El anuncio oficial supone un nuevo paso en la estrategia dirigida a evitar el desgaste de la monarquía ante el descrédito que pesa sobre el rey emérito. Su marcha no supone el final de esta historia, que seguirá su curso en los tribunales.
Entró de la mano de un dictador y saldrá a bordo de un avión. El primer lunes de agosto pasará a la historia como el día en el que Juan Carlos I anunció la última de sus maniobras para tratar de evitar que los escándalos e investigaciones judiciales que se ciernen sobre su figura dañen aún más a la ya dañada institución monárquica. El emérito se va, pero emérito seguirá: desde un punto de vista oficial, no perderá tal designación allá donde se instale en esta nueva etapa de su vida.
Una catarata que por momentos se hizo tsunami. Un río de escándalos, embrollos y bombas informativas que levantan día a día un mar de dudas sobre las actividades que, de forma paralela a su papel de Jefe de Estado –o valiéndose de ello- Juan Carlos I mantuvo durante su reinado.
El paso anunciado este lunes de verano era esperado –con inquietud incluso– en ámbitos gubernamentales, donde sabían que de un momento a otro habría un pronunciamiento. Faltaba saber el sentido del anuncio: se especuló que el emérito abandonaría La Zarzuela pero no España. También que Felipe VI daría el paso de quitarle el título que hoy disfruta. Ni una cosa ni otra.
La carta difundida por la Casa Real se ha convertido en el último capítulo de una historia cargada de momentos impactantes. Hace justo dos años se conocieron los audios de la reunión mantenida en Londres entre la amiga íntima de Juan Carlos I, Corinna Larsen con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. Entonces se supo que Larsen decía, entre otras cosas, que el emérito tenía dinero en paraísos fiscales.
«Una nueva página»
La montaña siguió creciendo. Casi un año después, en mayo de 2019, el emérito anunció oficialmente que se retiraba de la actividad pública. «Creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y de completar mi retirada de la vida pública», afirmaba en la carta a Felipe VI que se conoció entonces.
Su actividad institucional desde que abandonó el trono había estado marcada por distintas fotos, aunque hubo una imagen especialmente significativa: en noviembre de 2018, el rey emérito había sido fotografiado sonriente en Abu Dhabi junto a Mohamed Bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí y sobre quien pesaban numerosas sospechas en torno a su vinculación con el descuartizamiento del periodista opositor Jamal Khashoggi.
Cuentas turbias
Sus viejas relaciones con el régimen saudí le han llevado, precisamente, a estar en el centro de los escándalos. El fiscal suizo Yves Bertossa lleva desde 2018 tras el origen de una multimillonaria donación recibida por Corinna Larsen. En marzo de este año, el diario británico The Telegraph reveló que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación ‘offshore’ en la que se ingresó la supuesta donación de 100 millones de euros del reino saudí a Juan Carlos I.
Escándalos y más escándalos, incluso en tiempos de pandemia: el domingo 15 de marzo, con toda España recién confinada y bajo estado de alarma, Felipe VI dio a conocer un comunicado oficial en el que anunciaba que retiraba la asignación que Juan Carlos I cobraba en su calidad de emérito y, al mismo tiempo, renunciaba a la herencia de su padre. Tal como destacó Público entonces, se trataba de una auténtica argucia: el Código Civil prohíbe renunciar a una herencia hasta que se produzca el fallecimiento del titular.
En cualquier caso, las aguas siguieron revueltas. En junio pasado, el Tribunal Supremo asumió la investigación en torno a un posible delito fiscal y blanqueo de capitales por parte de Juan Carlos I. La presión sobre la Casa Real para que Felipe VI diera un nuevo paso se hizo aún más notoria: en el Gobierno de Sánchez ya no eludían la cuestión y asumían que algo debía ocurrir.
Se esperaba un gesto, pero sin abrir nuevos frentes. No en vano, en junio pasado la Mesa de la Cámara rechazó con los votos de PSOE, PP y Vox las iniciativas formuladas en tal sentido por Unidas Podemos, ERC, JxCat y PNV. Los letrados concluyeron que la figura de Juan Carlos I goza aún hoy de «inviolabilidad absoluta» y, por tanto, no se puede abrir una investigación que le afecte, algo que choca con la decisión del Supremo de asumir precisamente este caso.
Ahora, el primer lunes de agosto, la Casa Real volvió a publicar un comunicado oficial –algo nada habitual en su política de comunicación– para contar que el rey emérito había decidido marcharse de España. Se llevará consigo el título sin asignación y un mar de sospechas que se dilucidará en los tribunales.
Firma para exigir la retirada de honores a Juan Carlos de Borbón