Llevan años investigando este asunto y llevan años dando el mismo argumento. “La que ha cambiado su versión varias veces ha sido la Iglesia”, dice Antonio Manuel Rodríguez, escritor, poeta, compositor, andaluz y tantas otras cosas bellas que compagina con su trabajo como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. Junto con el periodista Aristóteles Moreno, acaban de publicar El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal), un ensayo en el que explican de manera pedagógica, sin eufemismos, por qué estamos ante un escándalo y por qué debería importarnos. “La Iglesia dijo primero que la Mezquita era suya porque en el año 1236 se consagró. Nosotros le respondimos: ‘Perdona, pero es que la consagración no es una forma de adquirir el dominio’. No vaya a ser que mañana venga un cura a tu casa, la bendiga y la inscriba a su nombre”, explica con sorna Antonio Manuel.
“Entonces dijeron que la adquirieron por usucapión, por poseerla en el tiempo –prosigue el profesor–. Pero claro, uno adquiere por posesión en el tiempo lo que no es suyo. ¿De quién era antes? Así que vuelven a cambiar de versión. Fue una donación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde está el documento? Recurren a la donación porque de esa manera convierten el bien en privado, una trampa jurídica”.
El argumento de los autores y de los grupos que vienen peleando por la recuperación de esos bienes como patrimonio público no ha cambiado y, como explica Aristóteles Moreno, se apuntala todavía más con nuevos datos sobre el monumento cordobés incluidos en este libro: los bienes de la Iglesia siempre fueron bienes del Estado, nunca bienes privados. O, dicho de otra manera: la Mezquita siempre ha sido un bien de dominio público. Se puede decir de esta forma también: es una incongruencia jurídica, una inconstitucionalidad que, siendo un bien de dominio público, esté registrada a nombre de la Iglesia.
Comienzan el libro con una cita de Shakespeare: “Los hombres poderosos tienen manos que alcanzan lejos”. Porque, aunque hablamos de la Iglesia, aquí no hay dioses. ¿Estamos hablando de hombres que quieren dinero, que quieren poder? ¿Por qué hace esto la Iglesia? ¿De qué estamos hablando?
Antonio Manuel Rodríguez: Yo creo que en esa cita se condensan los dos pilares de este libro, que son hombres y que quieren poder. No tanto dinero. Pero sí poder. Estamos convencidos de que el acaparamiento de bienes inmuebles de incalculable valor se da para ser poderoso, para poder interactuar con otros poderosos de tú a tú, especialmente con el Estado. La jerarquía católica, compuesta de hombres, se ha apropiado de más del 80% del patrimonio histórico del Estado español. Eso significa que, cuando se sienta a negociar con el Estado, lo hace de tú a tú. Y eso se ha conseguido porque el Estado no ha hecho lo que tenía que haber hecho. Es decir, no declaró la inconstitucionalidad de una norma franquista en 1978. Desde entonces, hasta hoy.
No hay eufemismos en este ensayo: el mayor expolio patrimonial de la historia de España, por un lado. Y, por otro, el Estado franquista y la Iglesia eran la misma cosa, que a veces se olvida.
Aristóteles Moreno: Realmente el libro pone de manifiesto un hecho histórico en este país: la Iglesia de tiempo inmemorial, del siglo XIII aproximadamente, ha sido un poder incrustado en el Estado y esa herencia se viene arrastrando hasta hoy. Yo creo que la Iglesia católica se apropia de todos esos bienes porque realmente sigue pensando y operando como si fuera un poder del Antiguo Régimen. Lo hace, además, usando un privilegio que, lamentablemente, ha quedado fosilizado en la legislación española, un privilegio que le ha atribuido la capacidad de autoridad pública. Y, a partir de ahí, ha logrado, con la pasividad sorprendente de la Administración moderna, inscribir a su nombre cientos de miles de bienes que, como digo, la Iglesia cree que son suyos.
Porque es muy difícil que, de la noche a la mañana, una institución como la Iglesia católica, que ha sido un poder omnímodo durante tantos siglos, renuncie a esa posición dominante y hegemónica en nuestros días. De hecho, creo que toda la estructura jurídica, administrativa y política se lo ha permitido. ¿Qué ha ocurrido también? Que la modernidad en España, entendida como la secularización de la vida política, administrativa y social, ha llegado sin haber resuelto un problema de esta naturaleza, y lo sorprendente es que los gobiernos democráticos no reaccionen.
¿Cuál ha sido el fondo de ese problema?
