La inteligencia gringa -la CIA- ha reservado al grupo Prisa en el estado español el protagonismo en su cruzada planetaria contra la Revolución Bolivariana; ya antes se le había encomendado legitimar las agresiones del imperio y la oligarquía: el paro empresarial y petrolero, los sabotajes, las múltiples guarimbas o, incluso, el fallido golpe de estado […]
La inteligencia gringa -la CIA- ha reservado al grupo Prisa en el estado español el protagonismo en su cruzada planetaria contra la Revolución Bolivariana; ya antes se le había encomendado legitimar las agresiones del imperio y la oligarquía: el paro empresarial y petrolero, los sabotajes, las múltiples guarimbas o, incluso, el fallido golpe de estado de abril de 2002 (el Carmonazito); ahora toca convertir la legítima decisión del gobierno venezolano de no prorrogar la licencia a RCTV en un ataque a la libertad de expresión.
No renovarle la licencia a una emisora golpista que tenía abiertos más de 2.000 expedientes por incumplimientos de la Ley de Responsabilidad Social, sin que nunca se le hubiera sancionado, ha servido como pretexto a una oposición cobarde, desesperada ya por la imposibilidad de llegar al poder democráticamente, para dar sus últimos y peligrosos coletazos apoyándose esta vez en la Iglesia, universidades y colegios privados y, cómo no, en los medios de comunicación.
Habría que recordar que el gobierno del presidente Chávez jamás ha clausurado ningún medio de comunicación ni procesado a ningún periodista. Sin embargo, no pasó lo mismo con el estatal Canal 8 que fue cerrado por los golpistas en 2002, los mismos que ahora esgrimen la libertad de expresión para atacar a la Revolución Bolivariana; ni tampoco con Catia Tv que sufrió los «ardores democratizadores» del antichavista Alfredo Peña, uno de los cinco alcaldes de Caracas, que envió a la Policía Metropolitana a precintar la cadena en julio de 2003. Pero estos acontecimientos no merecieron ni una nota de repulsa por parte de estos adalides de la libertad de expresión enquistados en TVE, Reuters, CNN, Prisa, el Día, La Provincia…
A estas alturas, nadie debe dudar de la justicia de la medida, ¡bueno! nadie que haya podido informarse de verdad en otros medios de comunicación, los llamados alternativos; por su parte, fiel a su ideario contrarrevolucionario, Prisa sigue poniendo todos sus medios al servicio de la mentira y la manipulación: así se pudo oír a Carlos Llamas en la Cadena Ser tildar a Chávez de «esquizofrénico» y afirmar que «el régimen chavista, una vez cerrada RCTV, ha puesto el punto de mira en Globovisión, la única cadena de televisión que le queda a la oposición…» Miente a conciencia y silencia que casi el 80 % de las cadenas de televisión venezolanas están en sus manos; o también a José Ramón de la Morena, director de El Larguero, famoso por sus memorables entrevistas al corrupto alcalde Jesús Gil, y a un tal Alcalá que, mientras entrevistaban a Alberto Camardiel, un periodista deportivo de RCTV, repitieron la consigna de que el canal lo cierra arbitrariamente Chávez, y todo sin escamotear insultos al presidente de todos los venezolanos y, por supuesto, sin hacer ninguna alusión al papel de la cadena, sus propietarios y muchos de sus profesionales, en la asonada golpista de 2002. Pero dónde estaban estos «pimpinelas escarlatas» cuando Marcel Granier, propietario de RCTV, realizaba las «purgas» contra sus trabajadores, simplemente, por simpatizar con el presidente Chávez.
Pero ha sido en El debate de CNN -cadena controlada por Prisa- donde ha aflorado la verdadera dimensión democrática de estos defensores de la libertad de expresión; el historiador y embajador venezolano en la España franquista Carlos Capriles Ayala, invitado de Jose Mª Calleja, afirmaba sin ningún tipo de pudor que «era muy difícil tumbar a este tipo (Chávez) por medio de un levantamiento popular» y que la única salida que le quedaba a Venezuela era «un golpe de estado militar», depositando en los militares todas sus esperanzas «democráticas». Esa es la libertad de expresión que defienden Polanco y sus secuaces: la de los golpistas de RCTV.
Ciertamente, se coge primero a un redactor jefe de Prisa que a un cojo, o a algún dirigente de Reporteros sin fronteras… Si realmente quisieran hacer algo por la libertad de expresión a qué esperan para informar, aunque sea a hurtadillas, sobre el calvario por el que están pasando sus compañeros de Socater (Sociedad Canaria de Televisión Regional) que están en huelga desde hace semanas. Socater, empresa participada por Prisa, es la encargada de proporcionar la programación a la Televisión Canaria. Una televisión que comenzaba su andadura en 1999 y que ha multiplicado por tres un presupuesto inicial de 3.000 millones de ptas. ya que Coalición Canaria siempre ha satisfecho las demandas de la productora que ha obtenido, además, unos beneficios de 2.500 mill. en 2005 y otro tanto en 2006. A pesar de ello, y mientras cinco privilegiados empleados se reparten el 5% de la masa salarial de la empresa, niegan al resto de la plantilla (211 empleados) una remuneración digna que los equipare con la de otras televisiones autonómicas, también participadas por Prisa, y todo sin que aquellos defensores de la libertad de expresión digan ni pío; cuando sus compañeros luchan contra una precariedad insoportable ellos silencian que Juan Carlos González, Xuáncar, «Adelantado» de Polanco en esta Tierra Única y consejero delegado de Socater, miente cuando dice que los sueldos de los huelguistas superan los 20.000 € y que, encima, los esquirolea al seguir proporcionando programas a través de Mediareport, productora también de Sogecable, lo que además encarece el producto.
Con una apatía impropia de un gestor público honesto, Daniel Cerdán, íntimo colaborador de Adán Martín, nombrado recientemente director general de la cadena, lejos de defender los intereses públicos se inhibe al no exigir a la productora que se siente a negociar con los trabajadores, permitiendo que Socater actúe con métodos que recuerdan el matonismo de los años veinte. Por su parte, Miguel Ángel Daswani, jefe de los servicios informativos -otro de los cargos políticos del canal- se está ganando a pulso el apelativo de «el Urdaci canario» al ejercer como perro de presa de la productora frente a sus «compañeros» en huelga. Daswani, autor de perlas tan desafortunadas como: «En los lagartos gigantes de El Hierro no es oro todo lo que reluce pues se ha sabido que practican la homosexualidad», ha llegado a afirmar que los trabajadores vulneran el derecho constitucional a la información de los ciudadanos, además de mentir descaradamente cuando acusó a sus compañeros en huelga de agredir a una trabajadora. Remató la faena afirmando, en el programa especial de la noche electoral, que los huelguistas pertenecían a una de las 25 productoras que proveen a La nuestra, sabiendo perfectamente que Socater es la sociedad que gestiona a su antojo el dinero público para subcontratar productos y servicios a otras productoras.
Mientras sus compañeros canarios son desalojados por la policía de las dependencias donde realizaban un encierro negándoles la comida, el agua, y hasta la asistencia de la Cruz Roja, de la Morena calla; cuando denuncian la pérfida connivencia entre los responsables de contenidos y la camarilla de Coalición Canaria, Carlos Llamas calla; también Calleja lo hace cuando Sogecable ejerce el terror laboral. Saben que siempre tendrán a mano logros políticos, económicos y sociales tan importantes como la Venezuela Bolivariana que boicotear, prostituyendo, como hacen ahora, la lucha por la libertad de expresión.