Hace cuatro años la norma entraba en el Congreso. Después de que se haya aprobado su toma en consideración por dos legislaturas con mayoría política, la única promesa que tienen las víctimas es la creación de una ponencia en el Senado que presentará este miércoles el PSOE.
Soledad Luque busca a su hermano mellizo Francisco. Ambos nacieron en la maternidad de O´Donell (Madrid) en 1965, uno de los epicentros de la trama de robo de bebés desplegada durante el franquismo que no se destapó hasta bien entrado el siglo XXI. Ella fue entregada a sus padres, su hermano permaneció en la incubadora con la excusa de que había nacido con poco peso. A los pocos días les dijeron que había fallecido. Nunca han visto su cadáver. En 2010 comienzan a salir a la luz más casos. La sospecha se va convirtiendo en certeza mientras la familia comienza a movilizarse. Francisco ha podido ser robado como tantos otros bebés, derivados hacia familias del régimen. Luque participa en la campaña de sensibilización ‘Todos los niños robados son también mis niños’. Campaña que se convirtió en asociación. Asociación que volcó sus demanda en una propuesta de ley que lleva más de cuatro años en un cajón.
En 2017 las víctimas trasladaron a los grupos políticos su propuesta legislativa. En 2018 la registraron a través de casi todos los partidos, excepto PP y Cs, y cuando se lleva a la toma en consideración se aprueba por unanimidad. Después llegaron las elecciones y decayeron todas las propuestas que había en el casillero. En 2020, con un nuevo gobierno, la ley se vuelve a registrar. En junio de ese año se volvió a aprobar su toma en consideración, esta vez por mayoría, con la oposición de la extrema derecha. “El 17 de septiembre de 2020 se inicia el trámite de enmiendas y ahí seguidos, varadas en el trámite de enmiendas. Cada miércoles en la Comisión de Justicia los grupos políticos piden prórroga y prórroga y más prorroga. Y así hasta hoy”, expresa Luque, quien también forma parte de la coordinadora impulsora de la Querella Argentina CeAQUA y ha participado desde el primer minuto en la elaboración de esta ley.
Mientras, en la otra cámara, el grupo socialista en el Senado solicitará durante este miércoles la creación de una ponencia de estudio sobre este asunto con tres objetivos: levantar la protección de datos, desclasificar y abrir los archivos para conocer la filiación biológica de los afectados, crear un banco de ADN e impulsar encuentros interfamiliares apoyados por un equipo de psicólogos. Iniciativa que cuenta con el apoyo de otros grupos políticos como Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, el grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV), el grupo parlamentario nacionalista (Junts per Catalunya, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario) y el grupo parlamentario de izquierda confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación socialista Gomera).
Nada se dice sobre el acceso a la justicia penal de las familias. Las víctimas defienden que el robo de bebés fue un delito de lesa humanidad y que, por tanto, no prescribe y puede ser juzgado como tal. Y así es como se recoge en la propuesta de ley. Es justamente ahí dónde se encuentran las resistencias más duras, como ya pasara con la ley de memoria democrática, “que recoge un acceso a la justicia mínimo, sin posibilidad de enjuiciar a los culpables”, se queja Luque, mientras añade tajante: “No ven necesario encontrar culpables y condenarlos. Ahí nos encontramos siempre con la ley de amnistía que impide juzgar a los victimarios de la dictadura”.
Para Luque la nueva ponencia se queda corta. “Es muy significativo que una de las valoraciones que hacía el ministerio de Justicia al principio es borrar de un plumazo todo el tema del acceso a la justicia y que está ponencia de estudios que ahora se presenta en el Senado no refleje la vía penal. En nuestra opinión puede ser que esta iniciativa paralice definitivamente la ley de bebés robados”, expresa Luque, amparándose en que se termina la legislatura y en que también este miércoles se aprueba la ley de memoria democrática “en la que se incluye algo sobre bebés robados pero mínimo”. Además añade que los portavoces de la ponencia “no se han reunido ni con el equipo interlocutor de la ley ni con las asociaciones que la impulsan”.
La ponencia del PSOE
Según datos del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, en 50 años se produjeron 300.000 detenciones ilegales entre bebés y menores de tres años. A pesar de esta elevada cifra, en todo este tiempo sólo hay tres médicos imputados. La proposición de ley de bebés robados incluye la creación de una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama.
El senador del PSOE y uno de los portavoces de la ponencia sobre bebés robados que se va a presentar este miércoles, Txema Olega, explica a El Salto que el objetivo es acelerar las medidas que sí se pueden tomar, más allá del enjuiciamiento criminal. “La ponencia —explica— parte de las reuniones que hemos tenido con asociaciones de todo tipo que están expectantes de que se apruebe la ley que no acaba de aprobarse”. En paralelo pretenden poner en marcha lo que ya se puede ir haciendo y emitirán unas recomendaciones para introducir modificaciones en las leyes actuales; para facilitar la apertura de archivos “sin que te pongan como cortapisa la ley de protección de datos”, crear un banco de ADN “para que tú puedas determinar tu filiación biológica y determinar quién es tu familia” y facilitar los encuentros intrafamiliares “que no son fáciles de hacer y en algunos casos provocan unas fuertes disfunciones emocionales”. Medidas todas ellas ya incluidas en la ley de bebés robados que se encuentra paralizada.
Además, añade Oleaga, esta ponencia intenta ir más allá de la ley de memoria democrática, acotada al periodo franquista. “El negocio de los bebés robados siguió existiendo hasta bien entrada la democracia. Tenemos datados casos hasta de 1996. Si tú lo circunscribes solo hasta el año 78 y a una actividad del franquismo, dejarías fuera muchos casos”, explica.
Falta de voluntad política
Oleaga justifica que en la ponencia no se haga alusión al acceso a la justicia penal por la situación actual en los juzgados. “No se habla de la justicia penal porque en este momento están archivando todas las causas. Cuando haya una ley igual esto cambia y este debate lo están teniendo en el Congreso. Mientras, podemos avanzar en paralelo”, relata.
Para Jacinto Lara, abogado de CeAQUA, la ley de bebés robados intenta desbrozar todos los obstáculos para que las víctimas y los familiares puedan tener acceso a la justicia. Una ley que describe como “supercompleta” y paralizada por “falta de voluntad política”. “El derecho penal ofrece una respuesta en el ámbito judicial que es el competente para investigar los crímenes contra la humanidad. No tiene sentido articular medidas de carácter administrativo obviando el tema de la justicia”, explica Lara. Para este abogado estamos ante “un ejercicio de cinismo político”. «No hay voluntad política para darle el trámite correspondiente a ese texto normativo. La justicia debe de ocupar un lugar, y un lugar preponderante, estamos hablando de crímenes. ¿Por qué se quiere expulsar de la ecuación a la justicia?”, se pregunta.
Mientras tanto, España no para de recibir tirones de orejas a escala internacional por el tratamiento del robo de bebés. El último el pasado 6 de enero por parte del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Recuerdan que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas prevé en su artículo 25 que los estados deben tomar medidas para prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños y niñas y restituirlos a sus familias de origen. “Hay que revertir todos los obstáculos en el acceso a la justicia de todos estos crímenes, pero no hay voluntad de que se investigue y de que se enjuicien los crímenes del franquismo. Esto es una cuestión constatada y lo que sucede con la propuesta de ley de bebés robados es un fiel reflejo de todo esto. No deja de ser la orientación que mantiene la ley de memoria democrática”, vuelve a conectar Lara. Nuevos parches que, para las víctimas, siguen sin cerrar las heridas.