Antonio Manuel: El problema de fondo es que históricamente los bienes siempre han sido bienes del Estado. En el Antiguo Régimen, Iglesia y Estado eran la misma cosa. ¿Eso qué significa? Que los bienes de la Iglesia siempre fueron bienes del Estado. Cuando la Iglesia y el Estado se separan, como ocurrió con José Bonaparte, ¿qué hace la Iglesia? Se abraza al constitucionalismo de Cádiz solo para no perder sus bienes, porque en el momento en que regresa Fernando VII vuelve a ser absolutista. Cuando llega la Primera República, se separa la Iglesia del Estado y se resuelve el problema patrimonial de manera que los bienes que siempre habían sido del Estado sigan siendo del Estado. Lo mismo ocurre en la Segunda República. Así que hasta 1978, aunque nos sorprenda, los bienes de la Iglesia siempre han sido públicos, también en el franquismo”.
Ha sido a partir del 78 cuando, separados Iglesia y Estado, la cuestión no se resuelve. Se queda en un limbo. Y claro, ese limbo es el que ha aprovechado la Iglesia, utilizando esa legislación franquista que le permitía registrar fincas como si fuera una administración pública y posteriormente la ampliación que da José María Aznar en 1998. Entonces, no estamos hablando de un problema del siglo XIII, no estamos hablando de un problema del siglo XIX. Es que estamos hablando de un problema del siglo XX que va a tener su enorme repercusión y su gran trascendencia histórica en el siglo XXI, porque, desde ya, ese 80% del patrimonio histórico del Estado no es que esté en posesión de la Iglesia, es que le pertenece con el mismo régimen que un piso o que un garaje. Y claro, es algo que nos estalla en la cabeza.
En conclusión, y por intentar ser lo más pedagógico posible, cuando nos preguntamos de quién es la Mezquita, nos equivocamos en la pregunta. Eso es una pregunta capciosa. La pregunta es ¿qué es la Mezquita? ¿La Mezquita se puede vender, la Mezquita se puede hipotecar, la Mezquita se puede embargar? No. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público. Si no, tendríamos que admitir que la Mezquita de Córdoba se puede vender.
De dominio público pero a la vez está inscrita en el registro de la propiedad. Una incongruencia.
Antonio Manuel: Claro, y eso es lo que no puede ser. Y lo mismo que le ocurre a la Mezquita de Córdoba, le ocurre a bienes de un extraordinario valor histórico y cultural al que además la Iglesia ha añadido cementerios, plazas, fincas, garajes… Por eso decimos sin reparo que esto es un escándalo patrimonial, un escándalo económico y un escándalo social. Es un escándalo jurídico. Y que eso ocurra bajo el paraguas de una Constitución que dice que estamos en un Estado de derecho, pues es realmente insostenible. Lo que estamos diciendo nosotros en absoluto es ni laicista ni anticlerical, nuestro discurso es de defensa de la legalidad democrática y de defensa del patrimonio público.
En la práctica, ¿qué puede hacer el Gobierno o el Estado para revertir esta situación?
Antonio Manuel: Más de una vez, aquí está Aristóteles, he dicho, «Cuando se haga una pregunta parlamentaria, que digan directamente, ‘oiga usted, ¿la Mezquita se puede vender? ¿La Mezquita se puede hipotecar? Dígamelo. ¿Se puede vender la Catedral de Santiago? ¿Puede usted vender la Catedral de Burgos? Cuando una norma es inconstitucional y la norma es anterior a la Constitución, no hace falta nada más que se declare que es inconstitucional. Simplemente la declaración.
Te voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. Imagínate que hay una norma franquista que prohíbe que las mujeres puedan ser periodistas. ¿Es necesario ir al Constitucional? ¿Es necesario que el Congreso de los Diputados se pronuncie diciendo que eso es inconstitucional? No, es que esa norma, aunque no esté derogada formalmente, está derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. Pues bien, a partir del 78, ¿la Iglesia es una administración pública? No. ¿Los obispos son funcionarios públicos? No, luego esa norma es nula y todas las inmatriculaciones son nulas. Lo que tendría que hacer el Estado es redactar una norma en la que establezca en qué caso y con qué criterio un bien de extraordinario valor histórico y cultural debe pertenecer al dominio público y proceder a su inscripción. Y que la Iglesia entonces inscriba lo que crea que puede pertenecerle, pero demostrándolo igual que cualquier mortal. Es decir, aportando un título de dominio. Así se resolvería la cuestión.
