Washington violó la Constitución y las leyes para asegurar las duras condenas a Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert, cinco antiterroristas cubanos que cumplen más de 14 años de injusto castigo. Fue una conspiración que duró todo el proceso y en la que invirtió millones […]
Washington violó la Constitución y las leyes para asegurar las duras condenas a Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert, cinco antiterroristas cubanos que cumplen más de 14 años de injusto castigo. Fue una conspiración que duró todo el proceso y en la que invirtió millones de dólares. Sobre las personas y el volumen de recursos utilizados y otros aspectos claves de esta operación sólo se tiene una información par
Obligado a liberar inmediatamente a nuestros compañeros, el gobierno conspiró también para ocultar lo que hizo, incurriendo en un delito adicional, el del encubrimiento. Tal es la esencia de la declaración jurada que Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández, presentó a Joan Lenard, jueza del Distrito Sur de la Florida. Respalda así la solicitud de anulación de su condena o que se le conceda una audiencia oral y se descubran todas las pruebas que el gobierno esconde.
La conspiración consistió en usar medios locales de Miami en una campaña propagandística de odio y hostilidad sin precedentes. Emplearon a un numeroso grupo de «periodistas» que repitieron artículos y comentarios día y noche hasta producir un auténtico vendaval desinformativo. Del 27 de noviembre de 2000 -día en que empezó el juicio- al 8 de junio de 2001 -cuando fueron declarados culpables- sólo en The Miami Herald y El Nuevo Herald aparecieron 1.111 artículos, más de cinco por día. Igual ocurrió con el Diario de Las Américas , saturando completamente la prensa escrita. Los «periodistas» actuaron también en emisoras de radio y televisión y en otras publicaciones. Era imposible evadir esa incesante propaganda en ningún rincón del sur de la Florida.
La acción delictiva fue más allá de la propaganda. Los «periodistas» también hostigaron a testigos y jurados quienes se quejaron a la jueza del acoso de cámaras y micrófonos. Varias veces la señora Lenard se sumó a sus protestas.
En agosto de 2005 los tres jueces de la Corte de Apelaciones, unánimemente, declararon nulo el juicio de Miami al que describieron como «una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad» creada precisamente por los medios locales. Al dictar el histórico fallo los jueces no sabían, ni podía saberlo nadie, que el responsable de esa «tormenta perfecta» era la Fiscalía que faltó gravemente a su obligación de garantizar un juicio justo.
La primera noticia de la conspiración del gobierno con sus «periodistas» surgió un año después, en septiembre de 2006. Desde entonces el gobierno bloquea gestiones de grupos privados para que muestre el alcance de esa operación, rechaza la demanda incluida en las apelaciones extraordinarias de nuestros compatriotas y amenaza con razones de seguridad nacional, para perpetuar el ocultamiento. El caso de los Cinco tiene una extraña relación con la prensa. En Miami los medios fueron un instrumento decisivo para condenarlos. Fuera de Miami, los castigan con el silencio.
El gobierno no sólo se opuso al escrito del defensor de Gerardo. Fue mucho más allá. En un paso que ella misma admite es totalmente inusual, la Fiscalía pidió la supresión del documento: que se le haga desaparecer como si nunca hubiera existido. Para mantener esa actitud, Washington cuenta con los dueños de las corporaciones mediáticas que imponen el silencio sobre el tema. Nada han dicho sobre la importante moción ni sobre el intento de hacerla desaparecer.
La irrefutable denuncia de Garbus plantea un reto a los profesionales del periodismo. ¿Seguirán ocultándola, sirviendo así a quienes mancillaron su oficio? ¿O salvarán la honra de su profesión reclamando que los farsantes sean desenmascarados y que la verdad y la justicia prevalezcan? La responsabilidad de los medios es aún mayor si se recuerda su papel respecto al cargo más grave incluido en este caso.
UN «ASESINATO» FABRICADO
El 24 de febrero de 1996 se produjo un lamentable incidente frente al Malecón habanero. Dos avionetas de un grupo terrorista de Miami fueron derribadas por la defensa antiaérea cuando violaban el territorio cubano. Decenas de hechos semejantes habían ocurrido en el último año y Cuba advirtió públicamente que no toleraría su repetición.
El asunto se examinó en la Organización de Aviación Civil Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU.
