Abogada con una dilatada experiencia en los servicios jurídicos del CEAR, Paloma Favieres (Madrid, 1966) desmonta una por una todas las explicaciones oficiales que se han vertido sobre los acontecimientos de Ceuta en los últimos días. Lo hace por teléfono, a punto de embarcarse en un avión que la llevará a la ciudad norteafricana para ayudar en la asistencia letrada a miles de demandantes de asilo que el Colegio de Abogados de Ceuta ya ha empezado a organizar. Favieres maneja información de primera mano. “De verdad que intento ponerme en el lugar de las autoridades, pero la gestión ha sido nefasta. Las devoluciones que se produjeron son ilegales, contrarias a derecho, están al margen de las obligaciones internacionales, del convenio europeo de derechos humanos, de la Constitución, de la Carta de derechos fundamentales y de la directiva de retorno”, responde con firmeza. Es lo esperado en una mujer que sigue jugándose el tipo por defender los derechos de los migrantes y por criticar las falacias publicitarias que rodean los pactos migratorios con terceros países. “Lo de Ceuta es la consecuencia de una gestión basada en la externalización de la frontera pero también porque España no ofrece vías legales a las personas que necesitan protección internacional ni a las que buscan mejorar sus condiciones de vida”, sentencia. Como directora de políticas y campañas del CEAR esquiva valorar la influencia que ha tenido en este incendio humanitario la posición española en el Sahara Occidental, aunque lanza dardos envenenados contra Vox por aprovechar la inmigración como arma política. “Es terrorífico hablar de invasión cuando estás viendo a 1.200 niños llegar a la playa… Ummm, no sé. Más que rabia me resulta ridículo”, reflexiona.
En estos momentos, ¿cuál es la situación en Ceuta?
El principal problema que tenemos es que no hay cifras exactas. Aún no sabemos con exactitud cuánta gente ha entrado, cuántas personas han sido expulsadas y cuántas permanecen en Ceuta. Y de las que permanecen, tampoco sabemos cuántos menores hay. Aunque se han identificado a unos 700, algunas fuentes nos han informado de que puede haber entre mil y 1.200 menores, muchos entre 12 y 14 años. Todavía hay gente escondida con miedo a ser devuelta a Marruecos. Hasta ayer, Ceuta era una ciudad en estado de sitio sin declarar con el ejército patrullando las calles y la policía apartada a un lado. Sabemos que, al menos, ya han empezado a recabar la afiliación y la reseña de muchas personas que han llegado, algo fundamental para el dispositivo jurídico que deberá desplegar el Colegio de Abogados de Ceuta, que tiene por delante una tarea considerable con la asistencia letrada y los intérpretes adecuados. De todos formas, este colegio ya tiene experiencia porque hace tres veranos hubo un salto importante de personas y la decana lo organizó muy bien, incluyendo información sobre protección internacional que nosotros le preparamos. Porque creo que lo conveniente es preguntar a las personas a las que se atiende cuál es el motivo para solicitar protección internacional, si es que lo tienen. Pero ahora nos encontramos en el paso previo a todo esto. En estos momentos, los niños y las mujeres están en unas naves donde las condiciones son precarias y donde aún no hemos podido entrar por el tema del covid. Esperamos que una vez que se restablezca la calma se garanticen las condiciones adecuadas de estancia y asistencia acorde a sus necesidades. Pero lo que ahora nos mantiene más inquietas es que las autoridades concreten de cuánta gente estamos hablando y comiencen a hacer las reseñas de las personas que allí se encuentran.
CEAR y otras organizaciones humanitarias que trabajan con migrantes y refugiados llevan años alertando de los peligros que conlleva gestionar las fronteras en terceros países. Lo que ahora ha ocurrido, ¿es la constatación del fracaso de esa política?
Es consecuencia de una gestión migratoria basada en la externalización y en reforzar los vínculos con terceros países que, a veces, no juegan limpio. Pero también que España no ofrece vías legales y seguras para quienes necesitan protección internacional ni para aquellas personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. Personas que también han sido expulsadas de sus lugares de origen, no por la guerra o por la persecución, sino por una crisis económica que la pandemia ha agravado. Las únicas vías legales que ofrece España a la inmigración en general sólo guardan relación con las campañas agrícolas y con puestos de difícil cobertura en la marina mercante.
