Los resultados de las últimas elecciones el 20D, muestran que la crisis política del Estado español se agudiza cada día que pasa, al hilo de la depresión económica. El empobrecimiento de las clases populares ha restado credibilidad al sistema social; al mismo tiempo, la apropiación de los bienes públicos por el capital privado y la […]
Los resultados de las últimas elecciones el 20D, muestran que la crisis política del Estado español se agudiza cada día que pasa, al hilo de la depresión económica. El empobrecimiento de las clases populares ha restado credibilidad al sistema social; al mismo tiempo, la apropiación de los bienes públicos por el capital privado y la incapacidad para resolver los graves problemas económicos que atraviesa el país, han erosionado fuertemente la credibilidad del gobierno conservador ante la opinión pública, afectando también al actual orden constitucional. Como muestran los sondeos del CIS (Centro de Estudios Sociológicos) la población española considera que la corrupción es el principal problema del país detrás del paro; a pesar de ello, las encuestas que publican los medios de comunicación nos hablan de la aceptación mayoritaria del nuevo monarca por la población española. Es cierto que los partidos del modelo juancarlista mantienen el 50% de los votos válidos; por tanto, de momento parece la monarquía ha conseguido aguantar el envite en el límite de sus posibilidades, y todavía puede rehacerse, en buena medida a causa de las debilidades y errores de las fuerzas que buscan un nuevo modelo social.
Sin embargo, las reivindicaciones a favor de un proceso constituyente siguen estando a la orden del día, al tiempo que el sistema político está puesto en cuestión por los escándalos relacionados con la corrupción. La reforma de la Constitución es una necesidad evidente, hasta para las propias fuerzas conservadoras; se sabe desde hace tiempo que la monarquía quiere modificar el artículo de ley que impide que las mujeres ejerzan la jefatura del Estado. Pero frente a la reforma controlada que propugnan las fuerzas liberales que gobiernan el Estado español, se alzan diferentes agentes sociales que exigen un proceso constituyente que profundice la democracia hacia un orden político con mayor participación ciudadana: un Estado republicano.
Mientras el sistema social capitalista se precipita hacia el caos bélico y el fascismo fascista, la solución de los problemas económicos solo será favorable para las capas subalternas, si éstas son capaces de organizarse y transformar el orden político actual, acabando con el poder de la oligarquía financiera. La violencia fascista y la guerra no son sino la otra cara del desorden social capitalista: a medida que las capas más pobres de la sociedad se hunden en la miseria, los ricos aumentan exponencialmente sus propiedades privadas y la violencia se instala en las estructuras sociales. Todo ello apunta a la necesidad transformar las estructuras sociales de este orden capitalista liberal, y cada vez más ciudadanos se dan cuenta de ello. Pero en el debate político es necesario todavía clarificar los objetivos y los medios mediante los que puede producirse esta transformación.
La contradicción principal
Mientras la estrategia de la derecha consiste en profundizar la estructura clasista de la sociedad, a través de la promoción de un empresariado competitivo, creado a partir de la privatización de lo público -transfiriendo poder económico desde el Estado a las empresas privadas-, la estrategia de la izquierda consiste en reforzar el tejido asociativo de la sociedad civil, potenciando el debate público y la participación ciudadana -transfiriendo poder político desde el Estado hacia los movimientos sociales-. Ambos modelos de sociedad pueden describirse como la tradición liberal y la republicana de la democracia.
Hay que situar, por tanto, la contradicción principal del actual momento político en la forma del Estado: monarquía liberal o república democrática. Las fuerzas sociales democráticas deben tener clara esa alternativa para evitar una catástrofe política similar a la transición del 78. A los dos agentes que promueven esa contradicción voy a denominarlas respectivamente, a) el bloque conservador, que consta esencialmente de tres partidos liberales: PP (Popular), PSOE (Socialista Obrero Español) y C’s (Ciudadanos) -a estas alturas de la historia llamar socialdemócrata al PSOE es un mal chiste, o si se prefiere, una falsificación ideológica de primera magnitud-; y b) el bloque constituyente, al que provisionalmente voy a considerar compuesto por todos las demás fuerzas políticas: Podemos, IU y nacionalismos periféricos -si bien es necesaria una clarificación que irá decantándose conforme el proceso político vaya avanzando-.
