La minería amenaza a la Sierra de Gata

La Sierra de Gata no ha sido históricamente ajena a la extracción del wolframio, cuya minería supuso una importante fuente de ingresos para muchas familias en los años 40, fundamentalmente durante el transcurso de la II Guerra Mundial. La importancia central de este mineral para la industria bélica explica perfectamente los precios que alcanzara en aquella época y las dimensiones del negocio creado a su alrededor. Hoy, muchas décadas después, recupera su valor y tiene su lugar, junto al litio, el tántalo y otros materiales, dentro del listado de materias primas críticas de la UE.  Múltiples dispositivos como teléfonos móviles, fuentes de luz, maquinaria, circuitos, instrumental de precisión, baterías, así como la pujante industria armamentística requieren imperativamente recursos de las mismas.

La Unión Europea tiene planificado que, en el año 2030, un mínimo del 10 % de sus necesidades anuales del mencionado listado se cubran con la extracción, un 40 % con la transformación y un 25 % con el reciclado, asegurando, además, que sea un máximo del 65 % del consumo anual de cada una de ellas el que pueda proceder de un único país. Ese intento de establecer, cuanto antes y de forma prioritaria, una política que asegure un horizonte de independencia al Viejo Continente presenta, por tanto, un campo de negocio evidente para la industria extractivista y también, de forma asociada, a compañías dispuestas a especular en los mercados con titularidades mineras de evidente valor estratégico.

Es en ese contexto de permisividad extractivista (cuando no de abierto apoyo institucional) en el que hay que entender la auténtica lluvia de proyectos mineros de los últimos años (tanto en Extremadura como en otros territorios de la periferia) y las recientes concesiones de permisos de investigación (que, a pesar de su nombre, incluyen la posibilidad de empleo de maquinaria pesada) centrados en tres elementos: litio, wolframio y tántalo.

En la provincia de Cáceres son tres los permisos recientemente solicitados. Dos de ellos están ubicados en Gata pero todos pretenden encontrar recursos de la Sección C de la Ley de Minas, en especial litio, estaño, wolframio y tántalo. El permiso denominado “Acebo” afecta a 65 cuadrículas mineras en los términos municipales de Acebo, Hoyos, Perales del Puerto y Villasbuenas de Gata. El registrado como“Peña”, incluye 59 cuadrículas en los municipios de Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo y Villamiel. El último de ellos, que se extiende en espacios fuera de la sierra, pero también en la provincia de Cáceres, es el llamado“Carbonero”, abarcando 31 cuadrículas mineras de los términos municipales de Alcántara y Piedras Albas.

No es la primera vez que Gata enfrenta una situación similar. En el pasado reciente (año 2015) se dio un intento de reactivar la minería con la solicitud de otro permiso de investigación (en este caso para wolframio, estaño y oro) llamado “El Rodeo” en los términos municipales de Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Gata. Aquel procedimiento decayó y nunca más se supo del mismo.

¿Quién solicita los permisos de investigación actuales?

A pesar de que en los documentos de admisión definitiva de todos los permisos de investigación la empresa peticionaria (Omega Real Estate, S. L. U., con NIF B88204482) consta como domiciliada en la calle Namibia, n.º 5, de Oleiros (La Coruña), basta una simple búsqueda en cualquiera de las múltiples páginas de rastreo de compañías y directivos para comprobar que, con idéntica denominación y NIF, aparece registrada en Madrid. Concretamente en la calle Serrano, 82 (y, previamente, en el número 67 de idéntica vía).

Antes de pasar al negocio minero, Omega Real Estate (constituida el 1 de octubre de 2018) estaba registrada en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) bajo el epígrafe 6820 (alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia) y en el Standard Industrial Classification (SIC) número 6513 (propietarios-administradores de edificios y apartamentos). Fue mediante una posterior ampliación de su objeto social que pasó a incluirse en el número 0729 de la CNAE  (extracción de otros minerales metálicos no férreos), todo ello tras una modificación estatutaria inscrita el 21 de febrero de 2022 y publicada en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) del 28 del mismo mes con la referencia 88451.

