El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado su proyecto de “ley Maestra”, que no es otra cosa que una apuesta descarada por seguir desmantelando la educación pública en esta comunidad.
Es una ley segregadora, que blinda y potencia la educación concertada, que unido a su resistencia a construir centros educativos públicos, hace que la libertad de elección real de las familias se oriente a la privada-concertada. También pretende incumplir la Lomloe dando conciertos a colegios contrarios a la coeducación, regalando suelo público a empresas privadas y publicando rankings de centros con los resultados de pruebas académicas. Por último, tampoco garantiza la educación inclusiva en todos los centros educativos ordinarios. Llamar “ley maestra” a esto, es el disfraz de la mentira y un insulto a nuestra profesión docente.
Su tramitación en la Asamblea de Madrid está lejos de cumplir cualquier procedimiento parlamentario mínimamente democrático. Se empezó con la acumulación de hasta nueve comparecencias en la Comisión de Educación de organizaciones y entidades en una sola sesión (16 de noviembre de 2021), sabiendo que cada comparecencia supone una hora y diez minutos sin tiempos muertos, y sin parada para comer.
La primera reunión de Ponencia realmente operativa fue el 7 de diciembre de 2021. La Ponencia es la primera instancia de debate de enmiendas y búsqueda de acuerdos sobre el proyecto de ley. Se había acordado por consenso que la Ponencia se dedicaría a la presentación, debate, aprobación o rechazo en su caso de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la ley: 8 enmiendas del PP; 72 de Más Madrid; 15 del PSOE; 44 de Vox y 30 de Unidas Podemos.
Horas antes, se nos comunicó a los portavoces de la Comisión de Educación (a través de WhatsApp) que PP y Vox había llegado a un acuerdo por el que presentaban 27 enmiendas transaccionales. En la reunión de la Ponencia se empezaron a debatir enmiendas y se resolvieron diez de ellas. Pero PP y Vox plantearon cambiar la metodología seguida para aprobar a la carrera su acuerdo externo e impedir el debate de las enmiendas del resto de grupos; proponían que los demás grupos expusieran en 5 minutos todas sus enmiendas y votarlas en bloque, adelantando que votarían en contra de todas ellas. Es evidente que no se podía romper la metodología consensuada ni cambiarla a mitad de sesión y aplicarla en esa misma reunión. Pero lo hicieron.
También pretendían que se votasen sus 27 enmiendas transaccionales en bloque, sin poder opinar sobre algo que empeora más aún esta lamentable ley. Ante la falta de acuerdo, PP y Vox votaron dar por cerrada la Ponencia y sus trabajos. Los tres grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no participamos en la votación, por considerarla contraria al procedimiento parlamentario que rige en estos casos y porque impedía el debate de las enmiendas.
La actitud del PP y Vox es una negación del debate y de la posibilidad de presentar y defender las 117 enmiendas elaboradas por los tres grupos parlamentarios progresistas. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Si tenían tanta prisa para aprobar la ley, podrían haber utilizado el procedimiento de urgencia.
En la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión de Educación del 10 de diciembre se pretendió dar por válido, como si fuera el dictamen de la Ponencia de la Ley, el texto elaborado por el letrado que asistió a la reunión de Ponencia del 7 de diciembre. Hay que recordar que en dicha reunión PP y Vox cerraron la Ponencia y no se permitió presentar ni debatir todas y cada una de las enmiendas de los grupos parlamentarios progresistas.
No se puede pretender zanjar la tramitación de la ley en Ponencia y en Comisión con una metodología con la que los grupos del PP y Vox impongan que se presenten todas las enmiendas de cada grupo en bloque y en pocos minutos, y se voten también en bloque decenas de enmiendas. Votar en bloque niega toda posibilidad teórica de intentar convencer en algo al resto de grupos, de presentar enmiendas in voce y de alcanzar algún acuerdo.
La metodología aplicada es una burla total rechazable por antidemocrática. Un paripé, que no respeta un mínimo procedimiento que permita exponer, debatir y valorar con un mínimo de sosiego las enmiendas presentadas. Hay que recordar, que son propuestas realizadas gracias a un trabajo común con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa (sindicatos del profesorado, federaciones de AMPA, Marea Verde, plataformas en defensa de la educación pública y de la educación inclusiva, etc.). Cuando estas organizaciones fueron informadas, no daban crédito a lo que sucedía.
Por poner en contexto estas actuaciones, esta actitud se repite con el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 y el acuerdo PP y Vox del 30 de noviembre de 2021. Un acuerdo sobre 13 puntos, donde la cuantificación apenas supone un 0,4% del total de los presupuestos (menos de 100 millones de euros, 62,5 de ellos dedicados a más cheques escolares que son un robo a la educación pública. Pero lo más sorprendente es que ponen por escrito una declaración cargada de sectarismo: “Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total o parcial con otros grupos. Del mismo modo, Vox se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea”.
¿Cómo se puede decir que no van a aceptar ni una sola de las 3.711 enmiendas que proponen a los presupuestos los tres grupos parlamentarios progresistas (UP 1.655; MM 1.581 y PSOE 475 enmiendas), sin analizar ni aportar soluciones coherentes a los problemas de la gente? Es la misma pauta antidemocrática, sectaria y autoritaria que se ha aplicado con la “ley maestra”.
En conclusión, la actuación de las derechas con la tramitación de la “ley maestra” pone de manifiesto que entre PP y Vox hay un acuerdo de Gobierno, aunque Vox no tenga consejerías. El objetivo del acuerdo en un sabotaje del debate democrático y un cierre en la práctica del correcto funcionamiento de la Asamblea de Madrid. Y, seguramente, algo de mayor calado estratégico: apostar por un futuro gobierno de la ultraderecha en España encabezado por Isabel Diaz Ayuso.
La democracia se basa tanto en el respeto a los contenidos como a las formas, y con esta manera tan antidemocrática de proceder se pone de manifiesto el peligro que para la democracia tiene la fusión de esta derecha trumpista y la ultraderecha. El autoritarismo demostrado indica que van a seguir atentando contra la Educación Pública de Madrid y contra los servicios públicos. Los hechos tienen consecuencias y la educación y la democracia se merecen un respeto. Solo la unidad de todas las organizaciones de la comunidad educativa con las fuerzas progresistas podrá detener esta tremenda agresión a la Educación Pública y este atropello a la Democracia y al parlamentarismo.
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