En la primera sesión del Debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció nuevos tributos a bancos y energéticas para repartir los costes de la inflación. Era un pasito más en esa contestación de Sánchez a los «poderes económicos» a los que lleva semanas aludiendo, como una forma de tratar de salir a la ofensiva y presentar su Ejecutivo como un aliado de los menos favorecidos en contraste con el big money. «Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría», dijo desde la tribuna. No nombró a ninguna empresa –tampoco a ningún individuo–, pero estaba claro a quién señalaba: Endesa, Repsol, Iberdrola, Naturgy, Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell… Es más, la caída del IBEX hablaba por sí sola sobre los aludidos.
Pues bien, estas no serán las únicas empresas que salgan señaladas del salón de plenos de la Cámara baja, aun sin ser nombradas, en esta semana de alto voltaje político. Algunas otras compañías lo serán por hechos ocurridos no en esta crisis de precios, sino hace años, en realidad décadas, y de las que no puede imputarse ninguna responsabilidad a sus actuales gestores y propietarios. Hechos ocurridos antes de la democracia. Hace más de 80 años, en algunos casos. Hechos que afectan a ampresas a cuyos antecesores podría aplicárseles aquello de que se aprovecharon de otros en peor situación para «amasar mayor riqueza». En su caso, con hechos mucho más graves.
¿De qué hablamos?
De la Ley de Memoria Democrática y de grandes compañías como Acciona, ACS –ambas en el IBEX 35– y OHL.
Un censo de trabajos forzados
Este jueves se debate en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria, que previsiblemente recibirá un respaldo suficiente pese al rechazo de PP, Vox y Cs.
La norma apunta a las responsabilidades del poder económico en la represión franquista, si bien en un punto que apenas ha concitado atención. La ley prevé en su artículo 32.1 la identificación de empresas beneficiadas por el trabajo esclavo durante la guerra y el franquismo, así como posibles «iniciativas» por parte de dichas compañías, se entiende que de «reconocimiento y reparación».
¿Qué «iniciativas», concretamente? No está claro, lo cual enoja a quienes creen que la ley se queda corta y supone un amplio campo de posibilidades para quienes destacan el paso adelante dado con la norma.
La redacción del articulado, que no es precisamente un dechado de claridad, es la siguiente:
«La Administración General del Estado impulsará actuaciones para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares […], de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido, así como impulsar iniciativas por parte de las organizaciones o empresas respecto de las que se constate, a través de la realización de un censo, que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio para que adopten medidas en ese sentido».
Hay que recalcarlo: habrá un «censo» en el que se «constate» el uso de «trabajos forzados» por parte de empresas concretas para que estas adopten «medidas».
Investigaciones históricas
La norma –al igual que Sánchez desde la tribuna– no da nombres. Pero hay investigaciones al respecto que permiten identificar a los implícitamente señalados. Veamos.
El historiador de la Economía Carlos Arenas deja escrito lo siguiente en su exhaustivo ensayo Lo andaluz. Historia de un hecho diferencial(El Paseo, 2022), donde se adentra en el terreno de la represión económica: «La última de las formas en que Franco premió a los suyos fue el férreo control sobre la relación laboral y la protesta obrera. Para empezar, muchas empresas se beneficiaron del trabajo de los presos políticos proporcionados por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. Entre otras muchas, recibieron este regalo empresas constructoras —Banús, Dragados y Construcciones, Huarte, etcétera–, mineras —Carbones Asturianos, Minas del Bierzo—, astilleros e industrias mecánicas —Maquinista Terrestre y Marítima, Babcock & Wilcox, etcétera—, compañías ferroviarias —en 1939, para la compañía MZA trabajaron 5.000 presos—». Y sigue. «El metro de Madrid, ayuntamientos, iglesias, cuarteles, etcétera, contaron también con esclavos. Se ha calculado que el beneficio aportado por la mano de obra roja a las empresas superó los 800 millones de euros», añade Arenas, que señala que «el beneficio de la esclavitud fue especialmente gratificante» en el Canal del Bajo Guadalquivir, con el lucro de un total de 93 terratenientes sevillanos, que multiplicaron por veinte el valor de su patrimonio.
¿Se entiende ahora mejor hacia quién puede ir dirigido, aunque no mencione nombres, el artículo 32.1 de la ley?
Hay que considerar además que algunas de estas empresas no forman parte sólo de los libros de historia. En muchos casos es posible seguir un hilo societario hasta hoy. A veces el punto de destino es una superempresa actual. Por ejemplo, Dragados es ahora parte del Grupo ACS; Huarte, de OHL. Y no es Arenas el único autor que las menciona. Financial Times, en un artículo titulado Franco’s slave citado por La Marea, apuntó a Dragados por el uso mano de obra esclava en la construcción de un pantano en Huesca. En cuanto a la H de OHL, es decir, Huarte, Antonio Maestre la incluye en Franquismo SA (Akal, 2019) en el listado de firmas que participaron en la construcción del Valle de los Caídos. Y añade Maestre como balance general del quid pro quo: el enriquecimiento de parte de la élite empresarial cómplice del régimen «se produjo con su participación directa en la represión que llevó a cabo el régimen franquista», incluyendo el «uso de trabajadores republicanos esclavos».