¿Y por qué ningún gobierno, ni siquiera los de izquierdas, lo ha hecho? ¿Tiene el Estado miedo a la Iglesia?
Antonio Manuel: Sí, se teme al poderoso. Y cuando se hace tanto acopio de poder, más miedo se tiene. Además, se da una paradoja: nunca como ahora las iglesias han estado tan vacías y, sin embargo, nunca como ahora sus arcas han estado tan llenas. Es decir, quizá nunca como ahora la Iglesia ha tenido tan bajo impacto social y, sin embargo, como garantía de supervivencia es tan poderosa.
Aristóteles: Yo creo que también se produce otra cosa. Históricamente en España, la derecha española es una derecha católica. Tiene incrustado el catolicismo en su propio ser y en su propia concepción de la vida y entiende a la Iglesia católica como un aliado político, social e histórico y nunca va a hacer nada para penalizarla porque, además, piensa que si está en manos de la Iglesia está en manos de la derecha.
En el caso de la izquierda, que no tiene ese origen o ese arranque o por lo menos ha tenido una posición histórica mucho más crítica con la Iglesia católica, yo quiero recordar que el Partido Socialista Obrero Español sacó dos proposiciones no de ley donde construía un argumento idéntico al nuestro sobre la naturaleza del dominio público de todos sus bienes. Y que Pedro Sánchez, cuando accede al poder en 2018, en su discurso de investidura, se compromete públicamente desde el estrado de las Cortes a poner en marcha modificaciones legislativas para acabar con ese privilegio y, sobre todo, para recuperar todos esos bienes.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que al PSOE le pierde su enorme sentido del cálculo. No quiere abrir un nuevo frente de erosión o de discusión o de conflicto con una organización tan poderosa como la Iglesia católica. Y prefiere decantarse por otros debates antes de abrir un nuevo frente.
La última cita del libro es de Cervantes, en alusión a quitarnos el miedo y adquirir una conciencia ciudadana para recuperar lo nuestro, lo común, lo público. Pero estamos en un momento en que la sanidad, la educación públicas, también están siendo expoliadas.
Aristóteles: La Iglesia católica estaba tan incrustada en el Estado que durante muchos siglos fue una institución que tenía la capacidad de recaudar impuestos, que es una función pública. Y además, y este es un dato muy importante, recaudaba lo que se llamaban tercias de fábrica. Las tercias de fábrica eran la tercera parte del diezmo y se destinaban exclusivamente a sostener, mantener y construir templos. Es decir, la Iglesia católica tenía como un brazo administrativo dentro del Estado. El dinero venía de todos los españoles y españolas, que tenían la obligación de contribuir al sostenimiento del culto. Esto funcionó hasta 1837, cuando el gobierno liberal se dio cuenta de que eso no podía hacerlo la Iglesia si se quería construir un Estado moderno. Y lo abolió, pero como todavía seguía siendo un Estado católico, lo que hizo fue asumir esas competencias. Y se crea el Ministerio de Justicia y Culto. Es decir, que el Gobierno, el Estado, asumió esa competencia, un servicio público igual que la educación y la sanidad. Es decir, toda esa red que se crea está financiada con dinero público siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la República. Fue en la Segunda República cuando ya sí asume el marco de pensamiento liberal y se dice ‘oiga, esto es no es una función del Estado’. Y deja de financiarlo.
Eso se lo carga Franco y vuelve a recuperar nuevamente la función estatal de proveer del culto católico a todos los españoles hasta la Constitución del 78. Francia lo resuelve muy bien en 1905 y dice ‘oiga, vamos a separar la Iglesia del Estado, pero todos estos bienes que han sido construidos con el esfuerzo comunitario durante siglos no se lo van a llevar los obispos. Va a quedar bajo el amparo de la administración pública’. Pero en España ha habido una enorme confusión de funcionalidades y de competencias de las que se ha aprovechado la Iglesia católica. Por eso mucha gente piensa que si los bienes son católicos, tendrán que ser de la iglesia. Oiga, no. Muchos bienes históricos no son de la Iglesia católica “sociedad anónima”, sino del acervo cultural que ha sido sostenido, pagado por todos los contribuyentes durante siglos, como la Mezquita de Córdoba.
¿Pero cómo puede encajar la gente este escándalo de las inmatriculaciones, cómo lo puede entender y, sobre todo, enfrentar en un contexto de desesperanza como en el que vivimos?