Aunque Omega Real Estate figura con un capital social de 713.152 euros, no tiene ningún trabajador a su cargo y como administrador único de la misma aparece Álvaro Zarza García, titular a su vez de docenas de cargos en numerosas empresas de distintos sectores. Ostenta 41 puestos de diferente responsabilidad activos y 47 inactivos en un total de 67 empresas diferentes, de las que 39 tienen abierta actividad.

Un pasado empresarial polémico

Resulta imposible contextualizar el perfil empresarial del administrador único de Omega Real Estate S.L. sin recordar cómo, en su día, el juez Enrique de la Hoz abrió un auto de procesamiento a los considerados responsables de la que fue llamada estafa del grafeno. Entre ellos se encontraba Álvaro Zarza García.

Dicho auto sostenía que los demandados Álvaro Zarza García, Ignacio Ramos Covarrubias y M.C.R., a través de la sociedad Westfield Comunicación S.L., habrían sustraído de Graphenano (compañía de la que eran socios junto a los querellantes), y para beneficio propio, una cuantía superior a los 18 millones de euros.

El magistrado citado resolvió, así, abrir juicio oral a M.C.R., Ignacio Ramos Covarrubias y Álvaro Zarza “por un delito de apropiación indebida, un delito continuado de administración desleal y alternativamente un delito continuado de estafa”, decretando su libertad provisional e imponiendo una fianza “conjunta y solidariamente, en cantidad de 2.900.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”.

Mismos nombres, proyectos similares

Las iniciales M. C. R. se corresponden con Mario Celdrán Romero, nombre que aparece, junto al de Íñigo Resusta y Alejandro Ayala, asociado con Phi4tech, el grupo mercantil de investigación y nanotecnología impulsor de la fábrica de baterías de litio proyectada en Badajoz, adquirentes a su vez mediante la compañía Río Narcea Recursos S.A. de los derechos de explotación de la mina de Aguablanca (Monesterio) a la empresa Valoriza Minería, del grupo Sacyr, que se desprendió de la misma tras adquirirla en 2016, en un momento de desplome del precio del níquel.

Los mencionados inversores aseguraron en 2021, momento de su adquisición, su intención de iniciar “una nueva forma de hacer las cosas en el campo de la minería que entendemos que va a dar una viabilidad a la mina que hasta la fecha no tenía”. Anunciaron, a su vez, “sinergias” con otros grupos participados por ellos mismos como Lithium Iberia, Cívitas Pacensis (propietaria del 80% del suelo urbano de Badajoz) y Phi4tech. No hay que olvidar que Lithium Iberia es, también, la titular de la explotación del polémico proyecto de mina de litio de Cañaveral. La publicitada “nueva forma de hacer las cosas” terminó sustanciándose en diciembre de 2023, con la venta a Alto Minerals S.L.U., (subsidiaria propiedad de la canadiense Denarius Metals en España) del 50 por ciento de todas las acciones emitidas y en circulación de Río Narcea Recursos S.A., por un importe total de 25 millones de euros.

Este tipo de prácticas, centradas en objetivos fundamentalmente especulativos, con sucesivos contratos de compraventa de los derechos mineros hasta llegar estos a las manos de una compañía capaz de acometer materialmente una inversión como la que supone una explotación de estas características, serían las que previsiblemente estén detrás de los proyectos recientemente presentados en la cacereña Sierra de Gata.

En la actualidad, Celdrán, Resusta y Zarza todavía mantienen vínculos empresariales a través de, por ejemplo, Graph Bikes (sancionada en la actualidad con un cierre de hoja registral) o Westfield Comunicación S.L. (como antes se ha señalado, con su dirección demandada en la estafa del Grafeno), en cuyo seguimiento de conexiones aparecen, reiteradamente, los mismos nombres y empresas inmersos en diferentes compromisos extractivistas o especulativos: Lithium Iberia, Phi4Tech, Auriga Investors o Grabat Energy.

Impacto a cielo abierto en un territorio frágil y valioso

Desde el punto de vista de su rentabilidad económica, la tipología de los minerales buscados en las explotaciones proyectadas no ofrece lugar a dudas en relación al método por el cual serían extraídos: minería a cielo abierto, con la obligada excavación de cráteres o enormes tajos en la superficie. Se trata de una técnica que merece la pena resumir para entender la dimensión de sus posibles impactos y afecciones.

