Desde mi punto de vista, en el enfrentado y enconado debate que se está produciendo desde hace varios meses en nuestro país relativo a la posibilidad de legalizar-regularizar la gestación subrogada, se estaría produciendo un claro enfrentamiento entre posiciones fuertemente encontradas y que chocarían de un modo que tiende a ser frontral: por un lado, […]
Desde mi punto de vista, en el enfrentado y enconado debate que se está produciendo desde hace varios meses en nuestro país relativo a la posibilidad de legalizar-regularizar la gestación subrogada, se estaría produciendo un claro enfrentamiento entre posiciones fuertemente encontradas y que chocarían de un modo que tiende a ser frontral: por un lado, estarían aquellas posiciones que lucharían por su legalización y consiguiente regulación (algunas claramente vinculadas con las posiciones del colectivo LGTBI), aduciendo el derecho a la paternidad-maternidad universal y sin distinciones. Por otro lado estarían aquellas posiciones políticas que se muestran contrarias a dicha legalización-regulación de dicha práctica y que esgrimen para ello la «posición de inferioridad» de la mujer que terminaría por ejercer y realizar tal práctica con sus órganos reproductores y, en general, con su entera corporeidad de mujer.
Parece, por consiguiente y a primera vista, muy difícil alcanzar una posición de buenas a primeras, clara y definida, y que se decante por alguno de ambos posicionamientos políticos encontrados al respecto de una maternidad y un vientre en calidad de de alquiler; máxime cuando las dos parecen tener parecidas o casi iguales cuotas de razón y de verdad. Porque la maternidad y la paternidad podrán ser perfectamente un derecho de las familias y uniones civiles, e incluso de las personas individuales o que no cuenten con pareja. Un derecho reconocible, por tanto, indistintamente y ejercitable por igual y por cualquiera (es decir, tanto si de trata de parejas heterosexuales, como si no; tanto si se trata de parejas en edad fértil, como si no; tanto si se goza de una situación sentimental con otra persona capaz de procrear o ésta fuese, por el contrario, incapaz de hacerlo).
Pero la pregunta es entonces: ¿hay o se debe anteponer dicho «derecho» de las personas o familias (sea cual sea su condición) a la maternidad y paternidad frente a los derechos de las mujeres naturalmente capaces de concebir? O lo que es lo mismo, ¿hay que situar a las personas con el deseo y voluntad de ser padres y/o madres por encima de los derechos de los cuerpos susceptibles y capaces de ser maternos en el sentido natural del término, y, por tanto, de engendrar y dar a luz a nuevas personas? Creo que, bajo cualquier circunstancia, la respuesta es negativa; que la respuesta, por tanto, es que no hay que anteponer tanto en este caso, como tampoco en ningún otro, ningún derecho por encima de otro derecho.
Pero la verdad es que resulta siempre posible pensar una justa, correcta y, al mismo tiempo, adecuada legislación y regulación de distintos y diferentes fenómenos sociales en base a los principios de igualdad y (de igual) libertad de cualquier otra persona; con la correspondiente vigilia exhaustiva de los poderes poderes públicos para que dichas condiciones se cumplan en la práctica y en la realidad en todos los casos. Lo cual daría lugar a que, mediante diversos mecanismos de coerción y/o sujeción a determinados deberes, obligaciones y contraprestaciones a los distintos sujetos intervinientes en cualquier tipo de relación social «en general» les sean garantizados tantos unos derechos inalienables como unos intereses legítimos a nivel particular equiparables entre sí para los diferentes sujetos intervinientes en dicha relación social y que contraponen sus intereses.