El 7 de mayo de 1999 -luego que habían pasado mas de tres años- el gobierno de Estados Unidos, de modo irresponsable, lo convirtió en el cargo 3 (Conspiración para cometer asesinato) formulado sólo contra Gerardo. El cargo 3 concentró casi completamente el proceso de los Cinco, al que dedicó el tribunal la mayoría de sus sesiones, expertos y testigos, y fue eje central de la campaña mediática. Curiosamente, los medios le prestaron gran atención al cargo 3 antes de que éste existiera. Puede afirmarse que la acusación fue un acuerdo entre el gobierno y los grupos terroristas responsables de aquel suceso en que los «periodistas» pagados por el gobierno tuvieron un papel decisivo.
En septiembre de 1998 cuando el FBI apresó a los Cinco, la Fiscalía presentó los cargos de los que eran acusados. Allí no estaba el cargo 3, no se hacía referencia alguna a incidentes aéreos o nada parecido. La acusación contra Gerardo fue agregada más de medio año después, cuando él y sus compañeros estaban en confinamiento solitario, aislados del mundo, durante 17 meses.
La prensa de Miami entre septiembre de 1998 y mayo de 1999 confirma esta afirmación. Son numerosas las declaraciones de jefes de grupos violentos, ampliamente difundidas y amplificadas por los «periodistas», pidiéndole al gobierno que agregase la nueva acusación. Incluso la noticia, profusamente desplegada, de reuniones entre fiscales y terroristas de las que surgiría la infame calumnia.
Los documentos de la Fiscalía llevarían a cualquier periodista serio a la necesidad de averiguar. Ahí consta que el FBI descubrió quién era Gerardo y qué hacía allá desde 1994, más de dos años antes del incidente de 1996. Habían descifrado sus comunicaciones con La Habana, sabían lo que hacía y lo que se le instruía hacer. Por eso no actuaron contra él, les constaba que su trabajo no era en absoluto perjudicial para Estados Unidos. Sabían también que Gerardo nada tenía que ver con los sucesos de 1996. En aquellos días fue grande el alboroto en Miami y en Washington. Bill Clinton ha escrito que hasta se le propuso un ataque militar a Cuba. Los más agresivos grupos del sur de la Florida vociferaban reclamando guerra. ¿Puede alguien creer que no habrían hecho nada contra el «culpable» por el derribo de las avionetas? ¿Que no actuasen contra él si lo tenían allí mismo, controlado por el FBI?
¿Y Cuba? Ninguna de las comunicaciones con Gerardo, que el FBI presentó en el juicio, sugiere siquiera la menor preocupación por su seguridad ante los riesgos que enfrentaría si él hubiese tenido alguna participación en el incidente. Gerardo continuó su labor en Miami por tres años más. Vino a Cuba y regresó, a nadie se le ocurrió que se quedase para proteger su vida. Cuando lo detuvieron, en septiembre de 1998, no lo acusaron de nada relacionado con lo ocurrido en 1996, por la sencilla razón de que el FBI conocía que él no tuvo relación alguna con aquella desgracia.
Sin embargo en 1999 lanzaron la increíble calumnia del «asesinato», para satisfacer a la mafia terrorista y sus corifeos en los medios asalariados del gobierno. Tan endeble era esa acusación que la propia Fiscalía reconoció oficialmente, en acción sin precedentes en la historia norteamericana, que no la podía probar y pidió retirarla, algo que hubiera sido noticia de primera plana si se tratase de otro caso y no del de los Cinco. Gerardo fue sentenciado a morir en una cárcel de máximo rigor por algo de lo que no era acusado.
IMAGENES SECUESTRADAS
El 6 de marzo de 1996 el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) designó una comisión para que investigara el incidente del 24 de febrero y le presentara su informe en sesenta días. El 19 de marzo, el presidente de esa comisión comunicó a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos los datos e informaciones que requería y pidió visitar ambos países. Cuba recibió a los investigadores el 24 de marzo. La misión trabajó intensamente hasta el 31 de ese mes. De aquí se fue a Washington y Miami.