El bloque conservador
El bloque conservador constituye la representación política de la oligarquía financiera -la capa social dominante en España y en Europa-, y su política económica llamada ‘de austeridad’ viene determinada por los intereses de la economía financiera que domina los mecanismos mercantiles y empresariales en el capitalismo. Tradicionalmente la fracción de esa oligarquía en el Estado español ha considerado la monarquía parlamentaria liberal, como su mejor instrumento político de dominación -si bien el siglo pasado tuvo que sustituirla por una dictadura basada en el integrismo católico, como se recordará-. La monarquía en representación de la oligarquía financiera, es, pues, la fuerza hegemónica en el bloque conservador; y todavía ha sido capaz de mantener su hegemonía política en España tras las elecciones del 20D, a través del 65% de los votos válidos que han sido recogidos por las tres fuerzas liberales -lo que supone más del 70% de los diputados electos en el Congreso-. Pero fuera de este bloque han quedado 97 diputados que representan más del 35% de los votos. Hay pues una oposición fuerte que todavía no puede poner en peligro la actual dominación del capital financiero en España, pero que representa un riesgo importante si llegara a desarrollarse; la estrategia política que seguirá la monarquía será integrar de alguna manera a esas fuerzas rupturistas en el sistema liberal, o al menos una parte sustancial de los mismos -como se hizo en la Transición del 78.
El mayor reto para el orden liberal es la posibilidad de disgregación del Estado español por las reivindicaciones soberanistas de las nacionalidades periféricas. Es en éstas donde el bloque conservador es más débil: no llega al 40% en Cataluña y en el País Vasco ni siquiera al 30%, mientras que en Galicia y en el País Valenciano la coalición republicana supera el 25%, superando al PSOE como segunda fuerza más votada. En Madrid y Asturias hay que sumar los votos de Podemos e IU para obtener resultados por encima del 25%, pero al haberse presentado por separado la victoria ha quedado deslucida.
El peligro que representan esos resultados es evidente para las fuerzas gobernantes. De ahí la contundencia con que los mecanismos del poder monárquico han respondido a la exigencia de ejercer el derecho de autodeterminación. El último episodio de esa línea de acción se nos mostró en la constitución de las Cortes el pasado 13 de enero. No habían transcurrido dos días desde la investidura de Carles Puigdemont como Presidente de la Generalitat, cuando se hizo explícito el pacto de Estado entre PP, PSOE y C’s, para intentar sostener el actual orden político a través de la constitución del Parlamento español; es evidente que estos partidos estaban esperando los acontecimientos catalanes para adoptar sus propias decisiones. Si se hubieran repetido las elecciones en Cataluña, es muy posible que hubiera pasado lo propio con las generales, quizás dependiendo del resultado de aquéllas y con consecuencias imposibles de predecir.
La constitución de las Cortes ha sido un banco de pruebas donde se ha podido ver las líneas maestras de las diferentes fuerzas políticas en la actual coyuntura. El pacto liberal se ha materializado a través del control de las cámaras legislativas por el tripartito conservador. Dado que el Senado está controlado por el PP, con una mayoría absoluta de diputados que no obstante representan unas pocas décimas más del 20% del electorado, quedaba por controlar la cámara baja, lo que se ha conseguido a través del acuerdo entre PP, PSOE y C’s. Y se ha visualizado en las votaciones para la mesa de las Cortes, el órgano que debe dirigir los debates parlamentarios, nombrando a Patxi López como presidente del Congreso y cediendo las secretarías segunda y tercera a C’s. Recordemos que López fue Lehendakari en el País Vasco con los apoyos del PP, del mismo modo que ahora es Presidente de las Cortes con los mismos apoyos, en este caso indirectos mediante la abstención. El símbolo no puede ser más claro.