Antonio Manuel: Yo suelo repetir muchas veces que la palabra ciudadano y político es la misma palabra en griego y en latín. Que ciudadano es el que pertenece a las civitas y el político es el que pertenece a la polis. Lo que creo es que ha habido una separación entre ambos conceptos y que el ciudadano ha delegado por completo su soberanía en el político. Y que si al contexto de individualismo feroz, de egoísmo insaciable le sumas la pérdida de lo conciencia de lo común, y le añades que tu enemigo, entre comillas, que no lo es, es una entidad con un enorme poder y con ese arraigo histórico, pues la ciudadanía prefiere mirar para otro lado y no entenderlo.
Pero también creo que en la época, por ejemplo, de las desamortizaciones, hubo una conciencia generalizada entre las clases populares y las incipientes clases liberales de que las manos muertas, es decir, de que los bienes en posesión de la Iglesia que no tributaban, que tenían que ser restaurados con dinero público y que no producían, provocaban un daño al Estado y al propio ciudadano. Y creo que llegará un momento en el que quizás se produzca eso. Es decir, llegará un momento en el que la ciudadanía diga «¿cómo es posible que yo lo esté pasando tan mal y, sin embargo, haya una institución que haya acaparado tantísimo poder? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando eso pase, quizás sea demasiado tarde porque en las desamortizaciones, esa confianza ciudadana operó en un momento donde se tenía muy claro que esos bienes eran públicos.
De hecho, si te fijas, cuando se producen las desamortizaciones de Mendizábal, la Iglesia no cobra un justiprecio cuando los bienes se venden. ¿Por qué? Porque no eran suyos. Eran bienes para el Estado. Así de sencillo. No se le estaba privando de nada porque no eran suyos. Con Madoz se le da un título de deuda, pero tampoco se le da un justiprecio. Es como decir ‘te voy a compensar por la posesión, pero no por la propiedad’. Y a partir de ahí todo se ha enmarañado y se genera muchísima confusión, muchísima oscuridad para que no se comprenda y al final caigamos en el simplismo, como decía Aristóteles, de que ‘hombre, pues si esto es una iglesia, pues será de la iglesia, ¿no?’.
El ser humano se queda quieto para sobrevivir al miedo, dice al final del libro.
Antonio Manuel: Quizás cuando llegue un momento en el que tomemos conciencia de la enorme descapitalización que hemos sufrido y de que eso nos daña, en el momento en que nos duela, pues quizás tomemos conciencia. En el caso de la Mezquita, yo creo que a Córdoba le dolió mucho que le quitaran el nombre y le pusieran Catedral. Eso movilizó a muchísima gente.Yo creo que ahora la sensación es que no nos duele. Cuando yo perdí mi dedo, sufrí tanto dolor que no me dolía. Hasta que te das cuenta.
Aristóteles: Yo creo que todo el gran trabajo que estamos haciendo, no Antonio Manuel y yo ni muchísimo menos, sino muchísimos cientos de personas en toda España, es un trabajo que va a funcionar en el futuro. Posiblemente ahora, por el contexto parlamentario o sociopolítico en el que vivimos, no tenemos un gobierno lo suficientemente valiente para tomar decisiones serias y y sacar adelante estrategias jurídicas y legislativas que permitan acabar con todo este expolio. Pero yo creo que en el futuro sí lo habrá. Los sondeos indican que vivimos en un país que se está secularizando de una manera muy rápida y en algunas décadas seguramente la Iglesia no tendrá un apoyo social como el que tiene hoy. Por eso el debate que nosotros hemos puesto encima de la mesa será mucho más factible de resolver política y jurídicamente.
Ahora se ha investigado mucho, pero nos enteramos de este escándalo por una casualidad. La primera vez, con la iglesia de Tafalla (Navarra) en 2007. ¿Es posible que hoy siguiéramos sin saberlo?
Antonio Manuel: Una persona me preguntó en unas jornadas que de quién era la Mezquita. Y, te doy mi palabra de honor, que de broma le digo: ”Bueno, pues ve al registro y y pide una nota simple”. Bueno, pues la pidió y se dio, además, la paradoja de que en la carpeta del expediente ponía Mezquita. Muy gracioso. O sea, el registrador llama al expediente Mezquita, pero la inmatricula como Catedral.
¿Es posible que hoy siguiéramos sin saberlo? La pregunta revela cómo se procedió: de manera opaca, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de las instituciones. Por eso no nos enteramos. Por eso nos enteramos por una casualidad. Si esos bienes son tuyos, ¿por qué lo ocultas? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no se hace públicamente? ¿Por qué no lo haces de mano de la ciudadanía, de tus feligreses, del pueblo de Dios?