Aunque sería otra cosa bien distinta, si dicha regulación o legislación se terminaría aplicando efectivamente de un modo injusto por el abuso de fuerza o de superioridad de una de las partes que intervienen y por la consiguiente posibilidad de que los poderes públicos no ordenasen ni vigilasen simultáneamente dicho fenómeno de manera tenaz y eficaz . En dicho caso se vería alterado el equilibrio entre ambas partes; pero para ello están o deberían estar las imprescindibles funciones de vigilancia de la Administración Pública y las responsabilidades en que ésta pudiera incumplir en los casos en que incumpliera sus deberes y obligaciones al respecto de dicha vigilia y tutela tanto de derechos como de los legítimos intereses de las personas. Por tanto, la mencionada posibilidad de una justa, correcta y, al mismo tiempo, adecuada regulación de fenómenos sociales podría tener un correlato real y es necesario que dicha justa regulación surja en la sociedad en su conjunto. En la sociedad hay muy a menudo distintas relaciones sociales que presumen siempre ciertas diferencias (siempre aquí en el sentido de que se trata siempre de que alguien tiene algo particular que otros pretenden obtener, mientras ellos/as ofrecen una cosa diferente a cambio o como contraprestación).
Aunque una cuestión enteramente otra y diferente sería que en dichas relaciones sociales se terminen por establecer de manera abusiva o despótica los términos de la misma (tanto en la práctica, como en las relaciones jurídicas que pudieran regular dichas relaciones sociales) por parte de quienes detentasen una posición de abuso, de privilegio o de denostada fuerza social o natural. Y ello frente a quien no dispone de otra salida que aceptar aquéllos términos del sujeto que tiene la posición de superioridad para poner una pequeña solución temporal a su plena situación de inferioridad social. Pero para evitar que ocurra precisamente esto, está o, más bien, deberían estar y emplearse los derechos económico y sociales y el Derecho en general: para la justa regulación y ordenación de las relaciones sociales y económicas, y de su realidad, digamos, práctica. Sería, aún y con todo, imprescindible la vigilia de que dichas condiciones realmente justas y universales (es decir, válidas para cualquiera) se cumplan de modo obligado e ineludible frente a todos/as, convirtiendo a dicha situación de Derecho en norma y realidad jurídica.
Porque habría que ver si, en dicho fenómeno social, la mencionada desigualdad de las relaciones sociales (en el primer sentido que dijimos, de que unos/as disponen de unas cosas que enajenar o intercambiar, frente a otros/as personas que dispondrían de otras cosas enteramente diferentes) es fruto o consecuencia de una situación natural (o derivada de la misma Naturaleza, como si alguien es capaz de concebir) o si, por el contrario, dicha situación es resultado de un privilegio instituido de forma, manera o modo «social», como podría ser el patriarcado o la propiedad privada (por parte de una minoría, por tanto) de los medios de producción, como sucede en nuestras sociedades modernas. Porque ello tiene como resultado que en dichas sociedades las diferencias entre ricos y pobres son cada vez mayores, haciéndose cada vez más global el fenómeno de la pobreza, frente a la expansión internacional del capital corporativo de carácter transnacional.
Pero si esto fuera en la realidad así, la sociedad podrá ser claramente «injusta de hecho». Pero la política, mediante el Derecho (como algo que debería ser reconocible a cualquier persona sin distinciones) debería de poder regular los fenómenos sociales desiguales en las condiciones en las que concurren los diferentes sujetos y ser capaz de poder solventar, abolir y terminar con tal grado injusticia de carácter social. Porque la realidad es que con el problema de la gestación subrogada y el debate generado estamos, parece que en bastantes ocasiones, omitiendo el problema anterior o precedente, y que es el problema que debería tenerse siempre como el primero, tanto desde el punto de vista temporal como desde un punto de vista lógico: el problema de la dominación social tanto desde el punto de vista social, político y económico, como desde el punto de vista del género, y que, como forma de dominación, tiene el carácter inherente de «injusta».