Una vez constituidas las Cortes se elegirá un jefe de gobierno -que según toda probabilidad, será el candidato del PP-, que tendrá que gobernar en minoría. Los pronósticos afirman que en caso de repetirse las elecciones los resultados serían similares a los actuales, y no despejarían el problema de la gobernabilidad. Si bien es muy posible que el periodo legislativo no se prolongue hasta el final legal de cuatro años, los liberal-conservadores intentarán una mínima estabilidad para no correr riesgos imprevisibles. Para ello, dentro de este bloque se deben dilucidar varias cuestiones de orden político. La primera es si se van a derogar una serie de leyes que han sido promulgadas en la pasada legislatura y que han sido ampliamente rechazadas por la ciudadanía. La segunda, es cómo tratar el problema de la corrupción del Estado, para hacer posible la construcción de una economía saneada y eficiente. La tercera, con qué fuerzas sociales se va a resolver la crisis de la economía española y que estructura económica va a configurar el orden social tras crisis. Pero el punto de confluencia que ha hecho posible el pacto de Estado se constituye alrededor del combate contra las fuerzas centrífugas de la sociedad española; la clave de ese conflicto consiste en que los movimientos políticos de la periferia peninsular apuestan por la forma republicana del Estado. Situados en estas coordenadas, las líneas rojas del debate político se sitúan alrededor de la cuestión nacional.
Seguramente, el Estado liberal en Europa tiene suficientes recursos para neutralizar la fuerte contestación interna, que ha nacido al calor de la crisis y que ha alcanzado importantes niveles de organización. Esa neutralización de las fuerzas emergentes ha sido escenificada el verano pasado por la rendición de Syriza, que muestra la imposibilidad del reformismo. Por tal, muchos ciudadanos, recordando la Constitución del 78, piensan que Podemos jugará el mismo papel político que jugó en aquel momento el PSOE: integrar la contestación social a través del reformismo parlamentario. Esa maniobra, sin embargo, resulta imposible por la profundidad y extensión de la crisis del capitalismo financiero: la quiebra de la socialdemocracia es la prueba más evidente de ello. Lo que significa que se ha abierto una larga etapa de turbulencias políticas, cuyo final no está predeterminado en los planes de los agentes sociales, sino que será consecuencia de las luchas de clases.
El bloque constituyente
La crisis política de la monarquía liberal puede visualizarse en ese 35% de diputados que quedan fuera del pacto de Estado. Podemos ha conseguido la tercera vicepresidencia y la cuarta secretaría, sumando los dos votos de IU a los 69 diputados obtenidos en sus listas. Teniendo en cuenta que el PSOE de la transición era una fuerza monárquica, capaz de confundir a la opinión pública, nunca una izquierda con pretensiones de impulsar el cambio social a favor de las clases populares había obtenido tanta fuerza y tantos escaños en las Cortes desde la época de los Frentes Populares.
Pero este bloque constituyente tiene importantes debilidades. En primer lugar, la teoría política de los líderes de Podemos, carece de consistencia y profundidad, imita el populismo de izquierdas que hemos visto aparecer en América Latina y que ya ha mostrado sus límites y está en retroceso. Su línea de trabajo se funda en el politicismo puro, sin una teoría social e histórica que pueda proyectarse en un plan de acción a largo plazo; es un pensamiento débil y posmoderno. En esas condiciones, las tentaciones de echarse en brazos del enemigo serán grandes, y la contestación social habrá que buscar otros derroteros, bien por evolución de ese grupo, bien por su sustitución; o bien, durará lo que dure el auge político de la nueva formación, dejándonos en manos de la reacción.