¿Más ejemplos? El autor se detiene en el caso de Entrecanales y Távora, que en 1997 pasaría a ser Acciona, por valerse del trabajo esclavo de los reclusos del campo de concentración de El Colector, en Sevilla, creado por el golpista Queipo de Llano y que sirvió para recluir a los presos que construyeron un canal para llevar los vertidos lejos de los barrios acomodados de Heliópolis y La Palmera. «El Colector fue muy fructífero para la empresa Entrecanales y Távora. Cuando los trabajos los puedes hacer ahorrándote sueldos con obreros esclavos, el beneficio neto es considerable. Hoy en día, en los terrenos en los que se encontraba el campo, en un terraplén de la margen izquierda de la Corta de Tablada, en el antiguo cauce del río Guadaíra, se encuentra una nave de Acciona, la empresa resultante del emporio Entrecanales. A escasos cien metros, por cuestación popular, se erige un monolito que recuerda a los presos que ayudaron a construir el imperio Entrecanales obligados por el fascismo», escribe el periodista.
infoLibre solicitó a la CEOE su valoración sobre esta norma. «Nuestro cometido se circunscribe a los intereses económicos de la empresas, y no entramos en otro tipo de planteamientos», señalaron desde la patronal.
Este periódico también se dirigió a Acciona, OHL y ACS. No hubo contestación.
Una traducción en el aire
La gran pregunta es en qué se traducirá en la práctica el artículo 32.1. infoLibre planteó varias preguntas al Ministerio de Presidencia. Como estas:
– ¿Se pretende con el artículo 32.1 una compensación económica de las empresas a herederos de trabajadores esclavos? ¿Existe esa posibilidad?
No hubo respuesta directa, tipo sí o no. El ministerio que dirige Félix Bolaños se remite al artículo 30, que establece el «derecho» a una «reparación integral», y a la disposición adicional 15, que prevé que una comisión técnica elabore en un plazo de un año «un estudio» con un conjunto de medidas de «reparación de carácter económico» [ver aquí el proyecto de ley]. Así que hay que esperar.
– ¿Qué tipo de «iniciativas» realizarían las empresas?
La respuesta es: «Cualquier tipo de iniciativa, no se limita ni excluye ninguna».
Presidencia señala también que el censo se realizaría «sin demora» una vez aprobada la norma. Sobre si la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro de Alemania es un referente, responde: «Se tendrá en cuenta toda experiencia comparada que contribuya a la consecución de los objetivos».
Cuando se aprobó el anteproyecto, en septiembre de 2020, una fuente del departamento de Presidencia señaló a infoLibre que la intención del Gobierno era intentar que las empresas se implicaran voluntariamente en algún tipo de reparación, si bien se mostraba consciente de las dificultades de que dicha reparación fuera económica.
Un conocedor del proceso de elaboración de la ley señala que el principal potencial de la norma está en la capacidad que tenga de abrir el debate de la represión económica y sus responsables, no sólo con el censo sino con otras medidas como la «auditoría de los bienes expoliados».
Unidas Podemos señala que el artículo sobre los trabajos forzosos constituye «un avance sustancial» con respecto a la ley de 2007, poniendo el foco en un tabú, la represión económica, que parecía inabordable. «Se abre una puerta a un reconocimiento hasta ahora impensable», señalan desde la coalición, donde aunque hubieran deseado llegar aún más lejos se muestran satisfechos con el terreno ganado, sobre todo en el artículo 2.3, que fija que todas las leyes, incluida la de Amnistía, «se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional […] según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura» nunca prescriben ni pueden amnistiarse.
Críticas de la ARMH
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), se muestra más que escéptico con el alcance de la medida. «¿Qué es eso de ‘impulsar iniciativas’? Yo quiero que quede claro qué van a hacer. Lo demás es humo», protesta Silva, que cree que, para tener enjundia, la reparación debería seguirse el ejemplo marcado por Alemania con la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro, un proyecto conjunto entre el Estado y las empresas acusadas de colaborar con el nazismo para ofrecer compensaciones financieras. Es decir, contantes y sonantes.
El resultado supuso el pago 4.370 millones de euros por parte de importantes empresas, entre ellas Deutsche Bank o Volkswagen. «La presión del lobby judío en Estados Unidos influyó mucho. Dijeron: ‘Indemnice usted o le cierro el mercado’. Y muchas marcas tuvieron que pagar», señala Silva, que recalca que en España no habido ni un solo gesto de autocrítica o voluntad de reparación por parte de las empresas beneficiarias de trabajos forzados.
«Si de verdad quieren que la ley sirva, tendría que establecer que las empresas que usaron a presos políticos para hacerse ricas tendrán que pagar», afirma Silva, para quien parte del problema estriba en que en España, a diferencia de Alemania en relación con el nazismo, el coste en reputación de la colaboración con el franquismo es nulo.
Para subrayar el convencimiento de que el artículo 32.1 se queda corto, la ARMH incluye su propia propuesta en un decálogo recién publicado, concretamente en el punto 5.
Silva pone como ejemplo del –a su juicio– escaso alcance de la ley el caso de Pepe Miñones, responsable de Unión Eléctrica Coruñesa y diputado republicano, cuyo fusilamiento benefició en el sector a Pedro Barrié de la Maza, próximo a Franco, que consiguió dominar el mercado tras el asesinato de su competidor. «¿Se va a compensar de algún modo a su familia? ¿Se le van a devolver las empresas?», pregunta Silva. A su juicio, la respuesta es clara: con esta ley no.
El presidente de la ARMH es crítico no sólo con la formulación del 32.1, sino con todo lo que en la ley se refiere a «reparación», «restitución» y «rehabilitación», que le parece «impreciso y vago», salvo una cosa: la expresa negación de que la nulidad de las condenas implique indemnizaciones. «Eso sí que lo pone muy claro. Ahí no hay vaguedades», señala Silva, que pide para la Ley de Memoria Histórica la misma concreción que en la Ley de Víctimas del Terrorismo.
Fuente: https://www.infolibre.es/politica/ley-memoria-apunta-dar-nombres-ibex-35_1_1280179.html