Para mejorar esta situación y lograr que un mayor número de demócratas se incorporen a la lucha por la paz y contra el rearme en las instituciones, en la calle y en todos los espacios y actividades públicas de cualquier naturaleza, se requiere a nuestro modo de ver una guía para la acción, una hoja de ruta, un programa político y organizativo común compartido por todas las entidades y organizaciones que en estos momentos realizan un esfuerzo extraordinario y muy valioso en defensa de una causa que les honra sobremanera.
El diario El País publica un reciente sondeo que detecta a una «mayoría de españoles» que rechaza la política de rearme europea aprobada en la Cumbre de La Haya en los pasados días 24 a 26 de junio de incrementar el gasto militar desde el 2% del PIB acordado en 2014 hasta alcanzar el 5% del PIB para todos los miembros de la OTAN. Un compromiso que fue suscrito por el ejecutivo español, pese a que con anterioridad Pedro Sánchez alegase un acuerdo con el Secretario General de la Alianza Atlántica que al parecer le exoneraba de atender este gasto bélico extra. Recordemos que una partida presupuestaria del 5% del PIB para nuestro país supone una inversión en instrumental de guerra, adquirido principalmente a EEUU, de no menos de 80.000 millones de euros anuales.
Esta mayoría relativa contraria al rearme en los términos fijados por la OTAN se cuantifica en el 42,1% de los encuestados. En el lado opuesto algo menos de un tercio, el 30,5%, considera bastante mal (13,2%) o muy mal (17,3%) que Pedro Sánchez, pese a firmar el documento final de la Cumbre, pretenda incumplir el 5% del PIB. En fecha reciente la decisión del ejecutivo al margen del parlamento estatal de llegar hasta el 2% del PIB supuso ya una inversión en armamento de más de 10.471 millones de euros anuales. Un porcentaje que al almirante general López Calderón, jefe de la cúpula militar, estima suficiente para cumplimentar los compromisos con la OTAN.
Es interesante resaltar que esta mayoría reacia al rearme en los términos expuestos se distribuye “entre los votantes de Podemos (73,5%), Sumar (61,8%) y PSOE (66,8%), mientras que es negativo entre los electores del PP (31,1%) y Vox (40,1%).” Estos datos ponen de manifiesto que estamos ante una mayoría contraria al rearme muy transversal y bastante numerosa, con una pequeña parte organizada en mútiples y pequeñas plataformas que no deben contener ni sectarismo ni propaganda electoralista. Un posicionamiento que agrupa a esta mayoría social debe entenderse que es compartido por hombres y mujeres de todas las edades, por sectores amplios de la clase trabajadora, de las capas populares, de las capas medias y no solo de votantes socialdemócratas y de la llamada “izquierda transformadora”. También participan presumiblemente de esta opinión personas que votan a organizaciones de derecha en los procesos electorales pues de lo contrario sería muy difícil alcanzar el 42,1% de la ciudadanía. El sondeo de El País no aborda estos extremos, tal vez intencionadamente.
Sin embargo, constatamos que son muy escasos quienes desde esta mayoría social dan el paso para entrar en una dinámica de movilización social, incluida las manifestaciones, que ahora, en los mejores supuestos no han reunido más que unos pocos de miles de personas. La brecha es por ahora enorme: entre los millones de personas que piensan contra el rearme y aquellos que, de manera muy minoritaria, además de reflexionar han pasado a la acción política organizada. Si esa gran mayoría saliera a las calles las manifestaciones agruparían a varios cientos de miles de asistentes. Pero no es así. [1]
La tarea de transformar esa generalizada opinión silenciosa en una mayoría activa, organizada y permanentemente movilizada es de gran importancia y nada fácil de lograr. Se requiere mucha perseverancia y una gran firmeza por esta militancia actual que tantísimo esfuerzo realiza en esta dirección desencadenante para trasladar sus mensajes y organizar mediante un programa político común, a través de la lucha social en todos los frentes, a esa mayoría que aún se mantiene predispuesta pero inactiva.
Para mejorar esta situación y lograr que un mayor número de demócratas se incorporen a la lucha por la paz y contra el rearme en las instituciones, en la calle y en todos los espacios y actividades públicas de cualquier naturaleza, se requiere a nuestro modo de ver una guía para la acción, una hoja de ruta, un programa político y organizativo común compartido por todas las entidades y organizaciones que en estos momentos realizan un esfuerzo extraordinario y muy valioso en defensa de una causa que les honra sobremanera.
No basta con comunicados que concluyen con las consabidas consignas de defensa de la Paz, contra el rearme, contra la OTAN, con la condena del genocidio del pueblo palestino y con el repudio a las bases extranjeras en nuestro país, pero que al mismo tiempo no nos ofrecen un programa político compartido, etapa por etapa, que dibuje un desarrollo eficiente para transformar esa mayoría inactiva y silenciosa por ahora, pero contraria al rearme, en un potente movimiento social y político que obligue a la oligarquía proimperialista y a sus organizaciones a dar marcha atrás en su proyecto incendiario de conducirnos a una guerra generalizada de consecuencias desvastadoras en la que no puede excluirse el uso del armamento nuclear.