En segundo lugar, este bloque histórico contiene dos fuerzas dispares: los nacionalismos periféricos que combaten a la oligarquía financiera española, y las fuerzas populares que combaten la hegemonía neoliberal en la sociedad capitalista tardía. Ambas tienen un objetivo común que puede producir un pacto estable: la República -no solo cambiar el gobierno o la forma externa del Estado, sino transformar la estructura social de los pueblos peninsulares-. Sin embargo, las discrepancias siguen siendo notables: los líderes de Podemos se han referido negativamente al pacto catalán como un estorbo para sus planes, aunque han tenido que aliarse con fuerzas políticas que reclaman el derecho de autodeterminación para poder obtener un apoyo sustancial -téngase en cuenta que casi la mitad de sus diputados provienen de las nacionalidades periféricas; más si añadimos el componente andaluz, donde Podemos tiene una importante influencia de la CUT-SAT (Candidatura Unitaria de Trabajadores- Sindicato Andaluz de Trabajadores).
El bloque histórico constituyente se ha fortalecido de manera importante con las últimas elecciones generales, si bien no es capaz de romper todavía la actual hegemonía política liberal. En ese sentido, su debilidad principal estriba en que no está unificado alrededor un plan claro de acción -aparte del acuerdo generalizado acerca de la necesidad del proceso constituyente-; existen varios proyectos diferentes, los cuales habrían de ser conjugados para presentar batalla ante la política conservadora. Sólo una opción clara en la lucha por la república, hará posible la confluencia de las fuerzas constituyentes. En Cataluña, donde el bloque Constituyente tiene mayoría absoluta, hay una división acerca de la vía a seguir para ejercer el derecho de autodeterminación de los catalanes -o como se dice ahora, el derecho a decidir-; lo que se manifestó plenamente en la investidura del presidente de la Generalitat con los votos en contra de las fuerzas de una parte de la izquierda, En Comú. Para éstas, la hegemonía de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña) en el bloque constituyente es inaceptable, por la necesidad de combatir las políticas neoliberales de austeridad, que han sido aplicadas por ese partido. Otra parte de la izquierda, las CUP (Candidaturas de Unidad Popular), han apoyado la investidura de un presidente de CDC con tal de poner en marcha el proceso soberanista.
Cabe cuestionar la sinceridad con que CDC proclama su intención de constituir una República catalana, y la forma que esa formación política adoptará bajo la hegemonía de ese partido. Pero es claro que su hegemonía está cada vez más cuestionada en Cataluña, y no parece que pueda dirigir, ni controlar el proceso hacia una República democrática. Sin menospreciar la actitud de En Comú, que manifiesta un planteamiento coherente con sus objetivos políticos combatiendo a CDC, considero también que la decisión de las CUP ha sido acertada. En primer lugar, porque hemos visto cómo en las últimas elecciones catalanas el nacionalismo español fue utilizado para despistar a las clases populares, que votaron masivamente a C’s, el partido del Ibex35. Barrios barceloneses, que habían votado mayoritariamente a la candidatura de izquierdas, haciendo posible que Ada Colau accediera a la alcaldía, cambiaron el sentido de su voto ante la disyuntiva de votar catalanismo o españolismo. Pero esa capa social que vota un programa liberal por motivos nacional-ideológicos no es, ni mucho menos, una clase obrera consciente y combativa por sus intereses de clase, que son los intereses de la humanidad, sino una corriente social que busca obtener privilegios frente al resto de las poblaciones por el mero hecho de no pertenecer a la nación española. C’s puede convertirse en el núcleo de un partido similar al de Le Pen en Francia, el Frente Nacional. El peligro de fascismo en Europa es muy grave en nuestros días, y conviene sentarse a pensar cuál es la mejor manera de combatirlo. ¿Cómo se puede tildar de progresista a quien vota un partido de estas características?
Hay pensadores de izquierdas que subrayan este hecho -la hegemonía burguesa en el nacionalismo-, para afirmar que el catalanismo es una hoja de parra para la tapar las vergüenzas de la clase dirigente catalana. Esta argumentación desconoce que la enorme movilización popular que ha tenido lugar en Cataluña estos años, adopta un carácter republicano en contra de la monarquía liberal. Por debajo del conflicto entre el nacionalismo español y el catalán, hay un problema hondo y central en el desarrollo del modo de producción capitalista: la cuestión republicana frente al liberalismo. Las capas burguesas y pequeño-burguesas de la sociedad pueden optar por un horizonte republicano, si caen bajo la hegemonía del proletariado organizado; mientras que la burguesía en el poder está hegemonizada por el capital financiero liberal. Ese es el desafío principal, porque la clase obrera española y europea, pertenecen a lo que Lenin llamaba aristocracia obrera, con todos los problemas que éste señaló en su teoría del imperialismo. Difícilmente podría estas capas sociales dirigir un proceso revolucionario hacia la República, a menos que la proletarización creciente del pueblo despierte la memoria histórica de las luchas sociales en la península ibérica.
