Recién comenzado el año 2009, ya no es posible dudar del alcance de la crisis que afecta al sistema capitalista mundial: diversos organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, postergan hasta el año 2011 una hipotética recuperación y anuncian graves consecuencias en términos de despidos masivos y precariedad laboral1. Informes fiables de prestigiosos think-tanks […]
Recién comenzado el año 2009, ya no es posible dudar del alcance de la crisis que afecta al sistema capitalista mundial: diversos organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, postergan hasta el año 2011 una hipotética recuperación y anuncian graves consecuencias en términos de despidos masivos y precariedad laboral1. Informes fiables de prestigiosos think-tanks europeos, entre los que se encuentra Global Europe Anticipation Bulletin, señalan que la recesión podría prolongarse durante una década en algunos países y auguran un incremento de la inestabilidad política con riesgo de estallidos sociales2. En nuestro país, la crisis económica ha tenido un profundo impacto sobre el sistema de relaciones laborales, desencadenando un proceso de destrucción de puestos de trabajo tan intenso como extenso, que el profesor Baylos Grau, de forma muy expresiva, calificaba recientemente de «carnicería laboral»3.
En este contexto, resulta interesante reflexionar sucintamente sobre una de las instituciones más características y fundamentales de ese sistema golpeado por el tsunami económico: nos referimos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya razón de ser pasada, pero también presente, está ligada de manera indisoluble a la necesidad de protección de los trabajadores dependientes, verdadero origen y motivo de la denominada legislación social.
En efecto, el nacimiento y desarrollo del Derecho del Trabajo está ligado a la acción reivindicativa del movimiento obrero. El capitalismo trajo consigo la formación de la clase obrera, integrada por trabajadores asalariados que, privados de medios de producción propios, venden su fuerza de trabajo para subsistir. La expansión del proletariado durante la industrialización proporcionó a los trabajadores conciencia del antagonismo latente en la producción capitalista y de la necesidad de organizarse para defender sus intereses. La movilización consiguiente contra el capitalismo, a través de organizaciones sindicales y políticas portadoras de un proyecto revolucionario se conoce, históricamente, como movimiento obrero y es determinante para el surgimiento del Derecho del Trabajo. La presión de las organizaciones obreras forzó la intervención legislativa del Estado, conquistando diversas reivindicaciones sociales que, en el devenir del tiempo, cristalizaron en un bloque normativo ciertamente complejo que se proyecta sobre todos los aspectos de las relaciones laborales: contrato de trabajo, seguridad y salud laboral, Seguridad Social…
Pero, en paralelo a este proceso histórico-político, crecía la conciencia de que el poder económico de los empresarios podía frustrar la aplicación de las normas protectoras del trabajo, vaciándolas de contenido y reduciéndolas a un simple ejercicio ético sin fuerza vinculante alguna. Esta coyuntura explica el surgimiento de la Inspección de Trabajo como instrumento del Estado para garantizar la observancia de la normativa enderezada a regular las relaciones entre empresarios y trabajadores. En palabras, ya clásicas, del profesor Montoya Melgar, «hasta tal punto el Derecho del Trabajo debe su coactividad -es decir, su carácter de verdadero orden jurídico- a la creación de la Inspección de Trabajo que, como se ha dicho repetidamente, la historia de la legislación laboral es la historia de la Inspección de Trabajo»4
Empero, en las dos últimas décadas hemos asistido a la desregulación progresiva del mercado de fuerza de trabajo, hasta completar una transición nítida entre la organización keynesiana y la liberal de dicho mercado. Este proceso, que ha supuesto un importante retroceso en la protección legal de los trabajadores, se desarrolla al margen del turnismo político mediante diversas fórmulas legislativas: el abaratamiento del despido, la contratación temporal no causal o la desregulación de numerosas condiciones de trabajo… Su objetivo es elevar la tasa de beneficio incrementando la tasa de explotación de los trabajadores. Pretende rentabilizar al máximo el uso de la fuerza de trabajo flexibilizando el empleo y eliminando controles administrativos y sindicales. La política neoliberal, brote joven de un tronco viejo, no busca fomentar el crecimiento económico y el bienestar social, sino, pura y simplemente, el beneficio privado.
Es así que la Inspección de Trabajo ha tenido y tiene todavía que desempeñar su cometido en un contexto profundamente hostil a los objetivos de política social que orientaron su creación hace más de 100 años. Es este contexto, caracterizado por la hegemonía de la ideología «neoliberal» y la decadencia paulatina del keynesianismo, el que explica y justifica la asombrosa precariedad de medios humanos y materiales adscritos a dicho organismo y la notoria insuficiencia de los instrumentos jurídicos puestos a disposición del colectivo inspector para el desenvolvimiento de su actividad. O dicho con mayor claridad: el incumplimiento generalizado de la legislación laboral y la incapacidad de la Inspección de Trabajo para cumplir con sus funciones, expresan y son consecuencia de la voluntad política de los responsables orgánicos y funcionales del referido sistema institucional de evitar que exista un órgano administrativo capaz de poner orden en la arena de la economía. Desde este punto de vista, el proyectado traspaso de la Inspección de Trabajo a Cataluña en un momento de grave deriva neoliberal de los gobiernos estatal y autonómico, podría suponer un paso decisivo para su completa neutralización, abriendo la puerta a una rápida degradación de las funciones y servicios legalmente encomendados al sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
No obstante, como decíamos al principio, parece haber hecho eclosión una crisis económica que, sólo en Cataluña, afecta ya a decenas de miles de trabajadores y que probablemente empeorará a medida que sus efectos se extiendan a la economía real. Esta situación, inevitablemente portadora de inestabilidad sociopolítica, ha provocado un cuestionamiento de la retórica neoliberal que, a través de una feroz ofensiva ideológica, posibilitó la imposición de las estrategias desreguladoras en el ámbito laboral. En lo relativo a la Inspección de Trabajo, puede ser un buen momento para reclamar que, fiel a su función originaria, recupere su importancia y protagonismo en el mundo del trabajo, dotándola de recursos humanos, materiales y jurídicos para cumplir con sus responsabilidades, como expresión de un sano y deseable intervencionismo al servicio de la justicia social y de la igualdad entre los hombres.
Héctor Illueca Ballester. Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Notas:
1 http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/12/23/ocde-preve-25-millones-de-desempleados
2 http://www.leap2020.eu/Espanol_r53.html?PHPSESSID=3a8ce564217007b20a09a5e6cff50a38
3 http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=12841
4 Montoya Melgar, A. Derecho del Trabajo. Madrid: Tecnos, 2007; p. 247.