Pero la capacidad de caracterizar como injusta la dominación hace posible que parezca posible, entonces, el regular los fenómenos sociales de forma «justa»; con lo que podrían verse o ser salvaguardados tanto los derechos como los intereses legítimos de todos los sujetos intervinientes en las diferentes y distintas relaciones sociales mediante diversos mecanismos coercitivos, coactivos y toda una serie de deberes de obligación y de contraprestación en función de la operación social en cuestión, junto a una importante batería de derechos inalienables. Con respecto al tema de la reproducción humana es la misma y propia Naturaleza la que hace aparecer a unos cuerpos como fértiles y, por tanto, capaces de procrear; y a otros cuerpos, por el contrario, no. Pero aquí, la «injusticia» que emana de la propia Naturaleza no es evitable ni abolible. Sí sería evitable y abolible, por el contrario, la injusticia social o la injusticia que emana de la sociedad, porque allí, en la sociedad, la injusticia es sencilla y simplemente evitable o abolible (o de lo contrario, sería una situación que, al ser injusta, sería por ello sancionable de haberse producido no pudiéndose , por tanto, evitar al formar parte del pasado) mediante un mecanismo garantista y efectivo de derechos y libertades (también de carácter socio-económico) para cualquiera y, por tanto, para las diferentes partes intervinientes. De forma que mediante la satisfacción de los intereses de los distintos sujetos interesados y encontrados de forma «diferente» se pueda garantizar el derecho a la paternidad de cualquiera que no sea naturalmente capaz de ella. Porque en el problema de la gestación la sociedad y la política deberían promover mecanismos reguladores para solventar aquellas diferencias que la Naturaleza otorga por sí misma, sin tener con ello razón ni de algún modo «Derecho» en un sentido propio y puro del término.
Por lo que es la misma Naturaleza la que puede producir por sí misma también diferencias que pueden ser calificadas de «injustas»; donde la sociedad y, dentro de ésta, la política deberían intervenir o de poder intervenir regulando, legislando y ordenando la realidad social en base a los principios de (efectiva) igualdad e igual libertad de toda persona, para hacer posible que la misma Naturaleza, que produce por sí sola injusticia, produzca también y por otro lado los efectos «deseables» desde un punto de vista objetivo e imparcial en el caso de la gestación subrogada: la procreación por parte de cuerpo plenamente capaz y que no contara para dicha concepción, gestación y alumbramiento con riesgo médico alguno garantizado por estudios, análisis y seguimientos médicos rigurosos, independientes, completos y exhaustivos por la Sanidad Pública.
Pero otra cuestión enteramente distinta sería si fuera la misma sociedad que tenemos en la actualidad (es decir, concentradora de la propiedad en círculos cada vez más concéntrico-excluyentes, desigual y diferenciadora de derechos y, por tanto, vulneradora en la práctica del principio de igualdad real y efectiva del ciudadano/a sin que fueran posibles cualesquiera distinciones) fuera el escenario inamovible e imposible de mover «a mejor» sobre el que ejercer dicha regulación de la gestación subrogada. Porque, si digo «sociedad desigual y diferenciadora de derechos», lo hago en el sentido de que unos aparecen frente a los/as demás como como destinatarios únicos de derechos reconocidos, en principio, por el derecho universalmente (algo, el carácter «especial» del disfrute de derechos universales, que se cree falsamente y demasiado a menudo obra del indefectible «carácter moral» de los destinatarios de tales derechos con carácter «efectivo»). Digo también «frente a otros/as», porque otros/as no son destinatarios de dichos derechos y no sólo eso: se quedan fuera de la misma posibilidad de alcanzarlos. Un ejemplo de lo anterior es el derecho al trabajo: hay una gran mayoría queda en la práctica fuera de «ese derecho universal», o bien porque no se le reconoce dicho «derecho» con un trabajo, o bien porque las condiciones de dicho trabajo escapan cada vez más a unos estándares dignos, estables y seguros.