Para obtener los materiales valiosos de la roca que los contiene (la mena) hay que, necesariamente, practicar voladuras con grandes cantidades de explosivos y emplear maquinaria pesada. La mena pasa con posterioridad a un proceso de lavado en una planta de lixiviación, donde con sustancias químicas de elevada toxicidad (ácido sulfúrico, cianuro o mercurio) se disuelven los componentes sobrantes y se decantan los valiosos. Los residuos solidolíquidos de este proceso (“colas”) necesariamente pasan a un depósito que se denomina dique de cola o de relaves. En cualquier caso, son requeridas grandes cantidades de agua.

Los suelos procedentes de los movimientos y voladuras iniciales van a parar a pilas de acopio (para una hipotética restauración) y las rocas suelen quedar simplemente apiladas, habitualmente en montones que pueden alcanzar cientos de metros de altura.

Los riesgos de impacto son, por tanto, múltiples y de distintas naturalezas: contaminación aérea por químicos pesados procedentes de explosiones y grandes movimientos de tierra; contaminación de acuíferos subterráneos (por el efecto de la lluvia transportando los contaminantes hasta el subsuelo) y aguas superficiales (por filtración directa desde balsas y desde el proceso de lixiviación); deterioro paisajístico radical; alteración definitiva del suelo vegetal (que desaparece); eliminación de toda flora y alteración de hábitos de la fauna, que abandona una zona (así como todos sus entornos conectados o dependientes) que pasa a constituirse en un hábitat completamente diferente, drásticamente alterado y estéril.

Un territorio frágil y valioso a proteger

Todo esto sucedería, de consumarse los proyectos mineros, en un territorio donde la apuesta por el turismo, el desarrollo sostenible y las prácticas respetuosas con el medio ambiente han pretendido ser las claves identificativas de su actividad económica. Que los posibles efectos de la instalación de explotaciones a cielo abierto significarían, de un modo definitivo, enormes riesgos para la industria turística y el entorno agrícola y ganadero es algo que no parece ofrecer dudas. Cabe recordar, en este sentido, que la sierra de Gata, además, está declarada como Parque Cultural, que permanece en aplicación un Plan de Sostenibilidad para la misma a cargo de la Diputación Provincial de Cáceres y que en su marco geográfico se están intentando innovadores procesos de control de riesgos con los incendios forestales y de integración de las explotaciones forestales con usos agrícolas y ganaderos (Proyecto Mosaico). ¿Cómo encajar todo esto con varias explotaciones mineras a cielo abierto?

Esa misma cuestión se plantea Pedro Eizaguirre, Presidente de la Asociación Cultural Sierra de Gata Sostenible, cuando señala a El Salto Extremadura que esta es “una comarca que hace años apostó por un desarrollo del territorio basado en potenciar un turismo de calidad y unas actividades agro-silvo-pastoriles que ayudaran a prevenir los grandes incendios forestales, conservar el paisaje y generar productos de calidad para, entre otras cosas, ofertarlos a los turistas. Los pocos puestos de trabajo que podría generar la empresa minera, si se llevara a cabo su proyecto de explotación a cielo abierto beneficiando a los vecinos de la sierra (los trabajos más técnicos serían desarrollados por personal foráneo), no compensarían mínimamente la enorme destrucción de empleo que dicho proyecto provocaría en la industria turística y en las empresas agro-silvo-pastoriles de la comarca. Ni mucho menos la hipoteca sobre su futuro que tendrían que pagar varias generaciones de vecinos de la misma. Una vez más nos enfrentamos al mismo conflicto; una situación en la que los intereses de unos pocos (la empresa minera), van en contra de los intereses de la mayoría (la inmensa mayoría de los vecinos de la sierra). Y una vez más nos enfrentamos a una situación en la que se puede estar poniendo en duda la actuación de algunos de los responsables de la gestión pública del territorio”.

