Nadie, ni incluso los niños y niñas menores de 9 años, se creen ni una palabra del articulado la Constitución de 1978 a pesar de la insistencia -cada vez más apagada- con la que algunos publicistas subvencionados nos hablan de las excelencias de un texto muerto donde los haya. Sea como fuere, en la letra […]
Nadie, ni incluso los niños y niñas menores de 9 años, se creen ni una palabra del articulado la Constitución de 1978 a pesar de la insistencia -cada vez más apagada- con la que algunos publicistas subvencionados nos hablan de las excelencias de un texto muerto donde los haya.
Sea como fuere, en la letra de la elogiada hasta la insensatez «Constitución del consenso» (y con una pistola en la sien en la redacción de numerosos artículos, de los esenciales en general), puede verse algunas afirmaciones sobre derechos y libertades de la ciudadanía española como las siguientes:
El artículo 16, por ejemplo, reza así: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal (el añadido, según se ha dicho con el beneplácito y apoyo del pragmático-realista don Santiago Carrillo [1], es el disparate conocido: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones»).
En el 20, otro ejemplo, el último citado, no doy más la murga: 1. Se reconocen y protegen los derechos: 1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 2. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica…
El capítulo V, en cambio, va de la suspensión de esos derechos y libertades. El artículo 55, por ejemplo, dice así: «1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 [2] para el supuesto de declaración de estado de excepción».
¿Estamos de nuevo en puertas de un estado de excepción como en los viejos tiempos del fascismo franquista? Parece extraño o exagerado pero hay síntomas de ello. Algo se mueve en el congreso de diputados y no abona precisamente aires de libertad. Tomo pie en una información reciente de Iñigo Aduriz [3].
Apenas unas semanas después de que las aficiones del Athletic y del Barça pitaran el himno monárquico-franquista en la final de la Copa, la mayoría del PP en la Mesa del Congreso ha decidido desempolvar un viejo proyecto de ley. El próximo martes, 12 de junio, el pleno de la cámara estudiará una proposición de ley que en 2008 remitieron las cortes valencianas, las de Camps, Barberà, Fabra y demás ralea, para prohibir «actos de contenido político» en recintos deportivos. ¡Toma ya! ¡Vivan las cadenas!
Para ello se modificarán diferentes apartados de la Ley del Deporte, el artículo 66 concretamente. Se trata de prohibir en los estadios de fútbol, por ejemplo, actos políticos que inciten, animen, provoquen o sean en sí mismos «constitutivos de ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas». ¿En quien estarán pensando? ¿En los grupos ultras que incitan a la violencia contra ciudadanos de aquí y de allá y al abono y cultivo del españolismo fascistoide?
No va por ahí la cosa, aunque disimulen un poco [4]. Según señala Iñigo Aduriz, la legislación podría posibilitar que se determinaran como «infracciones graves» las pitadas al himno (en el que poquísima gente de trayectoria democrática se reconoce realmente, digan lo que digan para quedar bien) o a la bandera, neta continuidad del odiado símbolo del fascismo español.
¿Se atreverán a esta nueva infamia el próximo martes? Que lo intenten. El divorcio entre los sentimientos y vindicaciones de la ciudadanía de Sefarad y lo acordado en unas cámaras que tan sólo representan la cosmovisión e intereses de los grupos dominantes -ya no hegemónicos ni dirigentes- de rancio españolismo (catalanismo, vasquismo o galleguismo asimilado) alcanzará cifras astronómicas, sólo mensurables en siglos-luz.
Definitivamente, quieren convertir la pell de brau, la armónica piel de toro que soñó el poeta catalán Salvador Espriu, en un campamento militar con toque de retreta a las 21:30.
Pero no podrán. Están heridos de muerte. Silbaremos una y mil veces más un himno y una institución que representan lo peor de nuestra historia, de esta historia de todos los demonios. Y no porque abonemos ningún independentismo, sino porque queremos ser tratados como ciudadanos y como seres humanos con dignidad, y no como súbditos ni como mercancía obrera mal pagada, oprimida y explotada. Queremos y vamos a vivir sin su permiso [5].
Notas:
[1] Declaraciones de J. A. González Casanova, uno de los asesores de Jordi Solé Tura, entonces dirigente del PCE, su representante en la ponencia constitucional, durante la redacción de la Constitución de 1978. Véase, el documental de Oriol Porta, «L’església rebel».
[2] Dice así: «Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca». Si piensan en las últimas detenciones de los Mossos en Barcelona, puede inferirse queda la consistencia de este apartado.
[3] http://www.publico.es/espana/435976/los-pitos-al-himno-al-congreso
[4] El texto, no obstante, no se refiere únicamente a cuestiones de índole patriótica. También establece la prohibición de manifestar en los estadios sentimientos políticos que instaran «a la discriminación». «Al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía», apunta el texto
[5] En la contraportada de la edición en papel de la revista Sin permiso puede leerse este fragmento del Marx de la Crítica al programa de Gotha:»El trabajo no es «la fuente de toda riqueza». La naturaleza no es menos fuente de los valores de uso (¡y en éstos consiste la riqueza objetiva!) que el trabajo, el cual no es sino la manifestación de una fuerza natural, la fuerza humana de trabajo. Aquella se halla en todas las fábulas de niños y sólo es verdadera, si se supone que en el trabajo van incluidos los objetos y los medios que le acompañan. Pero un programa socialista no puede permitirse esos modos burgueses de hablar, en los que se pone sordina a los supuestos que dan sentido a la frase. Sólo en la medida en que el hombre se relaciona de buen principio como propietario con la naturaleza- que es la primera fuente de todos los medios y los objetos del trabajo-, sólo en la medida en que la trata como cosa suya, será el trabajo fuente de valores de uso, es decir, de riqueza. Los burgueses tienen muy buenas razones para fantasear que el trabajo es una fuerza creativa sobrenatural; pues precisamente de la determinación natural del trabajo se sigue que el hombre que no posea otra propiedad que su fuerza de trabajo, en cualesquiera situaciones sociales y culturales, tiene que ser el esclavo de los otros hombres, de los que se han hecho con la propiedad de las condiciones objetivas de trabajo. Sólo puede trabajar con el permiso de éstos, es decir: sólo puede vivir con su permiso».
No es improbable que la traducción de este enorme texto esté en el amplio haber de Toni Domènech.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.