Pero el 6 de mayo el informe no estaba listo. La comisión dio cuenta de lo que había hecho en sus visitas a ambos países y debió pedir un mes adicional para acopiar la información que le faltaba. ¿Qué había sucedido? Respecto a Cuba la comisión hizo constar lo siguiente: «Para el 30 de marzo de 1996, las autoridades cubanas habían cumplido totalmente con todas las solicitudes formuladas por este equipo en relación con entrevistas y declaraciones por parte del personal civil y militar involucrado, entrevistas y declaraciones de testigos, informaciones civiles y militares, documentos y cartas, así como registros y transcripciones de comunicaciones».
En cuanto a Estados Unidos, sin embargo, mencionó que tuvo varios encuentros con las autoridades y estaba a la espera de recibir los datos de los radares norteamericanos.
La OACI extendió el mandato de la comisión hasta el 6 de junio. Pero el informe no llegó hasta el final de ese mes y fue visto en la última sesión del Consejo.
Entonces se supo lo que había hecho la comisión después que salió de La Habana, único lugar donde encontró toda la información nec esaria. Según el informe final, la misión no regresó a Washington ni a Miami. Sólo se reunió con funcionarios estadounidenses en Montreal, Canadá, del 2 al 9 de mayo y el 3 y 4 de junio. No hay que ser un oráculo para imaginar que esos cónclaves secretos facilitaron la redacción final del documento.
Los datos de las estaciones de radar norteamericanas eran sorprendentes. Fueron destruidos, o se perdieron, o eran confusos. En Cuba, en cambio, los investigadores no solo habían recibido a tiempo los datos de nuestros radares, también visitaron sus instalaciones, revisaron sus equipos y entrevistaron a sus operadores. Nada de eso pudieron hacer del lado norteamericano. La comisión decidió entonces olvidar la información de los radares y pidió a Washington las imágenes tomadas por sus satélites espaciales. Esta petición fue denegada y la OACI dejó constancia de la curiosa negativa.
La cuestión de las imágenes que los satélites norteamericanos registraron sobre los sucesos del 24 de febrero de 1996, reclamadas sin éxito por la OACI, reapareció durante el juicio de Miami. La determinación del lugar exacto donde ocurrió el incidente no era relevante para Gerardo, pues él era totalmente ajeno al hecho dondequiera que éste hubiera ocurrido. Pero era decisiva para el tribunal, que sólo tendría jurisdicción si el lamentable suceso hubiese tenido lugar fuera del territorio cubano.
En Miami se repitió la discusión sobre los datos contradictorios de los radares. Fue un experto del gobierno, alto oficial retirado de la Fuerza Aérea, quien destapó la olla. Para resolver la disputa preguntó simplemente: ¿Por qué no vemos las imágenes de nuestros satélites? De inmediato la defensa presentó una moción para que se instruyese al gobierno presentar las imágenes. La Fiscalía tercamente se opuso. Ahora la disputa no era sobre la ubicación del incidente aéreo, sino sobre la ubicación de las imágenes que supuestamente aclararían el asunto.
Desde entonces no han sido pocos los esfuerzos para encontrar las tan famosas como perdidas imágenes. Una institución privada de California hace años realiza gestiones para obtenerlas, hasta ahora sin éxito. Las solicitó varias veces a entidades oficiales de Estados Unidos que manejan los satélites de ese país. Todas se negaron a facilitarlas. Aún se espera un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de California.
Semejante reclamo está incluido en el habeas corpus presentado a nombre de Gerardo. Como habrá adivinado el lector, la Fiscalía se opuso ya a la presentación de las imágenes.
Washington ha sido tenaz en su negativa a mostrar las imágenes tomadas por sus propios satélites. Sólo las examinaron, obviamente, las autoridades norteamericanas, quienes se han encargado de impedir que alguien más pueda verlas. No pudo conocerlas la OACI, ni la ONU, ni un tribunal federal, ni la sociedad norteamericana. Sólo el gobierno accedió a ellas. Nadie más. Han pasado más de 16 años de hermético ocultamiento. Las imágenes satelitales fueron, sencillamente, secuestradas, desaparecieron. ¿Cómo explicar esa conducta? ¿Qué otra explicación puede tener como no sea que los gobernantes norteamericanos, los únicos que vieron las imágenes, saben que prueban que el incidente ocurrió dentro del territorio cubano? Sólo eso puede explicar que las condenasen, también a ellas, al confinamiento solitario y las hayan castigado, como a Gerardo, a prisión perpetua.