En el caso de Ceuta han influido más circunstancias. Marruecos abrió su frontera en represalia por la política española hacia el Sahara Occidental. En concreto, por no reconocer la soberanía de Rabat sobre los territorios saharauis ocupados, tal y como hizo Donald Trump en diciembre pasado.
Eso es un análisis geopolítico que requiere mucha profundidad. Nosotros como CEAR no somos los más indicados para opinar sobre la influencia que ha podido tener que una persona enferma (el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali) venga a España a tratar su dolencia o el posicionamiento de Estados Unidos respecto al Sahara Occidental. Desde hace muchos años, todos sabemos que Marruecos controla el narcotráfico, la inmigración ilegal y el terrorismo en esa región, algo que para España le convierte en un socio imprescindible. Pero es un socio, creo yo, que no siempre ha jugado con las cartas boca arriba. La prueba es que ha sido el propio Gobierno marroquí el que ha dicho que todos los actos tienen consecuencias. ¿Qué actos? La relación hispano-marroquí es muy complicada. Nosotros sólo podemos preguntar a las autoridades: ¿y ahora qué? Nos importa mucho más la reacción que se produjo y qué pasos van a dar de ahora en adelante.
¿Cómo valoran la reacción de las autoridades españolas?
La gestión del Gobierno ha sido nefasta. Somos conscientes de que entraron miles de personas y de que, seguramente, no había medios humanos y materiales para contener a ese gran número de personas, pero decidieron proceder con devoluciones ilegales, contrarias a derecho, al margen de los estándares y de las obligaciones internacionales, del convenio europeo de derechos humanos, de la Constitución, de la Carta de derechos fundamentales y de la directiva de retorno. El propio presidente del Gobierno anunció casi como un éxito que habían “devuelto”, según sus palabras textuales, a 3.000 personas sin aplicarles ningún procedimiento. Y a todo eso hay que añadir que también se ha expulsado a gente que ya se encontraba en territorio español a las que sólo se puede incoar otro tipo de procedimiento sancionador. Lo que sí me parece positivo ha sido la reacción de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de convocar a todas las comunidades autónomas a una reunión conjunta para buscar una solución rápida a la situación de los niños y niñas que allí siguen. Que la Comunidad de Madrid pueda acoger a 20 menores me parece una noticia excelente porque puede arrastrar a otras autonomías a hacer lo mismo y porque, además, marca distancias con los peligrosísimos mensajes difundidos por políticos de ultraderecha durante los últimos días.
En su opinión, ¿cuál debería haber sido la respuesta del Gobierno?
Es que en realidad debería haber actuado de acuerdo al marco legal vigente. Hubo gente que entró, fue expulsada y volvió a entrar. Así hasta cuatro veces. De verdad que intento ponerme en su lugar y entiendo lo que tuvieron que vivir en ese momento, pero intentar repeler la entrada de personas no fue la mejor decisión. Lo que tenían que haber hecho era atajar la emergencia humanitaria que se produjo desde el minuto uno. Luego, identificar a las personas, como es su obligación. España está en su derecho de establecer los procedimientos sancionadores recogidos en la ley de extranjería y la directiva de retorno pero debe hacerlo con garantías.
¿Hasta qué grado influyen en la población esos mensajes falsarios que hablan de invasión, de construir muros, de militarizar la frontera?
Es terrorífico hablar de invasión cuando estás viendo a 1.200 niños llegar a la playa… Ummm, no sé. Más que rabia me resulta ridículo, por decir algo suave. Con los derechos humanos no se juega.
¿Cree que la agresiva presión contra la inmigración que ejerce la ultraderecha puede mediatizar la política de extranjería del Gobierno?
En mi opinión, el Gobierno hubiera actuado de la misma manera sin Vox. Habría militarizado Ceuta, que es lo que hizo. Supongo que la presión de Bruselas y de la propia comisaria europea Ylva Johansson habrá sido más decisiva. Y lo digo porque cuando te comprometes en un pacto de inmigración y asilo basado en la externalización, aunque no lo llamen así, y en un principio de solidaridad mal entendido, todo esto me parece un golpe bajo. No olvidemos que España es un país de tránsito. Somos la primera parada de “la libertad”. Sin embargo, es cierto que estamos un poco expectantes ante la reacción que este hecho puede provocar en la política de inmigración comunitaria. Esperemos a que todo se calme para comprobarlo.