactos son los pactos, la Generalitat y Telefónica «convirtieron en simple apariencia los principios de transparencia, competencia y libertad de concurrencia». De forma tal que al concurso público se presentaron tres empresas: Dominion Tecnologías, GMV Soluciones Globales Internet y la filial de la compañía de don Alierta. ¿Quién resultó ganadora? Tachín-tachán: Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones. El 20 de septiembre de 2009, el ex director gerente del organismo público firmó la adjudicación definitiva a Telefónica. Con perfecto conocimiento de la arbitrariedad de la decisión, según fiscalía, ya que «estaba al corriente de todas las irregularidades» [2].
Hay más. Jordi Graña, un comercial que actuaba en representación de la gran corporación Timofónica, alertó de que se había fijado, por error, un precio superior al que se había pactado previamente. ¡Qué puntilloso! Se inició entonces y durante varias semanas «un intenso intercambio de correos» que han sido analizados por la Policía y la fiscalía. Ponen al descubierto, precisamente, la existencia del acuerdo previo. Los responsables del CCTI actuaron en «connivencia» con los de Telefónica para redactar una nueva oferta capaz de superar la de sus competidores. Los técnicos del organismo sugirieron modificaciones en la parte económica. Como las ofertas ya se habían presentado, el precio inicial no podía modificarse. Por ello, «idearon una serie de cambios que pudieran pasar desapercibidos». A pesar de todo ello, superando todas las estrategias diseñadas ad hoc, otra empresa, GMV, seguía obteniendo la mejor puntuación. Para salvar ese escollo, fue necesario que CCTI sugiriese otras «mejoras técnicas». Finalmente, le fue otorgada la mayor puntuación a Telefónica. ¡Qué exitazo, qué listos y eficaces que son!
Item más: una joya, realismo sucio en estado puro: en uno de los correos analizados, el jefe comercial de Telefónica para las cuentas con la Generalitat pide perdón a un cargo del CTTI por el error. Le solicita una reunión a tres bandas para «aclarar la situación». El cargo público -¡público!- acepta las disculpas y reclama que «se respete todo lo que se habló en su momento». ¿Recuerdan «El padrino II»? ¿A qué se le parece mucho?
En resumen: la fiscalía de Barcelona (ésta sí, la que no es ni aspira a ser la millo botiga del món, sino algo muy distinto) ha presentado una denuncia contra cuatro comerciales y directivos de Telefónica, el director de Écija y tres responsables del CTTI de la Generalitat a los que acusa «de haberse concertado para amañar un concurso en el año 2009». Les acusa de los delitos de falsedad, alteración del precio de los concursos públicos y prevaricación.
¿Quién gobernaba entonces en la Generalitat? ¿La derecha neoliberal, el partido-coalición de las comisiones y los negocios, el partido antiobrero de CiU? ¿El que habla de la Catalunya productiva que da vida a la España subvencionada? No, nada de eso. Era el tripartito -más bien cuatripartito: PSC, ERC, ICV-EUiA- quien dirigía el gobierno del país de Salvador Espriu y Teresa Pàmies. ¿Se entiende bien el mal que para la izquierda que no ha claudicado representan estas prácticas que en nada nos diferencian de la derecha más corrupta y neoliberal? ¿Qué beneficios obtuvo ERC, responsable entonces de Gobernación, o el gobierno en su conjunto, con esos acuerdos, pactando con oscuridad y alevosía con una de las multinacionales más impías y antiobreras que aspiran a dominar a su antojo -pero no pasarán, no pasarán- las tierras de Alberti, Blas de Otero y Jorge Riechmann?
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/17/catalunya/1379416478_475354.htm
[2] Los denunciados «manipularon los términos y condiciones» de la oferta presentada a concurso y «consiguieron alterar» la adjudicación en beneficio de la filial de Telefónica y «en claro prejuicio de quienes», según los datos objetivos, «optaban en condiciones más favorables a su concesión». Son reflexiones del informe.
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)
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