Por tanto, en una sociedad tal y como la que nos es actual y contemporánea, en el que las diferencias sociales y la polarización de las rentas es cada vez mayor desde las década de los 70 (en lo que fue la primera Gran Crisis tras la del año 29 y que dio origen a la globalización neoliberal, tanto a nivel internacional como a nivel interno en los distintos Estados), tiene como resultado que cada vez más gente entra en la pobreza de forma indefectible y sin, además, tener posibilidad real de salir de ella; quedándose fuera, por consiguiente, de las mínimas capacidades económicas básicas (como pagar servicios básicos como la calefacción, la luz y el agua). Dónde dentro de todo ello, además, las ficticias «recuperaciones económicas» consisten consisten más bien en un re-dirección y re-agrupamiento de la demanda solvente o dineraria en el mercado hacia cada vez mayores concentraciones de «capital privado monopólico» y teniendo, por tanto, cada vez más el carácter de mayor «minoría social» las personalidades (físicas y jurídicas) que detentan y poseen el capital o los medios de producción (y de distribución o mercados) de la economía y, por consiguiente, el poder económico.
Pero hablar de que fenómenos como la gestación subrogada suponen una «mercantilización» de los cuerpos corre el riesgo de parecer una auténtica moralina y una mera declaración de buenas intenciones , cuando la realidad es que no hay un programa político detrás que se considere a sí mismo capaz de transcender lo existente a nivel social yendo más allá de lo existente, estableciendo un orden socio-económico diferente en el que haya para cualquier persona una auténtica y plena independencia civil en un nivel básico-fundamental. Porque, cuando a uno/a (en un sentido indeferenciado y/o universal que se refiere a cualquier persona) no le pertenecen de suyo las condiciones sociales y económicas para mantenerse (fenómeno que es resultado de la acumulación -originaria- del capital), esa persona no es en la práctica independiente civil y socialmente. Entonces, como digo, es cuándo se produce o es susceptible de producirse una «mercantilización de todas las cosas»; frente a la que hay que establecer siempre límites. Límites no solamente negativos y no solamente mediante derechos civiles y políticos; sino también a través de derechos económicos y sociales que hagan de contrafuerte y cortapisas frente a una más que probable ausencia de límites o de restricciones y que tendrían la obligación de cumplirse ineludible y obligatoriamente. Ejemplos de ello podrían ser un Salario Mínimo digno y decente, por muy lejos que en la práctica y la realidad lo esté cada vez más de aquéllos parámetros básicos y fundamentales de dignidad y justicia. También lo sería la Renta Social Universal, pero no como límite negativo, sino positivo.
Pero, en este escenario social como en el que vivimos, si se constata y asume simplemente la imposibilidad de un cambio político y, por ende, social por parte de quienes deberían de poder y ser capaces hacerlo, los partidos políticos alternativos al neoliberalismo y la austeridad; resulta indudable, entonces, que no cabría otro resultado que, de ser legalizada sin ser correctamente regulada dicha práctica serían efectivamente las mujeres más vulnerables las que optasen por ejercer con sus cuerpos reproductores la práctica de la gestación subrogada.
Pero la verdad es que la imposibilidad misma y de facto de un escenario social diferente en lo esencial al que tenemos, y en el que el trabajo no resulte imposible para mucha gente en nuestro país (principalmente mujeres, jóvenes y parados de larga duración) predice un resultado como el que se vaticina por parte de quienes desde la izquierda o la «pretendida izquierda» se oponen a la legalización y a la correcta regulación de la práctica de dicha práctica de gestación: a saber, que la gestación subrogada no la ejercerán sino las mujeres pobres y que carecen de otro tipo de recursos.
Aunque creo, por otro lado y al mismo tiempo, que optar por la vía de no regular la gestación subrogada de una forma altamente garantista y proteccionista para la mujer en nuestro contexto social; optando por la vía de no permitir en absoluto la regulación de tal práctica sea en los términos que sean (unos términos reguladores que podrían ser, como he dicho con anterioridad, protectores al máximo y salvaguardar tanto los derechos como los intereses legítimos de las mujeres que opten por ella), podría consistir en una suerte de «reacción» ante un fracaso político anterior y ante una imposibilidad precedente de cambiar el escenario social sobre el que nos movemos y que me parecería hasta cierto punto altamente evidenciable: la imposibilidad real políticas sociales y económicas alternativas por parte de partidos políticos que pretenden (con mayor o menos acierto, o con mayor o menor veracidad) ser alternativa a las políticas neoliberales. Una imposibilidad que debería ser analizada en otro sitio.