Por otro lado, se señalan los enormes costos económicos que tendrá la desconexión con España, para Cataluña y para los mismos españoles. Alguien señalaba hace poco que los empresarios catalanes están en contra de la independencia catalana, e incluso empiezan a emigrar de este país… Es como decir que los empresarios catalanes, la burguesía, no están de acuerdo con el partido que los representa y que impulsa la independencia y la República. No vendría mal aprender un poco de lógica para explicar esto: o CDC no es el partido de la burguesía, o la burguesía está dividida respecto a la vía de salida de la crisis, o en realidad CDC es otro partido liberal que no quiere la república ni por tanto la independencia, sino que utiliza esa consigna para distraer la opinión pública de los graves problemas sociales que atraviesa el país. De hecho hemos visto este año a la CDC separarse de la UDC (Unió Democràtica de Catalunya) este mismo año. Alguien debería aclararnos de qué estamos hablando cuando decimos burguesía catalana.
Si parece incontrovertible que CDC es el partido de la burguesía catalana, hay aclarar qué significa este término: ¿qué es la burguesía catalana? ¿No es verdad que el capital no tiene patria? La burguesía no es una capa social homogénea, está compuesta de diversas fracciones, aunque todas ellas están hegemonizada por el capital financiero; son los intereses financieros los que determinan el rumbo de la economía capitalista -en ausencia de un Estado obrero que pueda controlar mínimamente esos intereses-. Pero es justamente el capital financiero el que ha entrado en crisis, causada por una profunda corrupción y una gestión pésima de sus activos; ¿no puede significar eso que una parte de la clase capitalista, los industriales y comerciantes, por un lado, o la pequeña burguesía, por otro, estén en proceso de rebelión contra los dueños del dinero?
La crisis de la burguesía catalana, su reposicionamiento, se habrá de visualizar en la recomposición del nacionalismo catalán; si está hoy en día dirigido por una parte de la gran burguesía, pronto la hegemonía de CDC podría ser sustituida por la de ER (Esquerra Republicana, la pequeña burguesía catalana). De hecho la propia CDC parece estar cerca de caer en manos de la pequeña burguesía con Puigdemont a la cabeza -profesional liberal, hijo de los pasteleros de su pueblo, casado con una rumana inmigrante-. Lo que eso significa es una división en el interior de la clase dominante acerca de los medios para superar la crisis. El capitalismo financiero, que adoptó hace tres décadas y media el programa de gobierno neoliberal, para obtener una hegemonía indiscutida, ha entrado en crisis, y el capitalismo industrial entra en fase de rebelión. No despreciemos esa rebelión, todas las fuerzas sociales serán necesarias para avanzar en la historia.
Desde el punto de vista económico, para evitar ideologismos y debates estériles, lo importante es saber cuál es la mejor salida a la crisis. ¿Acaso la desconexión de Cataluña es más catastrófica que la gestión liberal de la crisis que practica el gobierno de España? ¿Qué nos va a costar más a los pueblos peninsulares -y a los africanos bajo soberanía española-, la continuidad del sistema o la alternativa popular republicana? Esta pregunta no se puede responder ahora mismo, pero creo que la cuestión se va a dilucidar en el año 2016. Mientras tanto podemos seguir con el debate. Cuando se contemplan los costes de la independencia, pueden sentirse los escalofríos. Pero ¿no es más escalofriante la deriva fascista y belicista del capitalismo liberal?