Y esa opacidad continúa. Durante mucho tiempo, estando el PSOE en la oposición y luego en el Gobierno, recuerdo cómo hablaba de que esto era algo ocasional en Navarra, en la Mezquita, en pocos lugares más. Y cuando por presión de la ciudadanía se consiguió el listado –es fragmentario, desde 1998 a 2015–, se señalaba a Aznar como el culpable. Pero es que en otras comunidades autónomas, donde por lo menos se han movilizado para conocer el listado, por ejemplo, Cataluña, Navarra, Baleares, Euskadi, hay constancia de que hay más bienes inscritos antes del 98 que después del 98. Y hay comunidades autónomas como Andalucía donde cada vez que se intentó pedir, el propio PSOE boicoteó que conociéramos la lista. Porque estando gobernando el PSOE, se abstuvo y no se pudo conseguir el listado.
Claro, conocemos cosas sueltas. Como cuando de repente Barbate va a ampliar el cementerio y se encuentra con que se han quedado con el cementerio; o cuando unos ciudadanos que van a jugar todos los días a una casa parroquial que habían construido con su dinero, en su suelo, se encuentran con que un día no los dejan entrar. O cuando un hombre que construyó una ermita con sus propias manos, que la repara él y que la ofrece al pueblo, descubre que se la han quitado.
Aristóteles: Hay que tener en cuenta, además, que la primera legislación patrimonial otorga al Estado un poder de tutela y vigilancia, más allá de la propiedad. Es decir, que sea propiedad privada es un bien que está condicionado legalmente en su uso. Y entonces el Estado tiene una obligación de vigilancia y de tutela por por ley, que en este caso no ha ejercido. Al cambiar la ley, José María Aznar, en vez de quitar un privilegio a la Iglesia católica, le añade otro. Y en ningún momento José María Aznar tiene la conciencia de que todos esos bienes, ya no es que fueran titulares o propiedad de dominio público, sino que el Estado tenía una tutela sobre ellos.
Antonio Manuel: Y ya no solamente se está incumpliendo el deber de tutela, como dice Aristóteles, es que el Estado está incumpliendo el deber de intentar recuperar lo que pudiera ser suyo, porque eso también es es una obligación que está establecida en la ley de patrimonio andaluz y la ley de patrimonio histórico del Estado.
¿Y podemos estar seguros de que la Iglesia no sigue apropiándose de otros bienes públicos?
Antonio Manuel: Sí, sí, lo está haciendo. Pero el procedimiento es distinto. Lo está haciendo a partir de expedientes de dominio, es decir, ahora hay una apariencia ya de legalidad. El expediente de dominio dice que, como los posee, son suyos, o sea, hace una trampa. Pero se hace públicamente. Y esto es más difícil de revertir. Porque hasta el año 2015, cuando se deroga el artículo de la Ley Hipotecaria pero no se declaran nulas, todas estas inmatriculaciones sí que pueden ser atacadas por inconstitucionalidad sobrevenida y bastaría, como te digo, una declaración formal. Por eso hace falta la norma base que diga que cuando un bien es de extraordinario valor histórico y cultural es de dominio público. Como eso no existe, se da por supuesto que es privado.
Sin embargo, en Derecho hay una ley no escrita, pero que es muy fácil de comprender y es que aquello que no es de nadie es porque es de todos. Aquí es al contrario: si no se dice nada es privado. Hombre, pues será al revés, ¿no?
¿Creemos entonces en la movilización ciudadana?
Antonio Manuel: Hay que creer, porque, en el caso de la Mezquita, gracias a la movilización ciudadana tuvieron que cambiar el nombre. Gracias a la movilización ciudadana la han mantenido en un estado funcional como nunca hasta la fecha. Gracias a la movilización ciudadana estamos denunciando esa invasión católica del monumento. Es decir, a pesar del pesimismo, tenemos que pensar que con la movilización ciudadana se pueden conseguir muchas cosas. A nosotros como movimiento ciudadano ya nos merece la pena haber vivido por haber simplemente recuperado el nombre de la Mezquita. Porque las cosas existen cuando se nombran y cambiar el nombre era su demolición simbólica. El pueblo de Córdoba se opuso a la demolición física y se opuso a su demolición simbólica y lo hemos ganado. Es una victoria del pueblo. Y bueno, vamos a seguir creyendo en la utopía.
Fuente: https://www.lamarea.com/2026/01/31/mezquita-libro-inmatriculaciones/