Porque creo, sin duda, que lo que sucede es que: o a dicha posibilidad política y social a la se renuncia antemano (como tanto ha hecho el socio-liberalismo, yendo más lejos incluso que algunos partidos conservadores en algunas cuestiones) o es, por el contrario, la imposibilidad del cambio político y social la que se asume por sí misma, siendo dicha situación de hecho sobre la que «se opera» políticamente, asumiéndola como inamovible o con efectos irremediablemente «pro-futuro». Pero el resultado de ambas opciones es el mismo: el de renunciar o el de constatar la imposibilidad a la pretensión de «abolir en lo fundamental» la diferenciación entre ricos y pobres (o, al menos, el creciente e incipiente proceso de reproducción ampliada del capital y de dichas diferencias; lo que es o sería lo mismo que frenar y revertir la austeridad) mediante políticas sociales y económicas correctoras y guardianas de derechos y garantías básicas del ciudadano/a.
Porque el problema residiría en que, en la sociedad actual, la posición y el discurso contrario a la regulación de determinadas prácticas, tanto sexuales (como la prostitución, es decir, el pagar por tener u obtener relaciones sexuales) como reproductivas (en el caso de la gestación subrogada), correría el grave riesgo de poner en contra de dicha postura a los mismos sujetos a los que dicha posición pretende «proteger y salvaguardar», es decir, a la mujeres que, por su carácter especialmente vulnerable en lo económico, lo social y en lo relativo al género quieren, debido a dicha vulnerabilidad, ejercer dichas prácticas aún sin un marco regulatorio y al máximo garantista.
Por consiguiente, la cuestión no termina por ser otra distinta a que hay o existen ineludibles «condiciones materiales para la libertad del ciudadano/a» y, también, para lo que la Ilustración llamó «mayoría de edad» o, lo que es lo mismo, condiciones sociales y económicas sin las cuales la libertad y la independencia civil es una mera ficción y pantomima. Por lo que si el problema es que la gestación subrogada únicamente la llegarían a ejercer mujeres pobres, la mejor vía entonces para que ello no suceda esto no es prohibir la gestación subrogada y no regularla de ningún modo. La solución pasaría, por el contrario, por abolir precisamente «en lo fundamental» las diferencias entre ricos y pobres, mediante mecanismos de distribución y/o limitación de la riqueza; de manera que no haya mujeres pobres que, para procurar subsistir, mantenerse y pagar las facturas, se vean o se encuentren obligadas «materialmente» a ejercer prácticas de tales tipos «por las circunstancias en que se encuentren». De forma que si, aún en esas condiciones de plena igualdad y disfrute de derechos socio-económicos se continuara considerando como «no-deseable» el que las mujeres incurrieran en tal práctica, la mejor solución sería entonces dejar dicho tema, una vez terminada la servidumbre económica, social y de género de las mujeres y demostrada su capacidad económica, civil y material para desenvolverse por sí mismas, a la propia autonomía y discreción de las propias mujeres en dichas condiciones iguales en lo fundamental a las de cualquier otro/a.
