Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) tiene una larga trayectoria en el movimiento pacifista. Ejerció como profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y en sus trabajos se ha dedicado a estudiar, entre otras cuestiones, el comercio internacional, las relaciones Norte-Sur y los ciclos armamentísticos en el Estado español. En 1999 fundó junto con otras […]
Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) tiene una larga trayectoria en el movimiento pacifista. Ejerció como profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y en sus trabajos se ha dedicado a estudiar, entre otras cuestiones, el comercio internacional, las relaciones Norte-Sur y los ciclos armamentísticos en el Estado español. En 1999 fundó junto con otras activistas el Centro de Estudios por la Paz J.M. Dèlas, que desde entonces investiga sobre temas relacionados con la industria armamentística como el gasto militar, el comercio de armas y la financiación de la guerra.
Con motivo del inicio de la campaña de la renta, fue invitado por la plataforma por la Objeción Fiscal al Gasto Militar – Eragozpen Fiskala, compuesta por diferentes colectivos, sindicatos y ONG, para dar una charla en Bilbao.
Según un informe del SIPRI el comercio mundial de armas ha crecido un 10% en los últimos cuatro años. ¿Es un buen momento para la industria y el comercio de las armas?
Siempre es un buen momento para la industria del armamento, que debería estar prohibida. Es una industria que cuesta mucho dinero a los estados, que casi siempre infla los bolsillos de aquellos que dirigen las empresas, aunque los de sus accionistas, que a veces pierden dinero. A partir de ahí, se están beneficiando ejércitos, sistemas políticos, etc.
Recientemente la ministra de defensa, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido a aumentar el gasto militar español en siete años para cumplir con los compromisos con la OTAN. ¿Hacia dónde se dirige el gasto militar español?
Hacia el abismo. Esta señora nos está engañando. Ha dicho que quiere subir 10.000 millones de euros el gasto militar para atender a las recomendaciones de la OTAN, que dictan que esas partidas deben representar el 2% de PIB de cada país. Primero hay que preguntarse por qué razón la OTAN ha impuesto ese porcentaje. Incluso suponiendo que esta recomendación hubiera tenido que ser cumplida por el gobierno español, lo que es evidente es que en España el gasto militar se esconde en otros ministerios. Desde el movimiento pacifista estamos hartos de reproducir cifras en las que atendiendo, no a lo que dice el gobierno español sino a los criterios de la OTAN, habría que añadir una serie de partidas que nos acercarían muy pronto a ese porcentaje. De manera que lo que hace la señora Cospedal es servir exclusivamente a los intereses del ejército y de la industria militar, en ningún caso a los de los ciudadanos.
Pese a esta opacidad del gasto militar, ¿son las nuevas tecnologías de la información una oportunidad para el movimiento pacifista de concienciar a más gente?
Estas cifras ya se publican, pero deben ser atendidas por la población. En los inicios de mi trayectoria de 20 años en el movimiento pacifista teníamos menos medios, sin embargo la masa crítica con el gasto militar no ha aumentado sustancialmente. Estamos frente a una población acomodada, que se cree lo que le dicen y que además no tiene a veces demasiadas ganas de reaccionar frente a estas enormes injusticias.
Un informe del Centre Delàs relacionó las exportaciones de armas europeas con lo que se ha dado en llamar crisis de las personas refugiadas. ¿Hasta qué punto son responsables los países de la Unión Europea de la situación de las personas refugiadas?
Los países que tienen guerras curiosamente jamás han fabricado armas. Si vemos qué es lo que hace Yemen, Siria, Afganistán, Sudán del sur, Libia…, veremos que no fabrican nada. Las armas que utilizan en las guerras proceden mayoritariamente de países ricos, entre ellos España. Somos causantes de la guerra. Como resultado de ello, cerramos injustamente nuestras fronteras para que no vengan, pero para eso también hay que emplear la violencia. El gobierno español, por ejemplo, ha empleado una violencia dramática cerca de Ceuta, en el Tarajal, cuando unas personas intentaban llegar allí mientras la guardia civil les disparaba impunemente. Esto no es propio de un estado democrático.
¿En qué consiste la objeción fiscal al gasto militar? ¿Qué alcance tiene?