Gramsci y la cuestión nacional
A los intelectuales de izquierda en este país les gusta citar a Gramsci. Seguramente saben que el pensamiento de la nación italiana es importante para este intelectual orgánico de la clase obrera italiana. Tal vez se pueda trasponer esa idea gramsciana a la nación española, como hizo Laclau respecto de la nación argentina -lo que nos da Podemos-. Pero entonces tropezamos con las nacionalidades periféricas del Estado, que se elevan como un obstáculo insuperable para esa teoría populista del Estado español. No me cabe duda de que esto provoca las iras de algunos dirigentes de izquierda.
Pero voy a plantear la cuestión gramsciana de otro modo: el nacionalismo puede ser y será utilizado como cemento para formar un bloque social con raíces populares. Pero la cuestión decisiva es qué clase social va a alzarse con la hegemonía en ese bloque histórico. Todos conocemos la respuesta de Gramsci: la clase obrera consciente debe dirigir el bloque histórico hacia la conquista del socialismo. Mi pregunta entonces es: ¿puede construirse un bloque histórico dirigido por la clase obrera sobre la base del nacionalismo español? ¿Se intentó en la II República? No, con la táctica de Frente Popular la hegemonía política siguió en manos de la burguesía. Se intentó en Asturias en 1934 y se fracasó; se intentó en Cataluña en 1937, y también se fracasó. ¿Se puede volver a intentar? Tal vez; pero entretanto algunos hemos llegado a la conclusión de que eso no es viable bajo el nacionalismo español. Los que nos educamos bajo el franquismo sabemos lo que esa máscara de la españolidad oculta: genocidios, represión inquisitorial, falsificación de la historia,… Una identidad construida con los peores vicios históricos. Conviene recordarlo.
Por eso nos hemos vuelto hacia otras formas de nacionalismo presentes en el Estado español. ¿Puede el bloque histórica catalán estar hegemonizado por la clase obrera consciente? La experiencia histórica da una respuesta afirmativa: la revolución del 1936 en Cataluña. Dar por cerrada la cuestión y decir que el nacionalismo catalán está hegemonizado por la burguesía, es dar por perdida la batalla de antemano. De hecho la hegemonía está cambiando dentro de ese bloque social en estos años. El crecimiento de las CUP y el afianzamiento de ERC en las últimas elecciones, así nos lo indican. Y el golpe que ha sufrido el pujolismo dirigente de CDC, ha sido una magnífica maniobra política que va en el sentido de remover la hegemonía de la burguesía liberal en Cataluña.
Pero estamos muy lejos de conseguir siquiera la existencia de una clase obrera organizada y consciente, aunque algo se va consiguiendo estos años. El desarrollo social hacia el socialismo tiene un carácter republicano y democrático insoslayable, y los errores de los partidos comunistas comienzan por no haber depurado suficientemente los elementos liberales de la ideología que defienden -en su ideología, que resulta ser una perversión del marxismo; pero no en la sociedad, no estoy defendiendo la checa-. Si el socialismo, que es la tarea fundamental de la humanidad moderna, no está hoy en día al alcance de nuestras fuerzas, lo que sí que podemos hacer es construir las herramientas que nos permitan avanzar para superar el capitalismo. Y entre esas herramientas, una fundamental es un Estado democrático participativo, la República. Es en ese sentido que es necesario romper con el Estado español monárquico liberal. Y es en ese sentido que la dinámica política en el Estado español se articula desde hace un par de siglos en el eje del conflicto entre el centralismo borbónico y la periferia republicana. Merece la pena tener en cuenta a los catalanes, aunque solo sea para volver a ver el horizonte republicano en los pueblos de la península ibérica.
Cabe preguntarse si esa dinámica política resultará fecunda para la historia de los pueblos de la península ibérica, o será solo una cortina de humo para ocultar problemas más importantes y decisivos, que afectan a los españoles en estos momentos de grave crisis económica. En mi opinión clarificar esta cuestión es fundamental para que la izquierda oriente su acción política hacia resultados factibles y provechosos para el pueblo trabajador.
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