El intento de resolver de forma dialogada el conflicto vasco, ha estado hipotecado desde sus orígenes por la Ley de Partidos. Medida legal de corte dictatorial que consensuaron tanto el PSOE como el PP, entonces en el poder. Su reconocida impotencia para acabar con ETA los llevó a cargar el impulso represivo contra las organizaciones […]
El intento de resolver de forma dialogada el conflicto vasco, ha estado hipotecado desde sus orígenes por la Ley de Partidos. Medida legal de corte dictatorial que consensuaron tanto el PSOE como el PP, entonces en el poder. Su reconocida impotencia para acabar con ETA los llevó a cargar el impulso represivo contra las organizaciones políticas de la izquierda vasca. España volvía a reeditar en Euskal Herria la noche larga del franquismo: determinadas personas no afines al régimen eran privadas por ley de sus derechos políticos más elementales. La izquierda vasca sólo podría incorporarse al escenario político previa proclamación expresa de los métodos no violentos en la confrontación partidaria.
Una democracia viciada de raíz
La aplicación de esta Ley ha sido un foco de permanentes atropellos: la izquierda vasca quedó ilegalizada e impedida de participar en los diferentes procesos electorales; se vive una permanente situación de apartheid; las instituciones están funcionando con un grave déficit democrático ya que no son la expresión de la voluntad popular; han quedado viciadas de complicidad y colaboracionismo el resto de fuerzas políticas que cuentan con una sobre-representación institucional pues se han apropiado de los puestos que correspondían a la formación ilegalizada; la justicia se ha politizado ya que se dedica a perseguir y reprimir cualquier iniciativa pública promovida por la formación ilegalizada.
Una fuente de tensiones y contradicciones
En el momento de iniciarse un diálogo con vistas a buscar una solución negociada, el Gobierno de la nación se ve abocado a mantener interlocución permanente con Batasuna, fuerza política que oficialmente no existe. El Gobierno no quiere derogar la Ley de Partidos y, en determinadas ocasiones, exige a la judicatura que la aplique con permisividad; la judicatura, contraria en su mayoría al proceso, utiliza esa Ley para impedir cualquier flexibilización del gobierno y le traslada a éste la responsabilidad de cambiar la Ley. El Presidente del Gobierno Vasco considera que debe dialogar con todas las fuerzas políticas y ese ejercicio de responsabilidad lo convierte en potencial delincuente por reunirse con los ilegalizados; el Gobierno Vasco reitera que está en contra de la Ley de Partidos pero la ejecuta cada vez que la Audiencia Nacional prohíbe un acto de la ilegalizada Batasuna; el Gobierno de Zapatero reitera que quiere sondear caminos de resolución similares a los de Irlanda y, al mismo tiempo, asegura que mantendrá fuera de la Ley al «Sinn Fein» vasco.
La actitud facilitadora de la izquierda vasca
Desde que entró en vigor la Ley de Partidos, la izquierda vasca ha denunciado de mil formas el atropello que supone la aplicación de dicha Ley. Y, desde que se inició el intento de diálogo, Batasuna ha estado reclamando igualdad de oportunidades; no se le puede exigir que priorice la actividad política cuando ésta le es prohibida. Pese a ello, y precisamente para favorecer la creación de un marco democrático, ha sido la izquierda vasca la que más esfuerzo está haciendo con sucesivas propuestas. El año 2004 presenta su método para la resolución con la fórmula de las dos mesas negociadoras que ahora es considerado por todos como el más correcto. A comienzos de este año da otro paso que facilita puntos de encuentro: la aceptación de un modelo autonómico para Euskal Herria siempre que deje abierta la puerta a una configuración nacional si así los deciden los propios vascos. Todas estas propuestas han recibido siempre por parte del Estado y de sus muchos colaboradores locales, la misma respuesta: todo esto no basta, es necesario que la izquierda de por acabada la marca de Batasuna y se registre como fuerza política nueva que haga una apuesta explicita por las vías democráticas. La izquierda ha aceptado esta condición: el día 27 de marzo comparece en la ventanilla del Ministerio de Interior y registra una nueva marca política moviéndose dentro de los estrechisimos márgenes que le concede la Ley de Partidos; la nueva formación que intenta registrar es Abertzalen Socialista Batasuna (Unidad de vascos socialistas). No se hace una condena explícita de la violencia, que tampoco lo exige la Ley. Pero, en el ideario de la nueva formación, se hace, tal y como contempla la Ley, una apuesta explicita por las vías de actuación políticas y democráticas.
La reacción dictatorial del Estado español
Nos referimos al vergonzoso «tripartito» que se ha constituido de hecho: la derecha española del PP, la derecha vasca del PNV y el obcecado gobierno del PSOE. Los tres, a coro, se han dedicado, desde el primer momento, a descalificar la muy difícil y novedosa iniciativa de la izquierda vasca. Utilizan todos sus medios para hacer una guerra de imagen socializando los argumentos descalificatorios: Es una continuación de Batasuna porque aparecen personas conocidas en ese mundo (¿quienes van a desarrollar la acción de una formación política, sino sus propios dirigentes?); utilizan el mismo nombre (no reparan que batasuna significa frente o unidad); no condenan explícitamente la violencia (la Ley no lo exige); esta filosofía hubiera valido hace unos meses pero después del atentado de Barajas… (no se está juzgando la iniciativa en base al texto de la ley sino en base al contexto político que a ellos les favorece); se trata de un señuelo electoral (la apuesta es mucho más delicada y más seria; no es una apuesta electoralista, se trata de dotar a la izquierda de una marca reconocida que le confiera condición de sujeto político). En consecuencia, no se puede admitir la nueva formación y hay que perseguirla por ilegal. No les interesa superar la violencia sino forzar a la izquierda para que la condene; no se trata de construir el futuro de forma dialoga sino de degradar mediante la humillación a la izquierda vasca. Los hechos represivos acompañan estos planteamientos: El gobierno reacciona de forma fulminante y, en tres horas, rechaza la nueva organización pasando los papeles a la Fiscalía del Estado para que la ilegalice; el día 27 inicia el Estado español un operativo contra ETA deteniendo a once presuntos miembros de la organización; al día siguiente es el Estado francés quien detiene a dos personas que rondan los 50 años y que se identifican como miembros del Equipo negociador de ETA. Prohíbe el acto que tenía programado la izquierda para el día 31 de marzo si en él se hacen referencias a su nueva organización política.
Valoración de la izquierda vasca
El PP sigue, en este caso, la misma línea de actuación de siempre. El PSOE, y su escudero el PNV, aplican su estrategia habitual y consensuada entre ellos: no hacer ninguna propuesta, descalificar las que está haciendo la izquierda, exigirle a ella y sólo a ella que dé nuevos pasos porque los que está dando no son suficientes, utilizar la baza de la ilegalización-represión para ir empujando a la izquierda al abismo forzándole a una disyuntiva: o rendirse o desaparecer («si no claudica, se disolverá como un azucarillo»), reducir la dolorosa aceptación de la Ley de Partidos a una mera escaramuza electoral. No miden la decepción generalizada que generaría una nueva ilegalización y cómo puede canalizarse esa frustración; la negativa a la nueva formación afectaría de lleno al proceso; si a la izquierda se le sigue negando su condición de sujeto político y su posibilidad de ejercer sus derechos podría darse un retroceso de la situación anterior que la izquierda está intentando por todos los medios superar.