Sin lugar a dudas, el primer paso imprescindible es que todas estas plataformas y movimientos sociales que se van extendiendo por todo el territorio estatal vinculen de forma constante la lucha por la Paz y contra el rearme con todas y cada una de las luchas sociales que libra nuestro pueblo en defensa de sus intereses más acuciantes en materias como los desahucios, los despidos, los cierres de empresa, la deficiente sanidad y educación pública, el incremento en el precio de la cesta de la compra, el acceso a la vivienda, las pensiones dignas, las prestaciones de desempleo suficientes, la mejora sustancial en las condiciones de trabajo mediante un sindicalismo verdaderamente de clase, el mantenimiento y el desarrollo de las infraestructuras de todo tipo, la atención adecuada a los mayores y a todos quienes sufren discapacidad, etc.
Estas luchas son protagonizadas fundamentalmente por la clase trabajadora y por las capas populares. Son luchas sociales que se desarrollan en el marco general de la lucha de clases.
La batalla por la Paz y contra el rearme es también, al igual que todas las anteriores, manifestación clara de una lucha social que se incardina en el contexto general de la lucha de clases.
¿Por qué entonces, en ocasiones, nos desligamos de ellas? ¿Por qué no respondemos siempre con actuaciones solidarias apoyándolas con todas sus consecuencias? Unas y otras forman parte de una confrontación contra una misma clase dominante servil a un imperialismo decadente y en crisis que nos quiere arrastrar a una guerra que firmemente rechazamos. [2]
Trabajar con las masas, inseparablemente unida a ellas, es una labor que no podemos descuidar en ningún momento, pero alejándonos al mismo tiempo de la “trampa de las diversidades” no justificadas. Cuando se producen estos encuentros entre quienes defienden la Paz y rechazan el rearme con los hombres y mujeres que libran todo tipo de batallas sociales en defensa de sus intereses inmediatos, entonces unos y otros comprenden en el terreno de la práctica compartida y solidaria que todos y todas formamos parte de un único movimiento que combate a una misma oligarquía y a sus organizaciones y aliados al servicio del imperialismo, y responsables tanto de la miseria social, de la explotación y opresión de las personas trabajadoras, de las desigualdades y la injusticia social como también del rearme con el que nos quieren llevar a una guerra generalizada que provocará muertes, personas incapacitadas, destrucción de viviendas y medios de producción, así como a un desastre económico difícilmente imaginable que sufrirá la inmensa mayoría de la población.
Pero, además, es preciso ofrecer al conjunto de la ciudadanía democrática que apuesta por la Paz y contra el rearme un programa y unos objetivos políticos comunes, que sean compartidos por las actuales plataformas y movimientos pacifistas. No bastan poderosas y justas razones humanitarias ni el encomiable combate economicista por sustituir programas de guerra por programas sociales. Hace falta subir un peldaño más: un programa político antioligárquico que impida a la clase dominante conducirnos a la barbarie de la guerra. El objetivo es ofrecer cobertura y solidez a ese conjunto de más del 42% de la ciudadanía que hoy se opone al rearme y que previsiblemente irá en aumento conforme avance la crisis económica en EEUU y se debilite su poder hasta ahora hegemónico, que inevitablemente arrastrará hacia el desastre a los países de la Unión Europea cuyos dirigentes dan prueba un día sí y otro también de total servilismo a un imperialismo en irreversible caída.
Apuntamos ahora algunos de los criterios que podrían configurar ese programa político común a modo de sugerencia:
a) Hacer nuestra la declaración solemne por la que España renuncia a la guerra como instrumento de política fuera de nuestras fronteras, recogiendo de esta forma lo que disponía el artículo 6 de la Constitución de la II República [3] La articulación de esta propuesta podría plantearse como moción ante todas las instituciones representativas, con independencia del resultado de las votaciones, pero que abriría un debate público sobre esta importantísima cuestión. Nos permitiría saber en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, parlamentos de comunidades autónomas y parlamento estatal y en el resto de las entidades representativas, quienes están en favor de la PAZ y quienes defienden las políticas belicistas. Igualmente, esta propuesta debería trasladarse a todas las organizaciones sociales posibles de cualquier índole, en las asambleas de los centros de trabajo, en las sedes de base de las organizaciones sindicales, dando la máxima publicidad a los acuerdos que se obtengan y de esta forma transformar lo que solo es un sondeo técnico como el que nos ha ofrecido El País en múltiples referéndums que transformen opiniones en voluntad política.