En España la objeción fiscal al gasto militar nació en 1983, a raíz de la incorporación en la OTAN el año anterior. En aquel momento se habló de que para homologar todas las fuerzas armadas españolas, con sistemas de la OTAN, hacía falta incrementar mucho el gasto militar, presupuesto de tecnología, presupuesto de fabricación de armas, etc… Nos dimos cuenta de que esto era una barbaridad y empezamos a practicar la objeción fiscal, siguiendo el paralelismo con lo que ya se hacía de la objeción de conciencia al servicio militar.
Había personas que no querían participar en la preparación de la guerra con su cuerpo y su esfuerzo y por tanto se declaraban objetores de conciencia. Entonces lo mismo pasa con los que no querían participar con su dinero en la financiación de la guerra. Eso significa que en sus impuestos, que es donde se puede actuar, se deja de pagar el porcentaje que el ministerio de defensa tiene en el gasto en los presupuestos del estado. Si el gasto militar es un 2% de los presupuestos y a mí me toca pagar 100, pagaré 98 porque tampoco quiero dejar de abonar esta cantidad al estado. De manera que lo que se hace es elegir una ONG o alguna acción social, entregar esos dos euros restantes y decirle a Hacienda: «A mí me tocaría pagar 100 pero como dos se los van a gastar muy mal, ahí tienen los otros 98».
¿Se trata de un acto de desobediencia civil?
Evidentemente el acto no está reconocido por la ley y si te cogen, que no siempre pasa, pueden exigirte esa cantidad. Con todo, las cosas van avanzando. Hasta ahora tú dejabas de pagar los dos euros, te los reclamaban y además te añadían una multa o unos gastos de embargo y acababas pagando ocho. Sobre esto hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que al objetor le dijeron que debía pagar solo el reembolso pero no la multa.
Con buen criterio, la sentencia advertía que Hacienda solo puede imponer una multa cuando por parte del declarante ha habido voluntad de engaño. Es evidente que el objetor no la tiene porque desde el primer día acude con el recibo de la ONG o asociación a la que ha donado. Una sola sentencia no crea jurisprudencia pero entiendo que hay que ir acumulándolas para que, al final, esto sea así.
¿Qué otras alternativas tiene la ciudadanía para oponerse al gasto militar y la industria armamentística?
Hay algunas que forman parte de lo que llamaríamos objeción de conciencia y otras que serían más amplias. Creo que una manera básica de luchar es la educación para la paz, que ya se practica pero menos de lo necesario. Desde los programas de televisión hasta las escuelas, y especialmente desde las familias, tenemos que intentar que no se imponga la respuesta violenta a los conflictos. Por descontado, también hay que trabajarlo políticamente, con acciones de desarme.
Si tomamos el ámbito de la objeción de conciencia, hasta ahora hemos hablado de dos acciones: la objeción al servicio militar y la objeción fiscal, pero debería haber otras, como la objeción laboral. Precisamente aquí en Bilbao, se ha dado el caso de un bombero que se negó a ofrecer su trabajo para vigilar la exportación de material militar. Hace unos años en Cataluña dos marineros se negaron a realizar el transporte de los soldados españoles que acudían a la guerra de Iraq y perdieron su empleo, pero son casos aislados.
También hay otro tipo de objeción. Hace unos 15 años hubo una reunión en Zaragoza en las que más de mil profes nos declaramos objetores científicos, es decir, firmamos un manifiesto por el cual ninguna de nuestras investigaciones sería utilizada con fines militares. O también está la objeción financiera. Yo me niego a poner dinero en un banco para que se acabe invirtiendo en armas, empezando por el que más dinero invierte en ese negocio, que se llama BBVA.
¿Qué opciones tienen las fuerzas progresistas que han accedido a la institución para acabar con el gasto militar y el comercio de armamento?
Creo que nunca ha habido un planteamiento serio por parte de las fuerzas progresistas, si es que lo son, para parar el desmadre de la industria de la guerra. Por desgracia, el tema del gasto militar es un tema de estado y los partidos políticos nunca han entrado en profundidad en esta cuestión. Es moralmente ilegítimo tener este gasto militar, que no se debería reconocer jamás. Esto no se han atrevido a ponerlo en cuestión ni los partidos de derechas ni los de izquierdas, ni aquí ni en muchos otros países.