La izquierda española, presa de la propaganda sobre el éxito de la Transición

«La izquierda española ha quedado presa de la propaganda sobre el éxito de la transición», afirmó ayer Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y uno de los organizadores de las II Jornadas sobre Políticas de Memoria y Construcción de Ciudadanía que comenzaron este miércoles en la Biblioteca Histórica de la UCM (calle Noviciado, 3) y que se desarrollan hasta el próximo domingo, 29 de mayo.

Jerez hizo un análisis crítico del «enfoque genético o estratégico» sobre la transición del franquismo a la democracia, el relato dominante sobre este periodo de la historia contemporánea española, «hegemónico en el mundo académico y excluyente con los discursos críticos». Esta perspectiva narra la transición como resultado de un pacto entre élites -los reformistas del franquismo y la oposición moderada-, «en el que los actores de la negociación llegan a acuerdos fáciles adaptándose de forma cuasi económica» y expulsan del mismo a los duros del régimen -como Falange- y a los de «oposición maximalista del campo democrático». Este enfoque equipara los dos sectores expulsados, «como si fuera igual ser fascista que ser antifascista».

El profesor de la UCM destacó que este relato dominante, en su simplificación, reduce el proceso a tres protagonistas: el Rey, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, y niega «la violencia inherente al proceso de la transición: la policial y la ejecutada por la ultraderecha con el beneplácito de las autoridades». Igualmente, se identifica democracia con el «sistema procedimental» y se rechaza cualquier adjetivación de la democracia, de forma que su contenido queda limitado.

Una visión más compleja del proceso, apunta el profesor, tendría que tener en cuenta en la forma en que se construyó el sistema democrático español, en el que «se perdió de vista el Estado como espacio de ejercicio de soberanía, territorial y popular», de ahí su debilidad histórica, especialmente en el terreno internacional, donde el país perdió «control sobre el proceso de inserción internacional en el sistema de la globalización» que se ha constituido en los últimos 30 años.

El legado de este modelo de construcción de la sociedad democrática es una sociedad en la que pervive el miedo a la participación, en la que el pensamiento crítico sigue marginado en la Universidad española y en el que el sistema electoral impone el bipartidismo y vulnera la diversidad ideológica, en el que permanece la monarquía, «con todo lo que conlleva de desigualdad» y en el que se ha construido un estado del bienestar fallido que explica el «subdesarrollo social de España», según el término acuñado por Vicenç Navarro.

«Tuvimos una transición tutelada», sentenció Jerez, «la izquierda hizo lo que pudo, pero no se debió bajar la guardia y se debió trabajar sobre los límites impuestos con una agenda para el futuro». Mientras este balance no se aborde, «seguiremos en una sociedad ampliamente despolitizada, en situación de desarme ideológico», una situación que explica que el punto 15 del manifiesto de la Acampada de los Indignados de Sol, en Madrid, reclame la recuperación de la memoria histórica y conocer «los principios fundadores de la lucha por la democracia».

La necesidad de reconocimiento de los orígenes del sistema democrático por parte del movimiento acampado en la Puerta de Sol, en Madrid, fue también el punto de reflexión que inspiró la intervención de la historiadora Ana Domínguez, que se preguntó por «la izquierda en transición y ante la Transición».

La investigadora subrayó que el proceso de transición de la dictadura al franquismo es un periodo complejo que comenzó en los años 60, mientras que el periodo calificado oficialmente como «Transición» se limita al cambio institucional iniciado en 1977. «Tras la muerte de Franco, no se da el fin de la dictadura», sino un cambio institucional de la misma.

Desde los años 60 hasta 1977, por el contrario, se da un proceso histórico «en el que toda la iniciativa democrática partía del antifranquismo: movimiento obrero, vecinal, estudiantil, cultural y de intelectuales», en un conglomerado de redes vinculadas a los partidos antifranquistas. Domínguez utiliza un concepto «incluyente» del antifranquismo, que tiene en común «la responsabilidad civil en una actuación de carácter político».

El proceso incluye un crecimiento del movimiento obrero, con el protagonismo de Comisiones Obreras, en el que los 14 millones de horas de trabajo perdidos cada año durante las huelgas de 1974 y 1975 son equiparables a las de países democráticos, como Francia y Gran Bretaña, y que se transformaron en 150 millones de horas en 1976. «Cuando Adolfo Suárez llega al gobierno en junio del 76, la alternativa para las élites franquistas ya no era entre dictadura y democracia». La única opción era ya la democracia, una situación a la que se llegó «gracias a la movilización» popular durante el primer gobierno de la monarquía, el que continuó la dictadura bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro y a pesar de la violencia y la represión propia de este momento.

La historiadora subrayó también la existencia de una izquierda radical que rompió con el Partido Comunista (PCE) cuando éste optó por la política de la reconciliación nacional en 1956, priorizando la opción de gobernar en el futuro.

El movimiento de indignados se pregunta sobre los fundamentos de la democracia porque el «discurso generado no se fundamenta en el enfrentamiento entre fascismo y antifascismo y niega la existencia de conflicto para resaltar la búsqueda de consenso» y al negar ese conflicto elimina «la responsabilidad del franquismo» y busca «su legitimidad».

En estas condiciones, ni siquiera leyes como la de la Memoria Histórica pueden cumplirse, cuando además, domina en la opinión de la judicatura una «cultura jurídica autoritaria» en la que legisladores, catedráticos y jueces no están a favor del cumplimiento de la ley, indicó el profesor de Derecho de la Universidad Carlos III. Mientras jueces legisladores y profesores, que son los que crean opinión en el ámbito de la judicatura, «pertenezcan a esa cultura jurídica; si esto no cambia, las leyes no se cumplirán», ni se enjuiciarán los crímenes del franquismo. Por tanto, «la esperanza queda en Argentina y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo», sentenció Escudero.