En México, entre el 14 y el 22 de marzo, tuvo lugar el IV Foro Mundial del Agua, patrocinado por las grandes corporaciones del sector y las instituciones financieras internacionales; y simultáneamente el Foro Internacional en Defensa del Agua, que nucleó a organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo que luchan por una gestión […]
En México, entre el 14 y el 22 de marzo, tuvo lugar el IV Foro Mundial del Agua, patrocinado por las grandes corporaciones del sector y las instituciones financieras internacionales; y simultáneamente el Foro Internacional en Defensa del Agua, que nucleó a organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo que luchan por una gestión pública, participativa y sustentable del agua.
Uruguay se destacó en ambos espacios: en el primero los representantes gubernamentales marcaron una posición alineada con los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela, firmando una declaración común en la que proponen la consideración del agua como un derecho humano y plantean su preocupación por los posibles efectos de los «acuerdos de libre comercio» sobre el agua.
Mientras tanto, en el foro de las organizaciones y movimientos, el caso de Uruguay –con la aprobación de la reforma constitucional de 2004 y el protagonismo del actor social que lo impulsó (la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, CNDAV)– continuó amplificándose y repercutiendo en todo el mundo.
A México se llegó luego de un proceso de aglutinamiento entre las organizaciones y movimientos de América Latina, América del Norte y Europa, que había comenzado en el Foro Social Policéntrico de Caracas. Allí, en la última semana de enero de 2006, se había generado una declaración que recogía las diferentes perspectivas de los movimientos sociales sobre el agua y sentaba las bases para la construcción de una agenda común a futuro.
Este documento fue uno de los insumos centrales utilizados para la elaboración de la propuesta de declaración que llevó el ministro de Aguas de Bolivia, Abel Mamani –ex dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto–, al IV Foro Mundial del Agua.
El texto recogía cuatro puntos fundamentales: la consideración del agua como un derecho humano fundamental, el establecimiento de bases para una gestión pública y participativa, la exclusión del agua de los acuerdos comerciales, y también contenía referencias críticas al proceso que condujo a los foros mundiales del agua (en el caso del foro de México los participantes debían pagar cerca de 120 dólares diarios para poder participar).
En el proceso de negociación que se dio en México, la posición de Bolivia fue discutida con los representantes oficiales de Venezuela, Cuba, Brasil, Paraguay, Uruguay y algunos países europeos. En este proceso jugaron un papel importante los representantes de los movimientos sociales próximos a estas delegaciones. En realidad, una de las primeras reuniones que permitió esta negociación se coordinó en la marcha de apertura del Foro Internacional en Defensa del Agua. Finalmente los cuatros puntos centrales de la declaración de Bolivia fueron mantenidos en el texto de la declaración alternativa, con un «matiz» con respecto al tema del agua y el libre comercio, señalando la «profunda preocupación sobre los posibles impactos negativos que cualquier instrumento internacional, como tratados de libre comercio e inversiones, pueda tener sobre los recursos hídricos, y reafirmamos el derecho soberano de cada país a regular el agua en todos sus usos y servicios».
La multitudinaria marcha de inicio del foro social del agua estableció, simbólicamente, ciertas pautas para el futuro: permitió la consolidación de un movimiento global en defensa del agua, integrador de perspectivas múltiples y heredero del «espíritu de Caracas» –como muchos definieron al proceso abierto y horizontal que condujo a la referida declaración– que, por primera vez, fue capaz de coordinar esfuerzos en la realización de un foro alternativo al oficial; expresó las fortalezas del movimiento mexicano en defensa del agua, que a pesar de su carácter incipiente logró convocar a cerca de 50 mil personas en la movilización, y demostró que existen fuertes vínculos entre los movimientos y los representantes de algunos gobiernos, sobre todo latinoamericanos, que permiten llevar su voz a los ámbitos de discusión oficiales.
– Carlos Santos, Integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay. www.redes.org.uy www.radiomundoreal.fm
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