Creo, por tanto, que no tiene sentido pretender salvaguardar a las mujeres en general de tal tipo de prácticas en las que su cuerpo se «mercantiliza» como se mercantiliza la mano de obra o la fuerza de trabajo, sin haber establecido antes o conjuntamente unos mecanismos socio-económicos correctores «en lo fundamental» de la grave situación social que padecen nuestras sociedad, y mediante unos mínimos económicos suficientemente garantizados y, al mismo tiempo, aboledores «en lo fundamental de la diferenciación entre ricos y pobres», nivelando al máximo posible la balanza en lo social. Porque el problema creo que es que, si dichas «condiciones materiales» no se abordan y se hacen efectivas de modo universal e indistinto para cualquier persona, mediante políticas correctoras e imposibilitantes de las graves desigualdades y carencia de derechos de una gran mayoría social, se correría entonces el grave riesgo de que esas mismas mujeres vulnerables sean los mismas que promuevan que dichas prácticas se «legalicen»: o por la mera «vía de los hechos», o por la mera y simple convalidación «legal» de tales prácticas sin un marco regulatorio garantista de sus derechos y de su salud, siendo dicho marcho al mismo tiempo justo y eficaz al máximo.
Porque sí, es enteramente deseable un marco regulatorio exhaustivo y garante de la dignidad y los derechos de las mujeres junto a la correspondiente e ineludible vigilia de los poderes públicos de que tal cosa se produce en nuestra realidad social y en todos y cada uno de los casos posibles. De lo contrario, podría producirse de dicha práctica en clandestinidad, en la alegalidad o de una forma en la que fuese ilegal; aunque al mismo tiempo tolerada y consentida como sucede con la prostitución. Dónde, además, la ausencia de marco regulador tendrá como efecto que la demanda de dichas prácticas será cubierta por parte de aquellas mujeres que menos límites, derechos e intereses legítimos opongan a la prestación de tales servicios con sus cuerpos desprotegidos, como ocurre en la práctica actualmente con la cuestión de la prostitución.
Por tanto, podríamos decir que si la mujer tiene la condición de «vulnerable», lo sería en todos los casos debido a que, tanto en el plano del ordenamiento jurídico como en el de la aplicación y vigilia por el cumplimiento de lo establecido en él, las diferencias de género que comportan ser mujer no son tenidas en cuenta ni por el derecho positivo en su justa y adecuada medida, ni tampoco por los derechos socio-económicos dentro de aquel. Tampoco serían tenidas en cuenta por las medidas de cara a hacer efectivo y afirmar el ordenamiento jurídico vigente. Porque tales leyes y medidas si las hay en nuestro ordenamiento (lo que cabe dudar en gran medida) son altamente ineficaces: o por incompletas, o por incompetencia administrativa y de los poderes públicos en general.
De modo que si la mujer no se no se encuentra en nuestras sociedades con unas condiciones sociales «generales o universales», ejercitables por cualquier mujer y que la hagan independiente en lo relativo al género, y el sentido civil, social material del término; lo que ocurrirá en la práctica es que la mujer deberá, a consecuencia de la falta de lo anterior, sortear dicha situación de «incapacidad civil y social» a través de la dependencia arbitraria de lo que le impongan «otros» (es decir, o el marido o novio machista o un sujeto interesado en un bebé nacido a través del cuerpo de una mujer ajena). Por lo que nos encontramos ante un problema social de marcado carácter general y que no tendría relación únicamente en el problema de la gestación subrogada; sino que, más bien, tendría relación con cualquier ámbito de la sociedad y que no tiene porqué ser necesariamente el de ofrecer sus capacidades reproductivas en el mercado como mujer.
Por consiguiente, se trata de un problema que requiere de una solución mucho más abarcante que lo que puede ser negarse en rotundo a la legalización-regulación de una práctica reproductiva subrogante. Un problema mucho más amplio, y que tiene o cuenta profundas raíces sociales, económicas y políticas y que tendría un problema que se añade sobre él: el problema de que las políticas que pretenden terminar con dicha situación socio-económica son, o bien inexistentes en la realidad porque se renuncia a ellas o se las asume como imposibles de revertir, o claramente insuficientes e ineficaces en su aplicación en el caso de que tuvieran un mínimo de realidad en la actualidad. Lo cual da ciertamente para pensar que el escenario social actual y futuro reproducirá vicios en los que las y los débiles llevarán como siempre la peor parte de todo.
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