b) Retirada de la estructura militar de la OTAN como paso previo a la salida de España de la Alianza Atlántica y la prohibición entre tanto de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español, en cumplimiento del resultado del referéndum de 1986. [4]
Tal decisión supondría el retorno a España del conjunto de nuestros efectivos militares y de todo el armamento que hoy se encuentra desplazado bajo el mandato de la OTAN (unos 3.000), la posibilidad real de sustituir los presupuestos de guerra por presupuestos sociales, la prohibición de enviar armas a Ucrania y a Israel, y en general a todas las partes contendientes en conflictos bélicos, así como el establecimiento de una política exterior de neutralidad activa que propicie el alto el fuego, la apertura de negociaciones en los diferentes escenarios de guerra y rompa relaciones diplomáticas con estados y ejércitos genocidas.
c) Rehusar la aplicación de las directivas y las decisiones de la Unión Europea que dañen con gravedad la economía del país o a sectores significativos de la producción y comercialización, convergiendo con otros países de la UE que pudieran adoptar medidas equivalentes [5]
d) Promover la declaración de extinción del Convenio para la Cooperación para la Defensa de mayo de 1989 entre España y EEUU,y cese de la actividad bélica en las bases militares USA en España por suponer un quebranto a la soberanía de nuestro país. [6]
e) Reversión del incremento del gasto militar desde el 1,4% a 2% del PIB cuantificado con un importe de 10.471 millones de euros anuales para destinarlo a mejorar la sanidad y la educación públicas y atender otras necesidades sociales perentorias [7]. Además, dejar sin efecto el compromiso del ejecutivo con la OTAN de incrementar los efectivos en 14.000 nuevas incorporaciones. Un coste adicional que asciende a varios miles de millones de euros anuales. El ejército dispone en la actualidad con 139.281 efectivos.
f) Derogación de la Ley Mordaza que constituye un poderoso instrumento del gran capital destinado a impedir y doblegar la lucha de clases de los trabajadores y las capas populares en defensa de sus intereses económicos, sociales y políticos y su sustitución por normativa que sancione los comportamientos que atenten contra el ejercicio de los derechos y libertades democráticas (fascismo), con plena protección a la población migrante, además de la reducción inmediata en un 70% de las multas actuales en aplicación de la Ley Mordaza, mientras se cumplimenta el procedimiento de cambio legal.
g) Derogación integral de la reforma laboral del Partido Popular de 2012 y nueva entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores inmediatamente anterior a 12 de febrero de 2012 incorporando las mejoras en la legislación laboral aprobadas en las dos últimas legislaturas.
h) Modificación del Código Penal endureciendo las penas a los sujetos activos y pasivos en el ámbito de la corrupción. En el plan actual del gobierno sobre 15 medidas para combatir la corrupción no se encuentra la tipificación del delito de corrupción pública como tal, aunque sí otras figuras delictivas diferentes.
i) Ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el estado sionista de Israel.
j) Apertura de relaciones comerciales con todos los países del mundo, incluidos los EE.UU y la Federación de Rusia, con la excepción del estado sionista de Israel, así como la promoción de una política exterior en defensa de un mundo multipolar y de acercamiento a los países BRICS, nuevo espacio económico y político emergente que en la actualidad representa a una población del 51% de la de todo el planeta, con un PIB que supera ya al del mundo occidental, y en constante crecimiento.
Notas
| ⇧1 | Es preciso que en las convocatorias de manifestaciones no solo recurramos a las redes sociales. Es imprescindible también la presencialidad en las calles, en las barriadas obreras y populares mediante convocatorias con octavillas, a ser posible un 10% del total de la población convocada, repartidas especialmente en las zonas antes citadas y el uso, igualmente, de la cartelería en los muros y en los comercios minoristas. Como se hacía antes de que apareciera el internet y los móviles. |
|---|---|
| ⇧2 | Significativas son las palabras del vicepresidente de los EEUU, James David Vance, cuando señala que «Creo que la Doctrina Trump se convertirá en la fuerza dominante en la política exterior estadounidense, no solo en la republicana. Creo que la gente tendrá muy claro este enfoque: definiremos nuestros intereses, intentaremos usar la diplomacia y luego, cuando esta fracase, usaremos una fuerza militar abrumadora.” |
| ⇧3 | Artículo 6: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.» |
| ⇧4 | La pregunta que se formulaba a la ciudadanía en aquel referéndum decía: «El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos: 1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. 2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?» |
| ⇧5 | El Tratado de la Unión Europea (TUE) permite a un Estado miembro abandonar la organización, pero no contempla la posibilidad de expulsarlo si infringe las normas de la Unión. Cuando firmaron los acuerdos fundacionales de la UE, los Estados se comprometieron a respetar de buena fe los deberes comunitarios, pero es habitual que los incumplan. |
| ⇧6 | Artículos 19 y 20.3 del Convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al estatutos de sus fuerzas, artículo 69 del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América y disposición adicional y disposición final del segundo protocolo de enmienda de 10 de octubre de 2012. |
| ⇧7 | Importe al que hay que añadir los 3.593 millones extra que el Gobierno ha ido aprobando desde enero de 2025 y que le han permitido llegar hasta un total de 33.123 millones de euros en gasto militar en la presente anualidad. |
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.