Y es que la Sierra de Gata alberga valores ambientales fuera de toda discusión y que se han constituido en eje fundamental, junto a su patrimonio cultural y etnográfico, de los planes e iniciativas previamente señalados y que ya llevaron al ICONA, en 1977 a la inclusión de la totalidad de la sierra en el Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial. Desde aquella lejana fecha (y con el trasfondo latente de una posible declaración de la misma como Parque Natural, que incluiría 35.000 hectáreas), la sierra ha sido incluida en el Programa de Áreas Importantes para las Aves de Sociedad Española de Ornitología (SEO), albergando diferentes enclaves con distintas fórmulas de protección: la Reserva Ornitológica del Embalse de Borbollón, la Reserva del Buitre Negro en el Valle del Árrago, la Reserva Paisajística del monte Jálama y la Reserva Biológica de Sierra de Gata. Otros enclaves naturales relevantes son el Castañar del Soto (Valle de la Vega de San Martín de Trevejo), La Cervigona (Acebo), y la sierra de Santa Olalla (entre Cilleros y Hoyos).

Los antecedentes y ejemplos de las implicaciones ambientales y ecológicas de explotaciones similares a las proyectadas en Gata son numerosos. Con el wolframio de telón de fondo encontramos el conflicto en la Sierra de la Culebra (Zamora), donde ya señalaba Ecologistas en Acción cómo dicho el plan extractivo diseñado para ese espacio conllevaba un “consumo desmesurado de agua, la contaminación de la calidad del aire, impactos sonoros derivados de las voladuras con explosivos, así como del empleo de maquinaria pesada”, a la vez que “una transformación profunda del paisaje, con escombreras, cortas de centenares de metros de profundidad y pistas de acceso”. En Extremadura, basta con citar el precedente de la mina de La Parrilla, provocando la contaminación con drenajes ácidos de los cauces del Lirio y del Budial, documentados por imágenes del PNOA entre 2016 y 2022, además de diferentes impactos en la agricultura. En esa misma mina pudo comprobarse cómo el arsénico (material de elevada toxicidad e indisociable de la extracción de tungsteno/wolframio) habría sobrepasado los niveles genéricos de referencia (NGR).

Respuesta popular

Tras conocerse la concesión de los permisos de investigación la alerta en la zona fue inmediata. Ya el 9 de marzo tuvo lugar en Acebo la primera asamblea informativa convocada por la Plataforma Sierra de Gata Viva. En ella se dieron a conocer los proyectos mineros y se acordaron tanto labores de documentación e información como la creación de distintos equipos de trabajo. Desde entonces se está preparando alegaciones y están en estudio futuras acciones a realizar.

Para difundir información actualizada, y como preludio de otras que vendrán, ya ha habido una charla informativa en Santibáñez Alto (el día 23 de marzo), estando prevista la próxima para el día 27, a las 19 horas, en el salón de actos del ayuntamiento de Hoyos.

El ayuntamiento de Acebo emitió, el pasado 19 de marzo, un informe desfavorable a uno de los permisos de investigación donde señala, entre otras consideraciones, que “la actuación supone un gravísimo riesgo para la economía del municipio de Acebo ya que el turismo es el eje socioeconómico más importante de la sierra de Gata”, subrayando cómo “la documentación recibida se remitió a los servicios de urbanismo de la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata para que realizara informe técnico que concluyó en la no viabilidad de las actuaciones pretendidas sin sometimiento al procedimiento de comunicación previa de obras e instalaciones o licencia, algo que no ha sucedido”.

Todo apunta, en cualquier caso, a que se avecinan meses clave para el futuro de la Sierra de Gata. Como señala Pedro Geraldes, portavoz de Sierra de Gata Viva: “desde la Plataforma Sierra de Gata Viva estamos desde el primer minuto en guardia para abordar esta amenaza que pretende instaurarse en esta comarca. La correcta información como punta de lanza para la concienciación social es nuestra primer objetivo. De hecho, ya mucha población comprende la amenaza y se suma para hacer frente (de partida, con alegaciones a sus proyectos, pero no solo eso) a este tipo de industria que, entendemos, no tiene cabida en el territorio en que vivimos. Sierra de Gata es, con todo, un ejemplo y bastión de economía tradicional, circular y/o sostenible en sus sectores mas vitales: la agricultura, la ganadería y el turismo; además de otros. Las pérdidas que esto ocasionaría en estos sectores sería tan importante (y ejemplos en otros sitios hay) que no daremos ‘licencia social’ a este tipo de industria tan sucia y perjudicial”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/mineria/sierra-gata-amenazada-mineria